Fin de ciclo político en España: Pedro Sánchez y las elecciones anticipadas

El vuelco electoral producido durante las elecciones autonómicas celebradas el 28 de mayo posee claras implicaciones en la política nacional. La victoria de los dos principales partidos de la derecha española, el Partido Popular (PP) y Vox, signan el fin de un ciclo político y la apertura de otro nuevo donde es la izquierda quien se coloca en una posición defensiva frente al desplazamiento del espacio político estatal a la derecha. No obstante, con el objetivo de frenar el impulso cogido por la derecha, el actual presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, ha decidido anunciar elecciones anticipadas para el 23 de julio.

Como se explicará posteriormente, el escenario político actual en el que la derecha busca detentar la iniciativa se enmarca en un contexto mucho más amplio y de mayor profundidad que se caracteriza por la crisis política que España atraviesa y cuyo origen puede rastrearse en la década de los 2000. Para comprender y ubicar tanto el actual panorama como la rápida respuesta ofrecida por Pedro Sánchez analizaremos también el contenido y carácter de la mencionada crisis en las que estas elecciones y el propio ciclo político que cierran se encuadran, así como los principales vectores mediante los cuáles se ha manifestado y se manifiesta hasta la fecha.

Crisis política y fin de ciclo en España

La respuesta de Pedro Sánchez a la derrota electoral vino rápidamente contestada en la mañana del 29 de mayo con la decisión de anunciar elecciones anticipadas. Esta medida debe entenderse en el marco de un intento del PSOE por controlar los tiempos y acotar el momento político abierto con la victoria de la derecha: Sánchez no dejaba tiempo para disfrutar las mieles de la victoria, con un golpe de efecto contundente iniciaba una nueva campaña. El PP perdía así la cobertura mediática que esperaba obtener, obligando también, a todos los demás actores, a adaptarse a la nueva realidad de una acelerada campaña política. Al contrario de lo esperado, la derecha no contará con seis largos meses de preparación en los que podría haber capitalizado el resultado al ampliar su ventaja sobre la izquierda, acusando el desgaste de un gobierno de coalición marcado por los desencuentros. 

Sánchez consigue al mismo tiempo con este movimiento acallar cualquier voz crítica dentro de su partido; no hay tiempo para cambios políticos de calado, por lo que sus rivales internos, como García Page en Castilla la Mancha, deberán cerrar filas. Esto también va para las organizaciones más a la izquierda, quienes se ven obligados a armar una coalición con apenas diez días para negociar, pues los resultados, especialmente negativos para el espacio electoral que quiere ocupar Sumar, lo exigen a riesgo de una debacle mayor. De esta forma, el PSOE ha conseguido configurar un escenario electoral más favorable al presentarse como el voto útil ante el crecimiento de Vox. El mensaje es claro y permite a los socialistas ampliar su espacio a la izquierda en detrimento de sus socios de gobierno. 

El clima mediático será más favorable que en diciembre, pues la campaña se desarrollará al mismo tiempo que el PP y Vox negocian sus coaliciones de gobierno, ocupando esto la atención mediática. En su lugar, si hubieran dejado el calendario intacto, correrían el riesgo de que el PP consolidase sus posiciones con su papel de oposición, que la labor de gobierno se viese lastrada con una presidencia rotatoria en la Unión Europea de la que no podrían sacar provecho y se habría diluido el miedo al auge de la derecha, que al asentarse consiguen una mayor normalización política. Al acelerar los tiempos el PSOE mantiene la movilización política propiciada por el resultado, e incluso en caso de derrota los de Ferraz habrán amortiguado el golpe y podrán situarse como la oposición de forma más solvente.

Sin embargo, aunque el adelanto electoral atiende a un intento del PSOE de salvar el gobierno, y le sitúa en mejores condiciones para presentar una contratendencia al crecimiento de la derecha, no pone freno al resultado de fondo. Pues la tendencia objetiva que viene desarrollándose durante los últimos años y que sitúa a las derechas a la cabeza es producto del agotamiento del ciclo político abierto por el 15-M y tiene implicaciones de carácter histórico y no únicamente político. 

