Después de un proceso tortuoso de más de una década, el Tribunal Correccional de París ha condenado a Marine Le Pen a cuatro años de prisión –dos de ellos en régimen de privación de libertad, sustituibles por el uso de un brazalete electrónico y 100.000 euros de multa– y a cinco años de inhabilitación para presentarse a cualquier cargo público en Francia.
Además, otros ocho miembros de Reagrupamiento Nacional (RN), como el alcalde de Perpiñán, han recibido sanciones similares. El propio partido también deberá pagar una multa de dos millones de euros, de los cuales la mitad no es susceptible de reducción alguna.
El caso de desvío de fondos europeos, llevado a los tribunales por la fiscalía francesa después de un aviso del Parlamento Europeo, ha llegado a su fin. La investigación ha concluido con la condena a varios miembros de RN por el desvío de dinero destinado a asesores europeos para pagar nóminas de sus trabajadores en Francia, incumpliendo así la obligación de adecuación a la misión europea. La sentencia se trata de un duro golpe para uno de los partidos referentes en la extrema derecha del continente, el cual queda con su liderazgo profundamente debilitado.
Después de presentarse a tres elecciones presidenciales, todo apuntaba a que las de 2027 podrían suponer la victoria definitiva para Marine Le Pen. Sin embargo, la justicia trunca el sueño de la histórica líder de la extrema derecha francesa, impidiéndole presentarse a cualquier proceso electoral durante los cinco años que dura la inhabilitación; es decir, hasta 2030. No obstante, cabe destacar que esta condena ha sido realizada en primera instancia. Por lo tanto, ¿qué opciones tiene el equipo legal de Le Pen?
Marine Le Pen ante su inhabilitación
No cabe duda de que el equipo de Le Pen va a apelar la sentencia del Tribunal Correccional de París, sobre todo buscando la exoneración de su líder. Sin embargo, parece difícil pensar que las conclusiones de la instrucción, que ha durado casi una década, puedan presentar fallos materiales. Quizás la estrategia puede ir por atacar la cautelaridad –la aplicación provisional– de la inhabilitación, lo que supone el principal problema político para Le Pen; aunque el tiempo juega en su contra.
Con la Ley Sapin 2 de 2015, el juez debe establecer una inhabilitación cautelar aun sin haber sentencia firme; es decir, sin la necesidad de que haya finalizado todo el proceso judicial nacional. La no aplicación de tal cautelaridad debe estar justificada. Le Pen puede recurrir la cautelaridad de la medida, pero eso no la salvaría de la inhabilitación en sí. Ahora mismo, en materia penal, el recorrido legal de un recurso de apelación seguido de uno de casación tiende a durar no más de año y medio, lo que sitúa la firmeza del fallo antes del verano de 2027.
Es importante resaltar que esta sentencia condenatoria, en lo que respecta a la inhabilitación para ejercer cargos públicos, solo afecta a futuros comicios. Marine Le Pen es diputada actualmente y, hasta que el fallo no sea firme, el Consejo Constitucional no le quitará el cargo en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional francés.
Por ahora, la historia de los Le Pen sigue repitiendo la irónica suerte de alcanzar la segunda vuelta, pero quedarse a las puertas del Elíseo. Sin embargo, con la mirada ya puesta en la condena, en Reagrupamiento Nacional llevan tiempo preparándose para un escenario que ha pasado de ser una hipótesis a convertirse en realidad.
La lucha dentro de RN
El juicio de Le Pen y varios miembros de su partido fue alargado todo lo posible para no afectar a las presidenciales de 2022, pero esa situación no era sostenible mucho más tiempo.
Ahora, con la inhabilitación cautelar, es de esperar que RN empiece una campaña de ataques a la magistratura, empujando a una opinión pública que lentamente se ha ido moviendo en contra de la inhabilitación de cargos públicos. Deslizar la idea que solo el pueblo, mediante las urnas, debe condenar o no a los políticos sería el escenario ideal para RN, pero tal reforma no tendría cabida dentro un Estado de derecho.
Por otro lado, RN debe elegir al sucesor de Le Pen. Por ahora, nadie duda de que Jordan Bardella, el presidente del partido, es el candidato lógico. Es una figura más agradable para los sectores empresariales ya que no tiene el peso del colaboracionismo y el antisemitismo de Le Pen padre. Bardella también mantiene una posición más liberal que se opone a la visión regulacionista de Le Pen y que supondría el viraje liberal definitivo de RN. Con la aparición y desaparición de Reconquista se puso de relieve que parte del electorado y de los sectores patronales urbanos prefieren una extrema derecha más afín al mercado.
Aun así, Jordan Bardella tampoco se libra de las pesquisas judiciales. Hace unos meses, informábamos de lo siguiente: “El diario francés Libération revelaba, justo antes del proceso judicial de Le Pen, que Bardella, quien fue asesor en el Parlamento Europeo para el Frente Nacional en 2015, cuando era estudiante, cobraba un sueldo de 1.200 euros sin, presuntamente, ejercer la función por la que se le pagaba. Las pruebas que presenta el medio francés son una agenda del año 2015, pero comprada en 2018 por un miembro del equipo del diputado al que era asistente y rellenada por el mismo Bardella”.
Por ello, el 26 de marzo, una asociación anticorrupción francesa denunció a Bardella ante los tribunales por los hechos, cosa que obligará a la fiscalía a investigar si el proceso sigue adelante. Sin Le Pen ni Bardella, Reagrupamiento Nacional debería hacer una reestructuración importante para crear un candidato fuerte en un partido que siempre se ha dejado llevar y gobernar por los personalismos.
En todo caso, dicha sentencia es un soplo de aire fresco para el sector macronista que, con su viraje a la derecha, ve una ventana de oportunidad para quedarse votos de Reagrupamiento Nacional; pero también es una estrategia que puede jugarle en contra.
Recordemos que, en la última disolución de la Asamblea Nacional, Emmanuel Macron pensó que la lucha electoral en segunda vuelta sería entre macronistas y RN en cada circunscripción. Pero la unión de la izquierda le supuso un revés inesperado. Por ello, la debilitación de la extrema derecha puede obstaculizar su marco discursivo de presentarse como un "voto de freno" frente a esta. Si en 2027 la segunda vuelta acaba siendo entre Jean-Luc Mélenchon –que ya anticipa su última candidatura– y el sucesor de Macron –sea quien sea–, será mucho más difícil predecir el resultado de las presidenciales.
Aunque a Le Pen le quedan vías de recurso, salvo elemento extraordinario, ni la apelación ni la casación parece que vayan a quitarle el peso de estar condenada por malas prácticas en su partido y de no poder presentarse en 2027.
En su veredicto, la magistrada presidenta recordó “que las cosas queden claras: nadie está siendo juzgado por hacer política, ese no es el tema. La cuestión era saber si los contratos fueron ejecutados o no”. En todo caso, ahora toca esperar cómo la extrema derecha instrumentalizará esta sentencia para atacar al Estado de derecho.
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