Con el fin de la Guerra Fría y, especialmente, como consecuencia de los recortes presupuestarios posteriores a la crisis económica de 2008, la inversión española en defensa sufrió una enorme caída, originando una grave situación de falta de capacidades. Durante esos años de sequía, la industria nacional pasó una auténtica travesía por el desierto, al ver a su principal cliente, las Fuerzas Armadas, casi desaparecer.
En este contexto, las empresas del sector tuvieron que adaptarse o morir: internacionalización y tratar de exportar el material que no se podía vender en casa. El análisis del Ministerio de Defensa de 2020 muestra la evolución del volumen de exportaciones durante la década de los 2010. Este comportamiento se observaba particularmente en las grandes verticales de material aéreo y terrestre, y no tanto en el naval, donde las ventas nacionales crecieron a un ritmo similar a las extranjeras a pesar de la cancelación de las inversiones.
Asimismo, la industria española ha buscado ganar aliados externos e integrarse en las cadenas de suministro europeas mediante la participación en programas comunitarios como la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO por sus siglas en inglés) y, especialmente, en proyectos financiados por el Fondo Europeo de Defensa. El interés de Madrid por la colaboración internacional queda patente por los datos de contribución: la industria española está presente en más del 70% de los proyectos y lidera el 20% de ellos.
Este proceso de internacionalización, basado en las exportaciones y en la implicación activa en las colaboraciones europeas de desarrollo industrial, ha tenido el respaldo clave del gobierno español, no solo fomentando las ventas al exterior, sino también siendo uno de los principales contribuyentes monetarios de los proyectos comunitarios, amplificando de esta forma la influencia española en la toma de decisiones.
Esto resalta el papel crucial del Estado en el desarrollo de la industria nacional, tanto a través de los presupuestos destinados a la defensa como del apoyo internacional. Además, en España, el Estado es accionista minoritario pero influyente de muchas de las principales empresas del sector. Tras un periodo caracterizado por las partidas ínfimas, el rápido aumento actual del gasto militar y el resurgimiento de la política industrial han impulsado un sector de la defensa en plena ebullición.
La nueva política industrial en el sector de la defensa
En los últimos años se han producido importantes movimientos empresariales que apuntan a un sector en transición y a un proceso de consolidación corporativa. Un ejemplo de esta dinámica es la compra de la filial de explosivos de la compañía española Maxam por parte de Rheinmetall. No obstante, son los pasos adoptados por el gobierno de coalición los que más están dando –y darán– de qué hablar.
Con el aumento del gasto militar –tanto a nivel nacional como internacional– y la vuelta de la política industrial estatal, ha ganado mucho peso en el gobierno central –pese a las divisiones existentes entre el PSOE y Sumar– la idea de que el Estado tenga un mayor peso accionarial en el sector de la defensa y use ese poder para fomentar su desarrollo. Madrid considera esta industria no solo un activo estratégico por su valor militar, sino también un motor clave para la transición tecnológica y las industrias de alto valor añadido y de trabajo cualificado.
Por lo tanto, en el últimos dos años se han llevado a cabo los movimientos gubernamentales para hacer que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aumente su influencia en múltiples empresas con el objetivo de promover los objetivos industriales nacionales. La cierto es que estos intereses son numerosos, ya que las agencias y entidades públicas no solo controlan participaciones directas en algunas de las principales compañías del sector, sino también importantes participaciones indirectas a través de ellas.
El caso más significativo es el de Telefónica. El anuncio de la compra del 9.9% de la teleco española por parte del grupo saudí STC en septiembre de 2023 pilló completamente por sorpresa al gobierno y desató todas las alarmas en el Palacio de la Moncloa. STC, una empresa pública de la monarquía del Golfo, se iba a convertir en el primer accionista de una compañía que gestiona las infraestructuras de comunicaciones estratégicas de España y que cuenta con múltiples contratos militares.
