Indonesia vive las mayores protestas desde la caída del general Suharto. Las manifestaciones han abarcado desde Banda Aceh, en el extremo occidental de Sumatra, hasta Papúa Occidental, suponiendo el mayor reto para el gobierno de Prabowo Subianto desde su llegada al poder en octubre de 2024. La creciente desigualdad socioeconómica, el aumento de los precios de los alimentos y el combustible, la constante aparición de casos de corrupción y la militarización de la política figuran como las causas de fondo del estallido.
La chispa que ha encendido la mecha ha sido la aprobación de un subsidio de más de 3.000 dólares mensuales –equivalente a 10 veces el salario mínimo en la capital, Yakarta– destinado a los miembros del parlamento nacional, quienes recibirían tal cantidad a modo de apoyo para la compra de vivienda.
La medida fue interpretada por amplios sectores de la sociedad como un insulto a las clases populares, una percepción que se vio alimentada por la frivolización y los desprecios en redes sociales realizados por parlamentarios como Ahmad Sahroni, del partido Nasdem.
Así, el 25 de agosto, miles de personas encabezadas por los sindicatos estudiantiles y taxistas se congregaron alrededor del parlamento. Allí chocaron violentamente contra los 1.200 policías desplegados en el perímetro del edificio. Tras las primeras cargas policiales y lanzamientos de objetos, los manifestantes quemaron vehículos y construyeron barricadas que obstruyeron la circulación alrededor de la sede del poder legislativo.
Las siguientes 72 horas fueron una escalada de tensiones constante. Los manifestantes prosiguieron atrincherándose frente a las puertas del parlamento. Mientras tanto, los ecos de su protesta se extendían por todos los rincones del país, iniciándose sendas movilizaciones en las principales ciudades. La más destacada de estas fue la de Pontianak, en Borneo, donde entraron en la asamblea del gobierno local. Alarmados por la deriva de los acontecimientos, el ejecutivo presionó a las principales redes sociales –Tik Tok, Meta y X, entre otras– para que restringiesen el flujo de información.
Las protestas se extienden por toda Indonesia
Finalmente, estas estallaron el día 28. En un enfrentamiento entre manifestantes y policía, Affan Kurniawan, conductor de mototaxi, fue arrollado por un vehículo del Cuerpo de Brigada Móvil (Brimob) en un hecho que le costó la vida. La muerte, grabada en vídeo y difundida a través de redes sociales, sirvió como un “pegamento” para los diferentes sectores en litigio con el gobierno. De esta manera, nuevos sindicatos se unieron a las protestas en toda Indonesia y ampliaron el rango de las reclamaciones.
Empezaba el pulso de verdad. Las condolencias oficiales por el fallecimiento de Kurniawan y las promesas de una investigación exhaustiva no sirvieron para nada. Los manifestantes tomaron Yakarta y paralizaron la ciudad. Elementos del Brimob, el ejército, la marina y la reserva fueron desplegados en la urbe. Durante los días 29 y 30 de agosto, la capital sería el escenario de una batalla campal.
Estaciones de metro y autobuses han sido incendiadas, la sede de la Brimob sufrió el mismo destino y las residencias privadas de los parlamentarios Eko Patrio y Ahmad Sharoni –ambos acusados de vilipendiar al pueblo indonesio– fueron saqueadas por la multitud. Lo mismo sucedió con la casa de la ministra de Finanzas, Sri Mulyani.
Con todo, el momento más tenso se vivió en el Senado. Allí, los manifestantes consiguieron forzar una puerta. El incidente hubiera terminado en la ocupación del edificio si no hubiera sido por la rápida intervención de las fuerzas de seguridad.
Fuera de la capital la situación estaba aún más deteriorada. Java entera estalló en disturbios. En Bandung, Java Occidental, la sede del ejecutivo regional fue incendiada y el propio gobernador, Dedi Mulyadi, tuvo que ser evacuado de emergencia. Actos similares se vivieron en el resto de la isla y en la ínsula adyacente de Lombok, dónde el parlamento regional fue incendiado. El saldo de la violencia asciende a dos muertos.
Pero el acto más sangriento se produjo en la isla de Célebes. En Macasar, la principal ciudad de la región, los protestantes asaltaron el parlamento regional y le prendieron fuego. El incendio, iniciado cuando aún había personal administrativo dentro del edificio, ha dejado tres muertos entre los funcionarios.
La situación ha requerido de la intervención presidencial. Prabowo Subianto ha cancelado su viaje a China, ha revocado los subsidios a la vivienda de los parlamentarios y sus privilegios en las visitas oficiales al extranjero, además de declarar su intención de negociar. La oferta del Palacio de Merdeka –residencia del presidente de Indonesia– ha sido aceptada por los líderes del movimiento estudiantil, los cuales han llamado a una tregua y han vinculado su movilización a la aceptación de sus propuestas.
El conocido como “plan 17+8” consiste en 25 demandas, 17 de aplicación inmediata y 8 en el medio plazo. De aplicarse supondría la eliminación de la presencia militar de la política y la administración civil, la liberación de los manifestantes detenidos, la congelación de los beneficios de los miembros del poder legislativo, la mejora de las condiciones laborales y un fortalecimiento de las leyes anticorrupción.
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