La ofensiva de China contra las empresas tecnológicas nacionales

Una mujer pasa por delante de las oficinas de Alibaba en Beijing. Fuente: Mark Schiefelbein / AP

Desde que Deng Xiaping adoptó la política de reforma económica en 1978, el liderazgo del Partido Comunista de China (PCCh) es consciente de la extrema necesidad de elaborar estrategias que permitan fortalecer el sector tecnológico nacional. Mientras otros campos estuvieron sometidos a un fuerte control por parte de las autoridades chinas, las tecnológicas tuvieron vía libre para expandir su actividad doméstica e internacionalmente. Solo de esta forma podía el partido impulsar el desarrollo económico centrado en la innovación y convertir a China en una potencia de primer nivel capaz de hacer frente a Estados Unidos.

La Estrategia Nacional de 2016, publicada por el Consejo de Estado y el Comité Central del PCCh, se hacía eco de esta afirmación. “Una de las principales causas del estancamiento de China en la era moderna [periodo conocido como siglo de la humillación] fue que dejó pasar las revoluciones tecnológicas anteriores. Para lograr el sueño chino del gran rejuvenecimiento de la nación, hay que hacer verdaderamente un buen uso de la tecnología”.

Con esto en mente, Beijing creó un ecosistema caracterizado por una regulación laxa, el laissez-faire y el apoyo estatal que permitió un crecimiento rápido, pero extremadamente descontrolado, de los gigantes tecnológicos chinos. Como resultado, como indica The Economist, 73 empresas digitales del gigante asiático tienen en la actualidad un valor superior a 10 mil millones de dólares y la mitad de los “unicornios” se centran en la “nueva infraestructura” como centros de datos, robótica, inteligencia artificial o internet de las cosas.

No obstante, el panorama ha cambiado radicalmente. El PCCh ha emprendido una cruzada contra los poderosos gigantes tecnológicos para “abordar los monopolios” y “prevenir la expansión desordenada del capital”. Comenzó en noviembre, cuando los reguladores chinos suspendieron la salida a bolsa de Ant Group debido a “problemas importantes que pueden no cumplir con los requisitos de divulgación de información”. Poco después, la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR) impuso a Alibaba una sanción de 2.800 millones de dólares por violar las reglas antimonopolio y abusar de su posición de mercado. También se han abierto investigaciones contra Tencent, Didi, ByteDance o Baidu. Asimismo, la ofensiva continuó con compañías privadas de otros sectores como JD.com, New Oriental Education, Meituan y un largo etcétera.

Si bien Xi Jinping asegura que las medidas ya están dando sus frutos, la primera consecuencia evidente se presenta, a priori, bastante contraproducente para las aspiraciones de Beijing. El valor total de las acciones de las empresas tecnológicas ha caído más de 1.5 mil millones de dólares. Los medios estatales, no obstante, explican que las “fluctuaciones a corto plazo” son necesarias para garantizar un “desarrollo saludable” y “mantener una competencia de mercado justa”. Liu He, viceprimer ministro chino, por su parte, intenta calmar a los inversores prometiendo que “las directrices del gobierno que apoyan a la economía privada no cambiarán en el futuro”.

Un hombre mira las gráficas del mercado de valores de Shanghái. Fuente: Bloomberg

Llegados a este punto, ¿por qué China ha adoptado una postura más represiva contra un sector que considera clave para sus aspiraciones estratégicas? Cuatro son, a grandes rasgos, los motivos que han empujado a los funcionarios chinos a actuar de esta forma: luchar contra las prácticas abusivas, mantener el control de los datos personales, impulsar la “prosperidad común” y alinear los intereses del partido con los de las empresas del sector. 

“Guiar y supervisar” a las empresas

Durante el rápido y descontrolado crecimiento promovido por el estado, las empresas tecnológicas chinas han acumulado un enorme poder que les ha permitido dominar el mercado. Aprovechando el enfoque tolerante del gobierno, Alibaba, Tencent y compañía se han convertido en campeones nacionales, pero a costa de aplastar a la competencia gracias a prácticas monopolísticas. Entre las irregularidades más comunes se encuentran no revelar fusiones, estrategias de marketing engañosas, acuerdos de asociación exclusiva o bloquear productos de la competencia en sus plataformas.

