Hablar de España es sinónimo de riqueza cultural, patrimonio arquitectónico, deliciosa gastronomía, variedad climática y gran biodiversidad. Prueba de ello es que en 2023 recibió cerca de 84 millones de turistas internacionales, tan solo superado por Francia, que tuvo unos 89 millones.
Dejando a un lado el turismo, España ocupa una posición estratégica en la geografía mundial en relación con los flujos tanto de personas como de mercancías. Es la puerta de entrada a Europa desde América y África, cuenta con una parte de su territorio –las Islas Canarias, Ceuta, Melilla y algunos islotes– enclavado en este segundo continente, con una cultura muy similar a la presente en América Latina y con unas infraestructuras portuarias y aeroportuarias de primer nivel. Goza de puertos tan importantes como el de Valencia o Algeciras, y aeropuertos como el Adolfo Suarez Madrid-Barajas, El Prat en Barcelona o el de Palma de Mallorca.
Hasta este punto todo son ventajas, pero hay una cara menos conocida. La posición estratégica de España, su carácter costero, su integración en el comercio mundial y sus infraestructuras son precisamente factores que son aprovechados por el crimen organizado transnacional para sus propios fines. Casi a diario, los medios de comunicación informan sobre operaciones contra el narcotráfico, incautaciones o desarticulación de grupos dedicados al tráfico y trata de personas. Esto no es más que la constatación de una realidad: los grupos criminales hacen un uso intensivo del territorio español para el desarrollo de sus actividades ilícitas.
El narcotráfico en España
El narcotráfico en España tiene muchas facetas, que van desde la llegada de cargamentos de cocaína –especialmente desde Sudamérica– o de hachís desde Marruecos –principal productor a nivel mundial de esta sustancia–, hasta la comercialización de estupefacientes tanto en territorio español como en otros países de Europa, pasando por el cultivo ilícito –sobre todo de marihuana– o la violencia derivada de los ajustes de cuentas entre grupos criminales.
Por ejemplo, en 2023 se batieron todos los récords de incautación de cocaína, llegando a las 100 toneladas, de los cuales 9,5 se requisaron en un solo envío en el puerto de Algeciras, más concretamente en un cargamento de bananas procedentes de Ecuador. Este dato prácticamente duplica el de 2022, cuando se interceptaron unas 58 toneladas, según los datos del Ministerio de Sanidad.
Esto refleja lo que muchas fuentes vienen señalando desde hace algún tiempo: la sobreproducción que se está dando actualmente en Colombia impacta directamente en el precio por kilogramo en España, que ha pasado de 33.000 a 18.000 euros. Dicha sobreproducción podría tener origen en la prohibición decretada en Colombia de utilizar un herbicida conocido como glifosato, lo cual dificulta las tareas de erradicación al tener que realizarse de forma manual.
En relación con el hachís, según datos facilitados en el Plan Nacional sobre Drogas, se incautaron 324 toneladas, aproximadamente la mitad que en 2022. Respecto a otras sustancias como las pastillas de éxtasis, no hay una tendencia clara dado que cada cierto tiempo hay repuntes con posteriores descensos. En 2022 se decomisaron cerca de 484.757 pastillas, tras el pico registrado en 2020 con 1.561.311. La heroína, el principal opioide consumido en España y en Europa, registra una tendencia a la baja en cuanto a cantidad incautada, con 199 kilogramos en 2022.
La problemática generada por las sustancias ilícitas no solamente se reduce a su llegada al territorio nacional, bien sea por vías legales o por desembarcos clandestinos, sino que también se extiende a otros ámbitos, como la producción, el transporte y almacenaje y su posterior comercialización, que a su vez se traduce en potenciales actos de blanqueo de capitales y los daños a la salud por adicciones o los derivados de la violencia generada por el control territorial y de los ajustes de cuentas.
Cada ámbito de este engranaje tiene unas características, y por ende, suele afectar más a unos territorios que a otros. El narcotráfico se ha enraizado en determinadas partes de la geografía española, aprovechándose de problemáticas existentes, como el escaso o nulo desarrollo económico, falta de oportunidades laborales, despoblación o abandono escolar, entre otros.
Algunas regiones de Andalucía, especialmente las ubicadas en provincias como Cádiz, Málaga o Granada, se han convertido en focos mediáticos debido al surgimiento de importantes grupos criminales de carácter local que desde hace varios años, conscientes de las limitaciones de las autoridades, han dado un paso adelante ejerciendo la violencia. Falta de personal, de medios, miedo de la policía a desenfundar el arma reglamentaria, devaluación de la figura de autoridad, saturación de los juzgados y una anticuada organización del sistema judicial son algunos de los problemas que las distintas autoridades destacan sufrir en estos territorios.
