Tras años de exigencias verbales por parte de un sector significativo del movimiento MAGA, los “cárteles de la droga” mexicanos han sido finalmente designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos. Con este movimiento, la administración de Donald Trump busca asfixiar financieramente a estos grupos criminales al tiempo que facilita jurídica y diplomáticamente la intervención estadounidense directa fuera de sus fronteras. Todo como parte de su campaña contra la venta, distribución y consumo de fentanilo.
Las medidas incluirían la congelación de activos financieros de empresas o individuos con lazos con este negocio ilícito, la restricción de transacciones bancarias, la aplicación de sanciones contra entidades privadas y gobiernos extranjeros que colaboren en dichas actividades, prohibición de entrada al país y la autorización para intervenir en suelo extranjero contra dichos objetivos. La acción política se aplicará contra las siguientes organizaciones: el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha 13, el Cártel de Sinaloa (CDS), el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Nordeste (CDN), el Cártel del Golfo, Cárteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana.
Seis organizaciones mexicanas, una salvadoreña y una venezolana han sido señaladas como responsables de la actual crisis de salud pública en Estados Unidos, una acusación que Canadá ha respaldado al replicar la misma designación. Mientras tanto, el México de Claudia Sheinbaum anuncia su intención de presentar una demanda contra las empresas armamentísticas estadounidenses y prepara una modificación constitucional que permitiría castigar con prisión a cualquier agente o soldado norteamericano que opere en suelo mexicano.
Al tiempo que la crisis diplomática entre los miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) inicia una nueva fase, al sur del Río Bravo se extienden las dudas. ¿Cómo afectará esta medida a la sempiterna crisis de seguridad en la nación mesoamericana? La respuesta puede encontrarse en la coyuntura contemporánea en el narcotráfico mexicano. Y es que el plan de actuación de Trump tiene tres grandes ejes territoriales: el “Triángulo Dorado”, el Bajío y el nordeste mexicano.
Estados Unidos agita el avispero de los cárteles
El noroeste mexicano está en guerra. De Tepic a Tijuana, las consecuencias del arresto de Ismael “El Mayo” Zambada se dejan sentir. Más de 800 muertos y 950 desaparecidos confirmados es el saldo a pagar por la implosión del Cártel de Sinaloa. Las facciones de los Chapitos y la Mayiza –herederos de los principales capos de la organización– están destrozando con su guerra las estructuras construidas durante décadas, afectando significativamente a la producción de fentanilo.
Los Chapitos, principal fabricante, se encuentra defendiendo su bastión, Culiacán, frente a una alianza de antiguos asociados de su padre. La nueva generación se enfrenta a la anterior y el litoral plagado de laboratorios de drogas sintéticas hace frente a los cultivadores de amapola y marihuana de la sierra. Una guerra fratricida sacude Sinaloa, Durango y Sonora, moviendo con ello la “capital del narcotráfico” hacia el sur.
Sinaloa copa portadas, recursos policiales y atención política en la Ciudad de México. Entretanto, en Jalisco se consolida un emporio. Comandados por alias “El Mencho”, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es ya hegemónico en el centro y sur del país. Cocaína y precursores químicos arriban a los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo para ser procesados y enviados a los pasos fronterizos de Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa, donde el cártel tiene asociados.
No obstante, la “corona” no es gratuita. El CJNG debe librar una guerra constante en media docena de frentes. Uno de ellos destaca sobre los demás: Michoacán. Allí, el “cártel de las cuatro letras” se enfrenta a una confederación de narcotraficantes locales que se presenta bajo el nombre de Cárteles Unidos. Además, en las fronteras de esa entidad federativa la mítica banda “La Familia Michoacana” se está reestructurando.
Michoacán y Jalisco, tierras con una larga tradición de producción de drogas sintéticas, son el nuevo epicentro del crimen organizado mexicano. Sin embargo, por sí mismas no tienen la capacidad de dominar el mercado estadounidense. Necesitan una frontera. Necesitan Tamaulipas. El estado más nororiental de México es también la frontera más accesible desde el núcleo territorial del CJNG y la mejor conectada con la costa este de Estados Unidos.
Por este motivo, es el mayor foco de tensiones con Washington. Migrantes y drogas cruzan a diario el Río Bravo a través de las localidades de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Dichos accesos son operados por los restos del Cártel del Golfo y los Zetas –el Cártel del Nordeste, Los Metros y Los Escorpiones– en lo que es una guerra sin fin. A tenor de esto, Tamaulipas es el lugar más probable para una eventual intervención extranjera directa.
A partir de la toma de posesión de Donald Trump, los vuelos de inspección del terreno y cooptación de información en la frontera mexicano-estadounidense se han vuelto cotidianos, teniendo estos como principal foco la susodicha entidad federativa mexicana. Ante ello, de forma preventiva se habría firmado una tregua entre las facciones de Los Metros y Los Escorpiones.
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