48,9 millones de hectáreas. Esa es la superficie que, según las estimaciones de la Compañía Nacional de Abastecimiento, Brasil dedica al cultivo de la soja. Prácticamente el tamaño de España. La intensidad de la producción tiene su correspondencia económica: en 2025, la soja y sus derivados, junto con la carne bovina, representaron aproximadamente una quinta parte del valor de las exportaciones brasileñas de mercancías.
Dos cifras que impactan directamente en la política nacional. Parcialmente ocultada por la creciente polarización ideológica del país, la expansión vertiginosa de ambos negocios en el interior brasileño ha trastocado irremediablemente los equilibrios de poder en Brasilia. Hoy, el gigante sudamericano es inexplicable sin el factor agroindustrial.
El Cerrado y la formación de una nueva élite
Desde Getúlio Vargas hasta los gobiernos militares, la industrialización fue uno de los grandes objetivos del Estado brasileño. Para sostenerla, era necesario ampliar y modernizar la producción agrícola, tanto para abastecer a las ciudades en expansión como para generar divisas mediante las exportaciones y financiar la importación de maquinaria y otros insumos industriales.
En consecuencia, el Estado impulsó inversiones en infraestructuras para conectar el interior con los grandes centros urbanos e industriales del Sudeste y con los puertos de exportación.
Brasil se lanzó a la "conquista" del Cerrado, la extensa ecorregión de sabana tropical que ocupa gran parte del interior del país. Allí, las grandes superficies llanas y el bajo precio de la tierra ofrecían una oportunidad para la explotación mecanizada a gran escala, aunque la acidez y la baja fertilidad de muchos de sus suelos exigían técnicas de corrección y fertilización. La expansión encontró una coyuntura internacional favorable.
El crecimiento de la ganadería intensiva elevó la demanda de harina de soja para piensos, mientras que una crisis de abastecimiento llevó a Estados Unidos a restringir temporalmente las exportaciones de soja en 1973 para contener los precios internos. La decisión impulsó a Japón a diversificar sus proveedores. De esta manera, Brasil tuvo la oportunidad de ampliar su producción y atraer financiación y cooperación técnica nipona.
Entre los principales beneficiarios de la transformación del Cerrado se encontraba una franja de las clases medias rurales del sur del país. La posibilidad de multiplicar su patrimonio atrajo a agricultores de ascendencia europea procedentes de explotaciones familiares de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná.
Traían consigo un valioso equipaje: maquinaria, conocimientos sobre el cultivo mecanizado de la soja, vínculos con cooperativas y capacidad para acceder al crédito público. La expansión favoreció así a los sectores capitalizados del campesinado sureño y les ofreció la posibilidad de transformarse en una nueva élite terrateniente.
El avance de la soja situó a sus productores frente a las élites ganaderas en una relación que combinó la competencia territorial con la convergencia económica. Allí donde la ocupación agropecuaria era más antigua, como en Goiás o Mato Grosso do Sul, los recién llegados vieron condicionado su ascenso político por la existencia de unas élites que ya controlaban la tierra, las instituciones municipales y las conexiones con el poder estatal.
En cambio, en algunas zonas de Mato Grosso o del oeste de Bahía, donde la expansión agrícola impulsó la creación de nuevos municipios, los colonos pudieron convertir su predominio económico en poder político local.
Al mismo tiempo, ambos negocios terminaron retroalimentándose. El avance de los cultivos contribuyó a desplazar la ganadería extensiva hacia el norte, internándola en la Amazonía, mientras que la disponibilidad de soja y maíz para la fabricación de piensos favoreció la implantación de cadenas industriales de producción porcina y avícola, así como la intensificación de ciertos segmentos de la ganadería bovina.
Esta complementariedad articuló un bloque de intereses alrededor del nuevo corazón agropecuario brasileño: productores de soja, élites ganaderas, cooperativas, fabricantes de piensos, empresas cárnicas y exportadores. El poder económico acumulado en el Cerrado no tardó en proyectar su influencia sobre los circuitos políticos de Brasilia.
