La madrugada del 27 de febrero de 2025, seis furgones salían del Centro de Detención de Inmigrantes de Bangkok en dirección al aeropuerto. En los vehículos eran transportados 48 exiliados políticos uigures. Horas después, el avión que les esperaba en suelo tailandés aterrizaba en la región autónoma china de Xinjiang. Tailandia ponía así punto final a más de una década de limbo jurídico al que fueron sometidos los más de 300 uigures que se exiliaron en dicho país en 2014 procedentes de China, una decisión que ha generado malestar en Estados Unidos.
El polémico acto se produjo tras el encuentro entre Xi Jinping y Paetongarn Shinawatra, la primera ministra tailandesa, a inicios del mes de febrero. En la reunión, la deportación de uigures fue negociada junto a un paquete de medidas que incluían la construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad entre la ciudad china de Kunming y la capital de Tailandia –con una inversión de 6.000 millones de dólares y 1.000 kilómetros de extensión–, así como el aumento de la presión contra las redes de estafas telefónicas internacionales que tienen sede en la frontera birmano-tailandesa.
La reacción ha llegado desde el otro lado del océano Pacífico. La mera posibilidad de la deportación generó un rechazo unánime en Washington. El actual secretario de Estado, Marco Rubio, prometió durante su toma de posesión del cargo el presionar a Tailandia sobre este asunto. Así, resultando insuficientes dichas exigencias, Estados Unidos ha implementado restricciones de visado a funcionarios tailandeses tanto en activo como retirados.
“Condenamos enérgicamente la devolución forzosa de al menos 40 uigures a China por parte de Tailandia, donde carecen de las garantías procesales y han sufrido persecución, trabajos forzados y tortura”, se podía leer en el comunicado publicado por la embajada estadounidense en Bangkok. Asimismo, la misión diplomática también aprovechó la ocasión para denunciar que China “ha cometido genocidio y crímenes de lesa humanidad contra uigures predominantemente musulmanes y otros miembros de minorías étnicas y religiosas en Xinjiang”.
No han trascendido a la luz los nombres del personal afectado por las sanciones. No es un detalle nimio. Tailandia es un histórico aliado regional de Washington que se haya sumido en una feroz disputa entre facciones progresistas –conocidos comúnmente como rojos, actualmente en el poder– y conservadoras –los amarillos, tradicionalmente más alineados con Estados Unidos–. Dependiendo de cuál sea la afiliación política de los penalizados, un mensaje u otro será interpretado en Bangkok, una señal que puede trastocar por completo la correlación de fuerzas.
Naciones Unidas también ha expresado su rechazo a través de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que ha denunciado que la decisión tailandesa vulnera el principio de no devolución, el cual prohíbe retornar a personas a lugares donde "puedan estar en riesgo". Bangkok, por su parte, sostiene que los deportados se encuentran “en libertad y en buenas condiciones” tras la visita a Xinjiang de los ministros de Defensa y Justicia, Phumtham Wechayachai y Tawee Sodsong, respectivamente.
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