El 17 de enero de 1961, el presidente Dwight Eisenhower se despedía de su cargo mediante un discurso televisado que quedó eclipsado por el ascenso a la presidencia del joven John Kennedy. En sus declaraciones, el que fuera Comandante Supremo de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial advirtió sobre la creciente influencia de lo que denominó “el complejo militar-industrial” en la política estadounidense y los peligros que ello podría conllevar para la democracia.
Pero, ¿qué es el complejo militar-industrial? Se conoce de esta forma al entramado político, militar y económico creado durante la Segunda Guerra Mundial y que desde entonces ha sido el garante de la superioridad tecnológica y, por ende, del liderazgo militar estadounidense, siendo así parte fundamental de la política exterior del país norteamericano. Las empresas que lo componen mayoritariamente se nutren de cuantiosos contratos públicos que abarcan varios ámbitos.
Las enormes inversiones del gobierno estadounidense en el área de defensa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, unido a que apenas sufrió daños en territorio nacional, situaron al país en una posición privilegiada en la comunidad internacional. Lógicamente, tras el final de la contienda, el gasto se desplomó, pero no tardaría en volver a incrementarse a partir de 1949 con el inicio de la Guerra Fría.
Ese año la Unión Soviética había probado su primera bomba nuclear, mientras que en China el líder Mao Zedong proclamaba el nacimiento de la República Popular. Además, en 1950 estalló la Guerra de Corea, que sería el primero de varios enfrentamientos indirectos entre las dos superpotencias a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Mantener la superioridad militar era para Estados Unidos una absoluta prioridad ante el avance del comunismo.
En este contexto, y bajo la presidencia de Harry S. Truman, se adopta una especie de “keynesianismo militar” fundamentado en un elevado gasto público que hacía crecer la economía en buenas condiciones laborales para los trabajadores de la industria. Este sistema funcionó hasta la década de los ochenta con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia y la adopción de políticas neoliberales que, por supuesto, también afectaron a la industria militar, privatizando aquellas áreas que podían generar ganancias al sector privado y perjudicando el bienestar de los trabajadores.
En cualquier caso, las inversiones en defensa han ocupado buena parte del producto interior bruto (PIB) estadounidense. A parte del final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra de Corea, se produjo un repunte significativo en torno a 1964, coincidiendo con la entrada directa de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam.
A continuación, se registró una relajación en el gasto, para después volver a aumentar en la década de los ochenta bajo la Administración Reagan, caracterizada por su belicosidad hacia el bloque comunista. Con el fin de la Guerra Fría, los niveles de gasto impulsados por Reagan se volvieron innecesarios, lo que llevó a una reducción. Sin embargo, estos recortes solo regresaron el desembolso a los niveles previos a los ochenta, manteniendo así la inversión del PIB en defensa en cifras comparables a las de la Guerra Fría.
En la década de los noventa, Estados Unidos emergió como la única superpotencia, configurándose así un orden internacional unipolar, dejando atrás la bipolaridad que había caracterizado las décadas anteriores. Sin embargo, pese a la supremacía internacional, en la primera década del nuevo siglo el crecimiento fue espectacular.
Si en la segunda mitad del siglo XX el enemigo a batir era el comunismo, tras el 11-S apareció un nuevo enemigo del denominado mundo libre: el yihadismo. Así, tras los devastadores atentados en Nueva York, el entonces presidente George W. Bush declaró la “guerra al terror” mediante la intervención en Afganistán en 2001 y la posterior invasión de Irak en 2003. Ambas operaciones requirieron de un esfuerzo económico importante que, además de impulsar la industria militar, la transformó por completo.
Evolución y composición del complejo militar-industrial
Tradicionalmente, el sector militar-industrial había estado centrado en la fabricación de material y armamento puramente militar. Después del 11-S, quedó patente que el mundo había cambiado y los desafíos globales, así como la forma de abordarlos, iban a ser bastante diferentes. Desde inicios de siglo, el negocio de la industria militar se ha expandido al sector de la seguridad, ciberseguridad y nuevas tecnologías aplicadas al campo militar.