Nos referimos a una crisis cuya profundidad hace que lo que esté en juego no sea meramente la iniciativa de uno u otro sector político, ni tampoco uno u otro equilibrio de fuerzas, sino el propio modelo consolidado con la Constitución del 78. El consenso político que sintetiza la Carta Magna española se mantenía sobre una alianza entre el grueso de los sectores políticos representados por el franquismo y aquellos grupos surgidos al calor de las reformas políticas impulsadas durante la etapa desarrollista de franquismo, quienes exigían un cambio de la estructura jurídico-política de acuerdo a sus intereses; así como parte del nacionalismo periférico, esencialmente Catalunya, Euskadi y Galiza, además de incorporar a sectores de las clases medias. 

Tales acuerdos comienzan a resquebrajarse durante el gobierno de Aznar (2000-2004), cuando el viraje atlantista protagonizado por la formación de derechas trae aparejado una campaña de ataque al nacionalismo –especialmente vasco bajo la justificación de derrotar a ETA y que afecta al propio Partido Nacionalista Vasco (PNV)–, así como un conjunto de políticas orientadas a desmantelar el Estado de bienestar, principal bastión de esos sectores de clases medias incorporados al poder político durante la democracia.

Todo esto sienta las bases para la actual crisis política de España, que ya desde 2011 se muestra en toda su crudeza. Por un lado, la ruptura del equilibrio entre las diferentes fuerzas de la clase política española se resuelve con una ruptura desde Catalunya, donde los dos principales partidos políticos catalanes comienzan a movilizar a sus bases sociales con el objetivo de presionar al gobierno central, amenazando con una declaración unilateral de independencia. A fin de cuentas, es debido a la posición de fuerza ocupada por las organizaciones catalanistas que ha sido precisamente desde este flanco desde donde han provenido las mayores turbulencias durante este ciclo político abierto en 2011. 

Por otro lado, la erosión de los vínculos entre los partidos políticos tradicionales y amplios sectores de la sociedad civil desemboca en el derrumbe del sistema de partidos vigente y, además, en grandes movilizaciones que afectan a todo el Estado entre 2011 y 2014. Esta situación permite que nuevas formaciones a la izquierda del PSOE puedan recoger y capitalizar estas demandas, sintetizadas en el famoso “¡no nos representan!” y acumular la fuerza social necesaria como para lograr una amplia representación parlamentaria.

Sin embargo, los ritmos a los que estos acontecimientos suceden quedan marcados por una rápida desmovilización social, de modo que para 2014 apenas existe movimiento político más allá del parlamento en el grueso del territorio estatal. Esto coloca a Podemos en una complicada situación, puesto que su fuerza residía en el apoyo provisto por dichas movilizaciones y donde el único apoyo seguro que les queda son las propias instituciones políticas que ellos mismos ocupan. Tal dilema favorece una rápida moderación de esta nueva formación política, quien, con el fin de evitar que se cree un cordón sanitario a su alrededor, pasa de exigir la reforma del Consenso del 78 a presentarse como su defensor frente a la ‘radicalidad de las derechas’.

Asimismo, las decisiones de Podemos en relación al referéndum de 2017, el segundo gran evento del cerrado ciclo político junto al 15-M, mutilan su base social en Euskal Herria y Catalunya. De esta forma, sin estructuras territoriales sólidas, a Podemos y las confluencias que se configuran como parte del mismo espacio político solo les queda replegarse allí donde poseen representación política o donde, como en el caso de Izquierda Unida, preexisten estructuras políticas. A la disección de la actividad política fuera de las instituciones y ante la ausencia de logros políticos que reclamar, el espacio político de Podemos comienza a achicarse tan rápido como había surgido. Sin embargo, sobre esto volvemos al final de este artículo.

Decíamos, no obstante, que la posición de Podemos respecto al referéndum del 1 de octubre en Catalunya tiene un alto precio político. Esta posición, a la que subyace el deseo de la organización de presentarse ante un amplio electorado como Partido del Orden, buscando desplazar y sustituir al PSOE, refleja la dinámica chovinista que caracteriza a la política española de manera clara para esas fechas. Un fenómeno que comienza establecer las condiciones para la actual iniciativa que la derecha ha comenzado a gozar. 

