
Colombia se vio sacudida el 7 de junio, cuando se conoció la noticia del atentado contra Miguel Uribe, precandidato presidencial y senador. Durante un acto de precampaña con sus simpatizantes en el barrio Fontibón, en Bogotá, un sujeto abrió fuego en varias ocasiones a corta distancia contra el político, impactándole hasta dos veces en la cabeza y una en la pierna izquierda. La gravedad de las heridas hizo necesaria una rápida intervención, tanto del personal de seguridad de Uribe como de las unidades de emergencia.
Uribe Turbay fue trasladado de urgencia al hospital de la Fundación Santa Fé de Bogotá, en el cual fue sometido a una complicada intervención quirúrgica. Según informó el propio centro hospitalario, el estado del precandidato es “crítico” y el pronóstico se mantiene reservado, pese a que los médicos destacaron que logró superar esta primera cirugía. Su esposa, María Claudia Tarazona, expresó a través de sus redes sociales que “Miguel está luchando por su vida y necesitamos unir nuestras fuerzas en oración y esperanza”.
El responsable de los disparos es un menor de 15 años, el cual llegó al mitin en moto. Una vez efectuó los disparos huyó del lugar, pero poco después fue localizado y detenido, tras un despliegue coordinado de la Policía Nacional y los organismos de inteligencia. Durante la huida recibió un disparo, por lo cual permanece bajo custodia policial en la Clínica Medicentro. Al momento de la detención, le fue requisada una pistola glock 9 milímetros, de la cual se ha averiguado que fue adquirida legalmente en 2020 en Arizona, Estados Unidos.
Los investigadores del caso están poniendo el foco en dos cuestiones. La primera es la revisión de todos los vídeos e imágenes, con la intención de conocer si el sicario contó con la ayuda de alguien más en el momento de los disparos. Por otro lado, al ser menor de edad, se está estudiando la hipótesis de un asesinato por encargo. Expertos señalan que la participación de un menor podría implicar la existencia de redes o mandantes que, al operar en la sombra, emplean a jóvenes para ejecutar actos que generan un impacto simbólico y mediático.
Precisamente esta línea de investigación se ve reforzada con las declaraciones de su tío, el cual declaró ante las autoridades que su sobrino llevó a cabo el atentado a cambio de una oferta de gran valor económico. La utilización de menores para la ejecución de atentados es algo que ha consternado a Colombia, siendo ésta una práctica que recuerda a los tiempos en que Pablo Escobar utilizaba a menores para llevar a cabo asesinatos a cambio de dinero y lujos.
¿Negligencia en la protección de Miguel Uribe?
Por su parte, el presidente Gustavo Petro afirmó con rotundidad que no escatimarán esfuerzos en descubrir a las personas que ordenaron el atentado. De hecho, el Ministerio de Defensa colombiano ofrece una recompensa de 3.000 millones de pesos por información relativa a los autores del atentado.
De igual forma, sus declaraciones han levantado polémica al deslizar la posibilidad de fallos en la escolta del precandidato –ese día solo había tres escoltas de los siete habituales–, ordenando que se investigue a sus componentes. A ello añadió que “la policía está infiltrada”, lo cual explicaría no solo los fallos de seguridad a los que hizo referencia, sino también unos presuntos seguimientos.
Al paso de estas declaraciones ha salido Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, quien aseguró que pone su puesto a disposición si el presidente lo solicita. Informó que el equipo de escoltas lo componen tres personas de su unidad y cuatro efectivos de la policía nacional. Además, señaló que el mitin en el que Uribe fue atacado “no había sido avisada ni coordinada con las dos entidades de protección”.
Precisamente, estos hechos han derivado en que Víctor Mosquera, abogado del precandidato, anunciara la presentación de una denuncia penal contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por omisión de funciones, ya que habrían solicitado en hasta 23 ocasiones el incremento de la seguridad de Miguel Uribe.
Las reacciones al atentado contra Miguel Uribe han llegado de forma masiva, tanto desde el ámbito nacional como del internacional. Desde su partido, el Centro Democrático, hasta expresidentes como Iván Duque y Álvaro Uribe, así como figuras del gobierno como Armando Benedetti o Pedro Sánchez, representantes del sector empresarial y el embajador de la Unión Europea en Colombia, todos han condenado el ataque y exigido una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos y lleve ante la justicia a los responsables
Miguel Uribe Turbay es una figura de larga trayectoria política y un "peso pesado" del partido Centro Democrático. Uribe creció con la violencia política de décadas pasadas y sufrió en sus carnes la muerte de su madre, Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay, asesinada tras ser secuestrada por hombres de Pablo Escobar. Aquel episodio, ocurrido en plena época de dominio de los cárteles, dejó una huella profunda en la historia personal y política del senador.
A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos relevantes en el Senado y se ha consolidado como uno de los principales referentes de la derecha en Colombia, articulando una agenda que pone el foco en las narrativas del orden y la seguridad en un país que aún pugna por superar sus conflictos armados internos.
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