Los esfuerzos del PCCh de limitar el “abuso de la posición dominante en el mercado” de las tecnológicas comenzó en 2008 con la entrada en vigor de la Ley Antimonopolio. No obstante, en la practica, la normativa se aplicó vagamente.

Las nuevas medidas adoptadas por Beijing, por lo tanto, se presentan como un intento de eliminar las prácticas abusivas de los gigantes tecnológicos. La Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR), agencia creada en 2018, publicó en marzo nuevas directrices con el “fin de prevenir los comportamientos monopolísticos, proteger la competencia leal en el mercado, promover el desarrollo ordenado y salvaguardar los intereses de los consumidores”. En esta ocasión, a diferencia de 2008, la ofensiva del PCCh hace indicar que las nuevas reglas se aplicarán de una forma más estricta.

Así, por ejemplo, la SAMR bloqueó por primera vez un plan de Tencent de fusionar DouYu y Huya porque “eso fortalecería aún más la posición dominante de Tencent en el mercado de transmisión en vivo de videojuegos”, aumentando su participación de mercado en la industria hasta el 70%.

Por otro lado, la élite política también quiere mantener un férreo control sobre los datos sensibles de los ciudadanos chinos, obligando a las empresas, tanto nacionales como extranjeras, a almacenar la información en China para evitar que caigan en manos equivocadas.

Por este motivo, según informa WSJ, las autoridades chinas introducirán nuevas reglas que obligarán a las compañías que manejan grandes cantidades de datos confidenciales obtener la aprobación de una comisión interministerial para poder salir a bolsa en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. La Comisión de Administración y Supervisión de Activos de Propiedad del Estado, órgano que inspecciona las 97 empresas públicas más grandes del país, también ha ordenado que estas trasladen los datos de los servicios de almacenamiento en nube gestionados por compañías privadas a la infraestructura controlada por agencias gubernamentales.

La empresa china Didi en la bolsa de valores de Nueva York. Fuente: Brendan McDermid / Reuters

Impulsar la “prosperidad común”

“La prosperidad común es el requisito esencial del socialismo y una característica importante de la modernización al estilo chino. Es necesario adherirse al concepto de desarrollo centrado en las personas y promover un desarrollo de alta calidad”. Con estas palabras describía el Diario del Pueblo, el periódico oficial del PCCh, el concepto utilizado por Xi Jinping durante la reunión del Comité Central de Asuntos Financieros y Económicos celebrada el pasado 18 de agosto.

Si bien la expresión “prosperidad común” no es obra de Xi, dependiendo del contexto concreto en el que se encuentra China, su significado adquiere matices diferentes.

Durante el mandato de Mao Zedong, los medios estatales utilizaron la “prosperidad común” para exaltar los beneficios del socialismo que, a diferencia del capitalismo, busca eliminar la pobreza extrema entre todos los estamentos de la sociedad china. Deng Xiaoping también adoptó el concepto, pero incluyó la idea de que para fomentar el crecimiento socio-económico nacional era necesario “permitir que algunas personas se hagan ricas primero”. Xi Jinping, por su parte, entiende la “prosperidad común” como un objetivo crucial del partido orientado a redistribuir la riqueza y eliminar las profundas desigualdades sociales para materializar la “gran revitalización de la nación” y afianzar, en última instancia, la legitimidad del PCCh.

Para ello, argumenta Xi, es necesario “alentar a los grupos y empresas de altos ingresos a regresar más a la sociedad”. Los gigantes tecnológicos y sus fundadores, dados por aludidos, anunciaron días después del discurso que donarán grandes sumas de dinero en un intento de mejorar su imagen entre la opinión pública y satisfacer las demandas del PCCh. Alibaba y Tencent, por ejemplo, anunciaron que invertirán 15.5 y 7.7 mil millones de dólares respectivamente en iniciativas que impulsen la “prosperidad común”.

