Convulsión política en Perú (III): ¿Peruanos por el cambio?

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Por Alejandro López.

En el final de la década de 2010 aún las fuerzas de derecha e izquierda seguían la senda del cordón sanitario antifujimorista, de modo que ante el ascenso de los nuevos líderes fujimoristas, el candidato de izquierda o derecha que alcanzase la segunda vuelta aglutinaría el voto por el centro. Tras las experiencias derechistas de Toledo y García, así como la tibieza de Humala, el voto antifujimorista volvería a mirar a la derecha antes de romperse.

Pedro Pablo Kuczynski

La caída en popularidad de Ollanta Humala hizo que se repitieran algunas candidaturas opositoras en 2016. Keiko Fujimori volvió a encabezar la derecha fujimorista en Fuerza Popular, Pedro Pablo Kuczynski empleó su nuevo partido Peruanos Por el Kambio (PPK) con la derecha antifujimorista, la izquierda se unió en el Frente Amplio de Verónika Mendoza y retornaron los ex Presidentes Alan García y Alejandro Toledo. Estos últimos no lograron un desempeño que les devolviera la relevancia. Alan García continuó el viraje derechista del aprismo y se unió a los democristianos y otro partido socialdemócrata, mientras Alejandro Toledo y su Perú Posible –que desaparecería tras los comicios- apoyaron en segunda vuelta a PPK. Tras el fracaso ante Kuczynski, la Alianza Popular conformada entre apristas y democristianos –antiguos aliados de Kuczynski en 2011- se rompió.

Por su parte, el partido Acción Popular del ex Presidente Belaúnde se presentó de manera independiente con sus siglas por primera vez desde el año 2000, con Alfredo Barnechea de candidato y logrando una cuarta posición. La tercera posición del Frente Amplio sorprendió por el peso de la izquierda, superior al esperado tras las experiencias con Humala y García, y quedando a menos de 3 puntos de PPK en primera vuelta. Verónika Mendoza representaba la unión de 8 partidos socialdemócratas, verdes y algunos de vocación comunista.

La segunda vuelta, por tanto, supuso el retorno de las posibilidades del fujimorismo después de lo ocurrido en 2011, cuando Keiko también alcanzó la segunda vuelta. Pero en esta ocasión llegó como favorita tras liderar obteniendo casi un 40% en primera vuelta. La votación definitiva sería más ajustada que en otras ocasiones. Todos los partidos eligieron apoyar a PPK o no apoyar a ninguno, de modo que Pedro Pablo Kuczynski pudo remontar del 21% al 50’1%, quedando Keiko Fujimori con un 49’9%. Se había convertido en el candidato antifujimorista por excelencia. Es interesante que Kuczynski obtuvo un 70% de votos en Arequipa, región que le había costado su dimisión cuando trató de imponer privatizaciones de empresas estratégicas como Ministro de Economía de Alejandro Toledo.

La legislatura que pretendía sostener el gobierno de Kuczynski sería especialmente convulsa ya que, a pesar del revulsivo de la segunda vuelta, el legislativo había arrojado mayoría absoluta del fujimorismo durante la votación en primera vuelta. De modo que el gobierno de Kuczynski enfrentaría una oposición feroz que controlaba la cámara. La vicepresidencia primera del ejecutivo la ocupaba el ex gobernador de Moquegua, Martín Vizcarra, mientras la segunda estaba ocupada por Mercedes Aráoz, la candidata que había dejado vacante la lista aprista en 2011 en sucesión de Alan García. Y Kuczynski solamente pudo mantener su prominente figura tapón al fujimorismo durante algo menos de 2 años, entre 2016 y 2018. De hecho, el Congreso no tardó ni un mes en tumbar el primer gobierno propuesto por Kuczynski. Se avecinaba una complicada labor de conciliación con la necesaria satisfacción de la oposición. De una oposición tan poco complaciente como el fujimorismo más fuerte en una década.

Desde 2016 y 2017 también se amplió el cerco de Odebrecht al gobierno de Alan García, con varios Ministros investigados. Él mismo, tras volver de Europa de nuevo, esta vez en España, fue acusado de aceptar sobornos de decenas de millones de dólares a cambio de licitaciones en la trama Odebrecht. En 2018 se solicitó una orden para que Alan García no pudiera abandonar el país y, tras intentar evadir el requerimiento, se le negó el asilo desde Uruguay, Colombia y Costa Rica. En 2019 se ordenó su detención preventiva y, en el momento en que llegaron las fuerzas de seguridad a su domicilio, Alan García se suicidó con un disparo en la cabeza.

