La administración de Donald Trump ha declarado la frontera entre México y Estados Unidos como una “Zona de Defensa Nacional”, hecho que implica que el territorio fronterizo queda directamente supeditado a la autoridad de las fuerzas armadas por motivos de seguridad nacional. Bajo este esquema legal, Pete Hegseth, el secretario de Defensa, sería el responsable último de dicha zona.
Según el memorándum, la motivación de ello no es otra que "repeler invasiones" y enfrentar la multitud de complejas "amenazas" que enfrenta la seguridad nacional. El documento declara explícitamente que los militares estarían autorizados a construir barreras fronterizas y emplazar equipos de acción y monitoreo. En paralelo, se autoriza la restricción de acceso a civiles y se permite el empleo de la fuerza letal en casos en los que ésta “sea necesaria”.
"Nuestra frontera sur está siendo atacada por una variedad de amenazas. La complejidad de la situación actual exige que nuestros militares asuman un papel más directo en la seguridad de nuestra frontera sur que en el pasado reciente. Asigné a las fuerzas armadas las misiones militares de repeler la invasión y sellar la frontera sur de los Estados Unidos contra la entrada ilegal para mantener la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional", se puede leer en el comunicado publicado por la Casa Blanca.
La orden aplica directamente para la Reserva Roosevelt, una franja de 18 metros de ancho que se extiende a lo largo de la frontera con México en los estados de California, Arizona y Nuevo México. Este terreno es de propiedad federal desde la presidencia de Theodore Roosevelt, aunque hasta ahora su administración estaba bajo control del departamento del Interior, no del de Defensa. Asimismo, la ley excluye a Texas debido a que el grueso del terreno fronterizo de dicho estado es de propiedad privada, considerándose la frontera las aguas del río Bravo.
La cuestión de las relaciones entre el departamento de Defensa y los gobiernos estatales es una de las claves del decreto. Atendiendo el escrito, las autoridades federales podrían asumir la comandancia de las guardias nacionales de cada estado y ordenar su despliegue, independientemente de la voluntad de la clase dirigente estatal.
El mencionado movimiento de la Casa Blanca llega tras la declaración de buena parte de las organizaciones criminales mexicanas como entidades terroristas. En este sentido, se han registrado multitud de vuelos de reconocimiento y recopilación de información a lo largo de la frontera, hechos que apuntan hacía una posible intervención militar norteamericana en su vecino meridional.
Sin embargo, el proceso de militarización de la frontera sur y la criminalización de la inmigración latinoamericana han sufrido un importante revés pese al empuje del Despacho Oval. La Corte Suprema de Estados Unidos ha bloqueado la deportación de los venezolanos del centro de detención Bluebonnet, ubicado en el estado de Texas.
La decisión judicial remite a la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación que permite prohibir la entrada, deportar y confiscar propiedades a los ciudadanos de un país con el que Washington se encuentre en guerra. O, en su defecto, a aquellos sujetos extranjeros que atentan activamente contra la seguridad nacional.
La apelación presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que subraya la necesidad de celebrar juicios previos antes de proceder con la deportación de presuntos miembros del Tren de Aragua o la Mara Salvatrucha, ha contado con el respaldo de numerosos jueces en todo el país y ha obligado a suspender temporalmente dichas operaciones.
En las próximas semanas, los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas, únicos magistrados que disintieron, deberán tratar de convencer a sus compañeros del tribunal. En caso contrario, las facultades de Hegseth y el departamento de Defensa en la frontera entre Estados Unidos y México podrían verse seriamente limitadas.
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