
Etiopía, enclavada en la convulsa zona del Cuerno de África atraviesa en la actualidad un complicado panorama geopolítico que incluye tanto conflictos exteriores con sus vecinos, principalmente Egipto, como tensiones internas. La llegada al poder del reformista Abiy Ahmed Ali en 2018 pareció ser el inició de un proceso democratizador y de pacificación en todo el país. Dos años después, este proceso está lejos de cumplir sus supuestos objetivos.
No por ello debemos menospreciar el fuerte paso adelante que dio el país tras su nombramiento como Primer Ministro. Este se produjo en medio de un clima de fuerte tensión social que llevó a la dimisión de su predecesor en el cargo, Hailemariam Desalegne. Sus primeras medidas consistieron en el levantamiento del estado de emergencia que regía el país, la legalización de partidos políticos y la amnistía para miles de presos y exiliados. Pronto, también llevó a cabo fuertes reformas sociales, destacando su lucha contra la corrupción y, especialmente, un programa generalizado para reconocer y aumentar de forma muy significativa el papel de la mujer tanto en la sociedad como en los cargos políticos.

Estas medias reformistas y aperturistas aportaron a Abiy Ahmed una espectacular popularidad tanto interna como externa, acrecentada tras su proclamación como Premio Nobel de la Paz 2019 por su papel en el proceso de paz con Eritrea. Actualmente, este panorama aparentemente idílico ya no existe. La coalición gobernante, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF) se ha desintegrado con la escisión del anterior dominador de la coalición, el Frente de Liberación del Pueblo Tigray (TPLF), creando las demás formaciones un nuevo partido, el Partido de la Prosperidad Etíope, que excluye al TPLF. Debido a la actual situación sanitaria, las elecciones que debían celebrarse en agosto se han pospuesto sine die, crispando el entendimiento político, más si cabe.
Esta tensión política se ve agravada por la tensión étnica que históricamente ha afectado a un país donde conviven más de 80 grupos nacionales que han sido favorecidos o discriminados según la etnia gobernante, creando fuertes rencillas que conllevan de forma periódica la aparición de graves conflictos. En 2018, se llegó a considerar a Etiopía como el país con más desplazados internos del mundo, calculándose en millón y medio las personas desplazadas por estos conflictos
Reorganización territorial: éxitos y fracasos de una política para el entendimiento interétnico
La caída del régimen autoritario del “Derg” en 1991 aumentó las aspiraciones de acabar con el centralismo estatal y construir un Estado federal en el que se reconocieran las esperanzas autonomistas de las diversas etnias. Este federalismo divide el país en 10 estados en función del grupo étnico mayoritario en cada territorio: Afar, Amhara, Benishangul-Gumuz, Gambella, Harar, Oromia, Pueblos y Naciones del Sur, Región Somalí, Tigray y Sidama En la Constitución etíope, promulgada entonces, se reconoce el derecho a la autodeterminación y secesión de las distintas regiones e incluso algunas como Eritrea consiguieron la independencia en 1993.
Los logros que trajo consigo esta reorganización territorial fueron sin duda muy importantes para la vida de muchas familias del ámbito rural y de regiones alejadas de la capital. Las inversiones públicas, antes muy centralizadas, llegaron a las zonas más remotas e hicieron a estas menos dependientes de los gobernantes estatales. El auto-gobierno regional consiguió que cada zona pudiera distribuir sus propios recursos como más le convenga. Además, se reconoció a las diversas lenguas regionales como oficiales, acabando con el monopolio del amhárico.
Sin embargo, esta reorganización territorial trajo, para muchos, más problemas que soluciones. Cada ciudadano fue obligado a declarar su pertenencia a uno de los más de 80 grupos étnicos del país para ser asignados en cada uno de los estados. Esto se hizo sin tener en cuenta criterios ni geográficos ni sociales. Muchas etnias pasaron a ser minorías en estados dominados por otras y a ser considerados “extranjeros”. Así mismo, las tierras comunales gestionadas entre todos los habitantes de forma comunitaria, pasaron a ser propiedad de cada estado.
Todo esto provocó un cambio en la mentalidad etíope, que desde entonces ha incrementado su sentimiento de pertenencia a un grupo étnico por encima del sentimiento de pertenecer a una nación llamada Etiopía. En cada territorio, las élites dominantes canalizan el descontento social hacia las minorías étnicas residentes en él, creando fuertes tensiones que ocasionalmente acaban en conflictos armados. Las rencillas históricas hacen el resto. Asimismo, la libertad de circulación se ha visto fuertemente restringida.

