Honduras: 11 años después del golpe

Casi once años han pasado desde que el 28 de junio de 2009, el ejército hondureño sacara de la cama en medio de la noche al entonces presidente Manuel Zelaya y fuera expulsado a Costa Rica. Desde entonces el país centroamericano entró en una deriva política, económica y social caracterizada por la violencia y la pobreza.

Zelaya que había sido elegido presidente en 2005, accedió al cargo con la promesa de atender la emergencia social y atajar la rampante corrupción que estaba instalada en las instituciones del Estado. Sin embargo, su perfil progresista contrastaba con su trayectoria vital, en tanto que era un empresario ganadero hijo de terratenientes. Por lo que, en principio, su victoria no debía ser interpretada como un hecho rupturista ya que simplemente sería un presidente más del bipartidismo protagonizado por el Partido Liberal (al que pertenecía Zelaya) y el Partido Nacional.

Una de las claves para entender el golpe la encontramos en el cambio en la política energética. A fin de resolver esta cuestión, el gobierno promovió la competencia en el sector, lo que no gustó a las compañías estadounidenses que controlaban tradicionalmente el sector petrolero del país, es decir, ExxonMobil, Texaco y Shell. Este giro del gobierno también le llevó a firmar acuerdos de cooperación técnica con Brasil, entonces liderado por Lula da Silva, y especialmente relevante fue la adhesión de Honduras al proyecto impulsado por la Venezuela de Hugo Chávez, Petrocaribe. Esto fue visto en Washington como un peligroso acercamiento a Caracas, algo que fue confirmado en 2008 tras la unión del país a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Tal y como relató el propio Zelaya en una reciente entrevista en eldiario.es, funcionarios del gobierno estadounidense le advirtieron: “Si usted firma el ALBA, va a tener problemas con EE.UU”.

La crisis de la Cuarta Urna

En el plano interno, la excusa de la que se valió la oposición al presidente para apearle del poder tuvo que ver con la denominada Cuarta Urna. De cara a las elecciones generales de 2009, en la que se renovarían la presidencia, el congreso y las alcaldías, el presidente Zelaya propuso una cuarta urna en la que los ciudadanos podrían dirimir la redacción de una nueva constitución. El Partido Nacional, y un sector del Partido Liberal encabezado por el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, acusaron a Zelaya de querer promulgar una nueva constitución con el objetivo de poder presentarse a la reelección, algo prohibido en la constitución hondureña, y así perpetuarse en el poder. De parte de la oposición política se situaron la Iglesia, las élites empresariales y parte de la judicatura, mientras que Zelaya contó con el respaldo del movimiento obrero, campesino e indígena. Sin embargo, como tantas otras veces en Latinoamérica, quién terminó de decantar la balanza fue el ejército, teniendo así lugar los hechos anteriormente relatados.

La respuesta de la comunidad internacional

Por su parte la comunidad internacional reaccionó condenando el golpe. Organizaciones como Naciones Unidas, el ALBA, y la OEA hicieron un llamado a la restitución del presidente constitucional. Asimismo, la mayoría de los países miembros de la UE y latinoamericanos retiraron a sus embajadores o redujeron su presencia diplomática. Tiempo después el gobierno resultante del golpe además de hacer frente al aislamiento internacional tuvo que enfrentar las sanciones económicas.

En cuanto a Estados Unidos, la Administración Obama respaldó las acciones de la OEA y alentó la convocatoria de nuevas elecciones, pero evitó apoyar explícitamente a Zelaya. De hecho, años más tarde, la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton reconoció en su libro de memorias, Hard Choices, que buscaron que el gobierno de facto convocara elecciones cuanto antes para eliminar a Zelaya como actor político. Además, cabe destacar que el jefe del Estado Mayor destituido poco antes del golpe por Zelaya al negarse a colocar la llamada “cuarta urna”, Romeo Vásquez, era un hombre cercano a la DEA y la CIA y había sido entrenado en la Escuela de las Américas. Vásquez fue el encargado de ejecutar el golpe.

