El ministro de Seguridad Nacional y líder del partido de extrema derecha Poder Judío, Itamar Ben-Gvir, aprobó, a mediados de enero, una autorización para que los colonos de 18 asentamientos de la Cisjordania ocupada por Israel puedan obtener el permiso de armas.
Según afirmó en Telegram, el objetivo es que puedan “mejorar la autodefensa y aumentar la seguridad personal”. Sin embargo, la medida se adopta en un contexto de ataques y acoso constante de estos mismos colonos a las comunidades palestinas.
Los nuevos permisos forman parte de una política sistemática de armar a los colonos de Cisjordania. Esta estrategia es uno de los elementos clave que utiliza el gobierno liderado por Benjamín Netanyahu para hacer el día a día de los palestinos cada vez más asfixiante, con el objetivo último de lograr la anexión definitiva del territorio.
Este proceso se ha acelerado tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Tel Aviv ha incentivado y ampliado las entregas de armas, flexibilizando los criterios para su adquisición. Según el propio Ben Gvir, desde entonces más de 240.000 israelíes habrían obtenido el permiso, en contraste con una media anterior de 8.000 autorizaciones anuales.
La mayoría de estas licencias corresponden a pistolas y rifles semiautomáticos, distribuidos prioritariamente en asentamientos de Cisjordania, pero también en Jerusalén Este y en otras zonas consideradas “sensibles” por las autoridades israelíes.
Para agilizar los trámites, Itamar Ben-Gvir ha impulsado la apertura de centros temporales para la expedición de licencias y ha organizado actos públicos de entrega de armas, difundidos posteriormente en redes sociales con la finalidad de incentivar a los colonos a armarse.
Este flujo ha ayudado a reforzar a los llamados Kitat Konenut Yishuvit, traducible como "equipos de emergencia de los asentamientos". Se tratan de grupos de colonos armados presentados oficialmente como estructuras de autodefensa civil, pero que, en la práctica, llevan a cabo funciones propias de fuerzas militares o policiales.
Entre otras, organizan patrullas por todo el territorio, establecen controles y participan en incursiones en aldeas palestinas, actuando con frecuencia de forma coordinada con el ejército israelí.
La creciente influencia de estos grupos ha contribuido a difuminar la percepción entre civiles y fuerzas de seguridad, integrando a los colonos dentro del enorme entramado de control territorial y reforzando un sistema que ha normalizado la presencia de civiles armados, legitimando así su capacidad de coerción sobre la población palestina.
Clima de violencia generalizada en Cisjordania
Aunque ya se encontraba en niveles récord antes de octubre de 2023, el inicio del genocidio en la Franja de Gaza ha ido acompañado de un espectacular aumento de la violencia en Cisjordania. Según los últimos datos de Naciones Unidas, en 2025 se produjeron al menos 1.700 ataques de colonos, afectando a más de 270 comunidades palestinas.
A su vez, más de 1.100 palestinos han resultado heridos, de los cuales alrededor del 70% lo fueron por la acción directa de los colonos. Además, 13 palestinos habrían sido asesinados en 2025, siete directamente por los colonos y el resto por soldados del ejército israelí que, en muchos casos, los acompañan.
Entre estos ataques se encuentran las agresiones físicas directas, los incendios de viviendas o la destrucción de cultivos, buscando acosar e intimidar a la población palestina para reducir su presencia en zonas consideradas estratégicas y forzar su desplazamiento.
Durante 2025, casi 3.000 palestinos se han visto obligados a huir de sus hogares como consecuencia directa de las acciones de los colonos, sumándose a los casi 40.000 que lo han hecho por las ofensivas militares israelíes. Así, decenas de aldeas han quedado completamente deshabitadas, dejando vía libre para el asentamiento de nuevos colonos.
Este contexto de violencia se ve agravado por la connivencia entre el ejército y los colonos armados, actuando habitualmente de forma coordinada. Diversos informes y materiales gráficos documentan la presencia de soldados durante los ataques de los israelíes a aldeas palestinas, siendo testigos pasivos y protegiéndolos en caso de cualquier respuesta por parte de sus habitantes.
Unido a esto, las investigaciones judiciales son mínimas, siendo prácticamente nulas las condenas por acciones violentas de los colonos. Con ello, estos actúan en un clima de total impunidad, lo que refuerza su capacidad para ejercer control territorial mediante la intimidación y la fuerza.
Toda esta espiral de violencia no puede entenderse al margen del proyecto más amplio de Israel de anexionar definitivamente Cisjordania, un objetivo para nada oculto por parte del gobierno de Netanyahu.
En los últimos meses, ha acelerado la expansión de asentamientos, ha legalizado nuevos “puestos de avanzada” y avanzado en el proyecto E1 que busca desconectar Jerusalén del resto de Cisjordania y “enterrar la idea de un Estado palestino”.
Para ello es imprescindible el papel de los colonos –aproximadamente 800.000–, quienes refuerzan un clima de intimidación constante que, con la colaboración del ejército, impiden la vida cotidiana de los palestinos y disminuyen su capacidad de una resistencia efectiva para poder presentar la anexión como un hecho consumado.
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