Filipinas ha declarado el estado de emergencia debido a la crisis energética y al alza de los precios de los combustibles, situación derivada de la guerra en el golfo Pérsico entre Irán, Israel y Estados Unidos.
Dicho marco legislativo permite al ejecutivo intervenir en la oferta petrolera mediante la regulación directa de las cadenas de suministro y proceder a la adquisición gubernamental masiva de combustible. Asimismo, se ha aprobado una ley que autoriza reducir y suspender los impuestos especiales a los productos derivados del petróleo.
La crisis energética llega en un momento delicado para la dinastía gobernante en Filipinas. La batalla jurídico-política entre los Marcos y los Duterte no da tregua. Tras aprobar en el poder legislativo el impeachment contra la vicepresidenta Sara Duterte, el Tribunal Supremo finalmente declaró el proceso como inconstitucional.
Un fallo judicial que se ha mantenido firme ante las sucesivas apelaciones. La victoria en los tribunales ha dado pie a que la propia Sara Duterte haya anunciado su concurrencia a la campaña presidencial de 2028.
Dicha decisión ha desatado una nueva “guerra” mediática e institucional. Hasta cuatro nuevas denuncias contra la vicepresidenta se han presentado ante el poder legislativo por una amalgama de personalidades de la sociedad civil, figuras religiosas y opositores políticos. Todas citando el presunto mal uso de fondos confidenciales. En respuesta, Duterte está centrando su argumentario en la crisis energética.
Pero mientras ambos clanes intentan situar las flaquezas del oponente en el foco mediático, la actual coyuntura evoca una de las dinámicas fundamentales de la política filipina: la dependencia estructural del Palacio de Malacañang de las coaliciones entre dinastías.
Ya pertenezcan a la burguesía manileña o al caciquismo rural, son las familias políticas anónimas fuera del contexto filipino las que tienen en su mano las llaves de la presidencia. Unas llaves que habitualmente terminan concediéndose a quien es capaz de garantizar la preservación del statu quo.
De los 286 diputados que representan el proyecto político del gobierno, solo 138 responden directamente ante presidencia. La fuerza legislativa de Ferdinand Marcos Jr. se resume en la herencia de sus progenitores.
Pese a haber sido constituido en 2018, el grueso de los 39 diputados del Partido Federal de Filipinas (PFF) proviene del llamado Solid North, la histórica base de poder de su familia paterna. Los 99 restantes pertenecen al Lakas-CDM, en cuyo núcleo se encuentran los Romuáldez, la dinastía a la que pertenece su madre, Imelda Marcos.
Su continuidad en el poder depende de las fuerzas aliadas: el Partido de la Unidad Nacional (NUP), la Coalición Nacionalista Popular (NPC) y el Partido Nacionalista (PN). Un respaldo que la crisis energética puede dilapidar en el medio plazo, tal y como sucedió durante la Revolución EDSA (1986).
El NUP es una confederación de familias caciquistas del centro y el sur de Luzón. Por ende, su apoyo se encuentra condicionado por intereses de tipo regional. Por su parte, el NPC y el PN representan los intereses de la oligarquía tagala.
El NPC es controlado por la familia Cojuangco. Grandes industriales e históricamente vinculados tanto con los Aquino como con los Marcos, sus decisiones siguen definiendo el destino de Filipinas. Con respecto al PN, este es controlado por los Villar, una dinastía política relativamente outsider que cuenta con un emporio inmobiliario en Manila.
La memoria del exilio va a marcar las decisiones que se tomen durante los próximos meses en el Palacio de Malacañang. Los Marcos necesitan por todos los medios aliviar el golpe socioeconómico que supone la guerra en el golfo Pérsico, aunque ello suponga cuestionar sus alineamientos geopolíticos.
En este contexto, en una entrevista con Bloomberg, el presidente abrió la puerta a un eventual desarrollo conjunto con China de los campos gasísticos y petrolíferos situados en las zonas de disputa en el mar del Sur de China. Unas palabras que vienen seguidas por la solicitud a Irán de ser designado como “país no hostil” y garantizar el paso seguro de los buques de bandera filipina por el estrecho de Ormuz.
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