Si bien la adquisición saudí todavía tiene que pasar por la aprobación del Consejo de Ministros bajo las reglas del escudo anti-OPAs, la importancia de Telefónica para la economía española y para la seguridad nacional puso a Madrid en alerta. Después de dos meses de especulaciones, en diciembre de 2023, el gobierno ordenó a la SEPI la compra del 10% de Telefónica, operación que se completó en mayo de 2024.
Con esta maniobra, el gobierno pretende que el Estado sea el primer accionista, por encima del 9.9% de STC, y pueda así contrarrestar la influencia saudí en la tecnológica española. La intención es proporcionar estabilidad a largo plazo al accionariado de Telefónica y formar, junto con otros inversores españoles –BBVA y el grupo la Caixa–, un núcleo de accionistas que defiendan los intereses nacionales en la empresa.
La rápida reacción del gobierno al formular sin tapujos una estrategia de blindaje estatal sobre Telefónica muestra el peso ideológico existente en el ejecutivo a favor de que el Estado vuelva a participar en empresas estratégicas por motivos económicos y de seguridad nacional.
Aunque observar los acontecimientos en torno a la teleco española de forma aislada podría hacer que parecieran hechos puntuales o improvisados, este interés por un dirigismo estatal moderado y por la nueva política industrial constituye un eje troncal de la estrategia económica del ejecutivo a largo plazo. Y el mejor ejemplo de ello es el largo baile alrededor de Indra.
La búsqueda de un campeón nacional
Indra es un grupo tecnológico cuyo origen se remonta a la fusión durante los años noventa de varias empresas tanto privadas como controladas por la SEPI. Tras la privatización completa de Indra y la readquisición de parte de las acciones por el organismo estatal, en la actualidad se presenta como una de las tecnológicas más importantes de España, con intereses en defensa, espacio o movilidad, entre otras áreas.
Con los nuevos vientos de intervencionismo estatal y presupuestos militares al alza, el Consejo de Ministros dio comienzo a los movimientos al ordenar a la SEPI aumentar su participación en Indra del 18% al 28% actual. En paralelo, desde Moncloa se alentó la entrada como segundo accionista por parte de Escribano M&E, la estrella al alza de la defensa española.
El objetivo declarado por parte del gobierno es convertir a Indra en el “campeón nacional” de la industria de defensa española, un jugador que pueda competir al más alto nivel en Europa, aglutinando capacidades tecnológicas e industriales y ejerciendo de elemento tractor para el resto del sector.
Con el continuo aumento de los requisitos tecnológicos e industriales de los nuevos proyectos militares, se hace imperativa la cooperación internacional para lograr sacar los proyectos adelante. Un claro ejemplo de esto son los rumores de fusión entre los programas de desarrollo de caza de sexta generación FCAS –Alemania, Francia y España– y GCAP –Reino Unido, Japón e Italia– debido a las enormes exigencias técnicas, que requieren las aportaciones de múltiples actores industriales y tecnológicos.
En este contexto, el sector español de la defensa, pequeño en términos bursátiles y sin cohesión, no tiene capacidad para competir en el exterior y se ve amenazado por adquisiciones extranjeras que buscan añadir sus capacidades tecnológicas a otros conglomerados industriales. Sin embargo, el considerable aumento de las inversiones militares y tecnológicas ofrece enormes oportunidades de crecimiento.
En este punto es donde puede entrar Indra. Un “campeón nacional” que podría tener suficiente músculo como para competir en el mercado internacional y ganar contratos que redunden en el resto del ecosistema industrial español. Asimismo, al alcanzar un tamaño suficiente, este campeón quedaría protegido de OPAs extranjeras debido a su propia envergadura bursátil.
Airbus, la mayor empresa de defensa en España por facturación, no puede ejercer ese rol al ser un consorcio europeo en el que el Estado español solo posee una parte pequeña y muy inferior en comparación con la participación de Francia y Alemania. Los astilleros públicos de Navantia, por su parte, no pueden asumir el papel de campeón nacional por su falta de transversalidad, centrando todo su negocio en la construcción de buques militares.
