Japón y Corea del Sur: Guerra comercial, trabajo forzado y esclavitud sexual

Escrito por Alejandro López.

Las relaciones entre Japón y Corea han sido tensas desde la caída del Imperio Japonés, sin embargo la occidentalización, el crecimiento económico y tecnológico, así como su adscripción a los bloques capitalistas, especialmente desde la Guerra de Corea, han convertido a Japón y la parte sureña de la Península de Corea en compañeros en el camino. Sin embargo, la cuestión de la memoria histórica y la reparación de las víctimas de trabajos forzosos, incluido el ámbito sexual, ha sido una de las grandes espinas pendientes en la relación coreano-japonesa. Japón ocupó Corea entre 1910 y 1945, tiempo durante el cual numerosas empresas japonesas emplearon mano de obra esclava en este y otros muchos territorios. El caso de las “mujeres de consuelo”, como se las conoce, hace referencia a la práctica que se realizaba en los territorios ocupados por Japón para forzar a las mujeres jóvenes a ejercer de esclavas sexuales durante la II Guerra Mundial en las “estaciones de consuelo”, tras haber sido engañadas o secuestradas.

Corea del Norte y del Sur han demandado reparaciones para sus ciudadanos, aunque Corea del Sur firmó un arreglo con Japón a causa de la coyuntura histórica. A pesar de ello, ambas Coreas quedaron a la espera de un perdón que no terminaría de convencer. Más allá del dinero, las víctimas valoraban las sinceras disculpas de un régimen que se expresara rupturista con el pasado. Japón siempre ha rechazado estas reclamaciones, dando el asunto por zanjado con los distintos acuerdos históricos. En muchos casos, se trata a las “mujeres de consuelo” como prostitutas voluntarias para satisfacer a los militares japoneses.

La justicia que nunca llega

Las relaciones entre Corea del Sur y Japón no se normalizarían hasta 1965, cuando los nipones darían por cerrado el asunto de las reparaciones por la ocupación mediante avales y préstamos a bajo interés para Corea del Sur por valor de $800 millones.

Corea del Norte no mantiene relaciones diplomáticas con Japón ya que no considera la explotación resultado de la ocupación ni compensada ni disculpada. El Estado se hizo cargo de ofrecer atenciones especiales a las víctimas pero la falta de disculpas de Japón ha dificultado la asistencia a los norcoreanos que viven en Japón, una de las comunidades más importantes.

Para saber más: Entrevista a Alejandro Cao de Benós.

El 8 de enero de 2021, en Corea del Sur se daba un paso más en la reivindicación por la causa de las mujeres que sufrieron esclavitud sexual durante la ocupación japonesa, con especial énfasis en la II Guerra Mundial. El Tribunal del Distrito Central de Seúl, la capital surcoreana, era el encargado de ofrecer una sentencia condenatoria contra Japón por estos hechos. El país vecino debía pagar a cada una de las mujeres 100 millones de wones, que equivalen a $91.300.

En Corea del Sur hay registradas 16 víctimas supervivientes, según la agencia Yonhap, por parte del Gobierno. Sin embargo, solo 5 de las 12 mujeres demandantes iniciales se mantienen con vida en el momento del fallo judicial. Estas cifras quedan muy lejos de las cantidades que se manejan sobre las mujeres que fueron víctimas de estos hechos: unas 200.000, con estimaciones oscilando entre 100.000 y 400.000 personas. La mayoría de ellas procedían de la península de Corea, pero hay otros muchos territorios donde se mantuvo esta práctica durante la ocupación japonesa: China, Filipinas, Indonesia, Taiwán e Indochina. En varios de estos lugares se han presentado una decena de demandas en las últimas décadas pero han sido desestimadas.

No han sido los únicos que han mantenido conflictos con Japón, ya que Alemania recibió presiones por parte del nuevo gabinete de Yoshihide Suga, tras la conformación a la renuncia de Shinzo Abe en 2020. En el distrito de Mitte, Berlín, se aprobó la instalación de una estatua en conmemoración de las víctimas, esencialmente coreanas, de la esclavitud sexual ejercida por el Imperio Japonés. Su mantenimiento fue aprobado hasta septiembre de 2021 pero el Secretario del Gabinete japonés insistió: “Continuaremos presionando para que se retire la estatua”. Estas estatuas se han convertido en un símbolo para la lucha por la memoria y la dignidad de las víctimas de la explotación sexual, especialmente en el caso coreano.

El caso que se ha resuelto en enero de 2021 fue presentado en 2013 por parte de las víctimas supervivientes de Corea del Sur y se retrasó hasta 2016 por la falta de respuesta de Japón. El gobierno nipón se ha escudado en la inmunidad soberana, al tratarse de un Estado acusado por una vía judicial civil en un país extranjero, para pedir que el caso se cierre.