Ahora bien, si la emergencia del chovinismo, rasgo clásico que acompaña a todo momento de crisis nacional, se hace notar en la izquierda, más nítidamente aún ocurre en la derecha. De la misma manera que el PSOE se ve desconectado de sectores de sus votantes debido a la crisis económica y la esterilidad de sus políticas para paliar la situación, lo propio le ocurre al PP. Al empeoramiento de las condiciones de vida de las bases sociales del PP se le suma que la ‘unidad de España se encuentra amenazada’. Ello sienta las condiciones para la emergencia de Vox como partido que, recogiendo el legado de la herencia aznarista, busque plantearse como alternativa política real que “se enorgullece de España con honra”. A su vez, una vez Podemos se integra en los ministerios y ayuntamientos, la única referencia anti-establishment que queda es Vox, quien con su estrategia política comienza a referenciarse ante sectores del electorado cada vez más amplios y es capaz de generar una opinión pública propia favorable.

Una vez la desmovilización social tiene lugar, el ciclo político abierto comienza una etapa de reflujo, donde las tendencias chovinistas se agudizan de forma cada vez más nítida y sienta las bases para una derechización del espacio político. Esta tendencia se agudiza aún más conforme más patente se ha hecho el fracaso del programa político de la nueva socialdemocracia y su incapacidad para atajar los efectos negativos producidos por la COVID-19 y la Guerra de Ucrania.

En cualquier caso, lo fundamental a señalar aquí es el carácter que encierra la actual crisis política de España y en la que se enmarca el fin del actual ciclo político. Hablamos pues de la descomposición de todo un bloque de alianzas de la clase política dominante, de sus acuerdos y vínculos, los cuales han marcado más de cuatro décadas de democracia, pero que incluso la preceden. Es decir, la situación de crisis en España no tiene vistas a terminar con el cambio de ciclo político ni con un mero acuerdo entre las diferentes fuerzas; sus causas son más profundas y apuntan a una crisis del modelo político actual en su conjunto tal y como funciona a día de hoy.

La derecha ocupa el vacío

El vacío dejado por la izquierda durante estos años de gobierno, con un considerable desgaste político, ha sido ocupado por la derecha. La campaña electoral del 28 de mayo debemos enmarcarla tanto en el acentuado carácter nacional que ha adquirido, como plebiscito a la presidencia de Pedro Sánchez, como en esta tendencia hacia la derechización política que viene desarrollándose con el agotamiento del ciclo abierto con el 15-M.

La derecha ha desarrollado una campaña en la cual ha sabido situar varias ideas clave que han ampliado su espacio político. Esto lo podemos ilustrar con la reciente moción de censura llevada a cabo por Vox en marzo de 2023, donde el candidato a la presidencia, Ramón Tamames, ha permitido con su figura llevar las posiciones políticas nacionalistas a nuevos sectores de la sociedad. 

Especialmente relevantes han sido los marcos que se han instalado, como el de un gobierno que regula demasiado la economía, las subidas de impuestos, o que se inmiscuye en la vida privada de los ciudadanos, especialmente en cuestiones relacionadas con la sexualidad. Se hacía así alusión a España como un cuerpo social enfermado por un gobierno que es una “autocracia absorbente”, presentando la idea de la ilegitimidad de un ejecutivo al que acusaba de abusar de los decretos ley y de “dividir a los españoles”. Cuestiones que han tenido acogida en el contexto de pandemia y pospandemia, con la militarización social y de auge inflacionario. Otro vector que ha servido para canalizar el voto conservador ha sido el de la okupación, discurso que incluso ha comprado buena parte de la izquierda a pesar de su carácter residual y el alto precio de la vivienda.

Además, en la campaña se ha instalado un clima político chovinista que ha venido combinado por las acusaciones de fraude electoral en Melilla, trazando una relación entre Marruecos y el PSOE ante un cambio en la política exterior que ha favorecido la posición marroquí en el Sáhara Occidental. A esta última cuestión se le sumaban las acusaciones de convivencia del gobierno con la extinta ETA por llegar a acuerdos con fuerzas políticas de la izquierda abertzale. Escenario este último que ha venido propiciado por el PP madrileño, quien denunciaba en mitad de la campaña electoral la presencia de antiguos militantes de ETA en algunas listas municipales de EH Bildu. 

