Tras haberse producido el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, y habiendo desestimado el Departamento de Justicia de Estados Unidos la existencia como tal del Cártel de los Soles, el mandatario venezolano enfrentará un juicio casi sin precedentes ante la justicia estadounidense.
Considerando que su supuesto rol como líder del dicha organización –cuya existencia nunca ha sido probada y un liderazgo del que, por extensión lógica, no se han hallado pruebas– fue el pretexto para la operación militar en Caracas, los siguientes pasos del juicio son inciertos.
Nicolás Maduro se declaró “no culpable” frente al tribunal federal en Manhattan. Él y la primera dama, Cilia Flores, afirmaron ser “inocentes” y el propio líder chavista reiteró que sigue “siendo presidente” de Venezuela y que, en la práctica, no es otra cosa que un “prisionero de guerra” tomado por la Casa Blanca en el marco de sus operaciones en el Caribe y contra Venezuela.
La acusación estadounidense
A lo largo del proceso, el presidente venezolano será representado por Barry Pollack, quien previamente ha defendido a Julian Assange, fundador de WikiLeaks y uno de los grandes casos en la historia de la justicia estadounidense de un enfrentamiento entre un individuo y el Estado estadounidense. Por su parte, Cilia Flores será representado por el abogado Mark Donnelly.
La acusación contra Nicolás Maduro habla de una supuesta red de tráfico de cocaína que, según dice, habría involucrado a altos cargos del gobierno venezolano y, muy específicamente, al presidente.
Cabe destacar que algunos de los hechos por los que se expone que Maduro debe enfrentar la justicia norteamericana corresponden a años previos al inicio de su mandato en 2013.
Según la acusación, él y otros miembros de la arquitectura del Estado venezolano se habrían lucrado a través de lazos con grupos dedicados a actividades ilícitas, especialmente al narcotráfico. Asimismo, el líder chavista y varios miembros de su familia y de sus sucesivos gobiernos habrían brindado protección legal, policial y operacional en operaciones de traslado de cocaína.
Formalmente, el proceso enfrenta a los Estados Unidos de América contra el propio Nicolás Maduro, Cilia Flores, Nicolás Ernesto Maduro Guerra –hijo del presidente–, Héctor Rusthenford Guerrero –a quien se considera el jefe del Tren de Aragua–, Ramón Rodríguez Chacín –ex ministro del Interior y Justicia– y Diosdado Cabello.
Este último, hoy ministro de Interior de Maduro y uno de los hombres fuertes de su esquema de toma de decisiones, es uno de los grandes nombres propios en la actual avanzada de Washington contra Venezuela y tuvo un papel protagonista en la crisis tras las elecciones presidenciales de 2024.
La defensa de Maduro en el juicio
Es probable que la defensa de Nicolás Maduro se articule, al menos inicialmente, en torno a dos grandes ejes. En primer lugar, buscará desautorizar el proceso alegando la ilegalidad de su secuestro de acuerdo al derecho internacional; en segundo lugar, podría buscar algún tipo de autoridad apelando a su condición de jefe de Estado.
Es poco probable que la primera línea de respuesta de frutos al mandatario venezolano, considerando que la Corte Suprema ha defendido en numerosas ocasiones que, incluso si un sospechoso es detenido ilegalmente en territorio extranjero, ello no impide que puedan ser procesados en tribunales de Estados unidos.
La segunda línea, sin embargo, es distinta, pues la Corte Suprema sí dictó en 1812 que “la persona del soberano” no puede ser arrestada o detenida en territorio extranjero. No obstante, en 2015 la Corte Suprema estableció un precedente que choca con esta vertiente de la defensa.
En aquel momento, en el caso Zivotofsky vs. Kerry, especificó que solo le corresponde al presidente de Estados Unidos el reconocer –o no– a soberanos extranjeros, y ni el demócrata Joe Biden ni el republicano Donald Trump han reconocido a Nicolás Maduro desde 2019.
En cualquier caso, según buena parte de los analistas en Washington, es altamente probable que el procedimiento contra Nicolás Maduro durante varios años y que sea reclamado por una de las dos partes, de forma que culmine en la Corte Suprema. Por supuesto, una salida política negociada con la nueva institucionalidad venezolana liderada por Delcy Rodríguez podría llegar a estar encima de la mesa.
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