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Tensión entre el Gobierno de Colombia y la Corte Suprema por la renovación fiscal

Francisco Barbosa, actual Fiscal General de la Nación, cuyo mandato finaliza el 12 de febrero.
Francisco Barbosa, actual Fiscal General de la Nación, cuyo mandato finaliza el 12 de febrero. Fuente: CriticoNacional – bajo CC BY-SA 4.0 DEED

El jueves 8 de febrero de 2024, los 23 magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de Colombia se reunieron por segunda vez con el objetivo de seleccionar a la nueva Fiscal General de la Nación, que sucederá a Francisco Barbosa, cuyo mandato culmina el 12 de febrero. Tras dos rondas de votación, ninguna de las candidatas logró obtener los votos necesarios para alcanzar la mayoría requerida, fijada en 16 apoyos. Este escenario se repitió el 25 de enero durante la primera sesión. En esta segunda ocasión, se acordó posponer la próxima jornada de votación hasta el 22 de febrero. La terna inicial presentada por el presidente Gustavo Petro el 2 de agosto de 2023 incluía a Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Amparo Cerón. Sin embargo, Cerón fue reemplazada unas semanas después por Luz Adriana Camargo Garzón debido a sospechas relacionadas con su gestión en la investigación del caso Obedrecht.

Desde el 13 de febrero y hasta la fecha mencionada, la vicefiscal Martha Mancera asumirá temporalmente el cargo. Sin embargo, esta situación podría volverse más compleja a principios de abril, cuando cinco magistrados de la Corte cesen en sus funciones, dejando el órgano judicial con menos miembros. Esto implicaría que la elección del nuevo fiscal se posponga hasta que la Corte vuelva a tener su composición completa de 23 magistrados. Este período de interinidad no es ajeno a la realidad colombiana, dado que en el pasado los últimos cuatro fiscales generales anteriores a Francisco Barbosa fueron designados a partir de vicefiscales que asumían el cargo de manera interina. Esta dinámica refleja las tensiones inherentes entre los poderes ejecutivo y judicial en el país.

Un ejemplo paradigmático de esta tensión ocurrió durante el segundo mandato de Álvaro Uribe, cuando la Corte Suprema rechazó su terna para la elección del fiscal general. En ese contexto, se acusó a Uribe de utilizar el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para realizar interceptaciones ilegales. Simultáneamente, la Corte investigaba a varios congresistas oficialistas por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.

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El proceso de selección se ve ensombrecido por el enfrentamiento entre Barbosa y Petro. Barbosa asumió el cargo en 2020, durante el gobierno del entonces presidente Iván Duque. Si bien al principio mantuvieron una relación cordial, esta se ha ido deteriorando con el tiempo, llegando a lanzarse acusaciones mutuas que abarcan desde supuestos favorecimientos al narcotráfico por parte de Petro, hasta acusaciones de sedición contra Barbosa. Uno de los puntos críticos que marcó la ruptura entre ambos fue la negativa del Fiscal General a levantar las órdenes de captura contra 16 miembros del Clan del Golfo y los Pachencas. Desde entonces, la disputa entre ha escalado, con posturas cada vez más polarizadas.

La Fiscalía ha acusado a la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) de haber financiado de manera irregular la campaña de Petro con cerca de 500 millones de pesos. En respuesta, FECODE ha negado categóricamente estas acusaciones, calificándolas de falsas y argumentando que están siendo objeto de persecución por parte del fiscal general. Por otro lado, el dirigente colombiano ha denunciado que desde el Ministerio Público se está urdiendo una estrategia para forzar su salida del cargo. En diversas ocasiones, ha planteado la posibilidad de que existan conspiraciones organizadas por la oposición, e incluso ha insinuado la participación potencial de sectores militares en estos supuestos complots.

Este enfrentamiento explica en gran medida la situación que se vivía en las calles de múltiples ciudades colombianas el día 8 de febrero, en paralelo a las votaciones para elegir a la nueva Fiscal General. Miles de personas, partidarios de Petro y lideradas por FECODE y otros sindicatos, se congregaron frente a las sedes de la Corte y la Fiscalía, llegando incluso a bloquear el Palacio de Justicia en Bogotá durante varias horas, impidiendo la salida de los magistrados reunidos. La intervención de la Policía Nacional finalmente permitió que los magistrados abandonaran la sede, poniendo fin al “asedio”. El presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra Castro, condenó enérgicamente estos actos, describiéndolos como un “bloqueo violento e ilegal”. Además, afirmó que “la democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país intenta presionar políticamente, físicamente o moralmente las decisiones de la justicia”.

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