En cuanto a la composición actual de la industria, la mayor parte del negocio lo ocupan las tradicionales grandes empresas fabricantes de vehículos de combate y equipamiento. La diferencia es que actualmente también son punteras en el campo de la tecnología avanzada, produciendo elementos como radares, satélites, cámaras de vigilancia y drones, entre otros. En este grupo de empresas encontramos a las más importantes de Estados Unidos y el mundo, tales como Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northon Grumman y General Dynamics.
Por otro lado, están las compañías de servicios, que han asumido tareas anteriormente desempeñadas por las fuerzas armadas, como logística, construcción de bases militares, formación, mantenimiento y servicio de intérpretes. En este grupo de empresas algunas también proveen de personal militar, como la famosa Blackwater, actualmente denominada Academi. Y, por último, existe otro grupo de actores que proveen de personal de seguridad, pero no militar, y cuyas funciones son de vigilancia y control de centros penitenciarios, centros de inmigrantes y vigilancia de edificios oficiales.
En lo que respecta al volumen de negocio de los últimos años, la Guerra de Afganistán e Irak han sido clave en sus ingresos. El gobierno estadounidense desembolsó aproximadamente 200.000 millones de dólares en contratos, lo que llegó a suponer hasta el 60% del volumen de negocio de algunas empresas como KBR y Dyncorp. No obstante, con la retirada progresiva de las tropas estadounidenses de ambos países, sus ganancias han disminuido gradualmente, un fenómeno al que también ha contribuido la creación de compañías privadas militares locales en Irak y Afganistán.
Por otro lado, las empresas encargadas de la vigilancia y seguridad de las fronteras han visto sus ganancias aumentadas debido a la continua militarización de la frontera con México para frenar a las oleadas de refugiados provenientes mayoritariamente de Centroamérica. Desde 2003, el gasto en control fronterizo se ha incrementado más del doble.
Este dinero se destina a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), encargada de las deportaciones, y a la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), responsable de las patrullas. Se estima que la CBP ha firmado contratos por valor superior a los 26.000 millones de dólares desde 2003, de los que se han beneficiado empresas anteriormente mencionadas como Boeing y General Dynamics, y otras como IBM y G4S.
Hilo conector entre empresas y administración
Para mantener sus beneficios, las corporaciones tratan de influir constantemente en las políticas de defensa del gobierno en tanto que los contratos públicos son el grueso de sus ingresos. Una de las herramientas de las que se han valido son los Think Tanks, y es que estas fundaciones sin ánimo de lucro encargadas de investigar y desarrollar estrategias de políticas públicas llevan décadas determinando la acción militar de las sucesivas Administraciones.
Uno de las más conocidos es la Heritage Foundation, de carácter conservador, nacida en 1973 y que jugó un papel fundamental en la presidencia de Reagan, promoviendo el incremento del gasto en defensa y desarrollando estrategias como la financiación y apoyo militar a grupos insurgentes como los muyahidines en Afganistán y la contra en Nicaragua. Otras de las fundaciones más destacables es la Brooking Institution, fundada en 1927, y que destacó en la Administración Obama por contribuir a la elaboración de su nueva estrategia hacia Afganistán.
Ambas fundaciones, así como otras de las más influyentes, o bien tienen en sus consejos de administración a miembros de las principales corporaciones militares, o reciben dinero de ellas, o ambas cosas. En cuanto a los investigadores que desempeñan su labor, estos suelen ser antiguos altos cargos de la administración pública e incluso de medios de comunicación. Respecto a la divulgación de su pensamiento, cuentan para ello con plataformas multimedia, organizan congresos, realizan entrevistas y algunas cuentan con sus propias editoriales.
No obstante, el complejo militar no solo actúa indirectamente mediante las fundaciones, sino que también financia campañas políticas, ocupa puestos estratégicos en la administración y mantiene con frecuencia reuniones con responsables políticos. Por ejemplo, entre 2006 y 2018 aportaron 34,1 millones de dólares a los congresistas miembros del comité de Consignaciones Presupuestarias y Seguridad Nacional, independientemente de si eran demócratas o republicanos, por lo que sus posiciones normalmente están en sintonía con las corporaciones.
