Una nueva revolución verde (II)

Primera parte – Segunda parte

Protestas agrícolas e inflación

A mediados de julio de 2021, miles de agricultores neozelandeses protestaron en Auckland contra las políticas de protección ambiental del gobierno de la primera ministra Jacinda Ardern destinadas a frenar prácticas agrícolas de riesgo -entre las que se incluirían, según los agricultores, injerencias en los derechos de propiedad privada- para hacer frente a los crecientes problemas relacionados con la contaminación de vías fluviales, pérdida de biodiversidad y cambio climático.

Dos meses antes, en mayo de 2021, 1.500 agricultores franceses protestaron frente al Parlamento Europeo contra las propuestas de la Unión Europea que amenazarían su modo de vida. Se referían a las exigencias medioambientales de la nueva reforma de la PAC -que entrará en vigor en 2023-, en especial los llamados ecoesquemas, fondos verdes que se abonarán a los agricultores que cumplan prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente y que, según las asociaciones del sector, elevarán los costes y rebajarán la producción y la rentabilidad de las explotaciones.

Por estos mismos motivos se manifestaron los agricultores españoles y belgas a finales de junio y principios de julio de 2021. No hay mejor descripción que ilustre el malestar de los agricultores europeos que el titular que abre la portada de la edición de junio de 2021 del “Campo Regional”, la publicación mensual de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla y León: “Bruselas quiere un jardín en lugar de un campo productivo”.

Las nuevas regulaciones para el sector agrícola se enmarcan dentro del Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % (en comparación con los niveles de 1990) hasta 2030 y volver la Unión Europea climáticamente neutra hasta 2050. Por su lado, Reino Unido pretende alcanzar una reducción del 78 % hasta 2035 -para ello cuenta con su Environmental Land Management con fondos anuales de 2,4 mil millones de libras destinados a los agricultores que capturen carbono y aumenten la biodiversidad-, mientras que EE.UU. se ha comprometido a reducir las emisiones a la mitad para 2030. Y los sectores alimentario y agrícola, al ser responsables, dentro de la UE, de aproximadamente el 30 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero, serán las actividades que más sufrirán los cambios profundos que se introducirán -o que vienen introduciéndose- en su estructura y métodos productivos. Descarbonizar la agricultura, como otros sectores de la economía, tendrá importantes implicaciones sociales y políticas.

Tomemos como ejemplo la industria automóvil de Alemania. Un estudio publicado en mayo de 2021 por el Ifo Institute, en colaboración con la Asociación Alemana de la Industria Automóvil, estima que el cambio a vehículos eléctricos costará unos 178.000 puestos de trabajo hasta 2025 y 215.000 empleos hasta 2030. Atendiendo a que -como calcula el estudio- 75.000 trabajadores se jubilarán en 2025, más de 100.000 trabajadores perderán su empleo solo en el sector automóvil y en Alemania. El plan dibujado por Dimbleby para el sector alimentario británico no contempla ninguna acción para solucionar el problema inmediato de la falta de conductores de camiones, pero sí recomienda, de forma reiterada, la necesidad de contratar más profesores de alimentación y nutrición para su sistema educativo.

Pese a que estadísticas recientes señalen que un tercio de la fuerza laboral de la industria de alimentos y bebidas de Reino Unido se jubilará en 2024 -dejando vacantes alrededor de 140.000 puestos de trabajos-, por otro lado, también se estima que desarrollar y fabricar proteínas alternativas en el Reino Unido, en lugar de importarlas, puede crear alrededor de 10.000 nuevos puestos de trabajo industriales y asegurar 6.500 puestos de trabajo en la agricultura.

