La región de África Occidental se ha convertido en uno de los espacios más dinámicos del continente, donde cada semana surgen pequeñas noticias que reflejan avances en la reconfiguración de la política regional.
Una de ellas tuvo lugar el 12 de abril, cuando los ciudadanos de Benín estaban llamados a las urnas para elegir al próximo presidente de la República. Este pequeño país, bañado por el océano Atlántico, ha experimentado importantes transformaciones a nivel político, securitario y social.
En el plano político, ha estado gobernado durante los últimos diez años por Patrice Talon. De acuerdo con la Constitución, no podía concurrir a los comicios debido a la limitación de mandatos. Sin embargo, esto no ha supuesto un cambio en el statu quo beninés: en su lugar, el ministro de Finanzas, Romuald Wadagni, se presentó como el candidato del partido en el Gobierno.
En estos comicios, los benineses se encontraron con solo dos nombres en la papeleta –el propio Wadagni y Paul Hounkpè, líder del principal partido de la oposición–, fruto del endurecimiento de las condiciones legales para presentarse tras diversas reformas constitucionales y electorales.
Además, desde las legislativas del 11 de enero de 2026, el oficialismo ha salido reforzado: la oposición quedó fuera del hemiciclo al no alcanzar el umbral mínimo del 10% en todas las circunscripciones electorales.
Así, la coalición gobernante –integrada por la Unión Progresista para la Renovación (UPR), el Bloque Republicano (BR) y el Movimiento de Élites Comprometidas por la Emancipación de Benín– consolidó su control parlamentario.
El principal partido de la oposición, Los Demócratas, no consiguió representación tras una compleja carrera electoral marcada por el rechazo de candidaturas y divisiones internas. En este contexto se celebraron los comicios presidenciales, con una oposición debilitada y en un clima de cierta tensión, con una presencia policial visible en las entradas y salidas de las localidades.
Dos días después se conocían los resultados que anunciaban la victoria aplastante de Wadagni, con el 94% de los votos y un 58,75% de participación. La oposición beninesa, encabezada por Paul Hounkpè, reconoció los resultados declarando que: "Al ministro de Estado Romuald Wadagni le transmito mis felicitaciones republicanas. La democracia exige respeto mutuo y elevarse por encima de las divisiones partidistas".
Tras estas elecciones entrará en vigor la reforma constitucional aprobada en noviembre de 2025, que amplía el mandato presidencial de cinco a siete años y crea un Senado con miembros electos y otros por derecho propio, como antiguos jefes de Estado. La oposición ha criticado esta reforma por considerar que favorece la continuidad del oficialismo en el poder.
De hecho, la posibilidad de que antiguos jefes de Estado formen parte de la cámara alta podría abrir una vía para que Patrice Talon mantenga su influencia o incluso el poder real en el país.
Cabe destacar que las principales funciones de este nuevo órgano legislativo son la modificación de leyes antes de su aprobación definitiva, representación de la territorialidad y participación en reformas constitucionales.
Wadagni y los retos de Benín
El nuevo presidente beninés hereda un clima político tenso. El intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2025, protagonizado por facciones militares, supuso un punto de inflexión en un país que durante décadas había sido considerado uno de los más estables de África Occidental, sin complot golpistas ni presencia significativa de grupos armados.
La intentona fue sofocada en pocas horas, pero sus causas siguen siendo poco claras. En Cotonú, la ciudad más poblada de Benín, las explicaciones que nos ofrecen se formulan con cautela: algunos benineses apuntan a Nigeria, otros a Francia y otros, simplemente, a un creciente descontento dentro de las propias Fuerzas Armadas.
Lo que sí se percibe en las calles beninesas es un cansancio de la población respecto a la situación política y social. El producto interior bruto (PIB) del país para 2025, según estimaciones del Banco Mundial, se sitúa en torno a los 24.400 millones de dólares.
Benín se encuadra dentro de las economías pequeñas del continente africano, en competencia con países mucho más extensos y ricos en recursos. Sus principales motores económicos son el puerto y el gaseoducto que conecta con Níger.
Sin embargo, no se trata de una economía paralizada, al menos a nivel macroeconómico. Benín actúa como puerto de salida para numerosos productos procedentes del Sahel, y no es extraño ver en sus carreteras convoyes de camiones transportando algodón o mercancías desde países sin salida al mar como Burkina Faso o Malí.
Pero esta actividad exportadora no siempre se traduce en mejoras en la vida cotidiana de la población. La seguridad social es prácticamente inexistente y la sanidad está ampliamente privatizada.