Existe otra problemática que se ha agravado con el tiempo y que, aunque en la actualidad no es alarmante, su tendencia es preocupante. España ha ido convirtiéndose progresivamente en un país productor de marihuana, y cuenta con un papel destacado en el mercado de drogas sintéticas. Es necesario resaltar que España es el primer productor de Europa de marihuana ilícita. Solo en 2021 se incautaron 130 toneladas, mientras que Francia e Italia decomisaron 39 y 47 toneladas respectivamente.
Los factores que han potenciado dicho fenómeno son variados: la situación geográfica, el clima favorable, la percepción de que la marihuana es una sustancia no tan nociva en comparación con las denominadas drogas duras o la existencia de una legislación laxa y confusa que las redes criminales aprovechan. Las regiones que lideran estos cultivos ilícitos son principalmente Cataluña, Granada, Almería y distintas comunidades del centro peninsular, especialmente las pertenecientes a la España vaciada.
Las estadísticas deben tomarse con precaución porque en ellas se recogen tanto las incautaciones de grandes plantaciones como de pequeñas cantidades, pero cabe mencionar que en Navarra se batió el récord de la mayor plantación desmantelada en España: 67 hectáreas repartidas en 11 cultivos, ubicados en los municipios de Olite y Artajona, que hubiera supuesto en torno a 87 toneladas de cogollos de marihuana, con un valor de mercado de unos 150 millones de euros.
Este fenómeno se da en un contexto de despoblación rural y abandono de tierras de cultivo. Según Víctor Manuel Obarrio, capitán de la Policía Judicial de Guardia Civil en Navarra, al propietario de las tierras le comentaron la rentabilidad que se podría generar y puso a disposición las 67 hectáreas. La existencia de dicha plantación trajo consigo un trasiego de furgonetas de provincias limítrofes que acudían en horas nocturnas a recoger plantas, a la par que se incrementó la inseguridad.
Otro caso que ejemplifica esta “ocupación” de las áreas rurales es el registrado en La Gineta, en la provincia de Albacete, donde a comienzos de julio de 2024 las autoridades intervinieron en una plantación de interior, totalmente profesionalizada, en la cual incautaron tres granadas de mano procedente de la guerra de los Balcanes.
En cuanto a drogas sintéticas, el inspector jefe de la sección de drogas de síntesis de la Policía Nacional, Alejandro Martín Blas, esgrime que “traen la droga medio acabada, con pasos previos, como puede ser el aceite de MDMA o de speed y aquí lo terminan de cocinar”. A pesar de que en Europa los laboratorios se ubican en mayor medida en República Checa, Países Bajos y Bulgaria, España ha experimentado un aumento en la detección y desmantelamiento de laboratorios, así como en la incautación de mayores cantidades de speed y de metanfetamina en polvo y roca. Esta dinámica pone en alerta a las autoridades porque también podría ser un factor que fomente la producción de fentanilo, un opioide que provoca cada año miles de muertos en Estados Unidos.
Tráfico y trata de personas
España también es escenario de las redes que se dedican al tráfico y a la trata de personas. La diferencia entre ambos fenómenos radica en que el primero suele implicar que una persona de forma voluntaria busque el apoyo de un tercero, un traficante, a cruzar de forma ilícita una frontera internacional, lo cual atenta contra las leyes de un Estado.
Por su parte, el segundo hace referencia a distintas formas de explotación, como trabajos forzosos, explotación sexual, mendicidad o extracción de órganos, donde un tercero obtiene beneficios a costa de las víctimas, que son sometidas a engaños, abusos o coacciones. En otras palabras, la trata no implica necesariamente el cruce de fronteras internacionales y lo que se vulneran son, principalmente, los derechos humanos de esas personas.
Con respecto al tráfico de personas, éste suele ir estrechamente asociado a los flujos migratorios, fenómeno a que acapara más atención mediática y recursos en comparación con la trata. En 2023, según datos del Ministerio del Interior, llegaron a España de forma irregular cerca de 56.852 personas, cifra superior a la de 2022, cuando alcanzó las 31.219 personas. El número de menores de edad también se incrementó, pasando de 2.375 en 2022 a 5.151 en 2023.
