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El cártel estatal: el origen del crimen organizado mexicano

Miguel Ángel Félix Gallardo, alias “El Jefe de Jefes”, fue uno de los líderes del Cártel de Guadalajara y una de las figuras más importantes del crimen organizado mexicano durante el siglo XX.
Miguel Ángel Félix Gallardo, alias “El Jefe de Jefes”, fue uno de los líderes del Cártel de Guadalajara y una de las figuras más importantes del crimen organizado mexicano durante el siglo XX.

Para 1933, las consecuencias de las Guerras del Opio se habían dejado sentir al otro lado del Océano Pacífico. Estas se materializaban en el arribo de migrantes chinos a ambos lados de la frontera estadounidense-mexicana, quienes comenzaron a cultivar y distribuir opio. A dichas redes de comercio no tardarían en sumarse las del trasiego de marihuana. La comercialización de psicoactivos fue ilegalizada por el Acta Harrison en Estados Unidos, principal mercado consumidor del mundo, debido a una oleada política conservadora que surgió cómo respuesta a la conocida cómo “Era Progresista”, un período de la historia estadounidense caracterizado por el avance en derechos sociales.  

En dicho contexto político, los narcóticos se perfilaron a modo de una útil herramienta con la que criminalizar a comunidades consideradas cómo “potencialmente desestabilizadoras” para el status quo. Principalmente afroamericanos y chinos. Sin embargo, los legisladores estadounidenses no tuvieron en cuenta un factor determinante de la geopolítica de su nación: la artificialidad de su frontera sur. Esto conlleva a que una acción en el lado norte conlleve una reacción en el lado sur, y viceversa. En esta ocasión, la reacción consistió en la práctica eliminación de la minoría china y en el traslado del negocio a manos de bandas criminales autóctonas. Además, estas se habían visto fortalecidas por la implantación de la Ley Seca en su vecino norteño.  

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De regreso al susodicho año, el ya consolidado negocio del narcotráfico dio a uno de sus primeros capos: Enrique Fernández Puerta, conocido cómo el “Al Capone” de Ciudad Juárez. Este jefe criminal se había posicionado como el mayor de todo el estado de Chihuahua, eliminando al jefe de la policía judicial estatal, Enríque Dosamantes y coludiéndose con las autoridades municipales y los gobernadores del estado.   

No obstante, el paradigma político-criminal daría un vuelco de 180º con la llegada de un nuevo jugador: el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esta nueva organización, que se encontraba a medio camino entre el crimen y la política, se hallaba liderada en Chihuahua por Rodrigo M. Quevedo Moreno. Un “escalador” político que durante la Revolución Mexicana había formado parte de: el maderismo, el orozquismo, el huertismo, el villismo y por último el obregonismo. Siempre buscando el ascenso en la jerarquía y apostando por el caballo que pareciese ganador. Su perpetua búsqueda de suerte en la política le surtió efecto cuando decidió alinearse con el Partido Nacional Revolucionario (PNR) del por aquel entonces presidente Plutarco Elías Calles, llegando a ser gobernador de Chihuahua. Una vez asentado en el poder, con el fin de consolidarlo expulsó al “Al Capone de Ciudad Juárez”, dejando el control del negocio en manos de sus hermanos.   

Del “pan o palo” a la paradoja revolucionaria

El siglo XIX mexicano fue un siglo de transición, de una transición caótica. En el transcurso de menos de cien años se pasó del Virreinato de Nueva España a la República de los Estados Unidos Mexicanos, con los vacíos de poder y la falta de definición ideológica y estratégica que implica dicho cambio. En paralelo se vivió el derrumbe del monopolio comercial español y la sustitución de este por el estadounidense. Todo ello se tradujo en una sucesión constante de dictaduras, guerras civiles e invasiones que no culminó hasta que el general Porfirio Díaz llegó al poder. El ascenso de este se vio impulsado por el apoyo estadounidense, que ansiaba invertir en México con ciertas garantías. 

Así, una vez en el poder, Díaz aplicó una estrategia simple, pero efectiva que lo perpetuara en él: pan o palo. El “pan” consistía en el desarrollo de la economía gracias a la inversión extranjera y a la colocación de secretarios de Estado en áreas cómo la hacienda y las finanzas de perfil técnico, mientras el “palo” entrañaba un pacto con las élites postcoloniales –Iglesia y caciques territoriales– a quienes se les permitía conservar y profundizar en su poder. Esta vertiente de la política porfirista significaba la represión masiva de las poblaciones indígenas, la extensión del control policial a todo el territorio, dotando de gran independencia a los cuerpos de seguridad estatales y la consolidación de un sistema de producción agrícola latifundista.   