Por otro lado, la participación central de Pedro Sánchez en las elecciones locales ha acentuado su carácter nacional, propiciando un efecto favorable a la derecha, que ha hecho campaña polarizando en torno a su figura. La visita a Estados Unidos y el apretón de manos con Joe Biden han hecho poco para mejorar su imagen. La derecha ha conseguido capturar la mayor parte de capitales de provincia, arrebatándole 14 al PSOE, incluidas todas las de Andalucía, entre ellas Sevilla, el municipio más grande gobernado por los socialistas. El PP también podría pasar a gobernar las comunidades autónomas de Aragón, Cantabria, Extremadura, Valencia y Baleares pactando con Vox –en La Rioja han conseguido la mayoría absoluta–. 

La vuelta al poder del PP en Valencia es una buena muestra de esta tendencia general, con 350.000 votos más que en 2019 han duplicado su representación en las Corts Valencianes. Y esto a pesar de la gran inversión realizada por el PSOE con proyectos clave como la electrificación de la planta de Ford en Almussafes, que venció a su competidor germano, o la apertura de la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt, que incluirá la participación de la Universitat Politècnica de València para proveer de capital humano.

Los socialistas sabían que esta era una plaza clave para mantener la gobernabilidad ante la pérdida del feudo andaluz y el claro asentamiento de la derecha en Madrid. Los intentos de los socialistas de mantener la plaza levantina se han visto entorpecidos por la barrera de entrada del 5%, cuyo intento de reformarla para asegurar el acceso de la izquierda se vio truncado por las presiones de Madrid a la dirección valenciana de Ciudadanos, que terminó por rechazar el acuerdo. Así, la campaña de Ximo Puig se centró en una idea simple: “Gürtel o Volkswagen”. 

Y es que lo cierto es que Moncloa ha sido más generosa con los presupuestos para Valencia, que ha conseguido atraer la mayor inversión industrial. Sin embargo, en favor de estos sectores el Govern del Botànic ha desatendido a la industria azulejera y de cerámica de Castellón, duramente afectada por la subida del precio del gas –esta industria consume el 8% del gas nacional– por los procesos químicos que exige, perdiendo competitividad frente a sus pares europeos. El bloqueo de Argelia al azulejo por la política hacia Marruecos ha agudizado aún más el descontento. 

Además, el gobierno de Puig también ha desatendido Alicante, principal base de los populares dado su más marcado carácter castellano parlante. Aquí el sector agrícola y de la industria alimentaria se encuentra en pie de guerra por la decisión de reducir el caudal de agua del Trasvase Tajo-Segura que reciben tanto en esta provincia como en Murcia en el marco del Plan Hidrológico Nacional. La alternativa de las desalinizadoras, aunque viable, encarece la producción en un año en que la sequía ya ha hecho estragos sobre la producción y buena parte de las importaciones de grano para la industria cárnica penden de Ucrania. En este flanco el PP se disputa con Vox la dirección de Asaja, la principal organización agraria.

El PP levantino ha capitalizado este descontento y ha hecho de Valencia el eje central de su campaña. Los populares han visto en el Arco Mediterráneo la llave para recuperar la Moncloa, constituyendo un potente eje económico junto a Madrid. Ya con este escenario la gobernabilidad se haría harto difícil para el PSOE en el actual escenario. Como ya hiciera José María Aznar en 1995, acompañado por la fiebre del ladrillo, la conquista del Levante de la mano del sector inmobiliario abre la posibilidad de asentar una hegemonía conservadora en un tándem PP-Vox.

Esta mayoría también se ha materializado en el ayuntamiento de Valencia con una candidata carismática como María José Català. Este retorno del PP sanciona que la larga penitencia de la Gürtel, que sumió a los populares en una profunda crisis, ha quedado atrás. Si la dominancia del PP se vio contestado en este territorio se debió principalmente a la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008, que reveló las costuras de este modelo de crecimiento, y los consecuentes casos de corrupción que salieron a la luz.

Derrumbe que en buena medida tuvo como telón de fondo las maniobras del PP madrileño, cuyo aparato mediático sacrificó Valencia para tratar de lavarse las manos. Hay que recordar cómo el PP valenciano salvó a Rajoy en 2008 ante los ataques de Esperanza Aguirre desde la capital, con lo que esta plaza será clave para que Feijóo mantenga el control del partido ante un sector madrileño, liderado por Ayuso, con mucha fuerza.