En 2017 llegaría la crisis para un ex Presidente más en la lista, Alejandro Toledo. El líder de Perú Posible fue acusado de aceptar sobornos por valor de $20 millones en la rama peruana del escándalo Odebrecht –sobornos a cambio de licitación para obra pública en la empresa homónima-, que se extendía a una decena de países latinoamericanos. Se allanó su vivienda en busca de pruebas y se emitió una orden de detención internacional, ofreciéndose incluso una recompensa por su paradero. Toledo fue detenido en Estados Unidos, donde se encontraba y fue encerrado en un penal californiano en 2019, con vistas a un juicio en 2021 y su posible extradición a Perú. También Ollanta Humala pasaría por prisión preventiva en 2017 acusado de lavado de activos y asociación ilícita en el caso Lava Jato hasta que fue liberado para continuar la investigación.

El propio Kuczynski también se vería involucrado en escándalos de supuesta corrupción y en los coletazos de la rama peruana de Odebrecht. La maldición presidencial de Perú volvía sobre él debido a la corrupción endémica en la administración. Desde el mismo 2016, la Fiscalía Anticorrupción ordenó una investigación contra Kuczynski por presuntas concesiones irregulares durante su presencia en el gobierno de Alejandro Toledo. Tras apenas un año de gobierno, la oposición abrió un periodo de vacancia contra PPK en diciembre de 2017 acusándole de haber mentido sobre su relación con la empresa brasileña. A pesar de la mayoría absoluta fujimorista, la vacancia fracasó y se dio un salvavidas a Kuczynski. A los pocos días, el Presidente decidió concederle el indulto al ex líder de Perú, Alberto Fujimori, en prisión por crímenes contra la humanidad. La decisión fue sumamente polémica al simular una contraprestación por la salvación en el pedido de vacancia. La movilización en las calles contra dicha decisión del que precisamente había llegado al poder para frenar al fujimorismo, llevó a la dimisión de varios miembros del gobierno, parlamentarios antifujimoristas y críticas de amplio espectro: desde la izquierda hasta liberales como Vargas Llosa. De hecho, PPK planeaba formar un nuevo gobierno conciliador con la mayoría parlamentaria, es decir, con el fujimorismo. El indulto fue revocado en octubre de 2018 por orden judicial.

A los tres meses de la primera moción de vacancia, en marzo de 2018 se presentó otra proposición, con filtración incluida entre sectores fujimoristas de vídeos mostrando intentos de compra de votos para salvar a PPK. El fujimorismo se había roto en dos desde enero a causa del salvamento del Presidente por la abstención de varios parlamentarios. Pero Kuczynski no se sometió a la votación para la vacancia de 2018 y dimitió directamente dejando el cargo a su segundo, Martín Vizcarra. PPK seguiría siendo investigado por sus vínculos con Odebrecht a cambio de licitaciones y por la financiación de su campaña de 2011. Kuczynski sería detenido en 2019 y su encarcelamiento conmutado por 3 años de arresto domiciliario preventivo.

Martín Vizcarra

La presidencia de Martín Vizcarra llegó con visos de interinidad tras la caída de un candidato mucho más movilizador. El hecho de mantener un parlamento en contra, con una gran fuerza fujimorista, amenazaba con complicar el periodo de Vizcarra tanto como el de Kuczynski. De hecho, la bancada parlamentaria del partido PPK quedó dividida entre los partidarios de Vizcarra y los más detractores, dividiéndose en el sector Contigo. Vizcarra tuvo que enfrentar dos mociones de vacancia en su reducido periodo presidencial 2018-2020.

