Desde hace meses, los precios del arroz en Japón se han disparado considerablemente, lo que ha derivado en un creciente malestar social, pues este cereal tiene un importante peso en la dieta nipona. Las autoridades han tenido que intervenir ante una situación que puede poner en la cuerda floja al gobierno presidido por Shigeru Ishiba cuando todavía no se ha cumplido ni un año de su formación.
Una introducción histórica y cultural
Tradicionalmente, el arroz ha representado un elemento básico de la gastronomía de Japón, al punto de constituir el 40% de la dieta nipona. Tiene un importante peso en todas las comidas del día, incluyendo el desayuno. Según datos del Ministerio de Agricultura, en 2021 las comidas de arroz representaron un 70,5% de las cenas y un 36,7% de los almuerzos. En comparación, en los desayunos suponía el 16,2% de lo que se comía. Asimismo, cabe señalar que un gran número de productos alimenticios están elaborados con este cereal cuyo cultivo tiene una larga tradición en el país del sol naciente.
A nivel global, Japón se encuentra entre los 15 primeros productores de arroz, constituyendo su cultivo uno de los principales motores de la agricultura nipona. Lo ha sido tradicionalmente, y cuando en el pasado las cosechas han sido malas, las consecuencias adversas eran de doble índole: crisis de subsistencia y crisis económica.
Es por ello que en época contemporánea las autoridades niponas han intervenido en este sector con el fin de proteger la producción nacional frente a las importaciones del extranjero y evitar graves desabastecimientos o encarecimiento de precios. Y es que en la historia contemporánea de Japón ha habido varios “motines del arroz” provocados por la subida del precio de este cereal en el mercado, con grandes movimientos de protesta.
Entre las protestas de mayor importancia están las ocurridas durante 1918, en plena Primera Guerra Mundial, cuyo impacto trascendió lo meramente económico, e influyó decisivamente en la movilización de las masas trabajadoras en un contexto de fuerte politización. No pasa desapercibido que, por esas fechas, los bolcheviques acababan de hacerse con el poder en Rusia. En esencia, la intervención estatal en el sector arrocero tiene mucho que ver con garantizar la paz social.
En Japón, donde las circunstancias geográficas influyen en muchos aspectos del país, garantizar la producción y adquisición de arroz ha tenido también otra vertiente. En época contemporánea, el aumento de la población y de las zonas urbanizadas han supuesto cambios para el modelo agrícola: la necesidad de una mayor producción al tiempo que en algunas áreas los terrenos dedicados a la agricultura se reducían o debían adaptarse a las nuevas circunstancias.
Y en muchos casos, la falta de recursos naturales se suplía recurriendo a las importaciones desde el extranjero, algo que en épocas de guerra o crisis internacionales se complicaba significativamente.
La crisis del arroz en Japón
Desde hace 18 meses los precios del arroz en Japón llevan experimentando subidas acumuladas, al punto de haberse duplicado su valor en el mercado respecto al año pasado. A mediados de mayo de 2025, se alcanzó la cifra récord de 4.285 yenes por cinco kilogramos, lo que serían unos 25 euros, de forma que el kilo está por encima de los cinco euros.
Se trataría del precio más alto que se ha alcanzado en Japón respecto a los últimos 30 años. Y, por el momento, las previsiones son que la situación no va a variar mucho durante los próximos meses, lo que supone un motivo de presión para las autoridades. El Ministerio de Agricultura japonés ha atribuido esta subida de los precios a los efectos de una mala cosecha en 2023 y al aumento de la demanda de arroz por parte de los turistas. Se da la circunstancia de que en 2024 el país asiático alcanzó una cifra récord de visitantes: 36,9 millones de turistas extranjeros.
Algunos analistas también han apuntado al alza de la inflación en Japón como otro de los factores que habría favorecido esta coyuntura. Y a esto se sumarían otras circunstancias, como la especulación por parte de algunos actores económicos, el acaparamiento de género o los problemas logísticos.
Sin embargo, hay otra cuestión a tener en cuenta: la crisis que vive la agricultura japonesa. Las previsiones son que, de aquí a 2030, la producción de las corporaciones agrícolas se reducirá a la mitad en comparación con las cifras de 2020, al tiempo que la extensión de terrenos cultivables disminuirá en torno a un 30%. Esto va ligado a otra previsión, en este caso demográfica: que la población que se dedica a la agricultura se mermará notablemente. Muchas explotaciones rurales en activo hoy no tienen garantizado un sucesor que las gestione tras el fallecimiento de su actual propietario
El contexto económico actual tampoco facilita las cosas. En fechas recientes, la deuda pública nipona ha escalado hasta alcanzar una cifra cercana a los 9 billones de dólares, más del doble del tamaño de la economía. Al margen de los avisos que algunos analistas han lanzado sobre los elevados riesgos que existen por esta situación, la realidad es que las autoridades de Tokio tienen cada vez menos margen de maniobra.