Los reinos de taifas del agronegocio
La expansión de la soja y la ganadería sobre el Cerrado no produjo una élite agropecuaria homogénea, pese a la existencia de intereses comunes. Por el contrario, el avance de la frontera productiva generó distintos circuitos de poder, condicionados por el origen de los nuevos productores, su relación con las antiguas oligarquías y la estructura económica de cada estado.
El resultado fue una suerte de reinos de taifas: grupos capaces de dominar municipios o regiones enteras, pero obligados a negociar entre sí para proyectar su influencia sobre el gobierno federal.
Mato Grosso, epicentro de la revolución agropecuaria, fue el estado donde las nuevas élites lograron convertir con mayor claridad su predominio económico en poder político. La familia Maggi, propietaria del conglomerado Amaggi, transformó su emporio en una plataforma desde la que Blairo Maggi alcanzó primero el gobierno estatal y, posteriormente, el Ministerio de Agricultura.
Sin embargo, su centralidad no se tradujo en una hegemonía uniforme. A lo largo de la BR-163 se desarrolló un circuito alternativo, articulado alrededor de las asociaciones de productores, las cooperativas y las administraciones municipales. De este entramado surgieron dirigentes como Otaviano Pivetta, Neri Geller o Carlos Fávaro, que ocuparon alcaldías, escaños parlamentarios, la vicegobernación y ministerios.
En Mato Grosso do Sul, por el contrario, se produjo un proceso de convergencia elitista. La Federación de Agricultura y Ganadería de Mato Grosso do Sul –Famasul– se convirtió en el punto de encuentro entre los nuevos productores agrícolas y las antiguas élites ganaderas, así como en una plataforma para formar cuadros y proyectarlos desde la representación empresarial hacia las instituciones.
Tereza Cristina, posteriormente ministra de Agricultura, integró su directiva, mientras que Eduardo Riedel, actual gobernador, pasó por la vicepresidencia y la presidencia de la federación.
Goiás, por su parte, desarrolló una estructura más fragmentada. La vieja aristocracia ganadera conservó una expresión política propia alrededor de la familia Caiado, mientras los Batista convirtieron JBS en un polo empresarial de alcance nacional. Ambos proyectaron su influencia por vías distintas: los Caiado, mediante el arraigo territorial y la representación electoral; los Batista, a través de la inversión, el empleo y sus relaciones con gobiernos de distinto signo.
La capacidad de proyección no dependía exclusivamente del volumen de producción. En el oeste de Bahía, el agronegocio convirtió la región en un bastión antipetista, pero su influencia quedó diluida dentro de un estado populoso y gobernado por el PT. Tocantins siguió una trayectoria distinta.
Allí, el partido venció repetidamente en las elecciones presidenciales sin lograr controlar el gobierno estatal, una disociación que reforzó el poder negociador de las élites regionales frente al PT nacional. Kátia Abreu encarnó esa permeabilidad: dirigente de la federación agropecuaria estatal, presidenta de la CNA y senadora, acabó al frente del Ministerio de Agricultura de Dilma Rousseff pese a no pertenecer entonces al PT.
La pluralidad de circuitos mediante los que el agronegocio llegó a Brasilia –el control territorial, las federaciones rurales, las asociaciones sectoriales y la presión directa de las grandes empresas– no impidió que sus intereses convergieran alrededor del crédito, la fiscalidad, la propiedad rural y las infraestructuras, ámbitos decididos en gran medida desde la capital.
Sin embargo, su heterogeneidad territorial y productiva hacía inviable la formación de un partido agrario propio. La unificación adoptó, por ello, una forma suprapartidaria: la Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), conocida popularmente como la "bancada ruralista".
La construcción de la FPA constituye una de las operaciones políticas más exitosas de la historia reciente de Brasil. Según datos de la propia FPA, en julio de 2026 la organización reunía formalmente bajo su paraguas a 345 de los 594 miembros del Congreso: casi seis de cada diez diputados y senadores. Su amplitud convirtió a la FPA en un activo que ningún partido podía permitirse ignorar.
Mimetizada con el sistema político brasileño, la FPA puede cambiar la correlación de fuerzas partidista, alterar la morfología geoeconómica de regiones enteras y moldear las relaciones bilaterales con Pekín.