Otra plaza importante retenida por el PP ha sido la Comunidad Autónoma de Madrid. En este caso, el PP ha logrado sacar la mayoría absoluta; una victoria de suma importancia en la medida que es de las pocas comunidades autónomas donde el PP podrá gobernar por su cuenta. Además, esto se complementa con los resultados obtenidos en la propia capital del Estado. En Madrid, el actual presidente de la villa y miembro del PP logra no solo imponerse sino que además lo consigue con mayoría, de forma que no necesitará depender de Vox para gobernar. 

Ahora bien, Madrid presenta unas particularidades propias respecto a los corrimientos ocurridos en la derecha a nivel estatal que son interesantes tener en consideración. Aquí, quien domina es el ala más liberal del PP. Esta corriente, cuya hegemonía ha motivado profundas disputas internas que han estado cerca de acabar en una ruptura pública entre la dirección madrileña y la dirección central, presenta una política alternativa a la que Pablo Casado en su momento o Alberto Núñez Feijóo en la actualidad representan. Una muestra de esto ha sido la campaña desplegada por el aparato mediático del PP madrileño contra EH Bildu, con Ayuso azuzando por su ilegalización y calificando al PNV de “racista”. Ambiente que no puede dejar de preocupar en la dirección general de Génova 13, pues Feijóo necesita mantener puentes con el PNV en Euskadi para gobernar con cierta estabilidad en Moncloa.

Sin embargo, más allá de las trifulcas internas del PP, las cuáles parecen poco probable que resurjan en un futuro próximo dada la victoria general del PP en toda España, que restan importancia al éxito en Madrid, y la proximidad de las elecciones, lo notable de la línea de Isabel Díaz Ayuso, dirigente del PP de Madrid y máxima representante de este ala liberal, es que ha sido capaz de frenar el ascenso de Vox en la capital e incluso mermar su representación tanto a nivel autonómico como en la villa. 

Este hecho tiene una doble importancia. Primero, nos señala el carácter esencialmente liberal sobre el cual el proyecto de Vox se asienta. Si bien en Vox han coexistido dos tendencias, una de corte netamente liberal y otra con orientación obrerista que apuesta por erigir un movimiento de masas, la defenestración de Macarena Olona parece haber decantado la balanza en favor del primer proyecto político y en detrimento del segundo, cuyos principales representantes han sido marginados en el partido o expulsado. En su lugar, la dirección de Santiago Abascal es la que se ha consolidado como proyecto político para Vox. El segundo aspecto a considerar, aunque en relación con lo anterior, nos alumbra sobre la resiliencia del PP, quien en la medida que goza de un mayor arraigo territorial y de un respaldo orgánico plenamente insertado en las instituciones, es capaz de asegurar su base social con soltura frente una propuesta política similar a la suya. 

De tal modo, la capacidad inmediata de Vox para arrebatar al PP su base social en un momento político donde a nivel nacional ambos partidos son parte de la oposición y a nivel autonómico comparten sillones pasa por su capacidad para presentar un proyecto alternativo al del PP. Bien porque la línea actual de consenso enarbolada por Feijóo se mantenga, bien porque, ante una hipotética emergencia de Ayuso, Vox se vea forzado a virar aún más a la derecha sus posiciones. En caso contrario y considerando que Vox y Podemos comparten un mismo problema: la falta de arraigo territorial, es esperable que el partido de extrema derecha sea digerido por el PP. 

A su vez, debemos tener en cuenta las limitaciones del éxito de Vox. Ante un escenario en que la mayoría conservadora está en juego y a pesar de la tendencia favorable, la llamada al voto útil del PP en el contexto de adelanto electoral y posible movilización de la izquierda puede afectar negativamente a los resultados de Vox. Sea como sea, la formación verde ha conseguido extenderse en el territorio nacional duplicando su electorado respecto a 2019, y se implantará en los gobiernos de coalición autonómicos, como hizo en Castilla y León. En Catalunya son el partido que más ha crecido ganando 114.000 votos al absorber a buena parte de Ciudadanos.

Por otro lado, el marcado chovinismo que ha presidido la recta final de la campaña no solo ha beneficiado a la derecha. Como explicábamos anteriormente, la problemática nacional ha sido un aspecto clave y por donde principalmente se ha expresado la crisis política que España atraviesa. En este sentido, el tono marcadamente españolista que adquirió la campaña tuvo su contrapartida en las naciones periféricas del Estado; sobre todo en Euskal Herria. Allí, el principal partido de la izquierda abertzale, EH Bildu, ha logrado capitalizar la reacción a la reacción ultra-españolista, rompiendo su tradicional techo electoral y colocándose como primera fuerza política en la comunidad autónoma de Euskadi y como segunda en Navarra.