Asimismo, la ofensiva del PCCh también busca remediar algunas de las preocupaciones de la sociedad china.

El Tribunal Supremo y el ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social advirtieron que los impopulares horarios ‘996’ -trabajar de nueve de la mañana a nueve de la noche durante seis días a la semana-, muy comunes en las empresas tecnológicas, infringen las leyes laborales nacionales. Las autoridades chinas han regulado el negocio de las empresas educativas que ofrecen servicios de tutoría privada, acusadas de desalentar la natalidad por “aumentar los costos de la educación” aprovechando la feroz competencia existente entre los estudiantes por entrar en las mejores universidades.

La Administración Nacional de Prensa y Publicaciones (NPPA) ha limitado las horas de juego en línea de los menores de edad en un esfuerzo de reducir la adicción y responder, según la agencia, a las exigencias de los padres que pedían “más restricciones”. La nueva Ley de Protección de Datos busca proteger los derechos del consumidor al establecer que las empresas deberán obtener el consentimiento previo para recopilar sus datos. La legislación se aprueba después de numerosas quejas sobre violaciones de la privacidad o uso indebido de la información personal -como poner un precio distinto a un mismo producto en función de las características del comprador-.

Se trata de algunos ejemplos de medidas que ha establecido Beijing en lo que Michael Orme, analista de GlobalData y especialista en China, califica como un “nuevo contrato social para mantener a Xi Jinping en el poder de por vida y en el partido por otros 100 años”.

Xi Jinping alza el puño en un discurso público que ofreció por motivo del centenario del Partido Comunista de China. Fuente: Reuters

Contribuir con los objetivos tecnológicos del PCCh

Beijing cree firmemente que su retorno al centro del sistema internacional solo es posible si logra que el país esté a la vanguardia de las revoluciones tecnológicas actuales. Esta percepción, consolidada entre la élite china, se ha intensificado tras el inicio de la pandemia y la campaña emprendida por la administración Trump dirigida a debilitar el sector tecnológico del gigante asiático. 

Por este motivo, el gobierno chino se ha embarcado en un largo y ambicioso camino hacia la excelencia e independencia tecnológica para “ponerse al día y superar” a Occidente. No obstante, pese a los avances, China sigue dependiendo de la tecnología de las compañías estadounidenses para el desarrollo de los sectores críticos, factor que incrementa notablemente su vulnerabilidad.

En este contexto, la cruzada de Beijing pretende empujar a las empresas privadas a invertir más en tecnología estratégica con el fin de alcanzar la ansiada autosuficiencia. Un editorial del Diario del Pueblo indicaba que los gigantes del sector deberían “asumir la responsabilidad de promover la innovación tecnológica” y exigía implícitamente que dejen de “estar obsesionados con el éxito rápido” pues la inversión requiere de una visión largoplacista. TikTok, por ejemplo, se ha convertido en una de las aplicaciones más conocidas a nivel global, pero sería mucho más útil para los intereses estratégicos del gobierno chino si ByteDance dirige sus esfuerzos a invertir en semiconductores, computadoras cuánticas o robótica. 

La crisis de Evergrande Group, asimismo, ha demostrado que el desarrollo económico chino caracterizado por la dependencia del sector inmobiliario, que aporta hasta un 29% del PIB nacional, ha llegado a su fin, por lo que es necesario materializar una transformación hacia un modelo centrado en la fabricación de alta tecnología en el que las empresas privadas tendrán un papel fundamental.

Es previsible, por tanto, que los reguladores chinos adopten la misma política tolerante que tuvieron durante la reforma económica con las compañías que se alineen con los objetivos del PCCh. Precisamente, las startups enfocadas en el desarrollo del hardware han recibido una inversión de 5.4 mil millones de dólares durante el primer trimestre de 2021, casi cuatro veces más que en todo 2016.

En definitiva, el objetivo más amplio de los líderes chinos es tener un mayor  control sobre las dinámicas económicas y garantizar la supremacía del PCCh con una fecha marcada en el calendario: octubre de 2022, cuando se celebrará el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China durante el cual Xi presumiblemente asumirá su tercer mandato como máximo dirigente del país.

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