Las FARC: ¿De guerrilla revolucionaria a un partido del común?

Colombia es un país que ha sido marcado por diferentes conflictos armados a lo largo de su vida republicana. Desde las disputas regionales a principios del siglo XIX entre el modelo centralista y federalista, pasando por las disputas partidistas entre los partidos liberal y conservador hasta entrado el siglo XX y finalmente un conflicto armado (con matices de guerra civil) entre las insurgencias comunistas, grupos paramilitares de extrema derecha y las fuerzas institucionales.

En tal proceso de conflicto armado y social, destacó las Fuerzas Armadas Revoluciona de Colombia– Ejército del Pueblo (FARC-EP) que surgen como una respuesta popular y campesina, guiadas por el Partico Comunista Colombiano, frente a las restricciones políticas y sociales del bipartidismo de mitad de siglo XX y la dinámica política de la guerra fría.

En tal sentido, este artículo plantea un panorama sobre la actual situación de los excombatientes de las FARC-EP, ahora en partido político como la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) tras cuatro años de la firma del Acuerdo Final. El actual contexto de nuevo partido político y la implementación de lo acordado ha sido marcada por la derrota de plebiscito que pretendía refrendar el Acuerdo y la victoria de un candidato de derecha que se opone a la implementación de lo pactado.

En este contexto se han presentado una serie de asesinatos contra los miembros del partido FARC, que recuerdan al “genocidio político” que sufrió la Unión Patriótica (también brazo político de las FARC-EP y el Partido Comunista) durante la década de los 1980 y 1990. Así mismo, las autoridades colombianas han emprendido una cacería de brujas para torpedear los liderazgos del nuevo partido (con procesos judiciales sin pruebas) y los aportes al sistema de justicia transicional.

De la toma del poder a la negociación

Si se le preguntara en 1998 a cualquier persona en la calle de una ciudad o pueblo en Colombia sobre la posibilidad de una victoria militar de las FARC-EP o una salida negociada al conflicto armado, muy poco o casi nadie vería posible la segunda opción. Según Isaza y Campos (2008) las tropas que llegaron a conformar esta guerrilla para inicios del siglo pasado alcanzaban la cifra de 16.000 insurgentes; una cifra significativa si la comparamos con los 160.000 miembros activos de las fuerzas militares colombianas para esa época.

Y si bien las FARC-EP se han caracterizado, y así lo destaca la opinión pública y los expertos, por una unidad de mando que ha prevalecido en el tiempo (tan solo en 2008 murió de causas naturales su jefe máximo Alias Manuel Marulanda), una solidez como estructura insurgente (sin fracturas, salvo un caso menos a mediados de la década de 1980) y una transformación ideológica constante a lo largo del tiempo.

La lenta expansión territorial de las FARC, desde el bombardeo de “Marquetalia” en 1964 hasta la VII Conferencia Guerrillera en 1982 no significó una amenaza para los poderes locales y menos nacionales. Esta marginalidad inicial de la guerrilla se debió a dos aspectos, principalmente, por un lado la dependencia política frente a la dirección que le dio el Partido Comunista Colombiano (PCC) a la opción armada, en clave de una “combinación de todas las formas de lucha”. Y por otro lado, la misma dinámica de las FARC como una “autodefensa campesina” como una estructura pequeña y fija en zonas con apoyo social.

Gráfico 1. Evolución de los Frentes de las FARC (1964-1998)

Sin embargo, a partir de esta conferencia (1982), la dinámica del conflicto armado en Colombia comienza una escalada que se prolongaría hasta la segunda década de este siglo. El cambio que implica la VII Conferencia, estuvo encaminado a pasar de una “guerra de guerrillas” a una “guerra de movimientos” que les posibilitará la toma del poder; lo cual se sustentaba –en gran medida- en el Programa Agrario formulado ya en 1964.

El desdoblamiento de las unidades militares (incluyendo las urbanas) a lo largo de territorio nacional implicó disputas con otras agrupaciones insurgentes (como el ELN, el EPL o el M19) y una paulatina respuesta paramilitar por parte de ciertos grupos económicos en ciertas regiones del país. A la par que se daba tal expansión, se generaron los primeros espacios de negociación durante el gobierno de Belisario Betancour (1982-1986).

La falta de una madurez política de las partes, agendas irreconciliables y una falta de apoyó nacional dejó como saldo el fortalecimiento de la insurgencia, la creación de un partido político (brazo político de las FARC-EP) como la Unión Patriótica (UP) y la constitución de proyectos paramilitares financiados por el dinero del narcotráfico y de ciertos sectores económicos.