Este hecho tiene particular trascendencia en la medida que sanciona el auge del chovinismo, sea de gran nación o de pequeña nación, como principal vector de movilización social. Ahora bien, que EH Bildu se haya postulado como principal partido en Euskal Herria también responde a la política y retórica progresivamente más moderada que en los últimos años ha adoptado este partido, que ha sido capaz de desplazar al PNV y disputarle parte de su base social, así como de la base social de otras organizaciones de izquierda.

Por otro lado, si en Euskal Herria la situación ha beneficiado a EH Bildu, lo contrario ha sucedido en Catalunya. En esta comunidad autónoma, la situación política es radicalmente diferente. Aquí, el clausurado ciclo político tuvo como colofón la realización del referéndum para la autodeterminación de Catalunya en 2017. Desde entonces, la tendencia de la movilización de masas que originó el Procès ha sido descendente.

Esto ha perjudicado especialmente a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partido que logró capitalizar todo este proceso político. Tras estas elecciones, las candidaturas de ERC han recibido cerca de 300.000 votos menos que en las pasadas elecciones autonómicas de 2019. Tales resultados confirman la tendencia de declive que ERC había venido sufriendo desde 2018-2019. A los resultado de ERC se le contraponen los resultados de la candidatura de Junts per Catalunya, las cuales logran mantener el número de votos y aumentan en  porcentaje. Este hecho es importante, puesto que nos habla del estancamiento, cuando no bancarrota, del proyecto nacionalista socialdemócrata catalán y de cómo la tendencia hacia la derecha afecta también a Catalunya. 

Más llamativos han sido los resultados de la derecha española. Por primera vez Vox supera el cinco por ciento de apoyo, obteniendo 130.000 votos más que en 2019 y el PP mejora sus resultados con alrededor de 80.000 votos más. A su vez este escenario nos habla de esa efervescencia del chovinismo más españolista, quien ve su representación aumentada en un territorio donde históricamente poco apoyo social ha logrado recoger. Como mayor ejemplificación de esto que hablamos es la contundente victoria del PP en Badalona, donde logrando el apoyo de hasta votantes de ERC, ha obtenido una contundente mayoría absoluta con 18 de los 27 concejales. Las mismas tendencias se expresan en los resultados en el municipio gironí de Ripoll, donde la formación de extrema derecha catalana, Aliança Catalana, ha obtenido el 30% de los apoyos.

Las limitaciones del programa de la izquierda

Una situación aún más particular es la que atraviesan las formaciones a la izquierda del PSOE. Estas formaciones, bien resucitadas al calor de las movilizaciones del 15-M, han visto como su base social se ha achicado a grandes pasos de forma paralela al agotamiento de las movilizaciones sociales originadas en 2011. Con Podemos a la cabeza, este conjunto de organizaciones nos hablan de un modelo político alternativo al aplicado por los dos partidos tradicionales, el PP y el PSOE. Ellos mismos son expresión de la propia crisis política que atraviesa al Estado español ante la desconexión de amplios sectores de la sociedad civil respecto a las formas tradicionales de realizar política.

Mencionábamos que la fuerza de estas nuevas organizaciones políticas descansó inicialmente en su capacidad para vehicular el descontento social y canalizar las demandas del 15-M a través de la representación parlamentaria. Pero este vínculo entre el parlamento y la movilización social quedó rápidamente segado ante la necesidad de Unidas Podemos, y las fuerzas de su espacio político, de tener libertad para maniobrar en el juego parlamentario con el PSOE y conquistar posiciones en el gobierno. En un contexto de creciente y generalizada desmovilización social, este acuerdo fue clave en la evolución de Unidas Podemos. 

A partir de él, el centro de gravedad de la política de la formación morada pasó de la presión desde la calle hacia los despachos ministeriales y los acuerdos en los pasillos. Hecho que se vio especialmente acentuado en el contexto de la pandemia y que reforzó aún más el papel del Estado como estructura de control social. Así, a Unidas Podemos no le quedó más remedio que proclamar el espacio conquistado institucionalmente como trofeo. Desde estas posiciones, el espacio político a la izquierda del PSOE tendió a enrocarse en las instituciones como único medio que le permitía continuar ejerciendo política. De forma acelerada, su posición como gestor del Estado desplazaba a su posición como representante del descontento social y Unidas Podemos abjuraba sin ningún pudor de todas sus reivindicaciones más radicales levantadas durante el 15-M para “ganar a un país al completo”.

