Filipinas ha asistido a sus mayores protestas desde 2013. El 21 de septiembre de 2025, la llamada “Marcha del billón de pesos” tomó las calles de las principales ciudades del país. Las calzadas se llenaron de una variopinta coalición de sectores opositores y críticos con el Palacio de Malacañang. Las fuerzas políticas liberales marcharon junto con las asociaciones católicas, grupos estudiantiles, sindicatos y partidarios de la familia Duterte.
La movilización de dicha amalgama de facciones, cuyos proyectos políticos chocan entre sí, solo ha sido posible debido al malestar generalizado que ha dejado el descubrimiento de una serie de casos de corrupción e irregularidades en la gestión de los proyectos de control de inundaciones. Un hallazgo que se produce en medio de un agravamiento de las sucesivas temporadas de tifones debido al cambio climático.
Se estima que el monto de las comisiones pagadas por empresarios de la construcción y del dinero desviado por funcionarios del Departamento de Obras Públicas y Carreteras (DPWH) y cargos políticos de todos los niveles asciende a entre 10.000 y 18.000 millones de dólares. La consecuencia directa de ello está siendo la paralización del país ante las actuales inundaciones. Obras nunca terminadas y materiales de construcción de ínfima calidad han dejado al descubierto las carencias institucionales provocadas por la corrupción y el nepotismo.
Consciente de la toxicidad política emanada del escándalo, el presidente Ferdinand Marcos Jr. ha optado por mantener una posición ambivalente. El mandatario expresó públicamente su apoyo a las movilizaciones, mientras que las fuerzas policiales se enfrentaron a los diversos grupos de protestantes en un choque que ha dejado más de 200 detenidos y alrededor de un centenar de policías heridos.
Las protestas en Filipinas se unen a los litigios
Mientras las calles asisten a un pulso entre policía y manifestantes, en los despachos de Manila se libra un litigio en paralelo. En las investigaciones de la Comisión de Auditoría (COA) han aparecido cinco grandes nombres de la política nacional: Joel Villanueva, Martín Romuáldez, Zaldy Co, Francisco Escudero y José Estrada “Jinggoy”. Todos y cada uno de ellos forman parte del esquema político que mantiene a la dinastía Marcos en el poder.
La imputación de Romuáldez es un severo golpe para el Palacio de Malacañang. Martín es el primo del actual presidente y, además, ejercía como presidente del parlamento hasta su dimisión debido a sus vínculos con el susodicho caso de corrupción. Su papel ha sido fundamental en la disputa con la familia Duterte, logrando mantener la cámara baja del legislativo bajo el control de los Marcos.
Enfrentado con la otra gran dinastía política del país, salpicado por casos de corrupción, con su “mano derecha” forzada a dimitir y con la oposición en auge tras las elecciones intermedias de mayo del 2025, la estabilidad del gobierno del delfín de la familia Marcos dependerá en buena medida de las relaciones con sus clanes políticos aliados. Y es ahí dónde entran en juego el resto de acusados.
La dimisión del presidente del senado, Francisco Escudero, y la acusación contra Zaldy Co dañan la influencia política de la dinastía gobernante en la región de Bicol, al sur de Luzón, donde ambos personajes tienen sus bastiones. Frente a esto, los Marcos parecieran estar en la búsqueda de aliados con un mayor capital político. El nombramiento de Vicente “Tito” Sotto, perteneciente a una familia política de gran poder en Quezon City –la segunda mayor ciudad del país–, como nuevo presidente de la cámara alta así lo indica.
Finalmente, las imputaciones de Villanueva y Estrada suponen un terremoto político por sí mismas. Joel es el hijo de Eddie Villanueva, quien es el líder y fundador de la congregación Iglesia Mundial Jesús es el Señor (JILCW). Dicho ente religioso cuenta con 1.000.000 de seguidores y es una pieza clave en la relación de la dinastía con la fe cristiana predominante en el país.
Por su parte, Jinggoy Estrada posee el capital político acumulado durante décadas tanto por su familia paterna como por la materna. Su padre es el ex presidente Joseph Estrada, quien cuenta con amplias conexiones en el área metropolitana de Manila. Por otro lado, su madre, Luisa Pimentel, pertenece a un poderoso clan de la isla sur del país, Mindanao. Una condena contra su heredero puede sumar a un peligroso enemigo a la ya larga lista de rivales de los Marcos.
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