Cabe resaltar que una parte de los migrantes que llegan a España no tienen como objetivo quedarse, sino transitar hacia otros países de Europa, y por lo general no proceden solamente de África, sino también de Oriente Medio y América. Éstos últimos suelen recurrir a modalidades diferentes para llegar hasta España, beneficiándose de una legislación más laxa en materia migratoria, la cercanía cultural y la presencia de parte de su círculo cercano. Las razones para migrar son múltiples y van desde la búsqueda de una mejor calidad de vida hasta la necesidad de escapar de la persecución, la violencia o el cambio climático.
En relación a los procedentes de África, sobre todo de la región subsahariana, cabe subrayar que tres de cada cuatro migrantes habrían recurrido a mafias para poder cruzar el Atlántico hasta las Islas Canarias o hacia la península, según señala un informe de riesgos elaborado por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costa (Frontex) en 2018. La modalidad más extendida de cruce sigue siendo los denominados cayucos, que son embarcaciones de madera y fibra con o sin motor fuera borda, aunque también se recurren a botes neumáticos. Suelen salir principalmente de Senegal o Mauritania y su objetivo suelen ser las Islas Canarias, que se encuentran a unos 1.400 kilómetros desde el primer país.
En lo que respecta al norte de África, el objetivo prioritario es la entrada en las ciudades españolas autónomas de Ceuta y Melilla, que están rodeadas por sendos entramados de vallas de varios metros de altura. Según la Guardia Civil, se han detectado grupos criminales que ofrecen alternativas a los migrantes, como puede ser la posibilidad de cruzar el estrecho de Gibraltar en moto de agua por entre 800 y 1.200 euros –aunque puede llegar hasta los 3.000 euros– o cruzar gratis a cambio de llevar un paquete de hachís.
Es importante destacar que éstas no son las modalidades más frecuentes de llegada a España, aunque sí se muestran en cierto auge. La brigada de investigación de redes de la Policía Nacional, que se encarga de las investigaciones sobre el tráfico de personas, avisa de que la situación continuará deteriorándose. Desde 2014 a 2020 se ha multiplicado por diez las llegadas de migrantes por mar, pasando de 4.552 a 40.106. Adicionalmente, indica que las redes criminales que “ayudan” a los migrantes están plenamente asentadas en España, desde donde coordinan las llegadas usando las mismas rutas que para el narcotráfico.
Además, estas redes criminales también tienen puesto un ojo en la migración procedente de Oriente Medio, especialmente de países como Siria. Un ejemplo de esto fue la operación efectuada por la Policía Nacional en agosto de 2023, en colaboración con EUROPOL y con las autoridades federales alemanas, en la cual se detuvo a varias personas en Toledo y Cuenca encargadas del tráfico de migrantes sirios hacia Europa. A cada migrante le podían llegar a cobrar hasta 20.000 euros, recurriendo al Hawala, que es un sistema de transferencia informal de fondos que sobrevive desde hace siglos, dada su sencillez, informalidad y condiciones ventajosas.
El funcionamiento es simple. Una persona que viva en un país europeo debe contactar con un hawaladar local, al cual le dará el dinero con una contraseña pactada con el destinatario final. Este hawaladar contactará con su homónimo en el país de recepción, por ejemplo, Siria, al cual le comunicará el monto y la clave. Ese segundo contacto se comunica con el receptor del dinero, al cual se lo entregará en moneda local, tras haberle solicitado la credencial.
Por su parte, la trata de personas sigue siendo uno de los delitos que más desapercibidos pasa. Tradicionalmente ha sido asociada a la explotación sexual, pero también se incluyen el trabajo forzoso, mendicidad o extracción de órganos. La incidencia de este delito varía según el tipo de explotación, afectando a mujeres, hombres o menores de edad de manera diferente. Sin embargo, según los datos del Ministerio del Interior de 2022, el número de mujeres afectadas en las distintas modalidades de trata superaba al de hombres y menores.
La lucha contra la trata de personas en España se ve ensombrecida por dos cuestiones. Una de las razones que defienden desde Amnistía Internacional es que las unidades policiales no cuentan con la debida formación, aunado a clichés y estereotipos, por no hablar de la priorización que le dan a la dimensión migratoria, especialmente con las víctimas que se encuentran en situación irregular. El otro motivo es que, a pesar de contar con un buen arsenal de leyes y normativas, éstas no se traducen en una operatividad y eficiencia real.
Esto es algo que en distintas ocasiones ha señalado la periodista hispano-mexicana Lydia Cacho, quien reside en España desde hace años debido a su lucha contra las redes de trata de personas en México. A su juicio, la legislación aprobada no se ve respaldada por los recursos económicos y humanos suficientes como para que tengan efecto alguno, y solo quedan las palabras, las cuales son arrastradas por el viento.
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