El próximo 9 de julio finaliza el plazo de la tregua arancelaria de 90 días que el presidente Donald Trump concedió a la Unión Europea tras la entrada en vigor de los "aranceles recíprocos". El 2 de abril, en el llamado “Día de la Liberación”, el presidente anunció la imposición de tarifas contra decenas de países. En el caso del bloque comunitario, esto se tradujo en un arancel del 20% a todos los productos exportados a Estados Unidos, al que se suma una carga universal del 10% sobre todas las importaciones.
Cronología de los aranceles de Trump
En su primer mandato, el líder republicano ya impuso aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio fabricados por la Unión Europea. En represalia, la Comisión Europea aplicó tarifas a las exportaciones estadounidenses por un valor de 2.800 millones de euros. No obstante, en 2022 ambas partes suspendieron estas medidas y la administración norteamericana las sustituyó por un sistema de cuotas arancelarias basado en volúmenes históricos de transacciones.
Con la vuelta de Trump a la Casa blanca, el pasado 12 de marzo volvieron a entrar en vigor aranceles del 25% a todo el acero y aluminio que se vendiese a Estados Unidos.
Asimismo, dos semanas más tarde, el presidente anunció la imposición de aranceles del 25% a los automóviles que no se fabricaran en territorio nacional. A estas nuevas medidas se sumó, a principios de mayo, un arancel del 25% sobre la importación de piezas de automóviles. La guerra comercial se intensificó el 3 de junio, cuando Trump firmó una subida del 25% al 50% para el acero y aluminio, con la excepción de Reino Unido.
La Unión Europea respondió anunciando en marzo aranceles compensatorios por un valor aproximado de 26.000 millones de euros, que entrarían plenamente en vigor el día 13 de abril. Estas tarifas incluían el restablecimiento de las llamadas "medidas de reequilibrio" aplicadas entre 2018 y 2020 durante la primera administración Trump, así como un nuevo paquete que afectaba a productos industriales –como el acero o la madera– y a productos agrícolas –como los lácteos o las aves de corral–.
En un intento de reducir las tensiones transatlánticas, el 7 de abril la Comisión Europea ofreció aranceles “cero por cero” a la administración estadounidense. Sin embargo, dos días más tarde, los Estados miembros aprobaron, a excepción de Hungría, una subida de los cargos a productos estadounidenses en un paquete de contramedidas presentado por la propia Comisión.
Este paquete, cuyo valor se redujo a unos 21.000 millones de euros, se estructuró en una estrategia de tres fases, con la aplicación progresiva de aranceles del 25% a distintos productos en abril, mayo y diciembre. Las nuevas medidas dejaban fuera bienes especialmente sensibles como el vino, el whisky, el bourbon y los productos lácteos, tras las amenazas de Trump de imponer tarifas del 200% al vino, champán y otras bebidas alcohólicas procedentes de países de la Unión Europea.
La tregua arancelaria de 90 días
Poco después, el 10 de abril, Trump anunció una rebaja de los aranceles recíprocos al 10% base durante 90 días con el objetivo de contener la caída de la bolsa estadounidense y frenar el impacto negativo sobre el dólar provocado por la guerra comercial. El presidente también informó de que Estados Unidos llevaría a cabo negociaciones comerciales bilaterales con cada país. Ese mismo día, Bruselas suspendió sus contramedidas durante ese mismo periodo.
Tras el estancamiento de las conversaciones, el 23 de mayo Trump amenazó con imponer aranceles del 50% a los productos europeos a partir del 1 de junio. Sin embargo, después de mantener una conversación con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, accedió a posponer su entrada en vigor hasta el 9 de julio.
Finalmente, el 1 de julio la Unión Europea aceptó la imposición del arancel universal del 10% aplicado por Estados Unidos, con la intención de negociar exenciones para sectores estratégicos como los productos farmacéuticos, los semiconductores o las bebidas alcohólicas. Además, Bruselas busca acordar cuotas y exenciones para las cargas del 25% sobre automóviles y del 50% sobre acero y aluminio.
¿Gasto en defensa como equilibrio?
Por otro lado, tras la reciente cumbre de la OTAN –en la que los Estados miembro se comprometieron formalmente a incrementar el gasto en defensa hasta un 5% del PIB–, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, afirmó que el aumento del presupuesto militar ayudaría a reequilibrar el déficit comercial estadounidense con la Unión Europea e influiría de manera positiva en la guerra arancelaria transatlántica.
Estas declaraciones ponen de manifiesto la debilidad del bloque comunitario y la contradicción de su posicionamiento en el contexto internacional. Mientras se afirma que el incremento del gasto militar fortalecerá la autonomía europea y que los 27 están dispuestos a hacer frente a los aranceles de Estados Unidos, se adoptan medidas y discursos que refuerzan la dependencia respecto a Washington, incluso en condiciones menos favorables como socio.
En definitiva, el próximo día 9 de julio finaliza el plazo de la tregua arancelaria en un escenario marcado por la incertidumbre sobre el siguiente movimiento que tomará la administración Trump y la respuesta de una Unión Europea con dificultades para desarrollar una estrategia común, así como para presentar medidas contundentes en este nuevo contexto internacional.
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