Los tambores de guerra vuelven a resonar en Indochina. La explosión de una mina terrestre en la frontera entre Tailandia y Camboya en la que cuatro soldados tailandeses han resultado heridos ha llevado a dicho país a suspender la implementación del acuerdo de paz firmado en Malasia escasas semanas atrás.
Las autoridades tailandesas acusaron a Camboya de haber colocado recientemente el mencionado artefacto. Y, como represalia, pospusieron la liberación de 18 prisioneros camboyanos capturados en la escalada bélica de julio de 2025.
Ante ello, Nom Pen ha negado los hechos y ha reiterado su compromiso con el acuerdo de Kuala Lumpur, una postura que va en concordancia con la mejora de las relaciones bilaterales con Estados Unidos al calor de las negociaciones de paz.
El cruce de acusaciones no ha tardado en convertirse en cruce de balas. El 13 de noviembre de 2025, en la aldea fronteriza de Prey Chan, estalló un tiroteo en el que soldados tailandeses mataron a un civil camboyano e hirieron a otros tres. Dicha localidad ha tenido que ser evacuada por las autoridades camboyanas debido al temor de una intensificación de las hostilidades.
La escalada ha llevado a Malasia, en calidad de presidenta de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), a mediar con el fin de evitar un nuevo escenario de violencia. Ambas partes afirman estar dispuestas a resolver la situación de forma pacífica, al mismo tiempo que culpan a su oponente de la reciente escalada.
La clave interna del conflicto
Sin embargo, el final de la disputa no se vislumbra en el horizonte próximo. Las razones de esta extendida percepción entre los analistas hacen referencia a las dinámicas dominantes en las élites de los dos países. Concretamente, a las siguientes cuestiones: el aumento de la presión policial sobre la industria de las estafas online asentada en la frontera del lado camboyano y la debilidad del actual gobierno tailandés.
El proliferamiento de las industrias de las estafas online y de las criptomonedas se ha transformado en un asunto geopolítico en el marco de la creciente tensión entre Tailandia y Camboya. La administración de Donald Trump, en su campaña contra el crimen organizado internacional, está poniendo el foco en dicho fenómeno. Una postura que desde Bangkok se está tratando de aprovechar para enfatizar los nexos de las élites camboyanas con estas industrias.
La ofensiva inició en octubre pasado. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 146 entidades relacionadas con el Prince Holding Group, propiedad del magnate sino-camboyano Chen Zhi. Zhi es acusado de llevar a cabo actividades de fraude y apuestas online a gran escala. Además, se le atribuyen estrechos lazos con el Partido del Pueblo Camboyano (CPP) y con la propia dinastía política gobernante en Nom Pen, la familia Hun.
Estados Unidos ha “abierto la veda” y Tailandia está aprovechando la coyuntura. La justicia tailandesa ha emitido órdenes de arresto contra los senadores y magnates camboyanos Kok An y Ly Yong Phat. Se trata de dos perfiles clave en la política nacional camboyana –Ly Yong Phat es considerado como el líder de facto de la provincia fronteriza de Koh Kong–, cuyo respaldo al clan Hun es indispensable para el mantenimiento del statu quo político en Camboya.
Bangkok intenta poner a prueba la cohesión en Nom Pen, cuando paradójicamente es incapaz de garantizar un consenso interno. La administración “amarilla" –conservadora– de Anutin Charnvirakul enfrenta la amenaza de una moción de censura. Desde el Pheu Thai (PT), el partido de la depuesta dinastía Shinawatra, se afirma que su formación presentará una moción de manera inminente.
La anunciada venganza del PT por la caída de la ex primera ministra Paetongtarn Shinawatra obliga a Charnvirakul a tratar de afianzar su asociación con el reformista Partido del Pueblo (PP). Ello no se trataría de un problema, si no fuera porque el antagonismo ideológico entre el PP y las facciones amarillas hacen que, desde la decisión del primero de apoyar a Charnvirakul en septiembre de 2025, sus números se hayan hundido en las encuestas.
Así, el poder ejecutivo en Tailandia depende de las decisiones que se tomen en una formación política que se halla atrapada en las contradicciones entre su programa político y el pragmatismo de la vida política parlamentaria. Una situación que, junto a la especial sensibilidad del Bhumjaithai –el partido gobernante– con respecto a la cuestión camboyana, hacen del Estado tailandés un actor extremadamente volátil en esta coyuntura.
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