El 29 de abril de 1991 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas creaba por unanimidad la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO por sus siglas en francés). Esta misión posibilitaba un alto el fuego tras décadas de conflicto armado en la región y tenía como objetivo fundamental la realización de un referéndum de autodeterminación para el último territorio no autónomo del continente africano.
Tres décadas después, el pueblo saharaui sigue esperando un referéndum que la MINURSO ya no incluye entre sus objetivos. Pese a que hay elaborados distintos censos y el Derecho Internacional respalda la celebración de una consulta, el conflicto saharaui sigue estancado sin grandes perspectivas de futuro.
Una misión para el último territorio no autónomo del continente
En 1960, Naciones Unidas adoptó la Resolución 1514, conocida como Carta de descolonización, la cual reconocía explícitamente el derecho a la libre determinación de los pueblos oprimidos. Unos años más tarde, en 1966, la Resolución 2229 “reafirma dicho derecho para el pueblo del Sáhara Español”. Se sentaban así las bases legales que motivarían la celebración de un referéndum como salida al conflicto armado que enfrentaba a Marruecos (sin derechos sobre el territorio según la Corte Internacional de Justicia) y el Frente Polisario.
Tras la caída del muro de Berlín la hegemonía estadounidense no parecía encontrar ya reticencias en desbloquear el caso saharaui. La unipolaridad permitía resolver los últimos conflictos coloniales sin disputas geopolíticas, por lo que era razonable acabar con la mala prensa que generaba contar con territorios no autónomos en el continente africano.
Es en este contexto, finalizada la Guerra Fría, en el que todas las potencias aceptan dar una salida al conflicto saharaui mediante la realización de un referéndum. Marruecos, potencia ocupante, también aceptó esta vía debido a la presión internacional para acabar con el conflicto armado. La MINURSO nacía por tanto con consenso total que incluía a ambos contendientes.
Los trabajos para la organización de la consulta comenzaron pronto, llegando a establecerse con acuerdo de Marruecos y el Polisario el 26 de enero de 1992 –en menos de un año desde la creación de la MINURSO- como fecha para el referéndum. También existía acuerdo sobre las opciones a preguntar: independencia y constitución como Estado o pertenencia al reino de Marruecos como territorio autónomo.
En este clima favorable la MINURSO logra una distensión notable: Marruecos redujo hasta 65.000 sus efectivos en suelo saharaui; liberó un importante número de presos políticos civiles; se accedió a un intercambio mutuo de prisioneros; se reconocía el derecho a la repatriación de aquellos saharauis con derecho a voto reconocido que hubiesen tenido que migrar, fijándose un programa de colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); no se volvieron a reportar operaciones bélicas en el Sáhara etc.
Cuestión de números
Pese a estos acuerdos iniciales el problema surgió al abordar el censo del referéndum. Es aquí cuando Marruecos bloqueará la consulta consciente de que, si sólo votase la población saharaui autóctona, saldría derrotado y debería abandonar el territorio.
A la hora de fijar el número de electores se tomó como base el censo español de 1974. Algo aceptado solo parcialmente por Marruecos, que exigió incluir a los colonos que ocuparon el suelo saharaui durante la Marcha Verde, algo que contaba con el rechazo del Derecho Internacional (al ser las ocupaciones ilegales) y del Frente Polisario.
Como solución se decidió crear una Comisión de Identificación que actualizase los datos y elaborase una lista definitiva, estudiando caso a caso las solicitudes que se presentasen para garantizar que toda persona con vínculos reales con el Sáhara pudiese votar.
Tras este proceso el equipo técnico de la MINURSO cifró en aproximadamente 80.000 el número de electores, una cifra similar a las 75.000 personas registradas en el censo español del 74 y que fue aceptada por el Polisario. Marruecos rechazó de nuevo la propuesta y presentó 100.000 solicitantes más, en su inmensa mayoría colonos de los territorios ocupados. Esta operación estaba destinada a bloquear y dilatar el proceso. Pese a que se ofrecerían nuevos censos durante lo que restaba de década de los 90, todos ellos fueron rechazados por Marruecos, que prefirió retrasar sine die el proceso sabiendo que el tiempo jugaba a su favor, pues ya estaba administrando de facto la mayoría del territorio saharaui. Esta situación de estancamiento generó serias dudas en el Consejo de Seguridad, donde Francia comenzaba a abrazar, cada vez menos disimulo, la política de sus aliados marroquís.
El intento por desatascar la situación llegó de la mano del Enviado Especial James Baker, antiguo secretario de Estado norteamericano, quien promovió el inicio del proceso negociador entre las partes. Sus pretensiones cristalizaron en la realización de multitud de reuniones durante varios meses que culminaron en la elaboración de dos planes. El primero, Plan Baker I, (año 2000) fue rechazado por el Polisario al no incluir la celebración del referéndum como solución al conflicto -pues solo se reconocía para el territorio la autonomía política dentro del Estado de Marruecos.
Finalmente, el Plan Baker II (2003) recogía la celebración de un referéndum tras cinco años de autogobierno en régimen de autonomía y con un censo ampliado que incluía a todos los residentes en territorio saharaui desde 1975. Esta medida, que fue aceptada por el Polisario pese a realizar grandes concesiones, fue rechazada por Marruecos, que no planteó una alternativa y dio por “muerto” el referéndum. La negativa absoluta del reino alauita generó la renuncia de James Baker y confirmó el estancamiento total del conflicto saharaui.
En este contexto, el Consejo de Seguridad, gracias al veto francés que apoyaba los intereses marroquís, dejó de considerar la opción del referéndum como salida al conflicto. Desde entonces, la acción de la MINURSO se redujo a la vigilancia del alto el fuego y el desminado.
Sin futuro
Esta situación se ha mantenido estable desde el 2005, sin ponerse sobre la mesa ninguna alternativa. La realidad es que, pese a que anualmente la ONU emite informes que califican al Sáhara Occidental como territorio no autónomo, no existe plan alguno para que se ejerza el derecho a la autodeterminación que se reconoce al pueblo saharaui.
Marruecos continúa controlado el Sáhara ocupado sin ningún tipo de impedimento, lo que ha llevado al Frente Polisario a anunciar que revisará su compromiso con la vía pacífica en vista de la connivencia ejercida por la ONU con la situación.
En un intento por retomar la confianza en la MINURSO, varios países africanos -e incluso EEUU durante el mandato de Obama- sugirieron que la misión asumiese también entre sus funciones la vigilancia de los derechos humanos, pues múltiples ONGs denuncian una violación sistemática en los territorios ocupados sobre la población saharaui, algo que también ha sido vetado por Francia.
Perspectivas de futuro del conflicto saharaui: estrategias de Marruecos y el Polisario
En este escenario, la MINURSO se erige como una herramienta completamente disfuncional y con gran descrédito. Por ello, pese a que el derecho a la autodeterminación para el Sáhara lleva reconocido desde hace 60 años, no se atisba solución alguna a corto, medio y quizá largo plazo.
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