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Crisis constitucional en Estados Unidos: Texas contra el Gobierno federal

Soldados estadounidenses colocan concertinas en la frontera entre Texas y México, en el Río Grande. Fuente: U.S. Customs and Border Protection
Soldados estadounidenses colocan concertinas en la frontera entre Texas y México, en el Río Grande. Fuente: U.S. Customs and Border Protection

El 11 de enero de 2024 se desencadenó un conflicto de mayor envergadura de lo que podría parecer para el ordenamiento constitucional estadounidense. La retórica empleada por los líderes republicanos ha intensificado la dimensión de la disputa, exacerbando la crisis constitucional en la que el país se encuentra inmerso. Las diversas posturas adoptadas por el Gobierno federal y el estado de Texas, tras la intervención de la Corte Suprema, han contribuido a la gravedad de la situación.

La migración como foco

El conflicto en cuestión se origina en la crisis migratoria, un tema de gran relevancia para los republicanos, especialmente durante el año previo a las elecciones de 2024 y en medio de una campaña polarizada frente a los demócratas liderados por Joe Biden. Este asunto no solo concierne a amplios sectores políticos en los estados sureños, sino que también ha tenido repercusiones en la paralización de los paquetes de ayuda destinados a Ucrania en el legislativo. La intención de los republicanos, particularmente después de la crisis interna que condujo a la destitución de su propio liderazgo en la Cámara de Representantes, se centraba en adoptar medidas más estrictas en la política migratoria y asignar mayores recursos para frenar la migración irregular.

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A pesar de que durante la Administración Biden se ha continuado con la construcción de pequeñas secciones del muro con México en Arizona, el principal empuje hacia esta política de restricción al tránsito ha seguido manteniendo su protagonismo en el lado republicano. En particular, la facción más alineada con el sector trumpista dentro del partido ha destacado la importancia de reconstruir el discurso nacionalista como parte de su estrategia para respaldar el retorno de Donald Trump a la contienda por la presidencia. Esta situación reviste una significativa relevancia para el que, en ese momento, era el principal rival de Trump, Ron DeSantis, dada su posición como gobernador de Florida, un estado del sureste con un componente migratorio crucial para los republicanos.

Destacan eventos como la mencionada disputa interna para tumbar el liderazgo de la Cámara de Representantes, bajo amenaza de bloqueo, terminando en el mes de octubre de 2023 con la elección de Mike Johnson. De hecho su elección supuso el fin de las ayudas a Ucrania sin contrapartida en recursos para sectores de interés republicano como el apoyo a Israel, a Taiwán o, especialmente, a la frontera sur estadounidense.

Las acusaciones republicanas contra México han sido un constante durante la era Biden. El objetivo era difundir la idea de que mientras el foco del presidente se encontraba en Ucrania, ellos se preocupaban por la grave crisis sanitaria derivada del auge en el consumo de drogas –como el fentanilo– procedentes desde México o del crecimiento de la migración hacia el sur del país ante la inacción de los demócratas. Incluso se llegó a apoyar el envío de migrantes desde Texas, Arizona o Florida hacia los estados demócratas. Hasta poco antes de las midterm de 2022, Texas y Arizona habían enviado a unos 13.000 migrantes hacia Washington DC, Nueva York e Illinois –a los que se acusaba de santuarios para la migración– implicando un gasto de 12 y 4 millones de dólares respectivamente, según CBS. Una de las principales quejas llegó desde Chicago, Illinois, Estado demócrata de gran importancia por su situación geográfica en el medio-oeste.

La crisis de las concertinas en Texas

En este contexto tenso, que llegó a paralizar paquetes clave de apoyo militar destinados a Ucrania, los republicanos buscaron tomar la iniciativa en la campaña para frenar la migración irregular. En octubre de 2023, Texas llevó el asunto al Tribunal Federal, acusando a los agentes de la Patrulla Fronteriza de violar las leyes estatales al cortar o mover la valla. Sin embargo, el Gobierno federal se defendió argumentando que los agentes fronterizos estaban llevando a cabo su labor, la cual incluía realizar tales acciones en situaciones donde se buscaba evitar pérdidas de vidas en la frontera.

