Haití: crisis humanitaria y sus consecuencias geopolíticas

Barbecue, con la cara descubierta, líder de la pandilla G9. Fuente: AP

El país caribeño Haití vive uno de los momentos más críticos del siglo XXI. Tanto el panorama político como el económico y social es desolador. El 7 julio de 2021 fue asesinado por un comando armado el presidente Jovenel Moise. Fueron detenidos y encarcelados 40 personas (entre ellos se encuentran 18 colombianos) que todavía están a espera de juicio. Solo un mes después, en agosto de 2021 un terremoto sacudió el suroeste del país provocando 2.200 muertes y numerosas pérdidas económicas que fueron paliadas por la ayuda económica exterior. En enero de 2022, el primer ministro Ariel Henry fue víctima de un atentado del que salió indemne. La situación política no ha sido desbloqueada por el gobierno, no hay indicios de la convocatoria de las elecciones presidenciales que deben hacerse este año.

Para colmo, desde el verano de 2022 la situación interna del país caribeño no ha hecho más que empeorar. El país vive una auténtica catástrofe humanitaria. La violencia política y callejera ha ido en constante ascenso. Entre el 8 y 17 de julio de este año, 471 personas fueron asesinadas, resultaron heridas o desaparecidas, además de que 3.000 personas perdieron su hogar. La inestabilidad ha desembocado en una censura política: según la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) en el año 2022 fueron asesinados siete periodistas haitianos. Los periodistas, que viven un clima de terror y carencia de libertad de expresión que se ha acrecentado en los últimos meses, son víctimas de secuestros, ataques mortales o extorsiones, sobre todo provenientes de pandillas.

La capital es una de las zonas que más sufre la violencia de las pandillas. Las bandas 400 Mawozo y Chen Mechan operan en el interior de Puerto Príncipe, mientras que bandas como Gran Ravinn, G9, 5 seggon o G-Pep realizan sus actividades criminales en zonas cercanas a la costa. Los policías, que cuentan con pocos medios y pésimas condiciones de trabajo, narran los enfrentamientos contra las bandas como auténticas batallas de guerra. Las pandillas controlan gran parte de los centros urbanos, y el Estado haitiano se ve incapaz de hacerles frente. Por un lado, la falta de medios es evidente pero se ha de señalar que las élites político-económicas del país mantienen vínculos directos con ellas. Las pandillas, no son meros grupos de delincuentes, están politizadas. Tradicionalmente G9 tiene el respaldo (indirecto) del gobierno mientras que G-pep representa a parte de la oposición.

Las pandillas tienen armas de guerra, que han llegado a superar a la tecnología militar que poseen las Fuerzas Armadas haitianas. En zonas donde las pandillas tienen poder e influencia el Estado no tiene capacidad de gobernar, se impone así la «ley» de las bandas, que resulta ser arbitraria y caótica. El 3 de agosto de 2022 la Polícia Nacional de Haití (PNH) mató a uno de los referentes de la banda 400 Mawozo llamado Kòlèg, autor del secuestro de 16 misioneros estadounidenses y un canadiense, entre otros crímenes. No obstante la situación ha cambiado, la pandilla G9 tomó el puerto de Puerto Príncipe y la principal terminal de combustible Verroux. El país se encuentra totalmente bloqueado, ya que las autoridades están en pugna por la recuperación de estos sectores estratégicos, en manos de grupos criminales. Las bandas establecen poderes paralelos al gobierno, impiden la llegada de importaciones y con la toma del control del combustible asfixian y se hacen con parte de la economía nacional. ¿No es esto, de facto, una guerra civil?

La crisis humanitaria es inconmensurable. Los niveles de hambruna son los más altos de los últimos años. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA). Actualmente, hay en Haití 4.7 millones de personas en situación de hambre extrema. En la comuna Cité Soleil, la población sufre de hambre llega hasta el 65%. El pueblo se sustenta en parte por la actuación de organismo internacionales. Este año, en Puerto Príncipe y sus alrededores, el PMA ha alimentado a 100.000 personas. El pueblo haitino no puede hacer frente a la compra de alimentación, ya que se estima que la inflación es de un 33% y en el caso de la gasolina, de un 100%. En octubre se ha detectado una nueva epidemia de cólera, que el país ve difícil manejarlo. Los casos no paran de crecer. El 22 de octubre el Ministerio de Salud de Haití informó la existencia de 1.700 casos sospechosos, la mitad de ellos menores de edad. El sistema de salud no da de sí, la violencia y la inseguridad, junto a la falta de financiación y recursos (existe una gran carencia de agua potable y combustible) ha repercutido en la actividad de los hospitales, cuyas funciones y servicios han disminuido, afectando a la población.