No obstante, fue el éxito del régimen de Porfirio el que asentará las bases de su caída. La dictadura había permitido el florecimiento de una clase burguesa vinculada estrechamente a Estados Unidos, la cual exigía una mayor cuota de poder. Mientras tanto, en el sur, la cuestión de la propiedad de la tierra generaba tensiones con las poblaciones originarías, quienes se veían desposeídas. Ambos movimientos en conjunto, sumados a la incapacidad del propio Porfirio de leer el panorama político, terminó por derrocar al régimen violentamente, dando pie a un vacío de poder que degeneró en una guerra civil que duró aproximadamente una década, y en la cual participaron todas las fuerzas políticas de relevancia de la nación.

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La conflagración dejó tras de sí entre 2 y 3.5 millones de muertos. Sobre esta base, se asentó un nuevo régimen político conocido cómo “El Maximato”, encabezado sucesivamente por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil, todos pertenecientes a los cacicazgos norteños. Estos mandatarios se encontraron ante sí una pregunta fundamental: ¿cómo consolidar y conservar su poder evitando una nueva guerra? Y es en este punto en el que entra en escena el que será nuestra brújula político-criminal a lo largo de esta serie: Nicolás de Maquiavelo. Según el filósofo florentino, aquellos que alcanzan el poder mediante “las armas propias y el talento personal” tienen sus mayores adversidades cuando tratan de promover leyes nuevas orientadas a afianzar su control del Estado y garantizar su seguridad debido a que se convierten en enemigos de quienes se beneficiaban de las antiguas y reciben la amistad tibia de quienes se beneficiarán de estas, ya que aún no han recibido sus frutos.

En el caso mexicano, esto se demostró cuando se trató de retirar los privilegios de la Iglesia Católica, cosa que degeneró en las Guerras Cristeras, donde se demostró la incapacidad del Estado mexicano de imponerse por la fuerza al clero católico, debiendo pactar con este. Por tanto, en alusión al pensador italiano, viendo que no se podían imponer al resto de fuerzas mediante la coerción, debieron seguir la máxima maquiavélica de que: todo hombre prudente debe tratar de imitar a los que han sido excelsos. De este modo, la política de los primeros años de priismo consistió en desarrollar su propia red de cacicazgos que consolidaran su poder, creando a su vez un nuevo régimen autoritario. 

Combatientes mexicanos del ejército cristero que lucharon en contra del gobierno de Plutarco Elías Calles
Combatientes mexicanos del ejército cristero que lucharon en contra del gobierno de Plutarco Elías Calles

La creación de esta nueva red alumbró una nueva etapa en la historia política de México, llegando a dotar al PRI de un poder equiparable o mayor que el de Porfirio Díaz. Ejemplo de ello fue la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, en la cual se nacionalizó el petróleo y se realizaron profundas reformas económicas. El PRI funcionaba en la práctica como una gran federación de caudillos que habían llegado a un pacto entre ellos por el cual se turnaban el poder de manera pacífica. Sin embargo, el poder del PRI toparía con un nuevo actor: el narcotráfico y, si bien este fue integrado en el sistema político priísta, más temprano que tarde comenzaría a ganar relevancia y haría estallar por los aires a dicho “pacto de caballeros”.

La ley de herodes

Allí fueron recibidos con los brazos abiertos por los caciques priístas que ejercían de gobernadores estatales, quienes asiduamente ya habían monopolizado el negocio de contrabando hacia el norte. Los casos más sonados para la época fueron los de Abelardo L. Rodríguez, gobernador de Sonora y expresidente de México en los años 30, Pablo Macías Valenzuela, gobernador de Sinaloa, el gobernador de Coahuila Nazario Ortiz Garza, los ex gobernadores de Baja California Norte Juan Felipe Rico y Alberto Vega Aldrete. Además del ya mencionado caudillo chihuahuense Rodrigo Quevedo. 

Mientras los gobernadores, que actuaban en la práctica a modo de “virreyes”, levantaban fortunas suministrando de opio al mercado estadounidense, en la Ciudad de México, el Partido Revolucionario Institucional que durante los años 30 y 40 aglutinaba todas las familias políticas del país empezaba a dar los primeros síntomas de agotamiento. Las premisas nacionalistas y las ansías de progreso económico que utilizaba para mantener unido al país chocaban con la realidad que se vivía en la periferia, donde proliferaban “pequeños dictadores” que a menudo disputaban el poder a las autoridades centrales. 