Vientos de guerra comercial

Esta sentencia, así como otras que se mueven en la misma dirección, podría tensar aún más las relaciones entre Corea del Sur y Japón. Estos países ya han vivido una guerra comercial a causa, entre otras cuestiones, del trabajo esclavo impuesto por Japón durante la ocupación. Con la llegada de Moon Jae-in a la presidencia de Corea del Sur se prometía un cambio en las relaciones inter-coreanas y un retorno de la Sunshine Policy (Política del Sol). El giro en las relaciones con el norte se vivió con las conversaciones entre mandatarios, cumbres sucesivas e incluso la presencia de Donald Trump por parte de los Estados Unidos. A pesar del colapso de este acercamiento con la re-nuclearización del norte y los ejercicios militares conjuntos del sur con los estadounidenses, Corea del Sur sí ha seguido cambiando ciertas políticas importantes para la identidad coreana tras la caída de la presidenta conservadora, Park Geun-hye, quien fuera destituida por corrupción y además fuera primera dama en la época del régimen militar de su padre, Park Chung-hee.

Por su parte, Moon Jae-in ha buscado reparar uno de los agravios más importantes para los coreanos, como era el del trabajo forzado durante la ocupación japonesa. No se buscó un choque frontal con Japón, pero sí se ha dado apoyo a las demandas sucesivas para una compensación algo más fehaciente que la lograda por sus predecesores. El detonante de la crisis diplomática y comercial fue la decisión en 2018 de la Corte Suprema de Corea del Sur de imponer compensaciones económicas a dos empresas japonesas por el trabajo forzado durante la ocupación del territorio. Japón respondió asegurando que el fallo violaba el derecho internacional, ya que, de nuevo, daba por zanjada la cuestión por un tratado de 1965. Además, Japón contestó con penalizaciones al país por la decisión de su Corte Suprema de justicia, mediante restricciones a las exportaciones de productos químicos a Corea del Sur, dando origen a la guerra comercial en 2019. Estados Unidos fue el convidado de piedra en esta disputa entre sus dos socios más importantes de la región, sin ser capaz de articular respuesta más allá de la retórica.

Los productos químicos en concreto fueron el fluoruro de hidrógeno y las poliimidas fluoradas, esenciales para la fabricación de compuestos tecnológicos y que retrasarían la producción de gigantes como Samsung, estrechamente vinculado con las élites –incluido el escándalo de corrupción que había implicado la destitución de Park Geun-hye-. La restricción comercial consistía en la eliminación de Corea del Sur como un socio preferente a nivel comercial afectando al comercio de los compuestos señalados de manera que cada envío requiere de permisos y controles adicionales que producen retrasos de varios meses.

Corea del Sur realizó una protesta diplomática ante Japón, le retiró el estatus de socio comercial preferente y presentó una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2019, retomando el caso en 2020, al tiempo que buscaba una negociación con Japón. El presidente Moon Jae-in subió el nivel de las declaraciones contra su vecino durante un discurso televisado: “No volveremos a ser derrotados por Japón”. La cuestión más grave, sin embargo, vino de la mano del Acuerdo de Seguridad General de Información Militar (GSOMIA) gracias al cual los dos países compartían información militar sensible de carácter confidencial, por ejemplo, sobre las pruebas balísticas norcoreanas. La amenaza de ruptura de este importante acuerdo se produjo en agosto de 2019, cuando Corea del Sur notificó a Japón que ya no sería considerada como una nación amiga.

Tras manifestaciones en Corea del Sur contra las políticas de Shinzo Abe -Primer Ministro de Japón hasta 2020-, cancelaciones de encuentros para negociar y la intervención de Estados Unidos, finalmente Corea del Sur no abandonó el acuerdo. El gobierno norteamericano se encontraba profundamente preocupado por la escalada de tensiones en la guerra comercial entre sus socios y medió para salvar el acuerdo en agosto de 2020 a cambio de un compromiso por parte de Japón para reanudar las conversaciones sobre los esclavos de guerra. Varias reuniones fueron celebradas y propuestas para 2020 y 2021 con la guerra comercial como escenario para abordar.

Pero en 2020 otro asunto agudizó de nuevo las tensiones comerciales. Tras la decisión de la OMC de declarar los aranceles coreanos al acero inoxidable japonés como contrarios a sus reglas comerciales, Japón expresó su queja para presionar a que Corea del Sur retirase dichos aranceles. La administración surcoreana comenzó a imponer impuestos a las importaciones de barras de acero inoxidable de Japón en 2004 ante un supuesto dumping comercial que amenazaba la viabilidad de los productos coreanos. La OMC permite la imposición de este tipo de aranceles por 5 años –prorrogables de manera excepcional- si se detecta que su precio se encuentra desinflado artificialmente para hacerse con la mayor cuota del mercado. Corea del Sur prorrogó los aranceles al acero en 2017 por tercera vez, por lo que Japón remitió el asunto a la OMC en 2018, llevando a esta nueva reclamación en palabras de Katsunobu Kato, portavoz del gobierno nipón, tras la resolución del organismo en diciembre de 2020.