Respuesta y actuación internacional

Ante tal situación, la comunidad internacional está reaccionando. El 15 de julio de 2022 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 2645 en la que prorrogó el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas de Haití (BINUH) hasta el 15 de julio de 2023. Además, pidió a los Estados miembros que prohíban la venta de armas y municiones a agentes y grupos que participasen en los enfrentamientos armados y expresó su intención de tomar medidas (congelación de bienes, prohibición de viajar…) contra los altos miembros de las bandas armadas. A principios de octubre la ONU pidió la implantación de un corredor humanitario en Haití para abastecer el terminal de combustible Varreux, bloqueado por las bandas desde mediados de septiembre. La falta de combustible dificulta enormemente la distribución de servicios básicos para la población y aumenta el brote de cólera, ya que la imposibilidad de transportar bienes de primera necesidad.

Manifestación en Puerto Príncipe contra los planes para la intervención extranjera. Fuente: Odelyn Joseph / AP

El 8 de octubre el Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres envió una carta de suma importancia a la presidencia del Consejo de Seguridad. Repasó el estado deplorable del país caribeño acusando a la élite política haitiana de, supuestamente, apoyar a las bandas para utilizarlas política y electoralmente. Lo destacable de la carta fue lo siguiente: el primer ministro de Haití, con la aprobación del Consejo de Ministro y tras varias reuniones con representantes de asociaciones internacionales que ofrecen ayuda al país, sugirió a la Secretaría de la ONU el despliegue de una fuerza especial internacional en pos de restaurar el orden gubernamental desbloqueado el puerto de Puerto Príncipe y la principal  terminal de combustible. El gobierno consideró la posibilidad de una intervención extranjera en suelo haitiano, siempre y cuando se realizase colaborando con las Fuerzas Armadas haitianas. Propuso dos opciones que implicaría como mínimo la participación de un Estado miembro. La primera, se enviaría una fuerza multinacional de policía que asesorarían a la Policía Nacional de Haití para mejorar sus capacidades tácticas y operativas. La segunda, se enviaría una fuerza especial multinacional, en el que cooperando con la PNH combatiría a las bandas directamente.

El 17 de octubre se debatió en el Consejo de Seguridad la cuestión de la intervención extranjera. La crisis humanitaria de Haití está siendo foco de las disputas de la geopolítica global, reflejo de la puja entre las grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia. La representante de los Estados Unidos Thomas-Greenfield coincidió con la Secretaría de la ONU y propuso una misión de asistencia internacional fuera del marco de las Naciones Unidas (enmarcada en el Capítulo VII de la Carta) que prestaría apoyo a la PNH y la Guardia Costera haitiana. Dicha acción fue propuesta junto a México, con quien también estaba preparando dos proyectos de resoluciones sancionadoras. Además, México estaba cooperando con el gobierno haitiano. De hecho, miembros de las Fuerzas Armadas viajaron a México para recibir adiestramiento por parte de la Guardia Nacional. Irlanda, Kenia, Ghana, Albania, Reino Unido y Francia también apoyaron la intervención. India, Brasil y los Emiratos Árabes Unidos tomaron una postura escéptica.

En el caso de China (país con el que Haití no tiene relaciones diplomáticas por el reconocimiento de Taiwan por parte del Estado caribeño) llamó a tomar en cuenta la posición tanto del gobierno, que lo acusó de falta de legitimidad, como de la oposición, contraria a la intervención extranjera. El representante chino avisó de que la intervención policial-militar podía encontrar resistencia por parte del pueblo haitiano, escenario que empeoraría la situación. Arguyó que no se debía imponer una solución rápida desde el exterior, la comunidad internacional tiene que pensar en una estrategia a largo plazo. El delegado de Rusia fue mucho más beligerante al calificar a los planes de intervención como una «inaceptable injerencia externa» y acusó a Estados Unidos de pretender subordinar a los países del continente.