Así, las protestas de los agricultores pueden anticipar las revueltas de los consumidores. El baremo más utilizado para vislumbrar protestas o conflictos es el de los precios de los alimentos y, consecuentemente, la inflación. En el caso de España, el IPC en agosto de 2021 alcanzó el 3,3 % de variación anual, su máximo desde 2012. Pero la subida de la inflación es algo que viene registrándose, de forma general, en varios países del mundo, principalmente, en los denominados “emergentes”: en Colombia, la variación anual del IPC, también en el mes de agosto de 2021, ha sido del 4,4 %, con especial destaque para los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas que subieron el 11,5 %; en el Paraguay, Fitch estima que la inflación puede llegar al 6,2 %, superando las previsiones del Banco Central del Paraguay que estableció como meta el 4 %.

En agosto de 2021, la inflación en este país del Cono Sur fue del 5,2 %. También en China, el Índice de Precios del Productor alcanzó, en agosto de 2021, sus niveles más altos desde agosto de 2008. Este índice, que monitorea lo que las fábricas cobran a los mayoristas, subió alrededor de un 9,5 % en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que está despertando preocupaciones sobre la inflación mundial. Además, el gobierno de Beijing, para aliviar la presión sobre los mercados de materias primas, anunció que está usando su vasta reserva estratégica de petróleo por primera vez en la historia reciente.

Anticipando el inevitable aumento de los precios, el Banco Central Europeo subió, el pasado mes de julio de 2021, su objetivo de inflación hasta el 2 % a medio plazo, prometiendo ser flexible si se supera ese límite. Al fin y al cabo, el BCE considera que la actual situación es transitoria. Analizando los principales componentesde la inflación de la zona euro, la energía registró la tasa anual más alta en agosto, seguida de los bienes industriales no energéticos y la alimentación, alcohol y tabaco. Pese a que la alimentación tenga un peso mayor sobre el IPC (21,8 %) que la energía (9,5 %), aquella también es energía, mucho más de lo que podría suponerse desde que Wilbur O. Atwater inventó, a finales del siglo XIX, un tipo especial de calorímetro que revolucionó la nutrición.

El nitrógeno y otros insumos agrícolas derivados del petróleo tuvieron una enorme importancia para el aumento de los rendimientos de los cultivos mundiales: solo en el caso de los cereales, el uso de fertilizantes nitrogenados contribuyó para el aumento del 80 % de la productividad en los últimos 50 años. Además, dentro del sector alimentario, la fabricación de alimentos representa el 11 % de las emisionesde gases de efecto invernadero, un poco menos que EE.UU. (16 %), pero significativamente más que China (3 %) e India (1 %), países en los que se consume menos alimentos procesados. En relación a la geografía de las emisiones, la mayoría de la fabricación de alimentos en Europa se concentra en cinco países: Francia, Reino Unido, Alemania, España e Italia. En un sector tan industrializado como el alimentario, los cambios, para cumplir los objetivos fijados por el Pacto Verde Europeo, no serán solo agrarios.

La combinación actual de elevadas tasas de desempleo e aumento de la inflación no es normal, especialmente cuando la mayor parte de las economías mundiales están recuperándose de una recesión. Normalmente, el desempleo suele bajar en períodos de recuperación y crecimiento, en los que se admite, también por eso, que la inflación pueda subir. Pero hay un obvio desequilibrio que, al final, termina siendo el problema: hay demasiados trabajos disponibles y poca gente dispuesta a aceptarlos. Es relativamente fácil elucubrar perspectivas catastróficas, pero la relación desequilibrada entre inflación y desempleo es una señal -a falta de saber el alcance de su gravedad- de restructuración económica, potencialmente catalizadora de otro tipo de inestabilidades que cambiarían las reglas del sistema global.