En diciembre, Texas recibió respaldo por parte de un Tribunal Federal de apelaciones en Nueva Orleans, que emitió una orden temporal prohibiendo a los agentes de la Patrulla Fronteriza, salvo en casos de emergencia médica, cortar o mover la alambrada en la zona que rodeaba a la ciudad de Eagle Pass, un punto crítico en la crisis migratoria.

Para ampliar: La geopolítica del fentanilo

De esa manera, el día 11 de enero, la Guardia Nacional de Texas asumió el control del Parque de Shelby en Eagle Pass y prohibió la entrada a los agentes federales a la zona, que había sido utilizada por la Patrulla Fronteriza para retener y procesar migrantes que cruzaban el Río Grande. La situación humanitaria en la frontera se volvió crítica cuando una mujer y dos niños migrantes se ahogaron un día después cerca de la zona en disputa. La autoridad central presentó el incidente a la justicia, mientras que Texas, reconociendo su carácter “trágico”, se opuso a lo que describió como los intentos de Biden de culpar al estado. México tuvo que intervenir para rescatar a otros dos migrantes que sufrieron hipotermia.

Sin embargo, el punto culminante de la crisis no llegaría hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera su decisión el 23 de enero. A pesar de la mayoría republicana en la Corte, que tiene cargos de carácter vitalicio, se permitió temporalmente a los agentes federales retirar las concertinas instaladas por Texas a lo largo del Río Grande en la frontera con México. Esta autorización se concedió tras aceptar la posición del Gobierno federal, que argumentó que “solo” con las emergencias médicas no existía suficiente garantía humanitaria debido al tiempo que se tardaba en cortar los cables y al “muy real […] riesgo de muerte en este tramo del río [Grande]”.

La rebelión de los republicanos

El día 24 de enero llegaba la respuesta de los republicanos. Mediante un duro comunicado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, se oponía abiertamente a la posición sostenida por el Gobierno federal hasta el momento: “El poder Ejecutivo tiene el deber constitucional de hacer cumplir las leyes federales que protegen a los estados, incluidas las leyes de inmigración vigentes. El presidente Biden se ha negado a hacer cumplir esas leyes e incluso las ha violado. El resultado es que ha batido récords en inmigración ilegal”.

Abbott aseguraba haber enviado varias cartas a Biden, una de ellas incluso entregada a mano, y lanzó tres acusaciones que terminarían de incendiar la relación: “El presidente Biden ha violado su juramento de ejecutar las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso, […] Biden ha ordenado a sus agencias que ignoren los estatutos federales que exigen la detención de inmigrantes ilegales […] y Biden ha alejado a los inmigrantes ilegales de los 28 puntos de entrada legales a lo largo de la frontera sur de este estado –puentes donde nadie se ahoga– hacia las peligrosas aguas del río Grande”.

En la acusación presentada por Texas, además de criticar que los esfuerzos de la administración federal para abordar la migración irregular estuvieran dirigidos a llevar a juicio al estado por asegurar la frontera, el gobernador Abbott dio paso a un hecho que desencadenó una significativa crisis constitucional en pleno año electoral. Texas se declaró en estado de invasión, invocando su autoridad constitucional para defenderse, considerando esta medida como la ley suprema por encima de las leyes federales. Por lo tanto, se argumentaba la legitimidad de la actuación de la Guardia Nacional de Texas y otras instituciones de seguridad del estado frente a la intervención de la Patrulla Fronteriza y el mandato federal.

A pesar de que no hubo una intervención federal posterior al veredicto de la Corte Suprema, el conflicto quedó en un episodio de disputa jurisdiccional que aparentemente concluyó con el permiso otorgado a las autoridades federales para retirar las concertinas, bajo interpretaciones humanitarias más amplias que la simple emergencia médica. Sin embargo, la acusación de Texas y sus medidas tomadas antes de que el Gobierno federal pudiera decidir sobre la nueva interpretación de su derecho a intervenir en la frontera no apaciguaron los ánimos, sino que los avivaron. Texas continuó fortificando la frontera con nuevas concertinas e incrementó el despliegue de la Guardia Nacional de Texas en la frontera con México.

