El 22 de septiembre, Sitiveni Rabuka, primer ministro de Fiyi, presentó ante el Parlamento las conclusiones de la Comisión para la Revisión de la Constitución. Entre sus recomendaciones, destaca la redefinición del papel institucional y político de las Fuerzas Armadas.
En el centro del debate se encuentra el artículo 131.2 de la carta magna, que atribuye a las Fuerzas Militares de la República de Fiyi (RFMF) la responsabilidad de garantizar en todo momento la seguridad, la defensa y el bienestar del país y de todos los fiyianos.
Dicha disposición legal es fruto de la historia reciente del país. Las tensiones étnicas entre la población iTaukei y los indofiyianos sirvieron de justificación para los dos golpes de Estado encabezados por Rabuka en 1987.
Años después, la crisis de 2000 reforzó la noción de las RFMF como garantes últimas del orden político y catapultó al comodoro Frank Bainimarama al poder, quien posteriormente encabezaría un golpe en 2006. Fue durante su administración cuando dicha concepción del rol de las RFMF se plasmó en la Constitución de 2013.
Los objetivos y desafíos de Rabuka
La reforma pretende poner fin a este legado institucional. De aprobarse, las Fuerzas Armadas quedarían centradas principalmente en la defensa frente a amenazas externas, mientras que su despliegue dentro del país estaría sometido a mayores controles civiles. De materializarse este giro de 180 grados, la administración de Rabuka podría profundizar las tensiones políticas que todavía atraviesan los cuarteles fiyianos.
Tras la caída de Bainimarama en 2022 y el retorno de Rabuka al poder, el primero, junto con el antiguo comisario de Policía Sitiveni Qiliho, habría contactado con varios altos oficiales para desplazar a Jone Kalouniwai, actual comandante en jefe y firme defensor de la delimitación de las competencias militares y de su subordinación a las autoridades civiles.
Este episodio evidencia el problema al que se enfrenta Rabuka. Pese al alineamiento del alto mando, los supuestos intentos de Bainimarama de movilizar a ciertos comandantes contra el actual statu quo apuntan a la posible existencia de facciones castrenses todavía vinculadas, en cierto grado, al anterior Gobierno. Por ello, la reforma busca reducir su eventual margen de maniobra al fijar constitucionalmente la ausencia de un papel político de las RFMF.
Sin embargo, el punto más sensible de la propuesta de reforma reside en las inmunidades concedidas tras los golpes de Estado. La Comisión propone eliminarlas. Kalouniwai y el alto mando la han respaldado públicamente, aunque no se conoce la penetración de esta postura en los cuarteles.
Rabuka, quien encabezó los golpes de 1987, ha evitado por el momento respaldarla públicamente. De este modo, pende sobre el ecosistema político-militar fiyiano una eventual revisión de las responsabilidades de su pasado.
La transformación trasciende, además, la reforma constitucional. Desde su llegada al poder, el primer ministro ha impulsado la reorientación de las RFMF hacia la defensa exterior, en un proceso en el que Australia participa directamente.
Canberra financia a dos asesores encargados de implementar la Estrategia Nacional de Seguridad 2025-2029, heredera de la revisión iniciada en 2023, mientras profundiza paralelamente la formación y la interoperabilidad entre las RFMF y las Fuerzas de Defensa Australianas (ADF).
El centro de gravedad del Ejército fiyiano amaga con desplazarse desde la política interna hacia la seguridad regional, alterando durante el proceso la posición geopolítica de las RFMF. Bajo Bainimarama, las Fuerzas Armadas constituyeron uno de los pilares de una política exterior que buscaba ampliar la autonomía de Fiyi frente a Australia y Nueva Zelanda mediante la diversificación de sus relaciones internacionales.
Hoy, su progresiva despolitización coincide con la conformación de la alianza de defensa mutua Océano de Paz junto con Canberra, una asociación de seguridad a la que Wellington ha expresado su predisposición a unirse.
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