Finalmente, y pese a los esfuerzos mediadores del expresidente costarricense Óscar Arias, el Acuerdo de San José, por el que las partes se comprometían a la creación de un gobierno de reconciliación nacional encabezado por Manuel Zelaya, naufragó y el gobierno de facto terminó por convocar elecciones apresuradamente para el 29 de noviembre de 2009. La convocatoria electoral tuvo lugar en un contexto de persecución a los partidarios del presidente depuesto y se dieron numerosas irregularidades. Finalmente resultó victorioso Porfirio Lobo, por lo que el Partido Nacional regresó a la presidencia. Sin embargo, la comunidad internacional no reconoció la validez de las elecciones.

El regreso del exilio

Aunque Zelaya regresó de incógnito y se refugió en la embajada de Brasil durante un tiempo, su regreso definitivo no se produciría hasta el 28 de mayo de 2011 en el marco del Acuerdo de Cartagena, impulsado por el expresidente colombiano Juan Manuel Santos y su homólogo venezolano Hugo Chávez. El gobierno hondureño se comprometió a aceptar el regreso de Zelaya a cambio de la restitución de Honduras como miembro de la OEA, de la que fue expulsada tras el golpe de Estado.

Parecía que se pasaba página a este nuevo capítulo oscuro en la historia de Honduras, sin embargo, las consecuencias políticas, económicas y sociales del golpe fueron catastróficas. Como veremos más adelante, la inseguridad y la pobreza no dejaron de incrementarse en los años venideros.

JOH y el fraude electoral de 2017

La presidencia de Lobo (2010-2014) se caracterizó por un incremento de la criminalidad, la crisis económica y la corrupción policial. Las perspectivas de futuro eran notablemente negativas y no obstante en 2014 el Partido Nacional revalidó la presidencia, esta vez en manos de Juan Orlando Hernández (también conocido como JOH), presidente del Congreso durante el mandato de Porfirio Lobo. El mandato de Hernández ha arrastrado los problemas de la anterior administración, por lo que la corrupción generalizada, la degradación de las condiciones económicas y sociales, y la inseguridad siguen siendo los grandes retos de la nación centroamericana. 

A ello hay que añadir la represión que los gobiernos del PN han ejercido sobre la oposición, degradando el funcionamiento de la democracia hondureña. La libertad y los derechos políticos están cada vez más mermados, y así quedó patente en las elecciones de 2017. En 2009 el Partido Nacional acusó falsamente a Zelaya de tratar de articular mecanismos para buscar la reelección y así perpetuarse en el gobierno. Ocho años después era el PN el que precisamente retorcía la legalidad para que Hernández pudiera ser reelegido.

Todo apuntaba a una victoria del candidato opositor, Salvador Nasralla, que lideraba una coalición de partidos entre los que se encontraba el del expresidente Manuel Zelaya. En principio el recuento de votos así lo indicaba, sin embargo, en medio del conteo, el sistema dejó de reportar los resultados. Cuando éste volvió a la normalidad, la tendencia había cambiado en favor de Hernández, quién finalmente se proclamaría vencedor en medio de acusaciones de fraude y fuertes protestas en las calles, que se saldaron con 33 muertos y numerosos heridos de gravedad. La represión gubernamental fue de tal magnitud que defensores de los derechos humanos denunciaron la utilización de munición real contra los manifestantes.

Violación sistemática de derechos humanos y asesinato de líderes sociales

No sorprende la constante violación de derechos humanos en el contexto descrito. La propia policía, que debería poner fin a estos problemas, es partícipe de los mismos. Si bien el gobierno creó una comisión para depurar responsabilidades, esta ha sido criticada por su falta de transparencia e incluso por componerla funcionarios partícipes de actos delictivos.

