El aeropuerto internacional Ninoy Aquino ha sido nuevamente el escenario de un acontecimiento histórico. La mañana del 11 de marzo de 2025, miembros de la policía nacional detuvieron a Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas y exalcalde de Davao –la segunda ciudad más importante del país–, cuando regresaba de Hong Kong. La causa del arresto es una orden de aprehensión emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) con motivo de los supuestos crímenes de lesa humanidad que habría cometido el exmandatario durante el ejercicio de sus funciones.
Privado de su libertad e incomunicado en la base aérea de Villamor, su defensa legal recae en los miembros de su dinastía política y el cuerpo jurídico de esta. La reacción ha sido inmediata. Abogados vinculados a la familia aducen que el arresto es ilegal debido a que Filipinas se retiró del tribunal de La Haya en 2019, durante el gobierno del propio Rodrigo Duterte, hecho que invalida cualquier tipo de jurisdicción que dicha corte pretenda tener sobre el país asiático.
La que un día fuera su medida estrella, se convierte ahora en un quebradero de cabeza para los Duterte. Se estiman entre 6.000 y 30.000 los muertos que dejó su guerra contra las drogas. Unas cifras que se ven espoleadas por la consideración de los consumidores de estupefacientes como objetivos lícitos, la nula rendición de cuentas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, la existencia de grupos para-policiales y la pretérita campaña antidrogas desarrollada en Davao.
La disputa Duterte-Marcos
Mientras el futuro penal de Rodrigo Duterte pende de un hilo, Filipinas es atravesada por una certeza: el conflicto entre las dos mayores dinastías políticas del país es ya una realidad tangible. El arresto del patriarca llega en medio del proceso de impeachment de su hija, Sara Duterte, quien ejerce como vicepresidenta del país y permanece como una de las principales contendientes en la carrera presidencial según las encuestas.
Dos dinastías y un país. Ese fue el consenso al que llegaron los Marcos y los Duterte durante la campaña electoral de 2022. El heredero de los Marcos como presidente de la república y su homóloga a modo de vicepresidenta. Un entendimiento sencillo, pero que ha demostrado ser voluble a medida que se intensificaba la competencia entre clanes por las cuotas de poder. Así, a lo largo de 2024, la ruptura entre ambas partes se escenificó a través de improperios y descalificativos cruzados.
Los Marcos han decidido pasar del dicho al hecho. Han declarado la “guerra” a Davao. Se siente o no Rodrigo Duterte en el banquillo de los acusados en La Haya, su mera detención sienta un precedente que amenaza a toda la estructura administrativa pública de la urbe, así como a una parte sustancial de los cuerpos de seguridad y defensa del Estado. Por lo tanto, la capacidad de resiliencia de los Duterte va a depender de su habilidad para garantizar los apoyos del resto de las familias políticas de Mindanao.
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