Desde que el impeachment contra el presidente Yoon Suk-yeol prosperase el 14 de diciembre de 2024, la crisis política en Corea del Sur ha atravesado un verdadero caos que amenaza con poner fin al gobierno del Partido del Poder Popular (PPP) antes incluso de que el Tribunal Constitucional se pronuncie para ratificar el fallo de la Asamblea Nacional.
Aquella segunda moción contra Yoon prosperó con varios votos favorables del oficialismo y un total de 204 diputados –de los 300 de la cámara– apoyando la iniciativa opositora. Desde aquel momento, y de forma temporal, el primer ministro Han Duck-soo asumía las tareas del líder del ejecutivo.
Los acontecimientos se han precipitado desde entonces. Aunque los rumores durante las primeras horas tras el impeachment planteaban que el presidente Yoon podría incluso dimitir sin esperar a que el Tribunal Constitucional se pronunciara, lo cierto es que no ha sido así. “Debo dar un paso al lado”, indicó en un mensaje televisado poco después de la sesión en la Asamblea Nacional. De hacerlo, habría limitado el daño sufrido por el Partido del Poder Popular tras la moción.
En cualquier caso, no fue así. Yoon sigue estando a merced de lo que decrete la máxima autoridad de lo constitucional en Corea del Sur, lo que significa que, técnicamente, sigue siendo el presidente del país; aunque, por el momento, con sus funciones suspendidas. El mismo día 14, la cúpula del PPP dimitió como consecuencia de la crisis, dinamitando la legitimidad interna de Han Dong-hoon, líder orgánico de la formación que se perfilaba como candidato del partido en unas hipotéticas elecciones presidenciales anticipadas.
Entretanto, las expectativas de voto del bloque han experimentado una significativa reducción que ha hecho saltar por los aires los frágiles equilibrios que regían entre sus diversas facciones. Miembros favorables al presidente Yoon exigieron la expulsión de todos los diputados que votaron a favor de la propuesta del Partido Democrático (PD) de cesar al jefe del Estado.
El PD, por su parte, se movió para asegurar el éxito del impeachment en el Tribunal Constitucional, impulsando el nombramiento de nuevos jueces para este organismo. Esto es determinante, pues para que la moción sea ratificada, es necesario el apoyo de seis miembros de la corte, cuyo número máximo de integrantes es nueve. Actualmente, hay tres vacantes.
Pero la legitimidad de Yoon y del PPP ha recibido un nuevo golpe que recuerda al impeachment contra la expresidenta Park Geun-hye en 2017. Según se habría filtrado a la prensa y habría sido replicado por medios de distintas corrientes políticas en Corea del Sur, la implementación de la ley marcial habría sido discutida por Noh Sang-won, antiguo jefe de inteligencia, Moon Sang-ho, el actual, y dos coroneles del ejército.
En particular, el debate en torno a la implementación de la ley marcial habría tenido lugar en una sucursal de la hamburguesería Lotteria, en el sótano de la cual el propio Noh regentaría un local de adivinación y prácticas chamánicas.
Como sea, parece claro que la crisis del PPP en Corea del Sur no es ya únicamente electoral, sino de unidad interna. Las expectativas del opositor Partido Democrático y de Lee Jae-myung, su líder, no dejan de mejorar. Por su parte, la reacción de Corea del Norte molestó también a la derecha anticomunista, pues el gobierno juche en Pyongyang celebró la moción, calificando de “títeres” a Yoon Suk-yeol y al PPP.
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