A un año de las masivas manifestaciones en las que fallecieron más de sesenta personas, las protestas conmemorativas han vuelto a ser reprimidas con brutalidad por las fuerzas de seguridad de Kenia. Hasta el momento, al menos 16 personas han muerto en distintas ciudades, acrecentando la grave crisis política que atraviesa el país y poniendo de nuevo contra las cuerdas al gobierno de William Ruto.
Miles de personas salieron a las calles de Nairobi y otras ciudades el 25 de junio para exigir justicia por los actos ocurridos en 2024 y reclamar la dimisión inmediata del presidente. Ese mismo día del año anterior, los manifestantes asaltaron el parlamento y prendieron fuego a parte del edificio, lo que provocó una respuesta letal de la policía keniana, que disparó con munición real y causó decenas de muertos y cientos de heridos. El motivo de la protesta fue la imposición de impuestos adicionales para cumplir las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a nuevos préstamos.
A pesar de que Ruto paralizó las medidas previstas, la muerte de los manifestantes provocó que las protestas se extendieran por todo el país, convirtiéndose en una revuelta generalizada durante los siguientes dos meses. Aquello supuso un serio reto para el presidente a menos de dos años de su llegada al gobierno, aunque con el paso de las semanas las movilizaciones fueron perdiendo intensidad.
Sin embargo, la represión contra opositores y manifestantes se mantuvo en los meses posteriores, y, sumada a una situación económica estancada y a los constantes escándalos de corrupción, ha derivado en esta nueva oleada de protestas en Kenia.
Represión en las protestas de Kenia
La mañana del martes, las principales calles de Nairobi comenzaron a llenarse de manifestantes convocados por las redes sociales, en su mayoría jóvenes de la llamada Generación Z. El objetivo era llegar a la sede de la presidencia, rodeada por una fuerte presencia policial a la que los manifestantes se enfrentaron lanzando objetos.
Los acontecimientos estaban siendo emitidos en directo por distintas cadenas de televisión, por lo que el gobierno keniano emitió una orden en la que reclamaba a “todas las estaciones de radio y televisión a que suspendan de inmediato la cobertura en vivo de las manifestaciones”. Aquello no auguraba nada bueno: poco después, la ciudad se convirtió en un campo de batalla, con brutales cargas policiales, gases lacrimógenos y disparos con munición real.
Según las cifras de Amnistía Internacional, verificadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia, 16 manifestantes fallecieron durante el primer día de protestas. “La mayoría fueron asesinados por la policía”, aseguró a Reuters el director ejecutivo de Amnistía Kenia.
Además, añadió que al menos cinco de ellas habrían fallecido como consecuencia de disparos de armas de fuego y alertaba de que “algunas familias están siendo engañadas para enterrar a sus seres queridos sin autopsia”. A su vez, se contabilizaron hasta 400 heridos, muchos de ellos por disparos, y se sumaron centenares de personas detenidas.
A pesar de que las manifestaciones más multitudinarias se produjeron en la capital, también hubo protestas y enfrentamientos en otras ciudades del país, siendo especialmente relevantes los registrados en Mombasa. El vicepresidente keniano, Kithuri Kindike, calificó las movilizaciones como “las más violentas y anárquicas desde la violencia postelectoral de 2007 y 2008”, aludiendo a los tres meses de disturbios tras la denuncia de fraude electoral por parte del opositor Raila Odinga, que dejaron más de medio millar de muertos.
Kindike también apuntó que el gobierno no va a permitir que “nadie lleve al país al caos”, señalando que el incendio de comisarías y el robo de armas y municiones evidenciaban “intenciones ocultas”. En una línea similar, el ministro del Interior, Kipchumba Murkomen, elogió la actuación policial al considerar que no hubo un uso excesivo de la fuerza, ya que, según dijo, los agentes fueron atacados por "conspiradores" que intentaban llevar a cabo un “golpe de Estado”. Los manifestantes, por su parte, rechazan de pleno estas acusaciones.
A lo largo del año transcurrido desde las protestas del verano pasado, han seguido apareciendo de forma constante informes que denuncian intentos de la policía por encubrir su responsabilidad en la muerte de manifestantes, así como nuevos casos de desapariciones entre personas críticas con la administración de Ruto.
Uno de los más notorios ocurrió este mismo mes de junio y ha sido clave en el estallido de las actuales protestas. Se trata de la muerte del conocido bloguero Albert Ojwang, quien fue detenido y falleció posteriormente bajo custodia policial. El lunes 23 de junio, fiscales kenianos aprobaron cargos de asesinato contra varios agentes, incluido el comandante de la comisaría donde estuvo retenido.
A la represión política, cabe sumarle la crisis económica y una corrupción que los manifestantes tachan de sistémica como los desencadenantes de una verdadera revuelta antigubernamental. Con una población muy joven, este sector es el que se ve más afectado por la crisis, con tasas muy altas de desempleo.
Si a esto le sumamos un grave retroceso democrático y una sensación generalizada de falta de credibilidad en el gobierno, se trata del caldo de cultivo perfecto para que las protestas se extiendan y se intensifiquen, lo que hace peligrar la continuidad de Ruto. Por lo pronto, los manifestantes ya han anunciado que seguirán en las calles hasta la caída del gobierno, por lo que cabe esperar nuevas imágenes de violencia durante los siguientes días y, previsiblemente, un aumento del número de fallecidos.
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