El lastre del bipartidismo en Colombia, entre el partido Liberal y el Conservador, que marcó casi un siglo de luchas políticas y armadas por el control institucional se “saldo” con el Frente Nacional (1958-1974); que implicó la alternancia de la presidencia cada cuatro años (durante 4 periodos) dejando a un lado al resto de opciones electorales. Ya para la década de 1980, la debilidad institucional –plagada de corrupción- y el autoritarismo derivado de las constantes interrupciones democráticas por vía de “Estados de Excepción” y poco control a las Fuerzas Militares hacía de las negociaciones con la insurgencia una “traición a la patria”.

En esta década, además de la consolidación de los diferentes procesos guerrilleros (que tuvieron un punto de encuentro en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, tema de un próximo artículo), los carteles del narcotráfico (como se comentó en un anterior artículo) tuvieron su auge; en parte por la debilidad –sino complicidad- de parte del aparato institucional. Ambos elementos hicieron aún más difícil la actuación del Estado colombiano.

La apuesta por una renovación institucional y social por vía de la Asamblea Nacional Constituyente en 1990, no generó los cambios esperado durante esa década de fin de siglo. Sino por el contrario se generó una escalada bélica sin precedente en la que las FARC-EP cometieron ataques contra unidades militares e infraestructura civil, secuestros sin distinción y una imagen de tener la capacidad militar para lograr “una victoria revolucionaria”.

Pero no basta con una –aparente- capacidad militar para lograr una victoria revolucionaria, y tanto los procesos latinoamericanos como de otros lugares dan cuenta de ello. Y las contadas victorias militares de las FARC-EP, como la toma a Mitú (capital departamental) fueron en sus zonas de control histórico y no es puntos claves del centro del país.

Tras el fracaso de las negociaciones en la zona de despeje de “El Caguán” entre 1998 y 2001, las fuerzas militares colombianas (con el financiamiento del Plan Colombia) comenzaron una restructuración y modernización que permitió asestar duros golpes contra los mandos medios e incluso con la cúpula mayor.

Esta renovación militar y el agotamiento de los partidos políticos tradicionales (el Partido Conservador y el Partido Liberal), permitieron al exgobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez lograr una histórica victoria electoral (como el primer candidato independiente). Este hijo de un comerciante y ganadero que fue escalando en dos décadas los diferentes peldaños de la función pública desde las Empresas Públicas de Medellín, pasando por la AeroCivil (agencia reguladora del transporte aéreo), Alcaldía de Medellín (por 5 meses), concejal de Medellín, Senador (1986-1994) y finalmente gobernador de Antioquia (1995-1997).

La “Seguridad Democrática” fue la bandera de gobierno Uribe (2002-2010) frente al narcotráfico y el terrorismo, las cuales tenían conexión con FARC-EP. Este nuevo rumbo en materia de defensa fue respaldado por una parte importante de la opinión pública, de gremios, políticos e incluso de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que reunía los diferentes bloques paramilitares bajo el mando de Carlos Castaño.

En palabras de diferentes exjefes paramilitares, de procesos judiciales e investigaciones científicas se ha dado cuenta de la conexión entre ciertos grupos económicos y el paramilitarismo de las décadas de 1990 y 2002. Esta vinculación permitió a los grupos paramilitares recuperar diferentes zonas del país (Urabá, Magdalena Medio, Catatumbo, por ejemplo) por medio de incursiones violentas (marcadas por las masacres, la violencia sexual y el desplazamiento forzado), y la consolidación de apoyos parlamentarios en lo que se conoció como Parapolítica.

Al final del segundo periodo presidencial, Álvaro Uribe había transformar el balance de fuerzas frente a la insurgencia, lo cual fue aprovechado por Juan Manuel Santos (exministro de Defensa en el gobierno Uribe) para buscar en su presidencia –como heredero del Uribismo- una solución política al conflicto armado. La promulgación de la ley 1448/2011 (o Ley de Víctimas) y la instalación de la fase pública de las negociaciones generaron una ruptura con el expresidente.

Tras 4 años de negociaciones a finales de 2016, se firmó el “Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera” entre el Estado Colombiano y la guerrilla más antigua del hemisferio. Sin embargo, desde el mismo inicio de las negociaciones el proceso ha tenido que sortear una serie de dificultades (algo normal en estos procesos) pero el fracaso en el Plebiscito que pretendía refrendar los acuerdos por un puñado de votos y la victoria de partido político de Álvaro Uribe ha puesto entre dicho el proceso de implementación.

Para ampliar: Los últimos días de las FARC

Del sueño de Marulanda a la segunda Marquetalia

A pesar de la unidad de liderazgo y de estructura que caracterizó a las FARC-EP durante su larga historia, los cierto es que el proceso de negociación comenzó a generar fracturar y disputas en la cúpula. La primera ruptura estuvo dada por el Frente Primero al mando de Alias “Gentil Duarte” que hacía parte del Bloque Oriental (el más gran e importante), que se ha ido expandiendo por el oriente y el sur del país.