En septiembre de 2019, antes de aquellos procesos, Vizcarra estuvo a punto de perder el control del gobierno tras una crisis constitucional que se prolongó hasta enero de 2020. El gobierno, sin control del Congreso, se sometió a una moción de confianza para aprobar una reforma de la elección judicial del Tribunal Constitucional. La cámara decidió aprobar la moción de confianza para evitar la caída del gobierno y la más que probable disolución de la cámara, con cómoda mayoría fujimorista, pero rechazó la reforma judicial. El gobierno interpretó que de facto se había rechazado su moción de confianza y decidió disolver el Congreso para ir a elecciones extraordinarias. La resistencia de los parlamentarios fue tal que decidieron invalidar el mandato de Vizcarra y elegir a la Vicepresidenta Mercedes Aráoz como Presidenta interina. Hubo protestas contra los parlamentarios, quienes fueron increpados a las puertas del Congreso, y la misma Mercedes Aráoz dimitió de su cargo interino al día siguiente. El Tribunal Constitucional le dio la razón a Vizcarra, reconoció su prerrogativa constitucional, el Congreso fue disuelto y las elecciones extraordinarias de enero de 2020 acabaron con la mayoría absoluta fujimorista. Aunque también se atomizaron aún más los partidos, gracias a su concepción instrumental desde hacía varias legislaturas.

El partido PPK fue disuelto oficialmente en 2020 ya sin Kuczynski, mientras Contigo no logró representación. Desaparecían las dos facciones del que había sido dique de contención del fujimorismo, pero al tiempo Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, también perdía buena parte de su apoyo, pasando de 73 escaños -quedaban apenas algo más de 50 en su bancada- a solo 15 escaños (7’3%). El aprismo y los democristianos también desaparecían de la cámara en 2020 tras la ruptura de su Alianza Popular. De modo que los demás partidos supervivientes de la legislatura iniciada en 2016 fueron los que aprovecharon los comicios: la histórica Acción Popular lograba la primera posición (10’3%), logrando su mejor resultado desde Belaúnde en 1980; el Frente Amplio de Verónika Mendoza se debilitaba (6’2%); y la Alianza Para el Progreso de Perú se dividía entre sus componentes Alianza Para el Progreso (8%) y Somos Perú (6’1%). Tanto Alianza Para el Progreso como Somos Perú habían surgido al calor del antifujimorismo contra Alberto Fujimori, pero Somos Perú se había coaligado en anteriores ocasiones con Acción Popular para apoyar a Alejandro Toledo mientras Alianza Para el Progreso apoyó a Kuczynski. Ahora eran los que sobrevivían a la quema de los partidos tradicionales y, por primera vez en décadas, tenían un importante peso como movimientos independientes. Tan relevantes serían los partidos que se salvaron de la quema que el nuevo Presidente del Congreso sería de Acción Popular, Manuel Merino.

Junto a estos tres partidos conservadores mencionados, el Frente Amplio de izquierda y la Fuerza Popular fujimorista, entraron nuevas fuerzas. Por un lado el nuevo partido conservador Podemos Perú entró con un 8’4% y el nuevo centrista Partido Morado entró con un 7’4%. El histórico partido antifujimorista Unión por el Perú (6’8%), del ex secretario general de la ONU, Pérez de Cuéllar, volvió a apoyar el etnocacerismo de Humala, pero no con el ex Presidente Ollanta Humala sino con su hermano Antauro Humala, encarcelado por insurrecto contra los gobiernos de Fujimori y Toledo. Sin embargo, sus propuestas apostaron por un militarismo muy potente de la sociedad peruana, así como un nacionalismo y un endurecimiento de las penas a la corrupción y el control de la prensa, así como reincidieron en la restitución de la Constitución del 79 que Humala no llegó a restaurar. Por último, irrumpió el FREPAP (Frente Popular Agrario del Perú), como brazo político de la congregación religiosa Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, cristianos fundamentalistas con posiciones indigenistas y agrarias de sustancial éxito electoral (8’4%) frente a los partidos “tradicionales”.

A la debacle de Fuerza Popular –de primera fuerza con mayoría absoluta a sexta fuerza- se unió la detención de Keiko Fujimori por obstrucción a las investigaciones que se habían abierto sobre un posible lavado de activos en sus campañas de 2011 y 2016. Fujimori había permanecido 13 meses en prisión preventiva el año 2019, dificultando su liderazgo político, y volvería a pasar otros 15 meses –de los que cumpliría 3 al conmutarse por comparecencia restrictiva-. Vizcarra se encontraba con mayor flexibilidad para negociar con el nuevo parlamento pero la corrupción seguiría protagonizando la política peruana. El caso Odebrecht y la cancelación de algunos proyectos asociados llevó a cuatro ministros de Vizcarra a dimitir. Durante 2020, a pesar de ello, la popularidad de Vizcarra creció sustancialmente en el contexto de la pandemia aunque sufrió a finales de año debido al desastre que Perú vivió ante el COVID-19.