Mientras tanto, aprovechando el aniversario de la muerte del padre de la patria haitiana Jean-Jacques Dessalines la oposición de Haití convocó manifestaciones para repudiar los planes para la intervención extranjera promovidas por el primer ministro y la ONU. Las protestas más numerosas y trascendentales se vivieron en la capital, donde se han vivido enfrentamientos armados en el que la policía ha usado gas lacrimógeno. Los manifestantes han mostrado simbología antiestadounidense y es interesante señalar que algunos de ellos han mostrado banderas rusas, solicitando a Rusia que ejecutase la intervención.

Poco después, el 21 de octubre de 2022, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la Resolución 2653 (reforzó la Resolución del 15 de julio), implantando un régimen de sanciones. Ordenó a todos los Estados aplicar estas medidas para las personas sancionadas: prohibición de viajar, embargo de armas y congelación de bienes. Tal como podemos leer en el apartado 16-a, las personas sancionaban deben cumplir estas condiciones: «Participar, directa o indirectamente, en actividades delictivas y actos de violencia en los que estén involucrados grupos armados y redes delictivas que promuevan la violencia, como el reclutamiento forzoso de niños por esos grupos y redes, los secuestros, la trata de personas y el tráfico de migrantes, y los homicidios y la violencia sexual y de género, o prestarles apoyo». Dicha resolución señaló directamente a Jimmy Cherizier (Barbecue) líder de la banda G-9 y Familia, uno de los más poderosos y sanguinarios del país.

En este contexto, es importante el papel de República Dominicana, país fronterizo y con quien comparte isla. Dicho país recibe miles de inmigrantes haitianos cada año, ya que sus medidores económicos y sociales son, con diferencia, mucho mejores.  En el discurso de la Asamblea General de las Naciones del 21 de septiembre, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Dominicana, Álvarez Gil, manifestó que Haití se encontraba en peor situación que en el terremoto de 2010. El representante domiciano llamó a incrementar la ayuda internacional. A raíz del incremento de violencia y posible intervención extranjera en el país vecino, la República Dominicana adquirió un equipo militar considerable: 6 helicópteros, 10 aeronaves, 21 vehículos blindados y cuatro camiones antidisturbios. El presidente anunció que habría la posibilidad de cerrar la frontera, algo que sería perjudicial para ambos países, ya que las relaciones comerciales se paralizarían. Gil fue invitado a la reunión del Consejo de Seguridad del 17 de octubre, apoyando las pretensiones de Estados Unidos y México para intervenir militarmente en Haití. También apoyó el régimen de sanciones que la Resolución 2653 impuso.

Un puesto de control policial en Port-au-Prince, Haití, en un área controlada por la pandilla 400 Mawozo. Fuente: Adriana Zehbrauskas / The New York Times

A día de hoy no se han realizado muchos avances en la cuestión de la intervención. El 27 de octubre Justin Trudeau, primer ministro de Canadá y Antony Blinken, Secretario de Estado de Estados Unidos, se reunieron para abordar el tema, pero ninguna de las partes se comprometió a liderar dicha acción. Días más tarde Blinken propuso a su homólogo chino Wang Yi la necesidad de una acción coordinada en suelo haitiano. No obstante, China sigue, por ahora, rechazando una intervención. Estados Unidos y Canadá sancionaron a dos altos cargos de Haití, el presidente del Senado Joseph Lambert y el exsenador y político Youri Latortue, quienes valiéndose de sus responsabilidades y posiciones colaboraron junto a bandas criminales para traficar con drogas. Sus bienes fueron embargados y tienen prohibida la entrada en ambos países norteamericanos.

La situación sanitaria sigue deteriorándose y el 5 de noviembre el Ministerio de Salud informó el fallecimiento de 97 personas por  la epidemia del cólera. Ante tal situación, la Unión Europea ha destinado 990.000 $ para hacer frente a dicha emergencia sanitaria. Ahora bien, parece que el Gobierno de Haití ha realizado ciertos avances en la lucha contra las pandillas. El 3 de noviembre, la Policía Nacional de Haití tomó parte de la central petrolera de Varreux. El lunes 7 de noviembre empezaría la distribución de combustible, ya que la ofensiva del gobierno ha hecho que el pandillero Barbecue levantase el bloqueo del terminal Varreux. Puede que los haitianos vean la luz al final del túnel.


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