El fin de los alimentos baratos

De acuerdo con el informe de la Famine Early Warning Systems Network, de julio de 2021, los mercados internacionales de alimentos básicos están bien abastecidos. Sin embargo, esta situación aparentemente favorable no impidió que, después de dos meses consecutivos de descenso, el índice de precios de los alimentos de la FAO volviera a subir en agosto de 2021. En mayo, este mismo índice registró la mayor subida de la última década, lo que pone de manifiesto, como mínimo, la volatilidad de los precios. Las principales empresas que dominan la producción mundial de alimentos -Unilever, Coca-Cola, Nestlé- vienen anunciandocomo inevitable la subida de los precios de sus productos. Kaft Heinz fue la última en anunciar una subida. Y Nestlé ha vuelto a subrayar que los precios de los alimentos permanecerán elevados a lo largo de 2022, no descartando que la presión inflacionaria se prolongue hasta 2023. Las razones de estos aumentos son diversas, desde las carencias de las cadenas de suministro a las condiciones climatológicas en determinados países productores que afectan a cosechas específicas, principalmente cereales, azúcar y aceites vegetales.

Los precios de las cosas y, entre ellas, de los alimentos son importantes no solo para determinar la etiología de muchos cambios históricos -en la línea estudiada por David Hackett en “The Great Wave. Price Revolutions and the Rhythm of History”-, sino porque aún reverbera en la memoria los sucesos acaecidos durante las crisis alimentarias de 2008 y 2011 que, según algunos analistas,  fueron las detonantes de, por ejemplo, la Primavera Árabe. Para Hackett, todas las revoluciones de precios ocurridas desde el siglo XII comparten similitudes estructurales, es decir, todas tienen en común la misma estructura de ola que se desarrolla en cinco etapas: un inicio lento coincidente con un período de gran prosperidad; un período de auge y declive; una época de institucionalización; una era de crecientes desequilibrios, desigualdades e inestabilidad; y, finalmente, una crisis generalizada.

En algún momento de esta ola, el movimiento ascendiente de los precios es liderado por los alimentos y los combustibles. Estos patrones indican que el principal motor de la subida de la inflación es el exceso de demanda agregada, un choque de la demanda, si empleamos el término que describe la situación actual. En otra etapa, se consolida la inflación institucionalizada: los precios suben y se vuelven inestables; los movimientos de las materias primas se ven afectados por fuertes choques de precios, mientras la oferta monetaria se expande y contrae alternadamente. El gasto público crece más rápido que los ingresos y la deuda pública aumenta a un ritmo acelerado.

Los desequilibrios y las desigualdades surgen en la etapa inmediatamente previa a la crisis: los salarios, que al principio habían mantenido una cierta paridad con los precios, se devalúan; los regresos al trabajo disminuyen mientras que los retornos a la tierra y al capital aumentan. Los ricos se vuelven más ricos. La clase media pierde terreno. Los pobres sufren terriblemente. Aumentan las desigualdades de riqueza e ingresos, como aumenta el hambre, la falta de vivienda, el crimen, la violencia, el consumo de alcohol y drogas, y los trastornos familiares. Es difícil determinar si estamos en alguna etapa que llevará a una nueva crisis o si las circunstancias que vienen registrándose, especialmente en los últimos dos años, son aún la consecuencia de la crisis financiera de 2008.

Al contrario de la crisis alimentaria de principios de la década de 1970, en la que los precios de los alimentos regresaron a los niveles anteriores a la crisis en un breve lapso de tiempo, después de la crisis alimentaria global de 2008 los precios de los alimentos se conservaron por encima de los niveles anteriores a la crisis, lo que marca una discontinuidad histórica en relación a lo que venía sucediendo, esto es, una caída constante de los precios de los alimentos, una discontinuidad que se conoce como “el fin de los alimentos baratos”. El problema es que esta discontinuidad, al durar desde 2008, se transformó en una crisis permanente.