Tal periplo ha sido precisamente la semilla de la discordia entre Unidas Podemos y sus confluencias. Dotados de una estructura federal, tan pronto como se diluyó los movimientos sociales que habían logrado capitanear y servían como fundamento de su unidad orgánica, las diferencias y desconfianzas entre las fuerzas no tardaron en emerger. Ello derivó, primero a nivel local y autonómico y luego a nivel nacional, en la desintegración del espacio político formado a la izquierda del PSOE; ahora irremediablemente fracturado ante la imposibilidad de volver a llenar las calles. En esta situación, solo un proyecto político creado desde arriba y espoleado tanto por la repetida amenaza de la “llegada de la ultraderecha al gobierno” como por la debacle electoral del 28 de mayo –pese a separadamente llegar a sumar en algunas alcaldías el 20% de los votos quedó sin representación– puede volver a crear un espacio político de izquierdas unificado.

Y es esto último lo que ha sucedido. La emergencia de Sumar como espacio que surge al margen de Unidas Podemos, pero a la vez desde las entrañas de Unidas Podemos –más concretamente del Partido Comunista de España, cuya función histórica en el sistema político español ha sido la de educar a gestores del Estado que apliquen políticas de izquierda– da cuenta de ello. Pero no solo sumar surge de Unidas Podemos, sino que Sumar ha sido resultado de acuerdos de la alta política. 

A diferencia de Podemos, Sumar no ha contado con una plataforma mediática propia desde la que auparse a la escena pública; más bien han sido los propios aparatos mediáticos del PSOE los que le han dado voz y visibilidad, reiterando la idea que antes expresábamos: el espacio a la izquierda del PSOE carente de una estructura partidaria sólida que respalde su proyecto político solo ha podido maniobrar desde las instancias ministeriales. Este punto de partida de la actividad de Sumar, que se ve impulsado por y busca atraer a los sectores de la izquierda del PSOE, se ubica en una posición ideológica mucho más a la derecha de la que siquiera mantiene Unidas Podemos en la actualidad. Algo que simultáneamente contribuye y es resultado del propio desplazamiento hacia la derecha de la opinión pública y donde, como apuntábamos, es principalmente Vox quien lidera la iniciativa. 

Sin embargo, la causa última de que el espectro político español vire hacia la derecha no es debido a la astucia política de Vox, más bien este partido ha sabido aprovechar la situación actual en su favor. Si ha habido, de una parte, una desmovilización del electorado más a la izquierda, y de otra una capacidad del PP y Vox para captar y engrosar su base social, esto responde a las propias limitaciones del proyecto político que Unidas Podemos y el PSOE ponen en marcha con el arranque del gobierno de coalición. 

Por último, la jornada electoral ha estado profundamente marcada por la abstención, una de las más altas en la historia en este tipo de elecciones, situándose en el 36.08%. Este dato, que aumenta notablemente entre los estratos más pauperizados llegando a colocarse en el 60%, refleja el alto grado de desconexión existente entre buena parte de la sociedad civil y el sistema político actual. Abstención que se acusa especialmente en el espacio político de la izquierda ante la desazón con el Gobierno de Coalición, pues el PSOE ha conseguido mantener unos resultados con pérdidas limitadas, perdiendo el poder en muchas plazas debido al descalabro de la Unidas Podemos y sus confluencias. Asimismo, muestra de lo anterior y que expresa el desgaste y erosión de los mecanismos tradicionales a través de los cuales la sociedad civil se integraba en el Estado es que la abstención ha tenido una tendencia ascendente desde el inicio de la crisis política que ubicábamos en 2011.

Únicamente las elecciones de abril de 2019 rompieron esta tendencia, donde la abstención descendió hasta el 24.25%. Aquí, la estrategia de la izquierda para movilizar el voto ante la “amenaza del fascismo” tras las elecciones andaluzas de 2018 –donde Vox entraba en un parlamento autonómico por primera vez– logró un voto en masa debido al miedo azuzado por la izquierda. Sin embargo, esta estrategia ha tenido muy poco recorrido. 