Por supuesto, este ejemplo es extrapolable otros comités relacionados con cuestiones puramente militares. Otra herramienta para conseguir sus objetivos son las famosas “puertas giratorias”, de las que numerosos cargos de la administración hacen uso, entre ellos hasta cuatro jefes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), organismo responsable de las patrullas y de asignar contratos multimillonarios a las empresas del complejo militar.
Para ganarse el favor de los legisladores recurren a los Comité de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés), una de las vías de financiación de campañas electorales más común en Estados Unidos. Esta contribución va destinada a congresistas y senadores tanto demócratas como republicanos.
Según los datos del Center for Responsive Politics, organización dedicada al escrutinio de la financiación política, entre los mayores beneficiarios del actual ciclo político están los congresistas republicanos Kay Granger y Ken Calvert, los congresistas demócratas Pete Visclosky y Adam Smith –quien además es presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes–, así como la senadora republicana por Arizona, Martha McSally.
Violación de derechos humanos
La reputación de las empresas del sector militar ha quedado en entredicho en numerosas ocasiones debido a su implicación directa o indirecta en la violación de derechos humanos. Uno de los casos más sonados es el de la matanza de la Plaza Nisour, Bagdad, donde varios mercenarios de Blackwater, ahora Academi, mataron a 14 civiles, entre ellos un niño de nueve años. Paul Slaugh, Evan Liberty, Dustin Heard y Nicholas Slatten fueron llevados ante la justicia en Estados Unidos y, tras un largo proceso judicial, fueron condenados a 15 años, 14 años, 12 años y cadena perpetua respectivamente.
Por otro lado, es frecuente la venta de armas y tecnología de seguridad a países en situación de conflicto, con regímenes autoritarios u ocupación ilegal. Es el caso de la empresa Lockheed Martin, que vendió tecnología militar y armamento a Emiratos Árabes Unidos sin autorización del gobierno. Otro ejemplo más actual es el papel de Raytheon, Boeing y también Lockheed Martin en la provisión de equipamiento militar a la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen y que tantas vidas de civiles se ha cobrado ya.
"Make America´s military great again"
El complejo militar-industrial ha gozado siempre de buena salud, pero desde que Trump es presidente ha conseguido cotas de poder aún mayores. El Departamento de Defensa está plagado de personas relacionadas con las corporaciones militares que velan por que el gobierno acepte casi sin objeciones los precios abusivos a los que las empresas ofrecen sus servicios.
Sin ir más lejos, el actual Secretario de Defensa, Mark Esper, trabajó como lobista jefe para Raytheon. Y es que en la Administración Trump hay más lobistas que en las de George W. Bush y Barack Obama juntas. También son frecuentes las puertas giratorias en sentido contrario; tan solo en 2018, 645 funcionarios abandonaron el Departamento de Defensa para unirse como consultores en las mayores corporaciones militares.
La barra libre de dinero que Trump ha puesto a disposición de las empresas llega hasta tal punto que en 2019 el Pentágono solicitó un incremento en el presupuesto de defensa del 2,3% y el presidente otorgó un 4,7%, situando el gasto para 2020 en 750.000 millones de dólares. Un aumento que, dicho sea de paso, contó con el voto favorable de ambos partidos, a excepción de 48 congresistas demócratas, pertenecientes al ala progresista, como Alexandria Ocasio Cortez, así como los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren.
La firme defensa de los intereses de la industria militar por parte de Trump ha provocado enfrentamientos con sus socios europeos en relación con las normativas del Fondo Europeo de Defensa, con el objetivo de evitar que se excluya a las empresas estadounidenses en la provisión de armamento. Además, sus demandas de aumentar los presupuestos de defensa a los países miembros de la OTAN también han generado tensiones.
Sin duda, estamos viviendo la edad de oro del complejo militar-industrial, una etapa que seguramente perdurará independientemente de si Trump es reelegido o si los estadounidenses optan por el exvicepresidente Joe Biden: el sector tiene garantizado el apoyo de republicanos y demócratas. Queda clara la extrema dependencia que las corporaciones tienen de la administración, así como su excesiva influencia para determinar las políticas públicas en favor de sus intereses. La advertencia lanzada por Eisenhower en 1961 se hace más real que nunca en 2020.
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