El gobierno colombiano, encabezado por Gustavo Petro, atraviesa una de las crisis más turbulentas de su mandato, provocando dimisiones y ceses de distintos miembros, además de otras figuras de relevancia institucional en el país.
Los rumores de tensiones en el ejecutivo eran vox populi desde hacía meses, especialmente desde la salida en diciembre de 2024 del ex ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla –hombre de confianza y muy cercano a Petro– tras denunciar ante la fiscalía al hijo del presidente y al gerente de la campaña presidencial. A ello se une su implicación en un caso de corrupción que afecta a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGRD).
Las sospechas se volvieron certezas durante un controvertido e inédito consejo de ministros celebrado el 4 de febrero, el cual fue televisado y donde se pudieron evidenciar profundas divisiones internas entre los altos funcionarios del gabinete. Dicha sesión tenía el objetivo de abordar la situación del Catacumbo, región sumida en la violencia tras una ofensiva del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra disidencias de las FARC.
Durante la reunión, hubo graves cruces de acusaciones entre miembros del gobierno, además de serias discrepancias sobre el nivel de cumplimiento de las metas propuestas al inicio del mandato. Uno de los choques más duros lo protagonizaron la canciller Laura Sarabia y el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, a raíz de la atención prestada a 43 ciudadanos colombianos deportados por Estados Unidos. Sarabia criticó duramente al DPS, señalando que la atención fue deficiente, ya que ningún funcionario de la entidad acudió a recibirlos.
Al día siguiente, sabedor de la imagen que habían dado al país, Petro compareció públicamente criticando con dureza la actitud de algunos de los miembros de su gabinete, insinuando que quienes quieran hacer campaña pueden abandonar su cargo. Aceptó que la imagen dada no había sido la mejor, pero se reafirmó en la necesidad de televisar futuras reuniones del consejo de ministros, alegando que es un ejercicio de transparencia ante la sociedad.
Por su parte. la oposición política aprovechó el turno de réplica que les permite la Constitución para responder al presidente, al cual responsabilizaron de encabezar “un gobierno a la deriva, con un capitán extraviado y una tripulación sin rumbo, en la que se habla mucho y se hace muy poco”. Las críticas se centraron en la crisis del sistema de salud, la situación de violencia en el Catatumbo y el estado de desmoralización de las fuerzas armadas.
Casaca de dimisiones en el gobierno de Petro
Una de las primeras dimisiones fue la de Jorge Enrique Rojas, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), quien apenas llevaba seis días en el cargo. Rojas vino a señalar el nombramiento de Armando Benedetti el 4 de febrero como jefe de gabinete de Gustavo Petro como causante de su renuncia. Es importante recordar que esta posición se encontraba sin titular desde 2023, cuando el presidente retiró de ese puesto a Laura Sarabia.
Benedetti fue una figura clave en la victoria electoral de Petro en 2022, pero su regreso a Casa Nariño ha despertado críticas dentro del ejecutivo, especialmente de figuras femeninas como Francia Márquez o Susana Muhamad, que le acusan de machismo y de violencia de género contra su esposa. A ello se unen diversos audios que vieron la luz en 2023, en los cuales insulta gravemente a Sarabia. A la salida de Rojas se unieron la del ministro de Cultura, Juan David Correa, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad y la secretaría jurídica de la presidencia, Paula Robledo.
Las dimisiones se acrecentaron especialmente a partir del 9 de febrero, cuando Petro solicitó a sus ministros y directores de departamentos administrativos poner a disposición sus respectivos puestos con el objetivo de llevar a cabo “lograr un mayor cumplimiento en el programa ordenado por el pueblo”.
Pocos minutos después del mensaje que el presidente publicó en la red social X, comenzó una cascada de dimisiones, entre los cuales se encontraban la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la canciller, Laura Sarabia, que llevaba tan solo doce días en el cargo tras haber sustituido a Luis Gilberto Murillo en plena crisis con Estados Unidos. Adicionalmente, dejaron su puesto Iván Velásquez, ministro de Defensa, Andrés Camacho, de Energía, y el director general de la policía nacional, el general William René Salamanca, entre otros.
Cabe destacar que, durante el mandato de Gustavo Petro, se ha producido una elevada rotación en el equipo de gobierno, con alrededor de 40 personas que han ocupado cargos ministeriales.
El alto grado de incumplimiento de metas acordadas al comienzo de la legislatura –solo completadas 49 de 195–, la situación calamitosa que vive el Catatumbo, la Paz Total descarrilada por completo, el polémico nombramiento de Benedetti, la crisis con Estados Unidos a causa de las deportaciones, reformas clave como la sanitaria que no ven la luz... Crisis que conviven simultáneamente y que explican la difícil coyuntura en la que se mueve el gobierno colombiano, todo ello a un año y medio de las elecciones,
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