Primera parte – Segunda parte
Si en una primera parte se hacia una aproximación sobre la nueva Ruta de la Seda, este artículo se centra en los problemas y desafíos de la misma. La iniciativa de Xi Jinping abarca casi la totalidad del planeta -con proyectos planeados o completados en Asia, África, Europa y, en menor medida, Oceanía y América- lo que provoca que no quede exenta de dificultades, como los movimientos armados, la inestabilidad política o las críticas internacionales, a los que el Partido Comunista Chino deberá hacer frente.
Grupos armados
“Presidente Xi Jinping, todavía estas a tiempo de abandonar Baluchistán o serás testigo de una represalia de los hijos e hijas baluches que jamás olvidarás”. Este fue el mensaje que un comandante del Ejército de Liberación Baluche envió al mandatario chino una semana después de asaltar un hotel de lujo en Gwadar, Pakistán. El atentado, que dejó un saldo de ocho muertos, tenía un objetivo claro: atacar la ciudad considerada como centro de operaciones del Corredor Económico China-Pakistán (CECP), el proyecto más importante de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.
Precisamente, desde su puesta en marcha, el CECP se ha convertido en principal objetivo de ataques de los grupos paramilitares que operan en suelo pakistaní. Esto se debe, principalmente, por dos motivos: por un lado, gran parte de los proyectos del CECP -como el puerto de aguas profundas de Gwadar- se ubican en Baluchistán, una región al suroeste del país con un profundo odio hacia Islamabad y una alta presencia de movimientos armados independentistas. El Ejército de Liberación Baluche (ELB) o el Frente de Liberación Baluche (FLB), por ejemplo, consideran que China ha forjado una alianza con Pakistán para robar los recursos de sus tierras. Asimismo, denuncian que el CECP no cuenta con el beneplácito del pueblo baluche y amenazan con que “se derrumbará estrepitosamente”. En 2018, Allah Nazar Baloch, líder del FBL, mandó una carta al embajador Yao Jing avisando que los nacionales chinos pasarían a ser ‘objetivos legítimos’ y que nadie podría protegerlos. Por otro lado, grupos islamistas pakistaníes como Tehrik-i-Taliban Pakistán (TTP) ven a Pekín como una amenaza del islam a batir debido al supuesto maltrato que sufre la minoría étnica uigur en Xinjiang, además de considerar como enemigos a todos los Estados no musulmanes aliados con Islamabad.
A sabiendas de la importancia de su cooperación con China, el Secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Syed Tariq Fatemi, anunció en 2016 la creación de una fuerza especial compuesta por 10.000 soldados para defender los proyectos y los trabajadores chinos. A este contingente, tras los ataques al hotel de Gwadar, se le sumó otra unidad de 9.000 militares del ejército pakistaní y 6.000 miembros de fuerzas paramilitares. A pesar de las fuertes medidas de seguridad, se han organizado numerosos atentados contra objetivos chinos en los últimos años. Por ejemplo, en agosto de 2018 un combatiente del ELB se inmoló contra un bus que transportaba ingenieros procedentes del gigante asiático y en noviembre del mismo año el consulado chino de Karachi fue asaltado también por militantes del ELB.
No obstante, la violencia no solo es una amenaza en Pakistán. Según el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET), el 97,3% de las 10.600 víctimas que provocaron los atentados en todo el mundo se produjeron en Asia Central, Sur de Asia, África y Oriente Medio, las regiones con más presencia de proyectos del BRI. Sin ir más lejos, en la provincia occidental china de Xinjiang, existen grupos islamistas como la Organización para la Liberación del Turquestán Oriental o el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental que abogan por el uso de la violencia para conseguir la independencia. En este contexto, las autoridades chinas han adoptado estrictas medidas de seguridad para erradicar la violencia. Así, desde 2014, las fuerzas de seguridad han arrestado a más de 13.000 personas acusadas de terrorismo, conforme fuentes oficiales, pero numerosas organizaciones denuncian que gran parte son detenciones arbitrarias.