Por su parte, muchas de las carreteras en mejor estado han sido financiadas en gran medida por China –porque el Estado no tiene mucha capacidad para ello–, interesada en garantizar un flujo fluido de mercancías y con una presencia cada vez mayor en el país.
Al mismo tiempo, persisten importantes diferencias entre el norte y el sur del país. Este último, gracias a su ubicación en las costas del Atlántico, es el más beneficiado por la actividad exportadora. La realidad cambia en cuanto se avanza hacia el norte: las carreteras se transforman en caminos de tierra, la basura comienza a acumularse y aparecen puestos que venden gasolina expuesta al sol en enormes jarras de vidrio o en botellas de cerveza.
El sur de Benín concentra la mayor parte de los apoyos al gobierno, mientras que el norte agrupa las regiones más críticas. Esta dinámica responde en parte a la desigual distribución de los recursos, aunque estos apoyos comienzan a erosionarse.
La población también afronta importantes dificultades a nivel microeconómico. En el sur, el paro y la inflación figuran entre las principales preocupaciones, mientras que en el norte predomina la agricultura y la ganadería de subsistencia.
En muchas localidades norteñas, infraestructuras básicas como el acceso al agua, la electricidad o los servicios educativos y sanitarios son muy limitadas o inexistentes. Estas carencias tienen consecuencias significativas, como el hecho de que el país registre una de las tasas de mortalidad infantil más elevadas del continente.
En las legislativas ya se podía ver el descontento de la población; al día siguiente de la celebración de aquellos comicios era difícil encontrar carteles de candidatos en las calles. Numerosos benineses con los que tuvimos ocasión de hablar nos afirmaron no haber acudido a votar en la capital, señalando el descontento como principal motivo.
Sin embargo, en las regiones del norte podrían darse dinámicas distintas, ya que el malestar político convive con un mayor deseo de representación en las instituciones. Sus demandas no siempre son escuchadas, por lo que una mayor influencia política, según sus habitantes, podría contribuir a revertir esta situación. Aunque este escenario parece complicado a corto plazo.
Como ya se ha señalado, el país ha experimentado cambios en los últimos años y el marco legal se ha vuelto progresivamente más restrictivo. Desde 2018, por ejemplo, está en vigor la llamada Loi Numérique, ampliada en 2021, que regula, entre otros aspectos, la protección de datos y las comunicaciones electrónicas.
La norma no ha estado exenta de polémica: aunque fue concebida para modernizar el sector, diversos periodistas han sido detenidos en virtud de esta ley por publicar contenido en línea. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras han denunciado esta práctica.
Los crecientes problemas securitarios
La situación securitaria del país ha empeorado. Las conexiones fronterizas que otorgan a Benín una gran importancia estratégica también suponen un desafío en materia de seguridad. El norte se ha convertido en una zona de creciente inestabilidad, con ataques recurrentes de grupos armados procedentes de Burkina Faso.
El 6 de marzo de 2026, por ejemplo, 15 soldados murieron y cinco resultaron heridos en el pueblo de Kofouno. El grupo vinculado a Al Qaeda, Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimin (JNIM), reivindicó la autoría del ataque.
Esta situación ha llevado al refuerzo de las capacidades militares, aunque el contexto es complejo debido a la densa vegetación y la porosidad de las fronteras. Tanto las instituciones como la propia población desaconsejan el desplazamiento a estas áreas.
Actores internacionales como la Unión Europea han firmado acuerdos de cooperación con Benín en materia de seguridad, tanto en el norte del país como en sus aguas territoriales. A través de mecanismos como el European Peace Facility, Bruselas ha facilitado un paquete de ayuda securitaria a Benín por valor de 47 millones de euros, aunque resulta insuficiente.
Por otro lado, la frontera con Nigeria ha sido históricamente un espacio de intensa actividad, con intercambios constantes de población y mercancías. Sin embargo, los conflictos en Nigeria, junto con las actividades informales y las redes ilícitas, han configurado un entorno fronterizo especialmente complejo. En este contexto, Benín se enfrenta al reto de equilibrar su papel como punto de conexión regional con la necesidad de garantizar la seguridad.
En definitiva, las elecciones han supuesto un cambio de presidente, pero no de las élites políticas que gobiernan el país. Aunque los resultados han sido aceptados por el único candidato opositor, el descontento social y político sigue en aumento, alimentado por la compleja situación económica y el recorte de derechos y libertades.
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