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Migraciones desde Senegal y el nuevo pacto migratorio europeo: entre la tensión y la polémica

Cayucos de pesca en Dakar. Estas embarcaciones también son utilizadas para las migraciones procedentes de Senegal y Mauritania.
Cayucos de pesca en Dakar. Estas embarcaciones también son utilizadas para las migraciones procedentes de Senegal y Mauritania. Fuente: jbdodane – bajo CC BY-NC 2.0 DEED

La migración desde África se encuentra en el epicentro de la actualidad por dos motivos: el aumento de los cayucos dirección a las Islas Canarias y la aprobación del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. En la primera quincena de 2024, llegaron a Canarias 3.480 migrantes en 53 embarcaciones, lo que representa un incremento del 838% con respecto al mismo periodo de 2023. En febrero, el archipiélago canario se convirtió en la principal entrada de migración irregular en Europa, superando al Mediterráneo.

La situación comenzó a agravarse en 2023. A finales de ese año, la mayoría de los cayucos partían desde Senegal. Sin embargo, desde principios de 2024, la tendencia ha cambiado y ahora una parte significativa de las embarcaciones salen desde Mauritania. Este cambio se debe a que es más fácil y seguro llegar a territorio canario desde Mauritania, motivando a que muchos senegaleses opten por viajar primero a su vecino del norte para iniciar su travesía marítima.

Migración desde Senegal: un fenómeno multicausal

La mayor parte de estos migrantes abandonan sus países por motivos económicos, los cuales no están contemplados en los criterios para solicitar asilo. Sin embargo, la situación es considerablemente más compleja que solo cuestiones económicas. Según la legislación española, las personas que pueden acogerse al derecho de asilo son:

“La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género, orientación sexual o de identidad sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9”.

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La situación en los países del Sahel se ha deteriorado enormemente en los últimos años. Los grupos yihadistas se han expandido a gran velocidad, llegando hasta el golfo de Guinea, lo que ha provocado un aumento de los enfrentamientos con los ejércitos nacionales. Al mismo tiempo, las sanciones impuestas por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) contra las juntas militares de Níger, Burkina Faso y Malí –debido a los golpes de Estado que han experimentado– han supuesto un duro golpe para la región. Aunque estas sanciones fueron levantadas en febrero de 2024, el impacto sigue siendo significativo. Todas estas cuestiones dificultan el desarrollo de los Estados sahelianos y fomentan la creación de economías alternativas.

A su vez, Senegal está atravesando un periodo de dificultad económica y tensión política. En el ámbito económico, la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania han provocado una importante inflación debido a la dependencia de la economía senegalesa del exterior. Además, se ha producido la destrucción de los modos de vida tradicionales, como la pesca y la agricultura. Esto se debe en parte a la desertificación de Senegal y al acaparamiento de la pesca por parte de barcos de arrastre extranjeros. Es importante destacar que estas embarcaciones, en ocasiones, arrollan a los cayucos senegaleses porque no los ven, y no siempre los náufragos son rescatados.

Asimismo, Senegal se enfrenta a un cambio político considerable tras meses de tensión. El aplazamiento de las elecciones –anunciada en febrero por el antiguo presidente Macky Sall– provocó múltiples protestas que resultaron en encarcelamientos y muertes de manifestantes. Finalmente, los comicios se celebraron un mes después de la fecha prevista, con la victoria de la oposición liderada por Diomaye Faye. El nuevo gobierno hereda un país con una situación económica y social compleja, pero la población tiene esperanza en un cambio positivo. La sociedad senegalesa es predominantemente joven, con una media de edad de 19 años, teniendo muchos de ellos dificultades para encontrar un trabajo. El director de la Organización Horizonte sin Fronteras, Boubacar Seye, declaró en una entrevista para Descifrando la Guerra:

“La gente no consigue comer. La gente no puede, cuando están enfermos, curarse. No hay salud. Las universidades no funcionan. Hay mucha inseguridad social, mucha incertidumbre, injusticias sociales, y todo eso hace que la gente no quiera… los jóvenes no quieran quedarse en ese país, porque no hay futuro. No hay futuro. La gente no consigue vivir dignamente”.

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En los últimos meses, la tendencia migratoria se ha desplazado a Mauritania, ya que el 83% de los migrantes que llegan a Canarias inician su travesía marítima desde allí. Este cambio responde a la capacidad de las mafias de tráfico de personas para modificar sus rutas y sortear los obstáculos y controles gubernamentales. De hecho, Nuakchot ya ha declarado su incapacidad para gestionar el creciente flujo. En este sentido, como parte del nuevo Pacto de Migración de la Unión Europea, se busca reforzar la cooperación con los países de origen de la migración, siendo Mauritania uno de los principales receptores de ayuda europea, con una partida de 210 millones de euros anunciada en marzo.

El pacto de la Unión Europea: consecuencias para África

La migración ha sido una constante en la historia humana, pero con el paso del tiempo se han erigido fronteras cada vez más numerosas e inexpugnables. Durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, se selló el nuevo Pacto de Migración y Asilo, un acuerdo que consta de cinco reglamentos que pretenden mejorar los procesos de gestión de la migración irregular. La aprobación fue un proceso difícil, ya que era necesaria la luz verde de los 27 países, incluyendo a aquellos que se posicionan severamente en contra de este ámbito, como Hungría.

En abril de 2024, el Parlamento Europeo dio luz verde al paquete de cinco reglamentos acordados en diciembre. La votación fue muy ajustada, ya que se aprobó con 300 votos a favor y 270 en contra. Todavía necesita el beneplácito formal del Consejo Europeo, y los Estados miembro tendrán dos años para implementar las medidas en sus respectivos territorios.

