Los pueblos originarios de Chile ante el plebiscito constitucional

Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional y representante electa del pueblo Mapuche. Fuente: Diario Publico

Tras el inicio del estallido social ocurrido en 2019, los principales actores políticos chilenos acordaron iniciar un proceso participativo para redactar una nueva constitución que dejase atrás el actual texto adoptado durante la dictadura de Augusto Pinochet, atendiendo así a una de las principales reivindicaciones históricas de parte del pueblo chileno. Para los pueblos indígenas chilenos, este proceso supone una oportunidad para remediar su histórica situación de desposesión, criminalización y ausencia de reconocimiento, equiparándose así a otros pueblos de América Latina.

Durante las últimas décadas, en el marco del nuevo constitucionalismo latinoamericano, han sido muchos los países de la región que han realizado procesos constituyentes para reconocer, entre otras cosas, los derechos e identidades de su poblaciónindígena. Así sucedió con la Constitución de Brasil (1988), con la de Colombia (1991), Argentina (1994), Venezuela (1999) –siendo esta la primera Asamblea Constituyente en el continente en contar con un cupo de representantes para pueblos indígenas–, Ecuador (2008) o Bolivia (2009). Otros estados como México (1992) o Nicaragua (1995) han reformado sus textos constitucionales con el fin de incorporar estos derechos.

En el caso de Chile, de acuerdo con el censo de 2017, aproximadamente un 13% de la población se autoidentifica como indígena, correspondiendo más de un 85% de esa cifra al pueblo mapuche, situado principalmente en la región de La Araucanía y la zona central del país. Actualmente, los ingresos económicos del pueblo mapuche se originan fundamentalmente en la industria textil –elaboración de ropa artesanal– y en la agricultura, siendo frecuentes los conflictos por la titularidad de la tierra frente a terratenientes o ganaderos no-indígenas, así como frente a otras industrias de más reciente implantación.

El pueblo mapuche ha tenido también un importante papel en la ola de movilizaciones sociales llevadas a cabo en el país durante las últimas décadas, incluyendo el estallido social de 2019. Por esta razón han sido objeto de señalamiento por parte de las fuerzas estatales, incluyendo la militarización de sus territorios y la aplicación arbitraria de legislación antiterrorista contra sus líderes sociales –como es el caso de Francisca Linconao, hoy en la Convención Constituyente–, lo que ha posibilitado una vulneración de sus derechos procesales –como por ejemplo, detenciones policiales de hasta 240 horas en lugar de 24– en causas que finalmente son modificadas por la fiscalía y finalizan con absoluciones o con condenas por delitos menores. La constituyente mapuche Elisa Lancón fue elegida en 2021 primera presidenta de la Convención Constituyente, declarando en su discurso la intención de“refundar Chile” y establecer “una nueva relación entre todas las naciones que conforman este país”.

Además del pueblo mapuche, Chile reconoce oficialmente otros 9 pueblos indígenas, destacándose el pueblo Aymara –en la región norte– y el pueblo Rapa nui –en la isla de Pascua–. Todos estos pueblos han contado con presencia en la Convención Constituyente mediante el establecimiento de 17 escaños reservados para pueblos indígenas –un 11% del total de convencionales– lo que, junto con la norma de composición paritaria de la Convención –constituía por 77 mujeres y 78 hombres–, supone una de las mayores innovaciones del proceso constituyente chileno. Ambas medidas, especialmente la primera, contaron en principio con la oposición de la mayoría conservadora en el senado, hasta que la formación Renovación Nacional decidió replantear su postura al respecto, causando una crisis interna en el seno de la coalición Chile Vamos. No obtuvo el mismo respaldo, sin embargo, la iniciativa promovida por 9 diputados de diversos partidos respecto del cupo reservado para los pueblos afrodescendientes, comunidades humanas que llegaron como esclavas durante la etapa colonial y se establecieron principalmente en el Valle de Azapa, manteniendo parte de sus costumbres e identidades propias.

Si finalmente el proyecto constitucional es refrendado este domingo en las urnas chilenas, los pueblos indígenas verán reconocidos, entre otros, el derecho a la autonomía política, financiera y legislativa, el derecho a emplear sus propios tribunales para la administración de justicia y el derecho de propiedad sobre las tierras que tradicionalmente hayan ocupado y sobre los recursos presentes en estas. Además, contarán con escaños reservados en todas las elecciones –nacionales, regionales y comunales– y sus lenguas propias tendrán carácter oficial en las regiones con mayor presencia indígena. Todos estos derechos derivan de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y del Convenio 169 de la OIT, del cual Chile forma parte desde 2008 sin que haya llegado hasta el momento a implementarlo.

Distribución geográfica histórica de los diversos pueblos indígenas de Chile. Fuente: Wikipedia

Actualmente la Ley 19.253 -aprobada 1993, 15 años antes de la ratificación de dicho Convenio- ampara, exclusivamente, el derecho de los 10 pueblos reconocidos legalmente a solicitar la inscripción a su favor de aquellas tierras tradicionalmente ocupadas por su comunidad, siempre que estas no sean reclamadas por otras personas y sin posibilidad de venderlas, arrendarla ni cederlas. A pesar de esta disposición las disputas por el uso de la tierra continúan siendo constantes, destacándose los conflictos derivados de la concesión de licencias de exploración y exportación de litio a empresas de origen chino en el norte del país durante el II Gobierno Piñera, la pérdida de calidad ambiental y de alimento derivadas de la pesca de salmones en la región de Patagonia, y la sequía provocada en la Región de Antofagasta por la extracción continuada de agua para la minería.

