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La ley de influencia extranjera: la chispa que puede quemar al gobierno georgiano

Manifestante sostiene una bandera georgiana frente a un cordón policial. Fuente: Zurab Javakhadze / Reuters

Durante dos noches seguidas miles de manifestantes capitaneados por líderes de la oposición europeísta se han congregado en torno al parlamento georgiano para protestar contra la ley sobre agentes de influencia extranjera. La aprobación de la legislación, que pretende catalogar a las organizaciones a partir de un umbral de apoyo externo como “agentes de influencia extranjera”, parece amenazar el débil equilibrio político que ha mantenido al gobierno georgiano durante su última legislatura.

Tanto la OTAN como las instituciones europeas han mostrado su rechazo señalando que pondría en riesgo la integración euroatlántica de la república. Incluso la presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, ha declarado que vetará su entrada en vigor por suponer una vulneración de la constitución. Los impulsores de la ley, por su parte, se han defendido de las críticas alegando que la inspiración de esta ordenanza es la legislación estadounidense, la cual también contempla un registro de agentes extranjeros que operan en territorio nacional.

Como es habitual en estos casos, fijarse únicamente en los eslóganes de uno u otro bando o en la ley de manera desconectada de su contexto no sirve para explicar la actual situación. Ampliando el encuadre, este enfrentamiento debe entenderse en un escenario marcado por el clima de enfrentamiento entre dos bandos de la política georgiana: el de Sueño Georgiano en el gobierno, proclive a mantener una relación de cordialidad con Rusia y el de la oposición prooccidental que busca romper las relaciones con el país vecino.

Características de la polémica ley

Merece la pena comenzar por explicar el contenido de la legislación, más allá de los eslóganes que utilizan promotores y detractores. La proposición de ley recoge que todas las entidades legales no comerciales y medios de comunicación que reciban más del 20% de sus ingresos de parte de socios extranjeros deberán inscribirse como agentes de influencia extranjera. El registro será manejado por el Ministerio de Justicia que podrá realizar seguimientos de los agentes y sancionar a aquellos que no cumplan con las disposiciones. Ha sido promovida por Poder Popular, una escisión del partido de gobierno con una clara postura de confrontación con Occidente.

Debido a los términos que maneja y quién la promueve, la ley parece estar dirigida contra diversas oenegés y medios de comunicación que operan en el país con apoyo occidental. Aunque la escisión cuente únicamente con nueve parlamentarios, se encuentra en el grupo mayoritario de la cámara junto a Sueño Georgiano. La agrupación de gobierno se muestra favorable al acercamiento a Occidente, pero a diferencia de la postura opositora, mantiene la necesidad de un trato cordial con Moscú.

Esta posición de acercamiento pragmático a Rusia le ha servido el apelativo de prorruso por parte de la oposición europeísta. Es por ello que se ha tildado la propuesta como “ley rusa” –una crítica recogida por distintos políticos y periodistas occidentales–, comparándola con la legislación sobre influencia extranjera adoptada por Moscú el 2012 que ha servido para perseguir y castigar a distintos actores contrarios a las instituciones rusas. Esta ley ha sido revisada varias veces desde su adopción, aprobándose su última reforma en junio de 2022. Su indefinición con respecto a conceptos clave como la actividad política o la amplitud de lo que se considera influencia extranjera –definida únicamente como la provisión de apoyo por parte de una fuente externa– hacen que pueda ser aplicado en muchos casos dispares.

Igualmente, además de la obligación de registrarse ante las autoridades, los agentes externos tienen prohibidas una serie de actividades como la distribución de información entre menores y la obligación de identificarse como agentes externos, marcando como tal los materiales que elaboren. Es evidente que la ley rusa plantea ciertas diferencias con el proyecto que se pretendía aprobar en Georgia, ya que la segunda estipula claramente que el apoyo debe ser financiero y superar el 20% de los ingresos. La otra gran diferencia radica en que la contraparte georgiana, en la versión que se pretendía que se pretendía aprobar, no prohibía formalmente ninguna actividad de los actores registrados.

Los promotores de la ley han defendido su apuesta argumentando que se basa en parámetros occidentales y que la verdadera inspiración no es la legislación rusa, sino el Foreign Agents Registration Act (FARA) estadounidense, aprobada durante los años 30 y reformulada durante el mccarthismo para perseguir al movimiento comunista en el país. Tras un periodo en el que estuvo infrautilizada, durante la última década se ha recuperado como herramienta para actuar contra el lobbying político de países extranjeros. Al igual de lo que ocurre con la ley rusa, la FARA estadounidense juega con la vaguedad de los términos a la hora de definir los actores y sus actividades, calificando el apoyo externo únicamente como la “dirección, supervisión directa o indirecta o la financiación parcial o completa”.

Esta ley obliga no solo a que el actor u organización se registre ante las autoridades estatales, sino que también debe facilitar una gran cantidad de información, incluyendo informes sobre todas las actividades realizadas e incluso sobre los acuerdos escritos u orales alcanzados. Al igual que la ley georgiana, la estadounidense no prohíbe la realización de ningún tipo de actividad, pero exige a que los panfletos informativos utilizados por el agente de influencia extranjera lleven una notificación que los identifique como obra de un actor extranjero. Una diferencia importante con respecto a la legislación georgiana ha sido señalada por la oposición, y es que la FARA recoge una lista de actores que quedarían exentos de cumplir con estas obligaciones. El problema radica, una vez más, en la utilización de un lenguaje ambiguo, quedando muchas veces a merced de la arbitrariedad de quien haga cumplir la ley el decidir si se encuentran dentro de este grupo o no.