De este modo, durante el gobierno del todopoderoso Lázaro Cárdenas, este hubo de enfrentar la rebelión del cacique de San Luis Potosí, Saturnino Cedillo. La respuesta de Cárdenas al cuestionamiento de la autoridad central fue la promoción del papel del Estado en la economía. Su sucesor, Manuel Ávila Camacho, se vio obligado a convocar la Asamblea de Acercamiento Nacional con tal de relajar las tensiones internas dentro del propio PRI. Estas no se trasladaron a la sociedad debido a que el estallido de las guerras mundiales impulsó el crecimiento económico. Pese a ello, su sucesión estaría marcada por la sospechosa muerte de su hermano Maximino, que convenientemente allanó el camino al poder de Miguel Alemán Valdés. Para el final del sexenio de Miguel Alemán, el ambiente en el interior de la estructura política del PRI ya se hallaba envenenado, destacando la enemistad de éste con su sucesor, Adolfo Ruiz Cortinas, quien trató de deshacer toda su obra tachándola de corrupta. 

Con un entorno caracterizado por su creciente crispación, tanto dentro como fuera del PRI, diversos jugadores empezaron a mover sus fichas para tratar de maximizar su posición. Internamente, un grupo supuestamente fundado por el revolucionario Maximino Montiel Olmos, que en aquellos momentos se hallaba dirigido por el diplomático Isidro Fabela, vio en un despuntante joven orador, Adolfo López Mateos, un filón para ascender al poder. Externamente, el Despacho Oval, que consciente de la importancia geoestratégica de su vecino sureño y de las particularidades de su política interna, había tolerado cotas de autonomía e independencia impensables para otros estados, decidió aumentar su implicación en la política mexicana, para prevenir el auge del comunismo.

Guerra en el paraíso

La “pax estadounidense” resultante de la victoria en la Segunda Guerra Mundial alumbró una nueva generación que, al solo haber conocido la paz y la prosperidad, no tardó en replantearse las tesis colectivistas y las opresiones estructurales en favor de una mayor libertad individual. Como parte de esta liberación del individuo, el sujeto rechazaba todas las imposiciones socioculturales con respecto al sexo, a los estigmas racistas, al nacionalismo y a las drogas. Creando así un nuevo paradigma moral para la sociedad norteamericana. El problema surgió cuando este nuevo código ético, notablemente más laxo que los anteriores predominantes en la sociedad, entró en un doble conflicto: primero con las creencias y los ideales de las generaciones anteriores que procedían de un contexto totalmente opuesto, y, seguidamente, fue percibido a modo de una “puerta trasera” para el incursionamiento del comunismo en el continente americano, haciendo que una parte sustancial de la sociedad y del Estado estadounidense demandará algún tipo de freno a este movimiento. 

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Mientras tanto, al sur del río Bravo empezaban a surgir los primeros caudillos dedicados al narcotráfico y al contrabando de mercancías hacia el norte. Nombres como los de Pedro Avilés Pérez, alias “El León de la Sierra”, originario de Sinaloa, el cubano Alberto Sicilia Falcón, jefe de plaza de Tijuana, el mítico chihuahuense, Pablo Acosta Villarreal “El Zorro de Ojinaga” o el tamaulipeco Juan Nepomuceno Guerra comenzaban a perfilarse a manera de “gobernadores de facto”. Sin embargo, aún se hallaban lejos de poderse deshacer del cobijo de gobernadores y fuerzas del orden del Estado, puesto que las inversiones de la CIA y del conocido cómo “Grupo Atlacomulco” en suelo mexicano habían empezado a dar sus frutos. 

La década de los 60 del siglo XX inició en México con el ascenso al poder de “un niño prodigio” de la política, Adolfo López Mateos, quien fuera protegido de Isidro Fabela y sobre cuyo nombre recaen las sospechas de haber sido comprado por la CIA. Bajo su mandato, el imperativo de detener al comunismo, lanzó a las fuerzas de seguridad estatales contra los incipientes movimientos indigenistas y estudiantiles. Así, sus sucesores, que seguían el mismo esquema de ascenso al poder, pero que contaban con notablemente menos carisma y dotes comunicativas, desarrollaron todo un aparato represivo, cuyo máximo exponente fué la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Dicha institución, tratando de realizar su tarea con la máxima libertad posible, no tardó en involucrarse en el narcotráfico para conseguir fuentes de financiamiento. 

Todo ello conllevaba lo que para el pensador renacentista sería un “mal uso de la crueldad”, puesto que esta no fue empleada en pequeñas dosis que sirvieran para legitimar al régimen, sino que su uso se realizó de manera desproporcionada y siguiendo cálculos políticos cortoplacistas, tal y como atestiguan la Masacre de Tlatelolco (1968) o la represión a los movimientos guerrilleros de la región de Tierra Caliente. De tal modo que, como afirma Maquiavelo, la crueldad lejos de extinguirse crece, repercutiendo negativamente en la legitimidad del status quo y contribuyendo de manera irreversible al descrédito del sistema. 