La X Conferencia Guerrillera significó el último encuentro insurgente, a lo cual se suma el amplio cubrimiento que se hizo a nivel internacional como si fuera un festival cultural o un espectáculo deportivo. A partir de esta Conferencia, que daban el visto bueno a lo Acordado en La Habana, se planteaba la constitución de un nuevo partido político para participar de la lucha electoral en la legalidad.

Sin embargo la constitución del nuevo partido puso –nuevamente- en entre dicho la unidad de la organización, ahora entre Alias Timochenko y Alias Iván Márquez (jefe del equipo negociador en La Habana). Desde disputas por el nombre, el contenido del programa político e incluso de los mecanismos de participación democrática (algo nuevo para una organización militar) generó resentimientos entre los líderes históricos.

Resentimientos que se han ido “resolviendo” a favor de Timochenko quien ha tomado las riendas de la organización política, y desde principios de 2020 ha ido depurando el Partido. La expulsión de ciertos líderes y la convocatoria a una Segunda Asamblea (a principios de 2021), le permitió tomar control pleno de la organización al punto de cambiar de nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (nombre dado por Iván Márquez y su grupo) a Comunes.

Pero si las luchas internas no fueran suficientes, la situación puertas afuera no era nada favorable. Por un lado, la dinámica de acelerar las negociaciones dejo sin desarrollar diferentes puntos sobre todo aquellos relacionados con las garantías para la implementación y la seguridad de los excombatientes.

El proceso de Desarme, Desmovilización y Reincorporación (DDR) fue presentado como un éxito internacional por el porcentaje de guerrilleros y armadas registradas por la misión de verificación de la Naciones Unidas y lo breve que fue. En 180 días, se desmovilizaron 13.202 guerrilleros que entregaron 8.994 armas a lo largo y ancho del país en 23 Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN) y en los 19 Puntos Transitorios de Normalización (PTN) en línea con el punto 3 del Acuerdo Final.

A diciembre de 2019, tan solo 2.969 excombatientes permanecen en los 24 Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación (antiguas ZVTN) según la Agencia Nacional de Reincorporación –ARN (entidad encargada). Los otros 9.222 excombatientes se encuentran en otros espacios de reincorporación (alrededor de 70) en tres departamentos y un número significativo está en ciudades capitales.

Gráfico 2. ETCR y Presencia de Disidencias

A partir del proceso de desmovilización y desarme, en noviembre de 2019, han sido asesinados 254 excombatientes (al 31 de enero de 2021). Tan solo en 2020 fueron asesinados 64 excombatientes, la mayoría de los atentados contra la vida de los firmantes se han dado en los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia y Caquetá; departamentos con mayor número de caso de homicidio contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, y con importante presencia de disidencia y otros grupos armados ilegales (gráfico 1).  

Hay casos tan significativos como el asesinato de Dimar Torres asesinado el 22 de abril de 2019 por el cabo segundo Gómez de Batallón de Operaciones Terrestre que opera en el municipio de Convención, en el departamento de Norte de Santander. Este asesinato resalta, además de ser ejecutado por un miembro activo del Ejército, por el “proceso de investigación” que realizaron miembros de la fuerza pública para vincular al excombatiente de las FARC-EP con un reciente asesinato de un miembro del Batallón.

Según el Cabo Segundo Gómez, siguiendo las instrucciones de su superior se realizó un puesto de control por el cual pasaría Dimar Torres y en el que se generó el asesinato del excombatiente. Pero no siendo suficiente, los militares intentaron esconder el cuerpo en una fosa común antes de ser sorprendidos por la comunidad de la Vereda Campo Alegre. El hecho se hizo público y a la fecha el cabo segundo Gómez ha sido condenado a 20 años de prisión, y el Coronel Pérez Amezquita (superior de Gómez) destituido e inhabilitado por 20 años.

Gráfico 3. Asesinato de Excombatientes de las FARC-EP

Según el Instituto Krock en su cuarto informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, a finales de 2019 se ha logrado cumplir tan solo con el 14% de acción frete a las garantías de seguridad y 56% frente al proceso de reincorporación sociopolítica de las FARC-EP a la vida civil. Vale destacar que la antigua guerrilla participó como partido político en 2018 para las elecciones de Cámara y Senado (Cámara baja y alta), y en 2019 en las elecciones locales y departamentales.

Para ampliar: Colombia, emerge el paramiliatarismo

En 2018, el partido FARC logró 10 curules según lo acordado en La Habana, pero con una votación muy inferior a la que requeriría un candidato ordinario. Sin embargo, esto es entendible en el marco de los acuerdos de participación política propio de los procesos de negociación.