No solo “no se ha frenado a Vox”, quien con alta probabilidad estará presente en un alto número de gobiernos autonómicos, sino que además con la excusa de hacer una política para todos, el gobierno de coalición, pese a presentarse como el “gobierno más progresista de la historia”, ha aplicado medidas de disciplinamiento social, aplicando la propia Ley Mordaza que prometió derogar, así como desplegando a las Fuerzas Armadas y de Seguridad en las calles so pretexto de hacer frente a la pandemia.

Continuando con el plano social, el gobierno no ha hecho sino apuntalar los aspectos más antisociales de las reformas de la derecha con una contrarreforma laboral que consolida los ERTES y mantiene el abaratamiento del despido. Una reforma la cual fue pactada mediante el diálogo social, con una patronal que gozó de una posición privilegiada en las negociaciones y cuyo propio presidente aplaudió al considerar que “consolida lo esencial de la reforma laboral de 2012” y “garantiza la paz social”. Pocos meses antes el gobierno aplastaba la huelga del metal en Cádiz sacando las tanquetas. Y hace unos meses aprobaba una ley de vivienda vacía de competencias al quedar su implementación a voluntad de los órganos subestatales. Tampoco puede decirse que se haya avanzado en la repetida promesa sobre nacionalizar y regularizar los precios de las eléctricas, cuyas multinacionales han tenido beneficios récord con la crisis energética.

A nivel internacional, el mismo gobierno daba un apoyo abierto a Ucrania en la guerra y acogía la cumbre de la OTAN en Madrid, por más que Unidas Podemos mostrara su desacuerdo de cara al electorado seguían avalando el envío de armas. Ello en un contexto inflacionario que ha reducido considerablemente el poder adquisitivo de amplias capas sociales. Los aumentos del salario mínimo quedaban de esta forma como un paliativo regresivo al no llegar a suplir las subidas de los bienes básicos. Lo mismo en lo que respecta a la cuestión del Sáhara Occidental y a lo que debe sumarse el acribillamiento de 23 migrantes en la valla de Melilla.

Lo que comentamos, sin embargo, no puede reducirse a una mala gestión o a una traición a la esencia de la socialdemocracia. Más bien, esta legislatura refleja claramente a qué política aspira y puede desarrollar la socialdemocracia. Independientemente de la radicalidad discursiva de la que esta se dote; pues esta no hace sino referencia al grado de pauperización en el que se hallan los grupos sociales que busca representar y que previamente gozaban de una posición holgada en el Estado de bienestar. La aplicación de una política posibilista y pragmática tal y como la aplicada por Unidas Podemos y el PSOE redunda sobre los propios límites del programa socialdemócrata en la actualidad, el cual en el contexto social actual no puede aspirar a otra cosa más que a mantener las cada vez más reducidas posiciones dentro del Estado de bienestar, pues este ha perdido todo fundamento que históricamente lo sostuvo y mostró como herramienta necesaria para mantener la paz y estabilidad social. 

Lo limitado de la profundidad y contundencia de las políticas sociales responde directamente a la inexistencia de un movimiento en las calles desde el cual poder ejercer presión política. Sin embargo, la hipotética existencia de este en tanto que grupo de presión nada cambia lo descrito en los párrafos anteriores; simplemente ofrece un momentáneo mayor margen de maniobra a la socialdemocracia siempre y cuando este sea integrado dentro del Estado. Pues la otra opción que se le presenta al Estado, como en Cádiz se pudo ver, es la misma represión. 

Es precisamente por lo que aquí planteamos que de manera indirecta la propia socialdemocracia contribuye a su fracaso al incumplir sus promesas y ser incapaz de efectivamente arreglar los problemas sociales que sufre el sector de la población que busca representar. Ante su fracaso, la alternativa política que se abre para estos mismos sectores que ven cómo su situación diaria empeora es la de la radicalización. No obstante, esta radicalización no se produce hacia la izquierda, pues más allá de ella no existe nada, sino que el fracaso de la gestión socialdemócrata abona el terreno para la emergencia de un movimiento de masas nacionalista de derecha. Y es de hecho, más allá de la organización que sea capaz de vehicular ese descontento, hacia este escenario hacia donde las tendencias actuales y generales apuntan en España: hacia la ruptura por la derecha del espacio político.

Un análisis de Àngel Marrades y Manuel Overa