La ruptura con el PT y la salida al Pacífico
El primer punto de inflexión llegó durante el primer gobierno de Lula. La expansión de las exportaciones había permitido compatibilizar el crecimiento del agronegocio con las políticas sociales del PT.
Sin embargo, la apreciación del real, el encarecimiento de los insumos y la caída de los precios agrícolas entre 2004 y 2006 rompieron ese equilibrio. En la primera vuelta de las elecciones de 2006, Geraldo Alckmin derrotó a Lula en todos los estados del Centro-Oeste. Aun así, el distanciamiento no era irreversible: tras negociar nuevas ayudas para los productores, dirigentes como Blairo Maggi apoyaron la reelección de Lula.
La fractura no afectaba por igual a toda la cadena. Los productores asumían el riesgo de la cosecha y acumulaban deudas denominadas en dólares, por lo que la cotización de la moneda, el crédito público y el precio del transporte incidían directamente sobre sus márgenes.
En cambio, las comercializadoras, los frigoríficos y las industrias transformadoras dependían en mayor medida del acceso a los mercados internacionales, la regulación sanitaria y la política exterior. La diferencia de escala y posición en el mercado abrió una brecha política: estas empresas podían permitirse posturas más pragmáticas.
La segunda inflexión llegó durante la segunda mitad de la década de 2010. A la recesión económica se sumaron los conflictos en torno a la fiscalización ambiental y la propiedad rural, dos fibras sensibles que permitieron transformar aquellas divergencias materiales en una identidad política.
Organizaciones de productores como la UDR y Aprosoja vieron entonces en Jair Bolsonaro un instrumento con el que atacar simultáneamente al PT, los movimientos sociales y las restricciones impuestas a la expansión territorial.
El giro produjo una paradoja en el mapa electoral brasileño. Los principales estados del Cerrado —Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Goiás— se convirtieron en bastiones del antipetismo, pero sus gobiernos continuaron en manos de estructuras tradicionales de centroderecha y las grandes empresas mantuvieron interlocución con fuerzas de distinto signo.
Los diferentes circuitos elitistas se distribuyeron entre el PL, Unión Brasil, Progresistas, MDB y PSD en función de sus equilibrios locales, sus dirigentes y sus necesidades de acceso al Estado. La FPA se convirtió así en el espacio desde el que los partidos tradicionales trataron de disputarle al bolsonarismo la representación política de uno de los sectores más relevantes del país.
La consolidación de China como principal mercado puede trasladar estas contradicciones al territorio. Hasta ahora, la inserción internacional del interior brasileño ha dependido de la fachada atlántica y de los corredores que desembocan en sus puertos. Los proyectos bioceánicos introducen una posibilidad de naturaleza distinta: reorientar parte de esos flujos hacia el Pacífico.
Dos grandes proyectos concentran esa posibilidad. Al sur, la Ruta de Capricornio pretende conectar Mato Grosso do Sul con los puertos chilenos a través de Paraguay y Argentina. Más al norte, el Quadrante Rondon proyecta Goiás, Mato Grosso, Rondônia y Acre hacia Bolivia, Perú y el puerto de Chancay. Su desarrollo alteraría la jerarquía territorial construida durante la expansión del Cerrado.
Mato Grosso do Sul dejaría de ocupar una posición relativamente periférica dentro del sistema agroexportador para convertirse en una bisagra brasileña hacia el Pacífico. Los pasos de Porto Murtinho hacia Paraguay y de Corumbá hacia Bolivia permiten al estado aspirar a concentrar una parte de los flujos bioceánicos.
Más al norte, una conexión terrestre entre Chancay y el interior brasileño revalorizaría el oeste de Mato Grosso, Rondônia y Acre, al tiempo que reduciría la centralidad relativa de São Paulo y de los grupos vinculados al puerto de Santos. La competencia está servida en medio de un clima político marcado por la polarización ideológica.
Suscríbete y accede a los nuevos Artículos Exclusivos desde 3,99€
Si escoges nuestro plan DLG Premium anual tendrás también acceso a todos los seminarios de Descifrando la Guerra, incluyendo directos y grabaciones.