Hay un gran debate académico -con análisis divergentes- sobre si los precios de los alimentos pueden provocar agitación social y, en los casos más graves, conflictos armados. Entre finales de 2007 y 2008 y, nuevamente, en 2011 se verificaron varios disturbios, algunos dramáticos, desde Madagascar y Burkina Faso hasta México y Bangladesh denominados “disturbios provocados por alimentos” o “revueltas alimentarias” (food riots) coincidentes con fuertes aumentos de los precios mundiales de muchos productos agrícolas básicos. Sin embargo, las revueltas alimentarias contemporáneas no derivan exclusivamente de cuestiones relacionadas con el precio y la disponibilidad de los alimentos básicos. Al contrario de los mensajes transmitidos por los medios de comunicación -que asocian la causa de los disturbios al aumento de los precios de la comida-, otra literatura contraría esta narrativa, señalando que las protestas están provocadas por otros aspectos -tales como injusticias morales y éticas del sistema económico y político- sin una relación directa con el acceso a los alimentos.

Es probable que la interacción de la escasez de recursos agrícolas y alimentarios con factores como el reducido desarrollo económico y la fragilidad de las instituciones políticas aumente el riesgo de conflictos. Trabajos sobre las revueltas alimentarias en la Francia del siglo XVIII enfatizan que la violencia provocada por los alimentos no se trataba simplemente del hambre o el aumento de los precios: “La conciencia política de la gente común se agudizó a medida que se amotinaba, no solo porque tenían hambre, sino también por la idea de que el gobierno tenía la obligación de actuar de manera específica ante la subida de los precios de la comida”.

Desarrollo sostenible: neomalthusianos y cornucopianos

Al margen del origen anecdótico de la expresión -verde por oposición a las revoluciones comunistas, por lo tanto rojas, que se extendían por el globo en las décadas de 1950 y 1960- la Revolución Verde es ese típico hito histórico en el que, incluso en la actualidad, se pone de manifiesto, por lo que se refiere a las posiciones frente a los sistema alimentarios y agrícolas, el cisma entre neomalthusianos y cornucopianos. La misma escisión que, utilizando los términos de Charles C. Mann en su libro “The wizard and the prophet”, separa a los magos – aquellos que creen que la ciencia vendrá a rescatarnos, permitiendo que el crecimiento económico continúe sin obstáculos- de los profetas –aquellos que creen que vivimos mucho más allá de los recursos del planeta y que debemos reducir drásticamente el consumo para sobrevivir-.

El modelo original de Thomas Malthus asumía que la población humana crecería de forma exponencial, mientras que la producción alimentaria solo podría crecer linealmente. Así, la cantidad de alimentos producidos per cápita se reduciría, con drásticas consecuencias: invariablemente, hambrunas. Si la teoría de Malthus fuese correcta es muy probable que, en este preciso momento, todos estuviésemos muertos. Sin embargo, el hecho de que la población mundial haya aumentado significativamente en los últimos años -la ONU preve que alcance los 9 mil millones de habitantes en 2050- sin que se haya registrado hambrunas de proporciones bíblicas como aquellas que afectaron a Bengala (India) en los años 1940 o a la China de Mao durante el Gran Salto Adelante  entre 1958 y 1960, no impide que, una y otra vez, aparezca el “zombie de Malthus”, utilizando la expresión de Alex de Waal, para asombrarnos con la inevitabilidad de una hambruna gigantesca.

El argumento general de los neomalthusianos -que puede encontrarse en la publicación “The Limit to Growth” del Club de Roma de 1972, pero también en el determinante informe “Our Common Future” de la Comisión Brundtland de 1987 e, incluso, en el discurso de muchos grupos de presión y activistas medioambientales- es que los recursos naturales se volverán cada vez más escasos debido al aumento de la población y los efectos del cambio climático.

Por otro lado, los cornucopianos -una evocación del cuerno de la abundancia de la mitología griega-, si bien reconocen que los recursos naturales son teóricamente limitados, subrayan que son más abundantes que lo que quieren hacer creer los neomalthusianos, además de poder ser sustituidos por otros productos a medida que la tecnología avanza como resultado del ingenio humano y la demanda de la economía de mercado. Empeñados defensores de las benignidades de las innovaciones tecnológicas y científicas -antes con la industrialización de la agricultura; hoy con la digitalización del campo y la producción de alimentos en laboratorios y tanques de fermentación-, los cornucopianos imaginan un futuro sin desperdicio, ineficacia o escasez, siempre que el mercado, asociado a la tecnología, funcione.