Indra, en cambio, toca todos los palos: tiene una importante presencia pública a través de la SEPI, cuenta con mayoría de accionariado español y está presente en todas las vertientes de defensa –tierra, mar, aire, espacio y cíber– a través de sus desarrollos tecnológicos y electrónicos. En Moncloa consideran que, si Indra consolida el sector de defensa español mediante diversas adquisiciones y se aumenta la influencia estatal sobre la empresa para garantizar la continuidad de los objetivos a largo plazo, Indra podría posicionarse muy bien para liderar la industria nacional.
Tras las compras de la SEPI y la entrada de Escribano en el capital, Indra ha comenzado sus movimientos adquiriendo una participación significativa en el fabricante vasco de motores aeronáuticos ITP Aero y cediendo a la SEPI una participación del 30% en la firma de criptografía Epicom. En el medio plazo, Indra pretende focalizarse en el sector de la defensa, y en particular en el segmento aeroespacial. Por ello, sus directivos no ocultan su intención de separar y vender más de la mitad de su negocio de tecnología civil por al menos 1.500 millones de euros y usar ese dinero para comprar la operadora española de satélites Hispasat.
Hispasat es principalmente propiedad de Redeia –antigua Red Eléctrica Española– y también cuenta con una participación pública minoritaria. Además, esta empresa controla una participación clave en Hisdesat –fabricante español de satélites militares en pleno desarrollo estratégico–, lo que permitiría a Indra obtener una mayoría accionarial junto con la fracción que ya controla. Las sinergias entre ambas compañías son potentes y, considerando el papel de la SEPI como accionista significativo de todas las partes involucradas, es de esperar que la operación siga adelante.
Además, el plan estratégico de Indra planea duplicar los ingresos hasta 2030. Y, aunque queda lejos, los directivos de la tecnológica española no rehúyen de las comparaciones con la británica BAE Systems o la francesa Thales como los ejemplos a seguir para convertirse en el campeón nacional español. Por el camino, Indra tendrá que saber aprovechar el aumento de los presupuestos de defensa a la vez que apuesta inteligentemente por adquisiciones de empresas que le permitan ganar capacidades.
El futuro de la industria de defensa española
A pesar del actual auge en el gasto militar, a largo plazo toda la industria de defensa española corre el riesgo, en mayor o menor medida, de enfrentar una nueva etapa de dificultades similares a las de la década pasada si las tensiones geopolíticas disminuyen y, con ellas, la inversión en el sector. Para asegurar la estabilidad industrial de estas compañías, sería interesante que diversificaran su actividad hacia la comercialización de tecnologías civiles y duales, lo que permitiría mantener constante su facturación.
Indra, salvo que venda completamente su división de tecnología civil, y especialmente Airbus ya tienen negocios importantes fuera del área de la defensa. Asimismo, el actual resurgir industrial y económico de Navantia es en parte gracias a su giro hacia la industria de la eólica offshore y sus tecnologías asociadas. No obstante, aunque los tres líderes del sector militar español sí se están diversificando, sería conveniente que lo hiciera todo el sector en su conjunto.
Esto permitiría a las empresas españolas ganar músculo industrial y tecnológico además de estabilidad de negocio, y revertiría enormemente en la economía nacional en su conjunto. El desarrollo de divisiones civiles en el sector de la defensa debería ser promovido desde el Estado, mediante financiación pública de distintos tipos, incluyendo inversiones desde la SEPI y con fondos de I+D específicos para tecnologías de uso dual. Esta estrategia también sería una manera de contribuir a los objetivos de gasto de la OTAN con un coste político menor.
En resumen, la industria de defensa española se encuentra en un momento de consolidación y cambio tecnológico. Tanto desde el gobierno español como desde buena parte del ecosistema de defensa se apoya la ambición de hacer de Indra un campeón nacional con suficiente músculo tecnológico, pero queda un muy largo camino para materializar este objetivo. Y, si bien a corto plazo la salud de la industria de defensa española está asegurada, sería conveniente una planificación a largo plazo que cubriera posibles deficiencias futuras en los presupuestos de defensa. Si se logra esto, la industria militar española será mucho más sólida y estará preparada para competir al máximo en el panorama internacional.
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