La disputa se extiende por el país

Rápidamente surgieron comparaciones entre la acusación de Greg Abbott sobre la ruptura del “pacto constitucional” por parte de Biden frente a los estados y episodios pasados vinculados con la Guerra de Secesión estadounidense. Varios gobernadores de estados republicanos se alinearon con Texas desde las primeras horas, expresando su apoyo desde diversas latitudes como Dakota del Sur, Oklahoma, Florida, Georgia, Virginia o Utah. Ron DeSantis, gobernador de Florida, mantuvo su postura firme y afirmó que “si la Constitución realmente dejara a los estados sin poder para defenderse frente a una invasión, no habría sido ratificada en primer lugar, y Texas nunca se habría unido a la unión cuando lo hizo”.

Estados que han mostrado su apoyo a Texas (rojo).
Estados que han mostrado su apoyo a Texas (rojo). Fuente: Descifrando la Guerra

En apenas un día se habrían sumado más gobernadores de estados republicanos hasta superar la quincena de apoyos: Louisiana, Idaho, Nebraska, Alabama, Arkansas, Montana, Tennessee, Iowa, Virginia Occidental y Dakota del Norte. Al final del día 25 eran también 25 los Estados republicanos que, ya de manera conjunta, emitían un comunicado defendiendo la postura de Texas. Con este texto se sumaban a la lista anterior Indiana, Nevada, Carolina del Sur, Misisipi, Misuri, New Hampshire, Ohio y Alaska; quedando como único estado republicano no decantado en la causa el de Vermont, con un gobernador más moderado en un territorio tradicionalmente en liza.

No es la primera vez que se ve esta retórica rupturista desde Texas, aunque la amplitud de las reacciones republicanas que se expresaron en términos de gravedad al desafío fue amplia y llegó a perfiles como la cabeza de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, habría valorado la dificultad añadida que estos hechos aportaban a un posible acuerdo entre demócratas y republicanos para aprobar nuevas partidas de ayuda a Ucrania y a la frontera sur estadounidense, ya que la migración pasaría a ser un área más sensible con esta crisis.

Para ampliar: Compartiendo aguas: la frontera líquida entre México y Estados Unidos

Además de la reacción rápidamente extendida por el campo republicano, algunos congresistas demócratas texanos pidieron también públicamente a Biden una intervención federal sobre la Guardia Nacional de Texas. El Gobierno federal aún no se había pronunciado sobre si aplicaría el permiso dado por la Corte Suprema para la retirada temporal de las concertinas. Tampoco sobre el reto de Abbott para declararse bajo invasión y tomar las riendas de las competencias en migración en la frontera, ni sobre la petición interna de intervenir la Guardia Nacional de Texas. Por lo que la crisis aún podía crecer en una escala.

Por su lado, Donald Trump recogía el guante de los 25 gobernadores republicanos, mostraba un rotundo apoyo a Abbott y anunciaba que en su mandato no solo no combatiría legalmente a Texas, sino que colaboraría con el reforzamiento de las fronteras. Por si fuera poco, Trump lanzaba dos comunicados de alto impacto. En ellos se incluyó un anuncio según el cual desde su primer día de mandato pondría en marcha “la operación de deportación más grande de la historia [de Estados Unidos]” para expulsar a “aquellos a los que Biden ha dejado entrar”.

Además de esta propuesta, el expresidente realizaba un llamamiento para que los estados dispuestos a ello enviasen sus fuerzas de la Guardia Nacional a Texas para ayudar a expulsar a los que atravesasen la frontera y prevenir nuevas entradas. Esta acción podría favorecer un choque si el Gobierno federal decidía intervenir a las fuerzas en desacato o se les impedía acceder para retirar las concertinas como les autorizaba el fallo judicial.

De hecho, la Administración Biden solicitó a Texas que permitiera el ingreso inmediato de agentes federales al Parque de Shelby, solicitud a la cual el estado de la estrella solitaria se negó, respaldado por declaraciones del fiscal general estatal. Los días sucesivos aumentaron la tensión y la posibilidad de un conflicto mayor. Si el Gobierno federal toleraba el desafío lanzado por los republicanos, su posición podría verse debilitada frente a futuros retos que incluso pudieran tener un valor político superior a la cuestión migratoria y humanitaria. Sin embargo, si intervenía la Guardia Nacional de Texas, el conflicto podría desatarse. La convivencia en torno a las instituciones se veía afectada con esta apertura en canal, y todo esto en un año electoral.

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