Es innegable que las previsiones de una Nueva Revolución Verde están más cerca de los puntos de vista de los cornucopianos que de los neomalthusianos, pero el futuro será, probablemente, recombinante. Un futuro de alimentos neotradicionales producidos en masa por la biotecnología. Habrá carne celular cultivada en biorreactores similares a los utilizados por la industria farmacéutica, pero también agricultura regenerativa: cultivo mínimo de la tierra, reducción del uso de pesticidas y fertilizantes químicos, rotación de cultivos mediante la utilización del pastoreo, aumento de la fertilidad de los suelos a través de medios biológicos como el uso de cultivos de cobertura. Subyacente a todo esto está el llamado mercado de las proteínas alternativas: proteínas de origen vegetal, proteínas obtenidas a partir de insectos o derivadas de la fermentación de precisión y carne de cultivo celular.

La Revolución Verde marcó un hito, para el bien y para el mal, del desarrollo basado en la idea moderna de la industrialización agrícola. La Nueva Revolución Verde también viene marcada por el desarrollo, pero ahora sostenible. La doctrina del desarrollo sostenible surgió -especialmente con la publicación del informe “Our Common Future” de la Comisión Brundtland en 1987- como una crítica a las estrategias de modernización del desarrollo caracterizadas por el aumento de producción, consumo y riqueza. En el fondo, cuestionaba las implicaciones que las políticas centradas en la economía tendrían sobre los sistemas de soporte vital, lo que suele llamarse vida o biosfera. Pero lo que empezó por ser una crítica a las prescripciones de las políticas de modernización para el desarrollo se transformó en una doctrina que legitima el modelo neoliberal de desarrollo basado en la constitución de mercados y en la creación de un nuevo sentido de responsabilidad social que coloca la carga de las crisis sobre las posiciones y elecciones individuales de los sujetos. En el fondo se trata de sustituir a los estados, como fuentes de modernización para la protección y mejora del bienestar, por la práctica de la virtud individual.

La crítica persistente de los neoliberales – en el sentido estricto del término, es decir, todos los que se reunían periódicamente en las conferencias organizadas por la Sociedad Mont Pèlerin– al modelo de desarrollo vigente desde el final de la Segunda Guerra Mundial encontró en el desarrollo sostenible -por ser también una crítica a ese modelo- un punto de anclaje y partida para su expansión universal. En su sentido más conceptual, Crawford S. Holling definió el desarrollo sostenible como el objetivo de fomentar capacidades adaptativas mientras crea -o va creando-, simultáneamente, oportunidades. La referencia a Holling no es fortuita, ya que el cambio paradigmático del desarrollo al desarrollo sostenible fue fundamental para el crecimiento del discurso de la resiliencia. Y la resiliencia fue descubierta o definida en esos convulsos principios de la década de 1970, precisamente, por Holling. Opuesta a la estabilidad, la resiliencia es un comportamiento de los sistemas ecológicos que se caracteriza por la persistencia y la capacidad de absorber cambios y perturbaciones y, aún así, mantener las mismas relaciones entre poblaciones. Es un concepto que empezó como estrategia operativa de gestión de riesgos y terminó ocupando los encabezados de los documentos oficiales de la Unión Europea: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es el principal pilar del Plan de Recuperación para Europa, NextGenerationEU, un plan al cual está subordinado el Pacto Verde Europeo. En el momento actual, en el que suceden demasiadas cosas y muy pocas parecen cambiar, aquello que muchos interpretan como un colapso -y la resiliencia existe para hacer frente al colapso- es, tan solo, un cambio. Y todo habrá cambiado en 2035.