En cuánto a los colectivos que más padecen esta situación, se encuentran periodistas, defensores de los derechos humanos, ambientalistas y la población LGTB. Además, la impunidad está generalizada de tal forma que, por ejemplo, desde 2001 el 91% de los asesinatos de periodistas no han sido esclarecidos.

El caso más famoso es el asesinato de la defensora de los derechos indígenas y ambientales, Berta Cáceres, en el año 2016, por su oposición a la construcción de la represa de Agua Zarca. En total siete hombres fueron detenidos y condenados por ser los responsables, sin embargo, tan solo uno de ellos, que era directivo de la empresa constructora de la presa, ha sido señalado como autor intelectual. Algo que no contentó a la familia de Berta Cáceres, que asegura que existen más autores intelectuales entre los que se encontrarían militares, otros directivos de la compañía y funcionarios del gobierno.

Como decíamos, no es ni mucho menos un caso aislado. Y es que desde 2010 más de 120 ambientalistas han sido asesinados. Al igual que en el asesinato de Berta Cáceres, detrás de estos crímenes suelen estar las élites políticas y económicas y las fuerzas de seguridad del Estado. Un ejemplo que retrata esta confluencia de intereses es el del asesinato de tres indígenas que se oponían a la construcción de la planta hidroeléctrica de Los Encinos, proyecto controlado por el marido de Gladis López, presidenta del Partido Nacional hasta 2017.

Balance económico y social

Algunos datos macroeconómicos son positivos, como la tasa de crecimiento superior a la media centroamericana y la baja inflación. Sin embargo, este crecimiento no repercute favorablemente en la población. La mayoría trabajan en el sector informal ganando salarios ínfimos muy por debajo de la media latinoamericana. A esto se le suma un aumento, del precio en servicios básicos y electricidad, lo que deriva en que la pobreza afecte a más de la mitad de la población. Además, el impulso de sectores como el de las telecomunicaciones, la energía eléctrica y el sector financiero, no se ha traducido en una mejora en la calidad de vida del hondureño de a pie.  

Como señalábamos, la tasa de pobreza se sitúa en el 52,6 y la pobreza extrema en el 17,2, siendo esta segunda la más alta tras Haití y afectando especialmente en las áreas rurales, donde carecen de servicios básicos como agua potable, educación y sanidad. Por consiguiente, son los indígenas y afrodescendientes los que más padecen la pobreza en tanto que suelen habitar en estas zonas. Asimismo, la desigualdad es una de las más altas del mundo (50,7 en el índice de GINI).

La violencia es también el pan de cada día de los hondureños. Hace pocos años la tasa de homicidios se situaba en 80 por cada 100.000 habitantes, siendo la más alta del mundo. Desde 2012 se ha reducido notablemente hasta 41,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero aun está muy lejos de la media mundial de los países que no están en guerra, que es de 12 homicidios por cada 100.000. En contraparte otros delitos como las extorsiones, amenazas y reclutamiento forzoso en organizaciones de crimen organizado, han aumentado.

Ante este panorama muchos hondureños deciden emigrar, en su mayoría a Estados Unidos, sufriendo en el camino la violencia perpetrada por bandas criminales. Cabe destacar que las remesas que los migrantes envían a sus familias son una parte fundamental de la economía hondureña pues suponen aproximadamente el 20% del PIB nacional.  

Otro factor fundamental en la degradación de las condiciones de vida es la calidad de las instituciones. La corrupción galopante, la inexistente rendición de cuentas, y la baja calidad regulatoria hace que Honduras se sitúe muy por debajo en todos los índices de corrupción y calidad institucional.

Todos estos factores están interconectados y así lo han apuntado instituciones como el Banco Mundial señalando que el volátil e insuficiente crecimiento económico unido a la enorme desigualdad ha favorecido altas tasas de criminalidad y un aumento de la emigración. Todo ello unido a la corrupción y represión gubernamental, hacen de Honduras un país muy difícil para la vida.

Para expandir: Crisis política en Honduras