El nuevo gobierno uruguayo aprueba en tiempo record y por vía extraordinaria la Ley de Urgente Consideración (LUC). Esta Ley, de casi 500 artículos, condensa las promesas electorales del presidente Lacalle Pou y pone fin a las principales políticas implementadas durante los quince años de gobierno del Frente Amplio (FA).
Una ley para enmendar tres lustros
Polémica tanto en fondo como en formas, la LUC afecta hasta 30 leyes en vigor. Con su aprobación la coalición multicolor (alianza de la derecha uruguaya en el gobierno que agrupa derecha liberal como Lacalle Pou hasta sectores ultraconservadores) enmendaría en una sola jugada el conjunto de políticas aplicadas durante los mandatos del Frente Amplio (FA), quienes ostentaron el gobierno de la nación desde 2005.
La ley ha salido adelante gracias al cambio de fuerzas de las elecciones generales del 27 de octubre de 2019, donde el FA perdió su mayoría en Congreso y Senado frente a la nueva “Coalición multicolor”, que agrupa a los partidos de derecha y centro-derecha uruguaya (Partido Nacional –del presidente Lacalle Pou-, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente). Una coalición débil y con importantes tensiones en su seno que pudo materializarse gracias a una causa común mayor, posibilitar la salida del Frente Amplio y acabar con sus políticas. Algo posible gracias a la mayoría en ambas cámaras, 56 de 99 diputados en el Congreso y 17 de 30 senadores.
De hecho, se especula que la posible ruptura a medio-largo plazo haya hecho que la coalición acelere y concentre sus promesas electorales en la LUC, dejando notablemente más despejado el horizonte de la legislatura ante futuras posibles crisis de gobierno.
El contenido de la LUC, tremendamente amplio, abarca multitud de campos dispares como educación, seguridad, vivienda, políticas de empleo, medioambiente, legislación civil, etc. Además, el ejecutivo que dirige Lacalle Pou no quiso dilatar su aprobación y presentó, tan pronto como ocupó la presidencia, el proyecto de Ley por vía de urgencia. Esta figura extraordinaria permite acelerar el debate parlamentario para la aprobación de leyes de forma exprés en un máximo de 90 días.
Pese a la oposición frontal del FA a la LUC, lo apretado del trámite de urgencia hizo que la coalición de izquierdas se sumase a un frenético calendario de debate en Congreso y Senado, tras el cual la ley se ha reducido de los 501 artículos iniciales a 475. Si bien entre esos cambios destaca la retirada de algunos puntos especialmente polémicos, puede afirmarse que no se ha alterado en esencia el espíritu del texto.
Esta “super-ley” traerá consigo cambios en múltiples facetas de la sociedad y la economía uruguayas. Entre los elementos más destacados de la LUC cabe citar: desaloja a inquilinos en un plazo de 30 días frente a los actuales 6 meses o un año; elimina la obligación de cobro del sueldo a través del sistema financiero, permitiendo el pago físico; cambia la fiscalidad del Estado; fomenta la educación privada y modifica la estructura educativa del país; prohíbe las ocupaciones de lugares de trabajo durante las huelgas, práctica habitual en Uruguay durante los piquetes; abre la puerta a privatización de empresas públicas; “jerarquiza” la figura del policía aumentando sus facultades en el ámbito de la seguridad ciudadana, y un largo etcétera hasta completar la decena de ámbitos temáticos que tiene la versión final de la ley.
La aprobación de la LUC podría ser el detonante de la respuesta social contra el gobierno derechista de Lacalle Pou.
Si bien la coalición multicolor, la patronal y sectores agrarios celebran la LUC como un avance “necesario” para Uruguay, desde el Frente Amplio, sindicatos y organizaciones sociales se denuncia el carácter “antidemocrático” de la medida y anuncian movilizaciones para frenarla. La profundidad de estas medidas, que no sólo afecta al programa de gobierno del FA sino también al mundo del trabajo, abre la puerta a una escalada de protestas.
Especialmente duro con la LUC se ha mostrado el Plenario Intersindical de Trabajadores -Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), la central sindical de Uruguay que agrupa la práctica totalidad de sindicatos del país. En materia laboral Lacalle Pou camina hacia una liberalización del mercado de trabajo bajo el mantra de la “modernización y flexibilización”, algo que desde el PIT-CNT consideran un ataque a los sindicatos, reduciendo su influencia y “favoreciendo al empresario”.
Todo ello motivó que se activara la maquinaria sindical y en las últimas semanas se hayan realizado varias acciones denunciando la LUC y dejando entrever la posibilidad de convocar grandes movilizaciones. Suena el runrún de un posible “Paro General” que por el momento no parece materializarse.
Por otra parte, organizaciones sociales denuncian que, detrás de la “jerarquización” de la policía que introduce la LUC, se esconde la arbitrariedad en sus actuaciones y la restricción del derecho de protesta, lo que les ha llevado a pedir a las fuerzas políticas el voto en contra durante el debate parlamentario.
Con este escenario, fértil para la movilización social, falta que mueva ficha el FA, quien mantiene una postura ambigua sobre si llenar las calles o dar la batalla por vía parlamentaria y judicial a la agenda liberal de Lacalle Pou. Lo cierto es que la coalición de izquierdas -una decena de partidos y corrientes de distinto peso- sigue golpeada por la derrota electoral de octubre, cuando perdió las mayorías en Congreso y Senado, para poco después hacerlo con la presidencia del país. Esta debacle avivó las tensiones internas y no se saldó con dimisiones o renovación en sus órganos directivos.
La vehemencia y rapidez con la que el nuevo gobierno ha anunciado cambios, ha redoblado la presión de movimientos sociales y los sectores de izquierda para que el FA se posicione como alternativa de gobierno dirigiendo la movilización social. También es recurrente el debate sobre el liderazgo del partido, sin figuras especialmente carismáticas que se contrapongan a Lacalle Pou, quien venció en segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2019 por un ajustadísimo 50,8% frente al 49.2% del FA.
No obstante, el FA se resiste a abandonar la institucionalidad donde se ha instalado tras quince años en el poder y, aunque llama a la “movilización” en las calles, no pretende que estas sean sostenidas en el tiempo para tumbar al gobierno. Los sectores más moderados de la coalición se niegan a apostar por una movilización que pudiese perturbar Uruguay.
La dicotomía es simple, articularse como alternativa de gobierno desde una órbita institucional de lealtad al Estado y sin alterar el país con protestas sociales o, por el contrario, capitalizarlas y combinar la acción parlamentaria con la “calle”.
El FA participó en el debate parlamentario de la LUC bajo la premisa de que esta “ocasione el menor daño posible”. Una vez aprobada la ley sin que hayan conseguido grandes cambios, surge la duda sobre si alterará su estrategia, aunque por el momento la dirección parece centrar sus esfuerzos en las elecciones departamentales y municipales de septiembre para frenar la crisis interna.
En cualquier caso, parece seguro que los resultados de la cita electoral no modificará la agenda conservadora de Lacalle Pou y el Partido Nacional, quienes han hecho del “cambio total” su bandera. El FA, preso de sus propias contradicciones, tiene en su mano dirigir la oposición desde las calles o desde el parlamento.
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