2021 no afloja las tensiones

Los casos judiciales sobre las mujeres esclavas sexuales no han hecho sino avivar estas tensiones, con Corea del Sur defendiendo el honor y la memoria de su sociedad, pero también de las víctimas en particular, ya que algunas de ellas siguen con vida; y la otra parte tratando de evidenciar que en Japón la gente mayor ya zanjó el asunto como un recuerdo de 1965.

“La evidencia, los materiales y testimonios muestran que las víctimas sufrieron un dolor mental y físico extremo e inimaginable debido a los actos ilegales. Sin embargo, no ha habido compensación por su sufrimiento”, rezaba el fallo de la discordia. Un fallo contra la esclavitud sexual que supone un paso más después del importante choque contra el trabajo forzado de 2018. Para rechazar la petición de Japón de que se aplique la inmunidad soberana, el tribunal ha seguido la petición de las víctimas para que no sea aplicable a delitos como crímenes de guerra y contra la humanidad.

La jurisprudencia con respecto a esta aplicación del derecho internacional existe desde varios fallos en Europa como el que dio la razón a un ciudadano italiano que denunciaba a Alemania por someterle a trabajos forzosos. Posteriormente la Corte Internacional de Justicia (CIJ) consideró que aunque se certificasen los delitos contra la humanidad, no implicaba necesariamente la nulidad de la inmunidad soberana. De hecho, se ha especulado con trasladar la disputa por la esclavitud sexual a la CIJ para que dirima entre Japón y Corea del Sur.

El único antecedente en Japón tuvo lugar en 1998 con una sentencia a favor de pagar reparaciones por daños y perjuicios a 10 víctimas en la prefectura de Yamaguchi, cuando se condenó al Estado al pago de 300.000 yenes ($2.900) a cada una. El fallo fue anulado tras un recurso a un tribunal de apelaciones.

El Viceministro de Exteriores de Japón, Takeo Akiba, convocó el mismo 8 de enero al Embajador de Corea del Sur en Tokio, Nam Gwan-pyo, para presentar una protesta contra el veredicto: “[El fallo] es totalmente inaceptable. […] Insto encarecidamente al gobierno de Corea del Sur a que corrija esta violación del derecho internacional”, según Kyodo News. De nuevo, Japón considera cerrado el tema gracias al acuerdo de 1965 para reanudar relaciones, así como por un acuerdo firmado en 2015 con el gobierno de Park Geun-hye sobre las “mujeres de consuelo”. Hay motivos para pensar que puede ser así: el acuerdo de 2015, al 50 aniversario del establecimiento de relaciones implicaba el reconocimiento de una “profunda culpa”, una disculpa por parte de Japón –ya se habían producido en diversas ocasiones- y el pago de mil millones de yenes ($9,6 millones) a un fondo que administraría Corea del Sur para las víctimas, lo cual no implica necesariamente una reparación directa, y fue disuelto en 2019 por el presidente Moon por no haber contado con los deseos de las víctimas. También se creó un fondo de ayuda a las víctimas de la esclavitud sexual en 1995 que duró una década, pero los fondos no provinieron del gobierno japonés sino de donaciones. Sin embargo, las víctimas rechazaron el acuerdo llegando la causa al tribunal de Seúl en 2016, ya que no contó con ellas en la negociación. El portavoz del gobierno de Suga, Katsunobu Kato, ha rechazado que Japón vaya a apelar el fallo ya que esto supondría aceptar la jurisdicción surcoreana. Preguntado por este asunto, el nuevo Embajador de Corea del Sur en Tokio, Kang Chang-il, tras la salida de Nam Gwan-pyo, se negó a hacer declaraciones pero valoró buscar la mediación de un tercer país, presumiblemente Estados Unidos.

El acuerdo bilateral de 2015 implicaba que Corea del Sur reconociese el asunto finalizado “irreversiblemente” y retirase la estatua conmemorativa que había instalado frente a la Embajada de Japón en Seúl. No solo no se ha retirado la estatua sino que hay 140 repartidas por cívicos surcoreanos en todo el mundo para conmemorar estos hechos. A pesar del acuerdo, el tribunal ha considerado que los acuerdos bilaterales entre Estados no menoscaban el derecho de las víctimas a título individual para exigir sus reparaciones a Japón. El abogado de las víctimas ha declarado que estudiarán cómo hacer que Japón pague de manera efectiva a las víctimas. En el segundo caso en proceso en Corea del Sur la parte demandante argumentaba que las donaciones del fondo coreano no llegaban a las mujeres.

La Ministra de Exteriores de Corea del Sur, Kang Kyung-wha, ha pedido a su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi, que se abstengan de realizar “respuestas excesivas” ante las sentencias de los juzgados de Seúl, tratando de evitar una escalada que reavive la guerra comercial. En 2015, antes de iniciarse los juicio, quedaban 46 mujeres víctimas con vida. El día en que el fallo les ha dado la razón en 2021, quedaban 5.