
En octubre de 2025, la administración de Donald Trump formalizó una petición al gobierno de Granada, liderado por Dickon Mitchell, del socialdemócrata Congreso Nacional Democrático, para establecer radares militares en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop en la capital, Saint George. Las intenciones de Washington son evidentes: emplear la isla, situada a apenas 150 kilómetros de las costas venezolanas, con fines militares.
Granada es un muy pequeño país caribeño de poco más de 100.000 habitantes que forma parte de la Commonwealth británica y que, por consiguiente, tiene al rey Carlos III como su jefe de Estado.
Este micro-Estado se encuentra, además, integrado en instituciones multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), la Asociación de Estados del Caribe (AEC), Petrocaribe o la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestro América (ALBA-TCP).
Granada, entre Trump y Venezuela
De igual forma que con Trinidad y Tobago, la Casa Blanca aspira a convertir Granada en un enclave favorable en su estrategia contra Caracas, enmarcada a su vez en un repliegue hemisférico promulgado especialmente por el secretario de Estado Marco Rubio.
Desde Granada, y valiéndose del sistema de radares militares, Estados Unidos podría monitorizar más fácilmente las actividades navales y aéreas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, si bien la narrativa de Washington para justificar sus exigencias hacia la isla ha vuelto a recaer sobre la idea de la lucha contra el “narcoterrorismo”.
En este sentido, es destacable que las negociaciones con Granada se inscriban en un escenario más amplio que incluye el despliegue de activos militares en Puerto Rico, los ejercicios militares en torno a Trinidad y Tobago y la campaña política, diplomática, económica, mediática y, más recientemente, militar contra el gobierno de Nicolás Maduro.
En Granada, han sido varias las voces que han urgido a Dickon Mitchell a rechazar las exigencias de Donald Trump. Granada fue invadida ya en el año 1983 por Estados Unidos bajo el pretexto de la lucha contra el comunismo y, específicamente, contra la “amenaza cubana”, poco después de la experiencia de gobierno del marxista-leninista New Joint Endeavor for Welfare, Education and Liberation (New JEWEL Movement; NJM).

Aquel ataque fue percibido por buena parte de los granadinos como una agresión contra la soberanía de la isla y ha facilitado la existencia de un marcado sentimiento antiestadounidense o, como mínimo, de un escepticismo antiinjerencista.
Tal es el escepticismo que, desde que Trump solicitó la instalación de los radares, se han sucedido manifestaciones en la isla para presionar al ejecutivo de Mitchell. En cualquier caso, Granada ha venido colaborando con el Comando Sur de Estados Unidos, aunque lo ha hecho fundamentalmente en actividades de índole policial y de seguridad.
La posición de Granada –y de otros tantos pequeños actores caribeños– es compleja. De un lado, una asociación con Estados Unidos para ayudar –o al menos facilitar– ataques contra Venezuela podría revertir beneficios a corto plazo para el gobierno de Mitchell, al tiempo que oponerse a los planes de Trump podría desencadenar represalias contra la isla.
Por otro lado, si Granada se plegase ante las exigencias de Washington, su imagen frente a organismos como la CARICOM o Petrocaribe podría verse afectada. En cualquier caso, ya existen grietas en la unidad de los Estados caribeños, especialmente entre la propia Venezuela y Guyana.
A su vez, las relaciones entre Granada y Venezuela antes de Trump habían sido buenas. En el año 2018, bajo el mandato del conservador Keith Mitchell, el gobierno de la isla no aprobó la resolución de la OEA por la que se desconocía a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales. Simultáneamente, Granada forma parte de instituciones internacionales de cooperación con Caracas, como Petrocaribe.
Sea como fuere, Granada enfrenta un dilema particular. La fragilidad inherente a su condición de micro-Estado, junto a su ubicación geográfica, la convierte en un espacio de enorme interés para el Estados Unidos de Donald Trump.
A la debilidad estructural de su gobierno y a su ligazón orgánica con un aliado de Washington como es el Reino Unido se suma la campaña militar norteamericana en Venezuela, el rechazo general de amplios segmentos de la ciudadanía granadina a todo lo que pueda ser visto como sumisión político-militar a la Casa Blanca y la disparidad de posiciones entre los gobiernos caribeños.
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