La totalidad de los convencionales designados por su pertenencia a comunidades indígenas han decidido sumarse a la campaña del Apruebo, como también lo han hecho la coalición izquierdista Apruebo Dignidad –a la cual pertenece el presidente Gabriel Boric–, y el centro-izquierdismo de la ex concertación y el Partido Ecologista Verde. Por el rechazo ha optado el bloque de la derecha, con la coalición Chile Vamos –oficialismo del expresidente Piñera–, el Partido Republicano del ex candidato presidencial José Antonio Kast –que acudió al balotaje frente a Gabriel Boric– y la candidatura de Parisi, Partido de la Gente, un movimiento populista liberal fundado en 2019 que obtuvo 530.000 votos en las elecciones parlamentarias de hace un año. Según las principales encuestadoras, la opción del Rechazo partiría con 8 puntos de ventaja en el plebiscito –46% por 38% del apruebo–, una diferencia que se habría no obstante reducido a menos la mitad en el último mes y medio –en Junio era de 18, 51 a 33–. La instauración del voto obligatorio en el plebiscito puede también impulsar a la opción del rechazo.

Si esta opción resultase finalmente vencedora, existen divisiones sobre cuál sería el siguiente paso. En los últimos meses se popularizó el eslogan rechazar para reformar, mediante el cual diversos parlamentarios de Evópoli, Renovación Nacional e incluso de Democracia Cristiana –partido que acude en el bloque del Apruebo– pedían un rechazo crítico, que derivase en una serie de reformas constitucionales realizadas desde el Parlamento nacional a la Constitución de 1980. Los partidarios del apruebo, con el apoyo del presidente Boric, ya han anunciado que en caso de que gane el rechazo se buscará convocar una nueva asamblea constituyente. La UDI –miembro de la coalición Chile Vamos– ha apuntado que, en caso de que llegase a realizarse una nueva convención, debe apostarse por fórmulas de elección más sencillas con un distrito electoral único, lo que deja fuera la participación de independientes y, a priori, también la presencia de candidaturas indígenas.

El estado chileno ha tenido, hasta hoy, 3 textos constitucionales a lo largo de su historia, sin que ninguno de ellos haya surgido de la participación democrática: El primero, de 1833, fue aprobado por la Cámara de Diputados elegida por sufragio censitario y redactada por una Convención de 36 miembros. El segundo, de 1925, fue redactada por el Parlamento y aprobado en plebiscito por el 45% de los electores, una vez excluidas de sufragio las mujeres, aquellos que no supiesen leer y escribir en lengua castellana y todos los hombres menores de 21 años.

El actualmente vigente, de 1980, fue redactado por el cuerpo de la dictadura -sin debate ni procedimiento público- y sometido a referéndum en un clima repleto de irregularidades y censura a la oposición democrática. Si bien esta ha sido reformado por el Parlamento en multitud de ocasiones –destacándose la extensa reforma iniciada por el expresidente Lagos en 2005–, el texto cuenta aún con significativas carencias de difícil remedio –por los límites establecidos en el texto a su propia reforma– como la ausencia de derecho a la huelga, el excesivo poder otorgado al rol de la presidencia y al tribunal constitucional y la ausencia de toda referencia a los pueblos originarios.

Por esta razón, en el plebiscito de 2020 un 78,28% de los votantes apostaron por la opción del Apruebo, a favor de iniciar un proceso constituyente, y un 79% de que este fuera conducido por una convención constitucional elegida a tal efecto y no por una comisión mixta –integrada por parlamentarios y constituyentes electos a partes iguales–; cumpliendo con ello una de las principales reivindicaciones de la izquierda y el centro izquierda chileno durante las últimas décadas hasta tal punto que el hoy presidente Gabriel Boric (Convergencia Social) comenzó su participación política institucional como parte del movimiento ‘Marca AC’ (Marca Asamblea Constituyente) en las elecciones parlamentarias en 2013. Un anterior intento institucional de llevar a cabo UN proceso constituyente tuvo lugar en 2015 durante el gobierno de Michelle Bachelet (Partido Socialista), quien se comprometió a iniciar un proceso participativo para redactar un nuevo texto constitucional que finalmente no pudo ser finalizado por su derrota en las elecciones presidenciales de 2018.

Si finalmente el texto constitucional resultase aprobado, Chile podría abrir camino para la instauración de una nueva fase dentro del constitucionalismo latinoamericano, con una importancia más destacada de los derechos ecológicos y reproductivos y que apueste por un verdadero pluralismo jurídico y un mayor respeto por la autonomía y autoorganización de las comunidades indígenas.


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Investigador asociado en la Universitat Autònoma de Barcelona. Derecho internacional, asilo y derechos humanos. Actualmente especializándome en conflictos indígenas por la tierra.

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