Y es que desde la pandemia del Covid-19 la administración ha tirado con frecuencia del gasto público con el fin de capear las dificultades que iban surgiendo. A esto se suman los aranceles globales que impuso la administración de Donald Trump, que ya están teniendo su impacto en la economía japonesa y generan pérdidas a muchas empresas.
Impacto político y medidas gubernamentales
Desde hace meses, a medida que la problemática del arroz se cronificaba, las autoridades niponas han realizado diversas actuaciones. Una de las primeras medidas que tomaron fue echar mano de las reservas estratégicas que dispone el Estado para casos excepcionales, con el fin de forzar una caída de los precios del grano blanco en el mercado. Las ventas se realizaron a través de distintos intermediarios.
Cabe señalar que estas reservas de emergencia fueron instituidas por el gobierno japonés en 1995, en un contexto en el que años antes una mala cosecha provocada por un verano con bajas temperaturas provocó una grave escasez de este cereal. La situación que se generó llevó a que las autoridades tomaran una medida de este tipo.
Superada aquella coyuntura, la administración mantuvo con carácter fijo estos depósitos a los cuales poder recurrir si la situación lo requiere. Según el procedimiento que se sigue, cada año el gobierno almacena unas 200.000 toneladas para asegurar existencias.
Sin embargo, las ventas de arroz por el Estado mediante subastas durante los meses de marzo y abril de 2025 no tuvieron el efecto deseado, ya que la estabilización de precios que se logró fue algo temporal. Por ello, las autoridades han vuelto a echar mano de sus reservas de arroz con el objetivo de reducir a unos 2000 yenes –unos 12 euros– el coste de un saco de 5 kilogramos de grano blanco.
El plan del gobierno busca poner en venta unas 300.000 toneladas métricas de las reservas nacionales mediante contratos directos con los principales minoristas. De esta cifra, 200.000 toneladas corresponden a lo almacenado de la cosecha de 2022 y otras 100.000 toneladas proceden de la cosecha de 2021.
La gestión inicial de las autoridades no terminó de gustar a muchos japoneses, que veían como los precios del grano blanco no paraban de crecer en un contexto en que la inflación y el encarecimiento del coste de la vida se han hecho notables. Para empeorar la situación, el ministro de Agricultura, Taku Etō, provocó un escándalo por unos comentarios en los que se jactaba de tener arroz gratis gracias a los regalos de sus simpatizantes.
Las palabras de Etō generaron un fuerte malestar en la opinión pública y varios partidos de la oposición llegaron a pedir su cabeza. El primer ministro, Shigeru Ishiba, respondió de forma tajante y forzó su dimisión el 21 de mayo.
La cartera de Agricultura pasó entonces a Shinjirō Koizumi, antiguo adversario de Ishiba por la jefatura del Partido Liberal Democrático (PLD), pero también una figura popular entre el público nipón. Koizumi, al que se ha llegado a apodar como "ministro del arroz", ha procedido a llevar una política de comunicación distinta respecto a su predecesor y ha prometido adoptar diversas reformas en el funcionamiento del ministerio.
Y es que, a estas alturas, la crisis del arroz ha producido una seria pérdida de confianza por parte de la población hacia las instituciones y el modelo agrícola, algo que ya a ha empezado a afectar de forma directa al gobierno de Japón. Una cuestión que preocupa al gabinete Ishiba es el posible impacto que pueda tener el malestar social de cara a las elecciones que se celebran el 22 de julio para renovar la Cámara de Consejeros, la cámara alta de la Dieta japonesa.
Las últimas encuestas apuntan a que el hegemónico PLD caería sensiblemente respecto a los resultados que obtuvo en los comicios de 2022. Por otro lado, los sondeos más recientes también señalan una caída del apoyo al gobierno entre la opinión pública y un incremento de la desaprobación durante los últimos meses. Perder la mayoría en la cámara alta sería un revés para la autoridad de Ishiba y transmitiría una imagen de debilidad.
La única seguridad relativa que tiene el PLD es que por ahora ningún partido de la oposición parece estar capitalizando este malestar al punto de constituir una amenaza para el gabinete. Ese es el caso de la principal formación de la oposición, el Partido Democrático Constitucional, que se mantiene estancada en las encuestas. Y en el caso de otras fuerzas, están todavía a mucha distancia electoral de plantear problemas. No obstante, con las múltiples crisis que ha vivido el PLD en época reciente, su margen de maniobra es mucho más reducido que en otros tiempos.
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