Mantener el control y la seguridad de Xinjiang es de vital importancia para el Partido Comunista Chino debido, principalmente, a que es una de las regiones más importantes en cuanto a su implicación geoestratégica y su gran valor dentro de la Ruta de la Seda. La región autónoma Uigur de Xinjiang dispone de una frontera terrestre de 5.000 kilómetros compartida con ocho países – India, Pakistán, Afganistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán, Rusia y Mongolia-, convirtiéndola en punto de unión del mercado chino con las economías de Asia Central y Europa a través de los corredores. Xinjiang también alberga importantes proyectos energéticos, como una planta de gas licuado o una reserva de petróleo, y es puerta de entrada de los principales oleoductos y gaseoductos que alimentan las necesidades energéticas chinas. Asimismo, posee el 25% de las reservas de crudo y gas del país, así como grandes yacimientos de tierras raras, oro, cobre o piedras preciosas.
En resumen, los grupos armados, la violencia y la inestabilidad -social o política- se presentan como uno de los obstáculos a superar por el gigante asiático para que la Iniciativa de la Franja y la Ruta fructifique satisfactoriamente.
Críticas
El gobierno chino ha defendido en repetidas ocasiones que la nueva Ruta de la Seda promueve el crecimiento económico mutuo basado en la teoría de ganar-ganar y el desarrollo sostenible. No obstante, la iniciativa ha generado mucha controversia y ha recibido numerosas críticas por funcionar como un mecanismo colonizador de Pekín, imponer condiciones contractuales leoninas y ser un gran desafío medioambiental.
Estados Unidos ha sido el principal detractor del megaproyecto de Xi Jinping, principalmente debido a que supone un claro desafío a su hegemonía. El Secretario de Estado, Mike Pompeo, acusó a China de vender “tratos corruptos de infraestructura a cambio de influencia política” y de utilizar una “diplomacia basada en el soborno de la deuda”.
La deuda, precisamente, es una de las grandes preocupaciones de la comunidad internacional. Voces críticas aseguran que China utiliza la técnica de la deuda-trampa, que consiste en endeudar a Estados pequeños para conseguir jugosas concesiones en sectores estratégicos. El caso más utilizado para dañar la imagen de China ocurrió en Sri Lanka en 2017, cuando el gobierno de Colombo se vio obligado a arrendar el estratégico puerto de Hambantota, en pleno corazón del océano Índico, debido a la enorme deuda contraída con Pekín. Otros Estados han optado por cancelar los proyectos negociados con China por temor a no poder devolver el dinero prestado. Malasia, por poner un ejemplo, decidió suspender la construcción de un ferrocarril valorado en 20.000 millones de dólares por las «injustas» condiciones impuestas -si bien finalmente ambas partes acordaron reducir el coste de la obra- e incluso acusó a Pekín de iniciar una «nueva versión del colonialismo».
Asimismo, la falta de transparencia en los contratos, la corrupción, la dependencia al capital chino, la no contratación de trabajadores nacionales o los daños medioambientales son críticas a las que Pekín deberá hacer frente. Xi Jinping, mientras tanto, intenta defenderse. El gobierno chino anunció en julio de 2019 que planea expandir su campaña anti-corrupción a los proyectos de la Franja y la Ruta incorporando oficiales en los países participantes. Asimismo, durante la segunda cumbre de la iniciativa, el presidente chino aseguró que:
“Tenemos un fuerte compromiso con la transparencia y la gobernanza limpia en esta cooperación. Adoptaremos reglas y estándares ampliamente aceptados y alentaremos a las empresas participantes a seguirlos en el desarrollo, operación, adquisición y licitación de los proyectos (…) Las leyes de los países participantes deben ser respetadas y tenemos la necesidad de asegurar la sostenibilidad comercial y fiscal de todos los proyectos”.
En este contexto, donde la mala imagen puede obstaculizar su objetivo, Xi Jinping ha puesto en marcha la máquina de la diplomacia, con la creación de cumbres y foros como el grupo 16+1 (plataforma compuesta por China y 16 países de Europa del Este y los Balcanes), el Foro para la Cooperación entre China y África (FOCAC) o el Foro de la iniciativa, para intentar acallar las críticas y disipar posibles dudas de los Estados y las organizaciones internacionales.
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