En un debate exprés y por unanimidad, la Asamblea Nacional de Nicaragua –controlada por el oficialismo– ha aprobado prolongar por un año el mandato presidencial de Daniel Ortega, de 79 años, y de su “copresidenta” y esposa, Rosario Murillo. Las enmiendas constitucionales aprobadas extienden el mandato de “todas las autoridades electas por voto popular” hasta finales de 2027. Este movimiento termina de consolidar al matrimonio Ortega-Murillo en el poder.
Ya en diciembre de 2024, se había impulsado una reforma constitucional que creaba el cargo de “copresidente” y “copresidenta” –una figura sin precedentes que sitúa a Rosario Murillo dentro del poder ejecutivo– y ampliaba el mandato presidencial de cinco a seis años. Ahora, la Asamblea Nacional ha querido aplicar desde el primer momento este cambio; de esta forma, en Nicaragua no habrá elecciones presidenciales hasta finales 2027. Asimismo, también se han aumentado drásticamente las prerrogativas presidenciales, dando capacidad de actuación sobre el poder legislativo y el judicial.
El ejército de Nicaragua, del que Ortega es comandante en jefe, gana influencia en la nueva carta magna y se constitucionaliza la figura de “policías voluntarios”, un cuerpo formado por militancia sandinista que gozará de reconocimiento oficial y financiación. El proceso de reforma ha servido también para tipificar duramente como delito todo “acto de agresión política o militar que menoscabe la integridad y soberanía del territorio nicaragüense”, permitiendo que las autoridades judiciales dejen sin nacionalidad “a la persona que atente o traicione a la patria”.
En total, han sido modificadas dos terceras partes de la Constitución, incluyéndose un reconocimiento a los pueblos originarios o la obligación de cuotas de género. Sin embargo, tanto oposición como organizaciones internacionales han señalado que estos cambios son un “barniz para tratar de justificar una reforma constitucional autocrática”.
Esta misma semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Nicaragua por “falta de integridad del proceso electoral” de 2011 y por la actuación “abusiva del aparato estatal” durante el proceso de electoral que posibilitó la reelección del presidente Daniel Ortega. El gobierno sandinista ya ha asegurado que no atenderá a los reclamos de la CIDH. Por su parte, el portavoz de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Jeremy Laurence, aseguró que estas medidas “ahondarán el retroceso en el área de los derechos políticos y civiles”.
El comunicado emitido por la Asamblea Nacional asegura que “con esta reforma ratificamos que la presidencia de la república dirige la jefatura del Estado y gobierno, además de coordinar armónicamente los órganos legislativo, judicial, electoral, regional, municipal y de control y fiscalización al servicio del pueblo que ejerce el poder a través de la democracia directa”. En este sentido, el entorno de Murillo y Ortega ha salido al paso de estos señalamientos asegurando que “Nicaragua es un tierra libre de injerencias”.
En la actualidad, los principales aliados geopolíticos del país centroamericano son China y Rusia; especialmente tras la ruptura de relaciones entre Managua y Taiwán en 2021. El reconocimiento de Taipéi fue durante años el hilo que hacía que las administraciones estadounidenses no sancionasen con tanta dureza al gobierno de Ortega.
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