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La reforma introduce cambios sustanciales en diversas áreas. Uno de los puntos más importantes es el sistema de reubicación de los migrantes, que trasladará a las personas desde los Estados con mayor presión migratoria hacia aquellos con menos presión. No obstante, los países que forman parte del segundo grupo pueden declinar el realojamiento a cambio de aportar 20.000 euros por cada solicitante que rechacen. Esta cláusula ha sido muy polémica, ya que se ha interpretado como poner precio a las vidas humanas.

Desde Bruselas se argumenta que se espera reubicar a 30.000 personas, pero al mismo tiempo, como no existe ninguna obligatoriedad, es posible que sea complicado materializar este objetivo. Por otro lado, también se establece la creación de un Fondo de Solidaridad que se renovará anualmente y será irrevocable para todos los Estados miembro: pueden contribuir mediante reubicaciones o aportaciones económicas.

A su vez, se ha unificado el control de entrada de fronteras para los solicitantes de asilo y las personas en situación irregular. Esta reforma busca evitar la repetición de la situación ocurrida entre 2015 y 2016, cuando no existían criterios estandarizados para gestionar los flujos procedentes de los conflictos en Oriente Medio. En los procedimientos de entrada, se recogerán datos personales y se realizarán controles sanitarios y de seguridad. Además, se creará una base de datos unificada para evitar que una misma persona presente múltiples solicitudes. Desde Bruselas se esgrimen razones de seguridad para justificar la implementación de estas medidas. El director de Horizonte Sin Fronteras critica esta visión: 

“Entonces hoy hay que luchar en Europa contra la paradoja liberal. Es decir, todo lo que es bueno económicamente se considera peligroso por razones de seguridad. Eso es lo que pasa en Europa. Europa sabe que necesita inmigrantes, ellos lo saben muy bien, pero algunos países como Francia están engañando a los demás países porque ellos no tienen esa necesidad”.

Migrantes rescatados por la armada española en las aguas adyacentes a las Islas Canarias.
Migrantes rescatados por la armada española en las aguas adyacentes a las Islas Canarias. Fuente: Ministerio de Defensa – bajo CC BY-NC-ND 2.0 DEED

Este pacto responde a un acuerdo de mínimos, ya que países más contrarios a la migración –como los que forman parte del grupo de Visegrado: Eslovaquia, Hungría, Polonia y la República Checa– debían estar de acuerdo para que pudiera ser aprobado. Cabe recordar, asimismo, que Europa celebrará elecciones el próximo junio, y los partidos de ultraderecha han ido ganando mayor representación tanto en las instituciones europeas como en los gobiernos nacionales. En este sentido, una de las preocupaciones en Bruselas era que, si el pacto no se sellaba antes del cambio político postelectoral, podría no ser aprobado jamás.

La Unión Europea defiende que la alternativa habría sido mantener el statu quo, lo cual no beneficiaría ni a los Estados miembros ni a los propios migrantes. No obstante, el pacto ha recibido fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. Durante la votación, un grupo de activistas llamó a “votar no por un pacto que mata”; la sesión tuvo que ser interrumpida y los manifestantes fueron desalojados.

Amnistía Internacional advierte que “hará retroceder durante décadas el derecho de asilo europeo y causará más sufrimiento humano”. Oxfam Intermón, por su parte, tampoco ha recibido positivamente el pacto, alegando que “lo que se ha acordado no es mejor; en muchos aspectos, es mucho peor. La Unión Europea ha desaprovechado la oportunidad de acordar por fin un mejor reparto de responsabilidades y normas de solidaridad”. Médicos Sin Fronteras también sostiene que “no es una solución a la crisis migratoria de Europa, ni un acuerdo histórico” y que se trata de una “intensificación de las políticas de contención, con el rechazo arbitrario en las fronteras y las expulsiones como núcleo”. Save The Children, con una postura similar, alega que “es evidente que para la mayoría de los legisladores, la prioridad era cerrar las fronteras, no proteger a las personas”. 

Para ampliar: La Unión Europea en un mundo geopolítico

La aprobación del nuevo Pacto de Migración y Asilo europeo llega en un contexto marcado por la celebración de elecciones parlamentarias en los que la migración está jugando un papel fundamental, especialmente en los partidos más escorados a la derecha, que acusan a los migrantes de ser el origen de muchos de los problemas económicos y sociales que atraviesa el continente. Boubacar Seye advierte de los peligros de esta dinámica: 

“En Europa ahora no hay oferta política y la migración se ha convertido en un bien, en una mercancía electoral para ganar elecciones. Toda Europa se está deslizando hacia la extrema derecha por razón de seguridad, ¿me entiendes ahora? El Islam y la inmigración, en el banquillo de los acusados por un laicismo jurídico-político. Eso es lo que está pasando: Europa teme ser destronada social y culturalmente por el islam. Es el porqué de este pacto de inmigración. Esa no es la solución, porque no hay oferta. En España no teníamos antes un partido de extrema derecha y ahora lo tenemos. En Francia, hace mucho tiempo. En Italia están en el poder. Ese es el peligro que corre Europa”.

El nuevo Pacto de Migración y Asilo europeo trata de abarcar un fenómeno enormemente complejo como es la migración. Desde hace años ha sido una de las cuestiones más sensibles para el bloque comunitario. Como consecuencia, ha generado mucho debate y oposición, lo que supone la necesidad de llegar a un acuerdo de mínimos. Las medidas establecidas han causado una reacción negativa entre organizaciones de derechos humanos y la población africana, ya que las ven como una estrategia diseñada para que los que buscan una mejor vida no puedan llegar al continente europeo.

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