Uno de los mayores ejemplos de estos conflictos lo encontramos en los amharas. Durante años, los diversos gobernantes etíopes pertenecieron a esta etnia y su lengua fue considerada como la única oficial. Esto provocó el rencor del resto de la población e hizo que actualmente sea fuertemente discriminada fuera de su estado. Los ataques de grupos armados en algunas regiones como Oromía son una constante y milicias regionales saquean e incendian las aldeas de este grupo.
El pueblo oromo, históricamente discriminado
El pueblo oromo, considerado el mayor grupo étnico de Etiopía, es quizás quién mas ha sentido una notable discriminación a lo largo de su historia. Durante años sufrió la exclusión por los gobernantes amhara. Tras la caída del “Derg”, fue también dejado de lado por el partido de la minoría tigray, quién se hizo con la hegemonía política de la coalición gobernante que incluía las cuatro etnias principales del país. Esto conllevó la escisión del Frente de Liberación Oromo (OLF), que desde entonces lucha por la autodeterminación de su pueblo, recurriendo en ocasiones a la lucha armada.
La llegada al poder de Abiy Ahmed fue considerado un soplo de esperanza para la reconciliación interétnica. Él mismo pertenece a la etnia oromo por su herencia patrilineal, mientras que su madre pertenece al pueblo amhara. Su llegada al poder fue precisamente consecuencia de las protestas de este pueblo por la ampliación de Adís Abeba invadiendo sus tierras ancestrales. Una de sus primeras medidas fue la eliminación del OLF de la lista de grupos terroristas, permitiendo a muchos de sus simpatizantes regresar del exilio. Sin embargo, con el tiempo, este impulso reconciliatorio inicial se ha ido perdiendo y la violencia ha ido ganado protagonismo en la región.
La represión política de la oposición se ha ido incrementando según se acercaban las cruciales elecciones que debían celebrarse este año. Las discrepancias del pueblo oromo con el gobierno de Abiy Ahmed son cada vez más indisimulables y las detenciones de activistas oromo se cuentan ya por centenares, renovando así el sentimiento de desigualdad de un pueblo que cuenta con más de 30 millones de personas.
Revuelta en Oromía
En julio de este año, ha tenido lugar uno de los mayores levantamientos sociales de la historia reciente de Etiopía. La noche del 29 de junio fue asesinado el cantante Hachalu Hundessa. Este activista oromo destacó por su lucha por la libertad e independencia de su pueblo convirtiéndose algunas de sus canciones en verdaderos himnos de la causa. Su muerte ha sido considerada como una venganza política, lo que provocó fuertes disturbios en la región durante más de una semana.
Tras el sepelio del artista se desencadenaron fuertes protestas que fueron reprimidas de forma muy violenta por las fuerzas de seguridad del Estado. 239 civiles fueron asesinados durante la revuelta y las cifras de detenidos superan los 4000. Grupos paramilitares de otros grupos étnicos participaron también de la represión. El gobierno etíope decidió el cierre de internet durante días para que las protestas no se expandieran y envió a numerosas unidades del Ejército fuertemente armadas a la región.
Hachalu Hundessa era conocido en todo el país por su activismo. Pasó una temporada en prisión donde se formó políticamente y, tras su excarcelamiento, se decidió a la lucha a través de la música. El actual Primer Ministro lamentó su muerte ante la prensa y lo llegó a considerar como “un artista increíble y brillante”. Sin embargo, parte de la sociedad civil no cree a Abiy Ahmed y considera el asesinato del cantante como un crimen de Estado.
Este, por su parte, se afanó en la detención de algunos supuestos sospechosos, calificando el crimen como un intento del OLF por desestabilizar la región y provocar un aumento de las tensiones para menoscabar el Estado de derecho. El gobierno afirma que el homicidio forma parte de un plan más amplio para desencadenar los enfrentamientos étnicos y provocar una guerra civil. Evidentemente, los activistas oromo niegan esta acusación.

Durante el tiempo que duraron las protestas, los comercios e instituciones permanecieron cerradas, y desde entonces la tensión sigue siendo muy palpable en un ambiente enrarecido que se resiste a volver a la normalidad. Las detenciones se suceden diariamente y entre ellas encontramos las de Jawar Mohamed y Bekele Gerba, miembros destacados de la oposición y que ya fueron acusados anteriormente de estar detrás de un intento de golpe de Estado.
Desde el levantamiento en la región de Oromía, el gobierno etíope debe hacer frente a las críticas tanto internacionales como de todo el espectro político interior por su gestión de la crisis, viendo de este modo perjudicadas sus aspiraciones electorales para unos comicios a los que por el momento se niega a poner fecha.
Ya antes de esta revuelta, Amnistia Internacional (AI) acusó a las fuerzas de seguridad etíopes de estar detrás de “horrendas violaciones” de los derechos y libertades de los pueblos oromo y amhara incluyendo ejecuciones extrajudiciales, violaciones, saqueos y quemas de aldeas. Este organismo también acusó al gobierno del desplazamiento de miles de familias de sus zonas de asentamiento tradicionales. Para tal fin, se ha acusado al Gobierno de hacer uso de grupos paramilitares locales. AI señala también en su informe una mejora en materia de Derechos Humanos por parte de Abiy Ahmed respecto a sus predecesores, pero considera al país lejos de poder garantizarlos.
Para expandir: Conflictos en Etiopía (II): el conflicto oromo
Situación geopolíticamente tensa
Sin duda, Etiopía se encuentra con un futuro de muy difícil previsión. La economía puede verse ralentizada por la pandemia de COVID-19 tras años de espectacular crecimiento que la llevaron a ser considerada como el “milagro de África”. Este crecimiento, basado en las privatizaciones, el gasto público y las inversiones extranjeras, ha sido hasta ahora una de las puntas de lanza del actual gobierno, que puede perder credibilidad tras esta crisis. A ello hay que sumarle la omnipresente amenaza de la plaga de langostas, lejos de estar totalmente controlada, y que hace planear en el ambiente el amargo recuerdo de las periódicas hambrunas que el país sufrió no hace tanto tiempo.
Todo lo anterior unido a la crisis con Egipto por el llenado de la Gran Presa del Renacimiento, su papel crucial como país de paso en la ruta migratoria desde el África subsahariana hacia Arabia Saudí o los conflictos en los países vecinos como Somalia o Sudán del Sur hacen suponer que Etiopía está y estará en el centro del tablero geopolítico africano. La situación económica y los recurrentes conflictos étnicos servirán de termómetro para el análisis del programa de reformas iniciado por Abiy Ahmed.
Para expandir: El riesgo a la primera guerra por el agua (I) y El riesgo a la primera guerra por el agua (II)
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