Japón está desmontando progresivamente parte de las restricciones que condicionaron su política militar desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin modificar formalmente la Constitución, Tokio ha reinterpretado durante los últimos años los límites impuestos a sus Fuerzas de Autodefensa (SDF) para ampliar su margen de actuación, aumentar el gasto militar y adquirir capacidades que durante décadas habían quedado excluidas.
La base jurídica de estas restricciones se encuentra en el artículo 9 de la Constitución de 1947. El texto establece la renuncia a la guerra como derecho soberano y declara que el país no mantendrá fuerzas terrestres, navales o aéreas ni otro potencial bélico.
Sin embargo, la evolución del entorno regional modificó rápidamente esta interpretación. La victoria del Partido Comunista de China en 1949 y la guerra de Corea entre 1950 y 1953 llevaron a Estados Unidos a considerar que Japón debía desempeñar un papel más importante dentro de su arquitectura de seguridad en Asia-Pacífico.
Así, en 1954 se crearon las Fuerzas de Autodefensa. La justificación utilizada fue que la carta magna impedía disponer de capacidades orientadas a iniciar una guerra, pero no negaba el derecho del país a mantener el mínimo poder militar necesario para defender el territorio.
Esta interpretación permitió construir unas Fuerzas Armadas que formalmente continúan definidas por su naturaleza "defensiva". Durante décadas, ello impuso restricciones sobre la adquisición de sistemas ofensivos, como bombarderos estratégicos o misiles intercontinentales, además de numerosos límites a la actuación militar japonesa fuera de sus fronteras.
Este último aspecto fue precisamente uno de los principales cambios introducidos durante el Gobierno de Shinzo Abe. En 2014, Japón reinterpretó nuevamente el artículo 9 para reconocer, de manera limitada, el derecho a la autodefensa colectiva.
Desde entonces, las Fuerzas de Autodefensa pueden actuar en apoyo de un aliado –como Estados Unidos– si el ataque amenaza la supervivencia de Japón, pone en peligro de manera fundamental los derechos de sus ciudadanos, no existe otra vía para afrontar la situación y el empleo de la fuerza se limita al mínimo necesario.
Esta modificación tiene especial importancia en relación con Taiwán. La actual primera ministra, Sanae Takaichi, ha planteado que un conflicto alrededor de la isla podría constituir una amenaza para la supervivencia japonesa, abriendo la posibilidad de una participación militar nipona en caso de que China inicie una operación bélica a gran escala.
Las palabras de Takaichi, desde la óptica nipona, no son del todo exageradas. Japón cree que un cambio del equilibrio en el estrecho afectaría directamente a su seguridad debido tanto a la proximidad geográfica con Taiwán como a la dependencia de las rutas marítimas que atraviesan la zona.
Una gran parte del comercio japonés y de sus importaciones de hidrocarburos circula a través del estrecho de Taiwán. El control chino de la isla, además, aumentaría la capacidad de Pekín para presionar sobre las disputadas islas Senkaku y sobre la prefectura de Okinawa, donde Estados Unidos mantiene una fuerte presencia militar.
Más interpretaciones de la Constitución
Otro punto de inflexión se produjo en 2022. Tokio reconoció la posibilidad de adquirir capacidades de contraataque, justificándolas como instrumentos necesarios para destruir posiciones desde las que un adversario estuviera lanzando ataques contra Japón.
Este cambio permite incorporar sistemas como los misiles Tomahawk estadounidenses o versiones de mayor alcance del misil japonés Type 12. Aunque Tokio continúa presentando estos activos dentro de una doctrina defensiva, lo cierto es que amplían sustancialmente su capacidad para atacar objetivos situados fuera del territorio nacional.
Ese mismo año también quedó atrás la política que durante décadas había mantenido el presupuesto de defensa aproximadamente alrededor del 1% del producto interior bruto. El Gobierno del entonces primer ministro Fumio Kishida argumentó que ese límite dificultaba la adaptación de las Fuerzas de Autodefensa a un entorno de seguridad cada vez más exigente.
La presión estadounidense también forma parte del proceso. Washington exige que Japón y otros aliados asiáticos aumenten su contribución a su propia defensa, especialmente ante la posibilidad de que Estados Unidos reduzca parte de sus compromisos regionales.
La flexibilización también alcanza a la industria militar. Japón había relajado desde 2014 algunas restricciones para exportar material no letal destinado a transporte, reconocimiento, vigilancia o rescate. En 2026 amplió todavía más este margen para permitir la venta de armamento letal.
El cambio busca reforzar la industria nacional de defensa mediante mayores economías de escala. La posibilidad de producir para mercados extranjeros permitirá aumentar las capacidades industriales necesarias para responder también a las demandas del propio Ejército japonés.
El entorno de seguridad de Japón
La transformación militar responde a una combinación de factores internos, regionales y sistémicos. Dentro del Partido Liberal Democrático (PLD) existe una corriente nacionalista que considera que Japón debe convertirse en un “país normal”, una expresión utilizada anteriormente por Shinzo Abe y asociada a la posibilidad de disponer de unas Fuerzas Armadas sin las restricciones heredadas de la posguerra.
El segundo factor es el entorno regional. Japón mantiene una disputa territorial con Rusia por las islas Kuriles, observa con preocupación el programa nuclear y balístico de Corea del Norte y considera a China su principal desafío estratégico, tanto por las disputas en torno a las Senkaku como por la cuestión de Taiwán. En suma, Tokio señala que su entorno de seguridad es el más inestable desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
A ello se añade una transformación más amplia del sistema internacional. La guerra de Ucrania, la creciente importancia del poder militar y las dudas sobre la continuidad del compromiso estadounidense en Asia-Pacífico han reforzado la idea de que Japón debe ser capaz de asumir una mayor parte de su propia defensa.
La Constitución de 1947 permanece intacta, pero la interpretación de sus límites ha cambiado sustancialmente. Sin reformar el artículo 9, Japón ha construido un margen cada vez mayor para aumentar su gasto, adquirir armamento de mayor alcance, intervenir en defensa de aliados y desarrollar una industria militar orientada también a la exportación. Ese proceso está modificando progresivamente el papel de Tokio dentro del equilibrio estratégico de Asia-Pacífico.
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