Desde el estallido social que comenzó en octubre de 2019, la política chilena ha experimentado diversos cambios que aún no han definido su futuro político e institucional, aunque se espera que esto se aclare a finales de 2023. Un año después de los acontecimientos que desencadenaron en protestas, el 25 de octubre de 2020 se aprobó en un referéndum la redacción de una nueva Constitución con el propósito de reemplazar la promulgada durante la dictadura militar de Pinochet en 1980. A raíz de los eventos que sacudieron al país en 2019, y a pesar de las múltiples reformas había experimentado la carta magna en vigor, el gobierno de Sebastián Piñera decidió emprender al pueblo chileno determinar su futura ley fundamental.
Las elecciones de convencionales constituyentes se llevaron a cabo los días 15 y 16 de mayo de 2021 con el objetivo de elegir a los miembros encargados de redactar la nueva Constitución. La propuesta de la nueva carta magna, con una orientación de tendencia progresista, se elaboró entre octubre de 2021 y junio de 2022. Mientras tanto, tras la presidencia de Piñera, el candidato de la coalición “Apruebo Dignidad”, Gabriel Boric Font, ganó las elecciones presidenciales en la segunda vuelta celebrada en diciembre de 2021 con el respaldo del 55.9% de los votos emitidos. Boric asumió la presidencia en marzo de 2022.
Finalizada la redacción de la propuesta de Constitución, se convocó a un plebiscito para aprobar o rechazar el documento final. El oficialismo, los partidos de izquierdas y progresistas brindaron apoyo a la propuesta mientras que las fuerzas políticas de derecha, como Chile Vamos y Partido Republicano de Chile, se mostraron en desacuerdo. Sin embargo, el resultado de las elecciones presidenciales no fueron reflejadas en el referéndum. El 4 de septiembre de 2022 el pueblo chileno votó en contra de la propuesta de la Constitución Política de la República de Chile redactada por la Convención Constituyente con el 61.9% de los electores, mientras que solo el 38.1% apoyó la propuesta. Un dato relevante a destacar es que, mientras que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de finales de 2021 registró una participación del 55.6%, la del plebiscito alcanzó un impresionante 85.9%, marcando una notable diferencia de 30 puntos. El fracaso de la Constituyente fue un duro revés para el Gobierno de Boric, sin embargo, solo un día después, el mandatario convocó al líder de la Cámara del Congreso, Raúl Soto (PPD) y al presidente del Senado Álvaro Elizalde (PS) para anunciar la continuación del proceso constituyente.
Nueva etapa en el proceso constituyente de Chile
El nuevo proceso constituyente comenzó oficialmente el 12 de diciembre de 2022, cuando los presidentes del Senado de la Cámara de Diputados y Diputadas hicieron público el Acuerdo por Chile. Este acuerdo tenía como objetivo la redacción de una nueva ley fundamental para la nación chilena. Se establecieron 12 Bases Constitucionales que servirían como los principios fundamentales que la nueva carta magna debía cumplir. Para llevar a cabo este proceso se crearon tres órganos para el proceso: el Consejo Constitucional, la Comisión de Expertos y el Comité Técnico de Admisibilidad. El 6 de marzo se pusieron en funcionamiento la Comisión Expertos y el Comité Técnico de Admisibilidad.
La comisión de expertos está compuesta por 24 miembros nombrados por la Cámara de Diputados y Diputadas (12) y el Senado (12) cuya tarea principal es redactar un anteproyecto de la Constitución. El Comité Técnico de Admisibilidad, integrado por 14 juristas tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las bases institucionales. En ambos órganos se estableció la paridad entre hombres y mujeres. Entre el 6 de marzo y el 6 de junio correspondió a la Fase Preparatoria de la Comisión Experta. El 30 de mayo concluyó la votación para el anteproyecto de la Constitución.
El 7 de mayo de 2023, Chile celebró elecciones para seleccionar a los 50 consejeros constituyentes encargados de debatir y aprobar un proyecto de texto para la nueva Constitución. Los resultados de las elecciones fueron los siguientes: el Partido Republicano obtuvo 23 escaños, Unidad para Chile alcanzó 16 y Chile Seguro logró 11. Además, se reservó un escaño original para los pueblos originarios.
Estas elecciones marcaron un punto crucial en el proceso constituyente chileno. La centroderecha, representada por Chile Seguro –con total del 21% de los sufragios– y derecha, simbolizada por el Partido Republicano –que obtuvo el 35,4% de los votos– aseguraron un total de 34 miembros, lo que les brindó una amplia mayoría para influir en la redacción de la nueva Constitución. En contraste, el gobierno y sus afines, reunidos bajo el estandarte de Unidad para Chile obtuvieron solo 28.60% de los votos, que se tradujo en 11 escaños. Esto representó una nueva derrota para el oficialismo tras el rechazo al plebiscito de septiembre de 2022. Finalizada la redacción del anteproyecto por la Comisión Experta, el 5 de junio el Consejo Constitucional inició su tarea de aprobar, rechazar, modificar o la redacción de nuevas normas de la Nueva Carta. La participación ciudadana fue muy notoria y los consejeros constitucionales presentaron más de mil enmiendas al anteproyecto.