El primer pedido de vacancia contra Vizcarra llegó en septiembre de 2020 ante la publicación de unos audios que evidenciarían un supuesto trato de favor para concesiones públicas. De nuevo la corrupción y la obstaculización de las investigaciones ponían en un brete a un Presidente de Perú, el enésimo. Vizcarra criticó a Manuel Merino, el Presidente del Congreso que le sucedería de manera interina, por sus vínculos militares y pretender derrocarle. La propia Keiko Fujimori se mostró contraria a la vacancia y la moción no prosperó. Pero Unión por el Perú volvió a presentar una petición de vacancia en noviembre por presuntos sobornos cuando era gobernador de Moquegua. Y en esta ocasión, el Presidente Vizcarra fue destituido creando otra crisis política y un nuevo enfrentamiento popular-legislativo.

Manuel Merino

La Presidencia interina recaería sobre Manuel Merino, el primer líder de Acción Popular en ocupar el cargo desde Belaúnde (1963-1968 y 1980-1985). Dado el conflicto pasado con la Vicepresidenta Mercedes Aráoz y el hecho de que Vizcarra llegase al gobierno tras la dimisión de su predecesor, era lógico aunque controvertido que la interinidad recayera sobre el líder del Congreso, en este caso Merino. También sería la primera vacancia aprobada desde Alberto Fujimori. Ante la excepcional situación epidemiológica, hubo múltiples críticas contra los parlamentarios por la crisis política que abría la destitución de Vizcarra. Casi un 80% de la población estaba a favor de la permanencia de Vizcarra, según Ipsos.

Las protestas desencadenadas durante la crisis política de noviembre de 2020 se saldaron con varios fallecidos y cientos de heridos por la represión. Estas movilizaciones callejeras supusieron un revulsivo en una dinámica contestataria poco habitual en esos momentos. Varias personas del entorno de Merino dimitieron y desde el Congreso se pedía también su salida. Incluso el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, calificó a Manuel Merino de “golpista” y eliminó el reconocimiento de El Salvador sobre el gobierno de Perú. Esta situación se entiende por las propias dinámicas salvadoreñas donde Bukele vivió en 2020 un enfrentamiento con su parlamento, al que entró rodeado de las fuerzas armadas, ya que su correlación de fuerzas era favorable a la oposición. Tras la petición de alcaldes, líderes parlamentarios, el Presidente del Congreso, la presión de las calles y las declaraciones judiciales sobre los muertos y desaparecidos en las protestas, el Presidente Merino dimitió el 15 de noviembre de 2020. En solo 5 días en el cargo había caído el sucesor de Vizcarra tras la dimisión de numerosos miembros del gobierno y la descoordinación con su Primer Ministro, que desconocía la situación del gabinete en mitad de la crisis política de dimisiones.

El Congreso rechazó una candidatura a la Presidencia interina por parte del Frente Amplio de izquierda. El bajo peso de todos los partidos no arrojaba mayorías fáciles de articular. Pero al final se impuso la candidatura de Francisco Sagasti, miembro del Partido Morado de centro.

Francisco Sagasti

Sagasti llegó al poder con la intención de investigar los abusos policiales durante las protestas de noviembre y purgar los altos mandos de seguridad. Y vivió nuevos episodios violentos, que criticó, durante los disturbios por el Paro Agrario en diciembre de 2020. Sagasti se comprometió a una nueva Ley del Régimen Laboral Agrario, atajando una potencial capitalización del descontento por el evangelismo agrario del FREPAP. En cualquier caso, Sagasti no sería candidato presidencial en las elecciones de abril de 2021, pero sirvió para potenciar la imagen de un novedoso Partido Morado.

Pero en febrero de 2021 estallaría otro escándalo en Perú, esta vez por el descontrol en la vacunación de COVID-19 con Sinopharm de casi medio millar de altos cargos, incluyendo a parte del gabinete de Sagasti y al ya caído Martín Vizcarra. A pesar de que ninguno de los dos sería candidato a la Presidencia, Vizcarra aceptó concurrir por Somos Perú para el puesto de parlamentario, cuyo candidato a la Presidencia sería Daniel Salaverry. Sagasti trató de defender a los miembros de su gabinete implicados en el Vacunagate pero el caso se cobró varias dimisiones.

No hay presidente que escape de la maldición del cargo. Pero la maldición presidencial del Perú tenía poco de maldición y mucho de corrupción.