En este nuevo paradigma político-criminal, era necesario tanto para atender la creciente demanda estadounidense como para satisfacer las ambiciones de ciertos funcionarios estatales romper con los viejos esquemas del negocio y crear una gran corporación que monopolizara el comercio de drogas. De este modo, los viejos capos, mencionados anteriormente, fueron cayendo uno a uno, dejando paso a una nueva generación de criminales que pronto se confabularon con políticos y miembros de la DFS –y probablemente de la CIA–, fundando un ente que se encontraba a caballo entre la delincuencia y la estatalidad: el Cártel de Guadalajara. Liderada en el ámbito criminal por Miguel Ángel Félix Gallardo, alias “El Jefe de Jefes”, Rafael Caro Quintero, “El narco de narcos” y Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto”; en el policial por Juan José Esparragoza “El Azul” y Guillermo González Calderoni; y con Rubén Zuno Arce, sobrino de un exgobernador de Jalisco, además de cuñado del presidente Luís Echeverría, sirviendo de nexo entre el narco y la política. 

No obstante, los años de bonanza que habían enriquecido a delincuentes, policías y políticos, por igual, terminarían por los mismos motivos que habían posibilitado la creación de tal emporio criminal: las cantidades torrenciales de dinero y la falta de control sobre el empleo de la violencia.

Aviso del FBI estadounidense sobre Rafael Caro-Quintero, alias “El narco de narcos”
Aviso del FBI estadounidense sobre Rafael Caro-Quintero, alias “El narco de narcos”

La gran subasta

El asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena Salazar supuso un acontecimiento catalizador de todas las tendencias de fondo que se venían dando tanto en el mundo del narcotráfico como en el de la política. La represión estadounidense al consumo de estupefacientes, que en palabras del colaborador de Nixon, John Ehrlichman, tenía por objetivo la criminalización de las comunidades afroamericanas y del movimiento hippie, adquirió cuotas estratosféricas cuando a la ecuación se añadió masivamente una nueva droga: la cocaína. Esta fue de inmediato vista tanto por las autoridades norteamericanas como por las facciones dominantes en Sudamérica a modo de una herramienta política de valor incalculable.

Así, se crearon emporios criminales que, por la ubicación geográfica de México, no tardarían en tratar de influir. La arribada de toneladas de cocaína trastocó el equilibrio de poderes existente entre la clase política mexicana y el narco debido a que el segundo, en poco más de un lustro, se transformaría de un mero transportista al servicio de las mafias colombianas a un actor fundamental en el mercado mayorista de dicho estupefaciente al norte del Río Bravo. De este modo, el progresivo ascenso de la criminalidad mexicana tensionaba las relaciones con una clase política que iniciaba un largo período de decadencia en términos de legitimidad.

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Y es en ese punto en el que, nuevamente, el mal uso de la crueldad aparecería en escena para provocar una fragmentación sin precedentes del panorama político-criminal. Sobre la sangre reseca del agente de la DEA “Kiki” Camarena y los escombros del terremoto de Ciudad de México de 1985, una nueva generación de políticos, con mentalidad neoliberal y encabezados por Carlos Salinas de Gortari, iniciaría la gran subasta del aparato Estatal y criminal que durante ochenta años había mantenido en el poder al PRI. Durante el sexenio de Salinas de Gortari, de un Estado convaleciente por años de estancamiento productivo y un notable sobrepeso en la economía, se alimentó una naciente oligarquía liberal, que promovió para su mayor beneficio el Tratado de Libre Comerció de América del Norte (TLCAN) llevando a la sublevación al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Nuevamente, el cambio en la propiedad de las estructuras de poder heredadas del virreinato exigía una adecuación del mundo criminal a este. Por tanto, al igual que se había hecho con el resto de la economía estatal, el “pastel” del narcotráfico fué repartido entre políticos, criminales y miembros de los cuerpos de seguridad por igual. La muerte de Camarena sirvió como excusa para desarticular a la cúpula del Cártel de Guadalajara y fragmentar su territorio, dejándolo en manos de sus antiguos lugartenientes. Así surgirían tres grandes plazas: Juárez, Sinaloa y Tijuana, que progresivamente convertirían al país en un mosaico de pequeños cacicazgos criminales.

No obstante, tal y como dice el refrán “quién parte y reparte se lleva la mejor parte”, había una plaza que actuaba por su interconexión cómo “la joya de la corona”: Tamaulipas. En dicho territorio, el último de los capos de los años 30, Juan Nepomuceno Guerra, amigo íntimo de Raúl Salinas Lozano, padre del por entonces ocupante de Los Pinos, dio paso en el negocio a Juan García Abrego, su sobrino, quién se mantendría al frente de un emporio de tráfico de cocaína, casualmente durante todo el sexenio del susodicho presidente, cayendo en desgracia cuando este fue relevado. Allí, en Tamaulipas, se fraguaría una auténtica revolución, que haría sangrar al país por décadas y que lo cambiaría para siempre. 

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