Bajo un sol implacable, familias desplazadas de Darfur se agrupan junto a un camión en un campamento de refugiados, testigos mudos de una crisis humanitaria de inmensas proporciones. La guerra civil sudanesa, iniciada en abril de 2023 por la lucha de poder entre el ejército regular y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), ya ha dejado decenas de miles de muertos y más de 14 millones de desplazados.
En Darfur, la más reciente ofensiva de las RSF culminó con la caída de El-Fasher tras un brutal asedio, marcando uno de los capítulos más sangrientos del conflicto. Al mismo tiempo, la embajada sudanesa en Ginebra denunció que el “proveedor de armas” de las RSF es conocido y pertenece a un país de la península Arábiga: Emiratos Árabes Unidos.
La implicación de Abu Dabi en la contienda es, sin duda, uno de los elementos más decisivos del conflicto y uno de los factores que más ayudan a explicar su prolongación.
Las causas y motivos de su intervención son diversas, aunque su toma de partido por un bando responde, en gran medida, a las buenas y provechosas relaciones que la monarquía árabe mantenía con las RSF y su líder, Mohamed Hamdan Dagalo “Hemedti”, desde mucho antes de abril de 2023.
Durante las guerras en Yemen y Libia, combatientes de las RSF lucharon en los bandos apoyados por los emiratíes, creando una relación de confianza personal con Hemedti. Este era visto como un aliado pragmático y eficaz, con el que era posible llegar a acuerdos sin depender de agendas políticas ni ideológicas. Entre las motivaciones de estos acuerdos, una destaca por encima del resto: el comercio de oro.
Así pues, en este contexto de violencia, los billetes y lingotes de oro excavados en las minas de Darfur y otras regiones del país se han convertido en un motor que alimenta aún más la conflagración y las arcas de Emiratos Árabes Unidos, país que se ha consolidado como uno de los principales centros mundiales de refinado y reexportación de oro.
Oro en la guerra y la maquinaria de las RSF
Las RSF, encabezadas Hemedti, han erigido un complejo entramado empresarial para rentabilizar el "oro de guerra". Un informe de expertos de la ONU, publicado en 2024, documentó que las RSF obtienen recursos a través de una red de unas 50 empresas, liderada por el conglomerado familiar Al Junaid de los Dagalo.
En enero de 2025, Estados Unidos sancionó a AZ Gold, una compañía de Dubái vinculada a las RSF, por comprar oro en Sudán para financiar al grupo paramilitar. Asimismo, investigaciones independientes, como las elaboradas por The Sentry en octubre 2025, identificaron un grupo de empresarios ligados a las RSF que fundaron varias sociedades en Emiratos Árabes Unidos "en nombre de la milicia".
Por ejemplo, se vincula a Mazin Fadlalla, uno de los "facilitadores", con la firma Mamlaket Kush Jewellery Trading –creada en 2021– y a la empresa Al Zumoroud & Al Yaqoot Gold & Jewellers Trading –también llamada AZ Gold–. Esta última compraba oro en Darfur para las RSF y llevaba el metal hasta Dubái; incluso uno de los hermanos de Hemedti tenía acceso a los millones depositados en esa cuenta emiratí.
"La participación de Fadlalla y otros en cuatro empresas auríferas con sede en Dubái ofrece una visión de la cadena de suministro de oro en conflicto: sacado de contrabando del oeste de Sudán, importado a Emiratos Árabes Unidos y luego vendido en los mercados internacionales [...] Dentro de ese modelo, las RSF necesitan vehículos corporativos y bancos para convertir el oro de contrabando en divisas", denuncia The Sentry.
En otro ejemplo de estas redes, la Casa Blanca sancionó en enero de 2025 a Capital Tap Holding L.L.C., un consorcio con base en los Emiratos Árabes Unidos, por proporcionar dinero y armas a las RSF, cerrando así el ciclo de oro por armamento.
Cabe recordar, asimismo, que el Departamento del Tesoro estadounidense también sancionó a Hemedti por "socavar el objetivo de una transición democrática" en Sudán y por su papel "en las atrocidades sistemáticas perpetradas contra el pueblo sudanés [...] incluidos asesinatos por motivos étnicos y violencia sexual como arma de guerra".
No obstante, el ejército sudanés tampoco se ha quedado atrás en la carrera por el oro. Las autoridades militares controlan las zonas auríferas del norte y el este del país, e incluso han incentivado la explotación por inversores extranjeros –como rusos, chinos, etcétera– en sus áreas bajo control.
De hecho, la empresa estatal de minería declaró un fuerte incremento en 2024 donde el oro produjo 1.500 millones de dólares para las arcas oficiales, aproximadamente la mitad de las exportaciones formales desde los territorios bajo mando militar.