Para 2019, el panorama estuvo marcado por una participación sin cuotas previas por lo cual la FARC presentó 301 candidatos, en 23 departamentos, de los cuales 59 fueron en coalición. En varios casos los candidatos tuvieron dificultades para ejercer sus derechos políticos por amenazas e inseguridad. Sin embargo, el partido FARC logró una alcaldía en Guapí (al Suroriente del país) y por medio de coaliciones en Turbaco (al norte del país), y en Puerto Caicedo (al suroccidente del país).

Sin embargo, con estos avances y retrocesos (más de lo segundo), la fractura de la FARC como proyecto político fue marcado el 29 de agosto de 2019 cuando el exjefe negociado Iván Márquez junto a otros jefes guerrilleros vestidos de camuflado y armas proclamó el manifiesto de la Segunda Marquetalia.

Los argumentos de Iván Márquez y sus aliados para alzarse nuevamente en armas están fundados en los incumplimientos del Estado Colombiano a la implementación del Acuerdo de Paz, entre ellos el proceso judicial contra “Jesús Santrich” por supuestamente seguir delinquiendo tras la firma del acuerdo. La forma en que se reconstituyeron estas disidencias (autodenominadas La Segunda Marquetalia) quedó relatado en un extenso texto narrativo que deja ver los quiebres con Timochenko aún antes de la X Conferencia y la fuga de Santrich ante la posibilidad de un atentado en su contra.

Las acciones militares de la Segunda Marquetalia son aún aisladas y de bajo impacto, además en muchas regiones no se tiene claridad sobre quienes están actuando realmente. La atomización de los grupos armados (incluso su canibalismo) y las acciones de “falsa bandera” hace más opaco el panorama de la insurgencia cada vez más aislada políticamente.

En esta disputa por territorios y sus rentas (minería, maderas, dineros públicos y narcotráfico) está la extensa frontera con Venezuela, en dónde se estima que diferentes grupos armados tiene nexos con ciertos agentes del Estado. Vale destacar el artículo de Néstor Prieto, sobre “La retórica del narcoestado y el COVID-19 tensa Venezuela” y el papel fundamental que tiene el Cartel de los Soles en la conexión de la Segunda Marquetalia y Caracas.

Panorama de incertidumbre pero con posibilidades

El panorama para 2021 frente a la FARC, frente a sus opciones electorales como partido político, al proceso de reincorporación de los excombatientes y a los dos grupos de disidencias (aquellas encabezadas por Gentil Duarte y las de Iván Márquez) no es muy alentador en al menos tres puntos, a pesar de que hay elementos positivos.

Por un lado, muchos de los excombatientes se han visto afectados por las dificultades y lentitud del proceso de implementación del acuerdo en lo que corresponde a la reincorporación y por el impacto de la pandemia en muchos de sus proyectos productivos. Así mismo las constantes amenazas en terreno y los asesinatos (dos ya en este año) ponen en riesgo sus derechos individuales y colectivos.

Sin embargo, existe una opinión cada vez más favorable sobre el proceso de reincorporación de los exguerrilleros y la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (tema de un próximo artículo) que tienen un gran impacto social, más allá de las víctimas y los excombatientes.

En un segundo momento, las fisuras internas del partido FARC ha generado la salida de varios exjefes guerrilleros de la colectividad como parte de la “limpieza” y captura de la colectividad por parte de Timochenko y sus aliados que han renombrado el partido como “Comunes”. En este caso, hay una luz de esperanza para el partido en cuanto las elecciones locales de 2019 generaron un panorama favorable para la centro-izquierda y las alianzas interpartidistas.

Sin embargo, dependen de figuras políticas como Gustavo Petro o de alianzas con otros centros para ampliar la bancada de izquierda más que por propios méritos en un crecimiento político. Además los avances en la Jurisdicción Espacial para la Paz (JEP) frente a ciertos congresistas podría afectar la continuidad en el parlamento al ser condenados (al menos en el Caso 001 por Secuestro).

Finalmente, el último punto y el más preocupante es el tratamiento de las disidencias que no tienen un proyecto político sólido, una jerarquía como la antigua guerrilla y por el contrario tienen acciones incluso de confrontación entre ambos grupos. La posibilidad de una nueva negociación está lejos de ser considerada y nuevamente el aparato militar institucional no lograr una desarticulación integral de dichos grupos armados ilegales.

Situación que se complejiza con los otros grupos armados como el ELN y los grupos paramilitares, vinculados en su mayoría al negocio del narcotráfico. Dicha dinámica de conflicto de baja intensidad dificulta la consolidación institucional y reformas propuestas por el Acuerdo de Paz, y pone en riesgo la vida y los proyectos de líderes y organizaciones de base.