El 4 de octubre el Consejo Constitucional dio por finalizada la elección de enmiendas a artículos y tres días después fue entregada el anteproyecto a la Comisión de Expertos. Posteriormente, los comisionados tuvieron cinco días para modificar, agregar o suprimir las enmiendas realizadas por los consejeros. Tras ello, el anteproyecto volvió al Consejo Constitucional, en el que las enmiendas se han aprobado por un quórum del tres quintos (30/50 consejeros) y rechazar por un quórum del dos tercios (33/50 consejeros).
Se ha establecido una comisión mixta compuesta por seis consejeros y seis expertos, con una distribución de siete miembros de orientación derechista y cinco de orientación izquierdista. El propósito de esta comisión es proponer soluciones y ratificar las modificaciones a la propuesta actual de la Constitución para aquellos artículos que no fueron ni aprobados ni rechazados. La comisión ha llevado a cabo debates acerca de las 32 propuestas de solución presentadas por la Comisión de Expertos, y su ratificación ha sido sometida a consideración del Congreso.
El 21 de octubre, la Comisión Mixta remitió el borrador constitucional y tomó decisiones a través de votación acerca de las 32 propuestas de solución. La mayoría de las enmiendas fueron aprobadas o rechazadas por la derecha debido a su mayoría en el órgano. Dos días después, el Pleno del Consejo Constitucional aprobó las 32 propuestas de solución presentadas por la Comisión Mixta, con 32 votos a favor y 17 en contra. El 30 de octubre, el Consejo aprobó el texto final de la Propuesta para la nueva Constitución con un respaldo de 33 votos a favor y 17 en contra. El 7 de noviembre, el presidente Boric recibió formalmente el anteproyecto de Constitución y anunció oficialmente la convocatoria al plebiscito nacional programado para el 17 de diciembre.
El texto consta de 216 artículos y 62 disposiciones transitorias, y ha sido objeto de un extenso debate. En la propuesta de Constitución, se destacan varios aspectos clave. Se reconoce la presencia de los pueblos originarios dentro de la nación chilena, la cual se considera única e indivisible. La Constitución defiende “el derecho a la vida de quien está por nacer”, lo que implica restricciones al derecho al aborto en los casos de peligro para la vida la madre, inviabilidad fetal y violación. La Constitución establece la expulsión inmediata de inmigrantes que ingresaron ilegalmente en Chile de manera clandestina o por pasos no habilitados.
Además, prohíbe el derecho a la huelga a funcionarios del Estado y de las municipalidades, así como a trabajadores de organizaciones o empresas de utilidad pública. Se exime de pagos de impuestos a los propietarios de viviendas principales, y se establece la promoción de la expropiación de los fondos de pensiones. La nueva carta también reconoce la existencia del cambio climático y establece la implementación de medidas para revertir esta situación.
Defensores y detractores de la nueva propuesta
Beatriz Hevia, presidenta del Consejo Constitucional y afiliada al Partido Republicano (PLR), defendió la propuesta de Constitución como un texto “responsable. Al compararla con la Constitución de 1980, destacó que representa un avance destacable. Los partidos de derecha expresaron que la propuesta de Constitución de 2023 representaba un avance para el país, en contraste con la propuesta rechazada en 2022, que consideraban como un intento de cambiar radicalmente y refundar la nación.
En contraste, Alejandra Krauss, integrante de Democracia Cristiana (DC) y parte del oficialismo, manifestó su oposición a la nueva Constitución ya que supone un retroceso en los derechos del pueblo chileno en salud, educación, pensiones, negociación colectiva y huelgas. Asimismo, Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista de Chile (PS), reafirmó que su formación rechazará la propuesta de Constitución al contener claros retrocesos en el ámbito de los derechos sociales e igualdad de género. Es igualmente relevante considerar la opinión de juristas de renombre. Javier Couso, abogado y académico especializado en Derecho Constitucional por la Universidad de Diego Portales, señaló que no fue posible forjar un pacto constitucional. A pesar de que el anteproyecto reflejó un consenso entre partidos políticos opuestos, en el Consejo se experimentaron dificultades extremas para alcanzar acuerdos. Sin embargo, en su opinión, la Constitución resultante se caracteriza por su enfoque pragmático.
El pueblo de Chile tomará la decisión final sobre la aprobación o rechazo de la propuesta de la nueva Constitución en el plebiscito programado para el 17 de diciembre. A pesar de que la oposición de derecha está viviendo un momento de auge, las encuestas no muestran un panorama optimista para el proceso constituyente que lideran. De acuerdo con los resultados de un sondeo realizado por Black and White y considerando exclusivamente los votos válidos, se observa que un 44% de los chilenos expresaría su voto a favor en el plebiscito, mientras que aproximadamente el 56% se inclinaría en contra.
Aunque la tendencia general ha sido de rechazo, últimamente se ha notado un crecimiento en el apoyo a la nueva carta magna. Si la propuesta de Constitución es aprobada, esto marcará el final de un proceso constituyente que ha durado tres años y supondrá un desafío para el oficialismo. En caso de que la nueva carta sea nuevamente rechazada, resulta incierto qué sucederá y cómo impactará en la política nacional. ¿Se dará por concluido el proceso constituyente iniciado con el plebiscito del 25 de octubre de 2020? ¿Se abrirá la puerta a un tercer proceso?
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