"La apuesta por la confianza". Así ha sido titulado el acuerdo alcanzado entre los representantes políticos, independentistas y unionistas bajo el auspicio del Elíseo de Emmanuel Macron. En el seno del pacto se encuentra la intención de constituir un “Estado de Nueva Caledonia”, un acto que supone el otorgamiento de autonomía al gobierno regional al mismo tiempo que cierra el paso a las vías independentistas.
El acuerdo prevé la creación de una organización institucional sui generis dentro de la Constitución de la República Francesa que podrá ser reconocida por la comunidad internacional y ofrecerá a los ciudadanos neocaledonios una doble nacionalidad: la neocaledonia y la francesa. Todo ello, sin renunciar en ningún momento a su ciudadanía europea.
Claves del acuerdo entre Francia y Nueva Caledonia
El dictamen legislativo se incorporará a la carta magna mediante la revisión del Título XIII. Posteriormente, una ley orgánica especial definirá el reparto de competencias entre el Estado y las instituciones neocaledonias, a la cual se le sumará una ley fundamental que deberá ser adoptada por el Congreso de Nueva Caledonia. Ambos textos tendrán que ser aprobados por el parlamento francés y la población neocaledonia, respectivamente.
Dicha ley permitirá la modificación de las disposiciones relativas a la elección de los miembros del Congreso de Nueva Caledonia. Compuesto en la actualidad por 56 diputados, sería necesaria una mayoría de 36 para cambiar el sistema de votación, determinar el número de circunscripciones y modificar la cantidad de integrantes de las asambleas provinciales. Esta misma cifra de escaños también permitiría solicitar la transferencia de competencias en materia de seguridad, defensa, moneda y justicia.
El derecho a modificar aspectos simbólicos de la identidad neocaledonia, tales como el himno, el nombre, la bandera o el lema, queda en manos de las instituciones locales. No sucede así en el ámbito de la defensa. Las fuerzas armadas francesas permanecerán en el archipiélago y podrán expandir su presencia a través del Servicio Militar Voluntario (SMV) y el Regimiento de Servicio Militar Adaptado (RSMA).
Por su parte, en política exterior se ha llegado al compromiso de una mayor cooperación entre Numea y París. A la primera se le concede la potestad de realizar actividades diplomáticas en el extranjero, mientras que el segundo se compromete a incluir activamente a Nueva Caledonia en sus cálculos geopolíticos.
Con respecto a la seguridad y el orden público, se propone la creación del Alto Consejo de Seguridad de Nueva Caledonia. Se trata de un organismo que reunirá a representantes del Estado francés, el gobierno regional, los gobiernos provinciales y las alcaldías con la tarea primordial de gestionar la creación de cuerpos policiales en cada una de las provincias del archipiélago.
Finalmente, la economía juega un papel central en el acuerdo. Ambas partes han accedido a la concertación de un pacto para el saneamiento económico y financiero de la región. Fuertemente golpeadas por los disturbios de mayo de 2024, las cuentas públicas se hallan en números rojos. Y, hasta el momento, las autoridades locales no habían logrado un consenso sobre cómo sanearlas.
El pacto anuncia futuras reducciones del gasto público y una plausible reforma del sistema fiscal. Dos proyectos que necesitarán del equilibrio económico que pueden otorgar los yacimientos de níquel. Con respecto a estos, el consenso es el siguiente: la cadena de valor en torno a dicha industria permanecerá en el archipiélago al tiempo que se reconoce el valor estratégico para Francia de la misma y se tratará de hacer valer dicho carácter en Bruselas.
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