Así, los generales financian sus operaciones con los ingresos del oro mientras buscan nuevas concesiones –por ejemplo, la mina de Kush en el mar Rojo, explotada por una filial de una empresa emiratí con sede en Dubái, es hoy el mayor yacimiento industrial del país–.
Mientras tanto, grandes flujos de metal precioso escapan del control oficial. La mayoría del oro sudanés es extraído de forma artesanal y abandona el país por rutas irregulares. Un análisis de Chatham House señala que en Sudán el 85% de la producción proviene de la minería artesanal y casi todo ese oro acaba en Emiratos Árabes Unidos, ya sea directamente o “vía países vecinos como Chad, Egipto, Eritrea y Sudán del Sur”.
En la práctica, se calcula que alrededor del 60% del oro originario de los estados fronterizos con Egipto es traficado ilícitamente hacia ese país, motivado por las diferencias de precio e impuestos más bajos. Sin embargo, las autoridades sudanesas aliadas del ejército han intentado enviar más oro por Egipto para impedir su ruta directa a Dubái, acusando a Emiratos Árabes Unidos de favorecer a las RSF.
Un ejemplo de esta dimensión regional es que, en 2024, los datos de comercio internacional sitúan en 29 toneladas el oro que Emiratos Árabes Unidos compró directamente a Sudán, y en 27 toneladas el canalizado a través de Egipto, además de 18 toneladas por Chad y 9 toneladas por Libia. Estos flujos transfronterizos –que incluyen contrabando, sobornos y evasión de impuestos– alimentan un mercado paralelo que esquiva el control de Jartum.
El oro sudanés entra en los mercados mundiales
En Dubái operan gigantes refinadores como Kaloti y Emirates Gold, donde converge el metal extraído de conflictos como el sudanés. Un informe elaborado por Global Witness reveló que Kaloti adquirió por lo menos 57 toneladas de oro sudanés en 2012, de las cuales unas 30 toneladas estaban vinculadas a milicias en Darfur.
Según denuncian organizaciones especializadas, Kaloti ha estado en el centro del negocio opaco del oro. Desde Dubái, ese material es vendido a refinerías europeas como Valcambi o Metalor –lejos de los escenarios bélicos– y así entra en las cadenas de suministro mundiales.
Suiza también tiene un papel destacado en este entramado. El país europeo importa enormes cantidades de oro procedente de Emiratos Árabes Unidos. Solo en los primeros nueve meses de 2025 ingresaron 316 toneladas, valoradas en 27.000 millones de francos suizos, más del doble de su promedio previo.
La oenegé Swissaid advierte que una parte muy significativa de ese oro procede de Sudán a través del contrabando, lo que implica que el país alpino está “directamente implicado” en este problemático comercio. Por ejemplo, Valcambi SA, la mayor refinería suiza, importó alrededor de 20 toneladas de oro de Kaloti entre 2018 y 2019, a pesar de las evidentes señales de alarma sobre su origen.
La organización calcula que "entre el 50% y el 70% de la producción de oro de Sudán se contrabandea fuera del país cada año". Por ejemplo, entre 2012 y 2024, al menos 400 toneladas de oro salieron ilícitamente de Sudán, llegando "aproximadamente la mitad a Emiratos Árabes Unidos y, en menor medida, a otros países como Rusia".
El impacto global y la prolongación del conflicto
La consecuencia es que las ganancias ilegales del oro prolongan el conflicto. El metal ha permitido a ambos bandos comprar armamento, reclutar milicias y mantener redes de poder encubiertas. Desde Wuhan a Wall Street, el dinero del oro sudanés fluye bajo la apariencia de trozos de lingote o joyería.
Las sanciones internacionales apenas han logrado detener el negocio: Emiratos Árabes Unidos fue incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por tener “vigilancia débil” del comercio de oro y recién a mediados de 2024 endureció normativas para prohibir la importación de oro de zonas de conflicto. En Suiza, pese a las exigencias de diligencia debida en zonas de alto riesgo, expertos señalan que persisten vacíos legales que permiten pasar oro dudoso.
El tráfico ilícito de oro ha alimentado las arcas de la guerra sudanesa y eludido casi todos los mecanismos de control. Los generalísimos financiaron sus tanques y drones con el tesoro de las minas, mientras Emiratos y Suiza, a través de sus centros refinadores, han permitido que el “oro de sangre” penetre en los mercados globales.
Esta mutua complicidad internacional –donde gobiernos, empresas y redes criminales confluyen– empantana la búsqueda de paz. Solo un sistema de supervisión regional e internacional verdaderamente riguroso, con sanciones efectivas y transparencia total en el comercio de metales preciosos, podrá evitar que el oro de Darfur siga prolongando la tragedia y transformándose en otro determinante del destino económico mundial.
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