La polarización de Georgia

Si bien ha sido el proyecto de ley lo que ha hecho estallar la calma tensa que vivía el país, los enfrentamientos entre policía y manifestantes o entre presidencia y gobierno no se pueden entender si no se analiza el contexto de polarización que atraviesa Georgia. Esto es, si no se atiende al gran debate que divide la escena política del país: promover el acercamiento total a Occidente que aboga la oposición o intentar mantener relaciones cordiales con Rusia mientras se avanza progresivamente con la integración euroatlántica que defiende el gobierno.

Las últimas movilizaciones, que han conseguido que se detenga la aprobación de la polémica ley, han estado lideradas por personalidades del MNU o Strategy Builder, partidos opositores con una marcada línea occidentalista. Durante los años de gobierno del MNU, tras la revolución de las rosas, el país avanzó en la incorporación euroatlántica implementando muchas de las reformas exigidas por Occidente. No obstante, las hostilidades con Rusia y la aparición de Sueño Georgiano terminaron pasando factura al gobierno desembocando en la derrota en las elecciones de 2013.

Esta mejora de las relaciones con el Kremlin, no obstante, se ha tornado cada vez más problemática, especialmente desde el comienzo de la invasión de Ucrania, ya que ha provocado que los aliados occidentales comiencen a desconfiar del rumbo que pueda adoptar Georgia. Este recelo ha sido aprovechado por la oposición, que acusa a Sueño Georgiano de ser un títere de Moscú, un apelativo muy negativo en un país con un ataque ruso tan reciente en su memoria.

Uno de los puntos centrales de tensión en el enfrentamiento entre gobierno y oposición es la situación del expresidente del MNU, Mikheil Saakashvili, encarcelado y a la espera de juicio desde que volvió al país en 2021. Continúa siendo una de las figuras referentes del MNU, por lo que el duro trato que está recibiendo por parte de las autoridades ha hecho que la nueva directiva ponga en el centro de su campaña la lucha por la liberación del exmandatario. Como manera de llevar a cabo este objetivo, el MNU ha abandonado la labor parlamentaria para centrarse en un programa de manifestaciones y movilizaciones. Esto explica, en gran parte, el reducido número de parlamentarios que se mostraron en contra de la primera lectura del proyecto de ley –solo 13–.

Banderas georgianas y de la Unión Europea en las protestas contra la ley sobre agentes de influencia extranjera. Fuente: EPA-EFE / Zurab Kurtsikidze

Dentro de esta dinámica de confrontación entre gobierno y oposición debe entenderse el distanciamiento que se ha vivido entre la presidencia y el gobierno. Aunque Zurabishvili contase en un principio con el apoyo de Sueño Georgiano, las relaciones han terminado enfriándose debido a las diferencias con respecto a la política exterior que debe elaborar el país. La jefa de Estado ha mostrado durante toda su legislatura una posición marcadamente occidentalista, abogando por acelerar en la medida de lo posible el proceso de integración. El gobierno, en cambio, ha terminado por adoptar una postura ambivalente, caracterizada por cierto acercamiento tanto a Rusia como a la Unión Europea. Estas diferencias también se han visto reflejadas con la ley sobre agentes de influencia extranjera. Como se ha mencionado, la presidenta amenazada con utilizar sus poderes para vetar la legislación por miedo a que pueda suponer un obstáculo en las relaciones con Occidente.

El veto hubiera supuesto una escalada especialmente crítica en el enfrentamiento entre los poderes públicos de Georgia, agravado por el hecho de que la presidencia es una figura que va a experimentar una importante modificación en la próxima legislatura. Zurabishvili es la última presidenta electa mediante sufragio antes de implementarse un sistema parlamentario sin elección directa de la jefa de Estado. Durante su mandato, Zurabishvili, si bien retiene un alto grado de poder e influencia, ha tenido unas labores principalmente ceremoniales, mientras que la actividad ejecutiva recaía sobre el gobierno.

El veto ya no va a ser necesario. Tal y como prometió Sueño Georgiano, han votado en contra de su aprobación durante la segunda lectura de la ley. La retirada ha llegado en la mañana del 10 de marzo, después de que la mayoría parlamentaria prometiese retirar la legislación el día anterior. Ante la desconfianza de la oposición, que veía en la promesa una manera de ganar tiempo y desmovilizar a la ciudadanía, la sesión de la cámara se ha tenido que retomar antes de lo esperado, ya que por los daños estructurales del parlamento no se pensaba hacer hasta la semana del 13 de marzo.

Sueño Georgiano parece así cooperar con las demandas de los manifestantes, quienes exigían una rápida retirada de la ley y la liberación de la mayoría de detenidos –se han excarcelado a 132 de las 133 personas arrestadas–. El 9 de marzo, la oposición puso sobre la mesa la exigencia del adelanto de elecciones parlamentarias, por lo que aun queda por ver si el gobierno cede ante esta exigencia o la oposición continúa presionando para lograrlo.

Actualmente no podemos asegurar como terminará esta crisis, si escalará y llegará a derribar el gobierno o la retirada apaciguará los ánimos de los manifestantes. Estos estallidos han evidenciado la fragilidad del gobierno de Sueño Georgiano, contra el cual se ha vuelto una importante parte de la población urbana de Tiflis, la presidenta y sus aliados occidentales. Es innegable que esta crisis, escale o no, supone otro elemento que va a fortalecer el ambiente de polarización existente en el país.

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