La decisión de Donald Trump de imponer aranceles a varios países europeos vinculándolos explícitamente a la venta de Groenlandia podría marcar un punto de inflexión en la relación transatlántica. No se trata de una disputa comercial ni de un desacuerdo técnico, sino de la puesta en marcha de la coerción económica aplicada entre aliados.
A partir del 1 de febrero, Estados Unidos aplicará n arancel del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. El 1 de junio, la cifra ascendería al 25%. La condición para su retirada es explícita: alcanzar un acuerdo para la “compra completa y total” de Groenlandia por parte de Estados Unidos.
Trump presiona a Europa por Groenlandia
El lenguaje utilizado por Trump no deja margen a interpretaciones moderadas. Groenlandia no es presentada como un espacio a proteger conjuntamente dentro de la OTAN, sino como una “pieza sagrada de tierra” cuya adquisición se convierte en una necesidad de seguridad nacional estadounidense. El énfasis reiterado en la propiedad del territorio, y no simplemente en el acceso militar o la cooperación defensiva, es clave.
Desde el punto de vista estrictamente operativo, todos los objetivos estratégicos de Washington en el Ártico serían alcanzables sin recurrir a la coerción. Estados Unidos ya dispone de presencia militar, acceso privilegiado y cooperación con Dinamarca.
Sin embargo, la lógica de Trump es distinta. Groenlandia encaja en una concepción patrimonial del territorio y en una estrategia más amplia de atrincheramiento del hemisferio occidental frente a Rusia y China, coherente con el llamado Corolario Trump de la Doctrina Monroe.
La referencia a la “Cúpula Dorada” y a los sistemas de defensa avanzados refuerza esta idea. Groenlandia no es solo un activo regional, sino una pieza que, según Washington, condiciona la eficacia de su arquitectura defensiva continental. Bajo este marco, la soberanía danesa aparece implícitamente deslegitimada por incapacidad material.
Aranceles como instrumento de coerción
El uso de aranceles con este fin encaja plenamente en la definición de “coerción económica” recogida en la normativa comunitaria, es decir, la presión comercial destinada a forzar una decisión política concreta. El hecho de que se aplique entre aliados y en ausencia de cualquier disputa comercial real agrava su significado político.
De momento, las reacciones europeas han sido generalmente firmes en el plano discursivo. Emmanuel Macron ha rechazado explícitamente cualquier forma de intimidación, subrayando la defensa de la soberanía y la integridad territorial.
Los primeros ministros de Suecia y Finlandia han hablado abiertamente de chantaje. Sin embargo, Ursula Von der Leyen y Kaja Kallas han sido más comedidas, advirtiendo del riesgo de una espiral descendente en la relación transatlántica y del beneficio estratégico que obtendrían Rusia y China de estas divisiones.
Más allá de las declaraciones, contundentes o no, las acciones europeas entran dentro del apaciguamiento a Trump. El envío simbólico de fuerzas a Groenlandia se inscribe menos en una lógica de desafío a Washington que en un intento de demostrar fiabilidad como aliados y reforzar la seguridad ártica dentro del marco de la OTAN.
En teoría, la Unión Europea dispone de instrumentos de respuesta. El mecanismo contra la coerción económica permitiría represalias comerciales coordinadas. El Parlamento Europeo ya ha señalado que no respaldará ningún acuerdo comercial con Estados Unidos mientras se mantengan las tarifas. Pero el problema no es jurídico ni técnico, sino político.
Europa es profundamente dependiente de Estados Unidos en un dossier que eclipsa al resto: Ucrania. La continuidad del apoyo militar estadounidense es percibida como existencial para la estrategia europea frente a Rusia. Esta dependencia condiciona toda la relación transatlántica y reduce drásticamente la disposición europea a escalar un conflicto con Washington en otros frentes.
En este contexto, enfrentarse directamente a Estados Unidos por Groenlandia puede resultar para muchos gobiernos europeos un riesgo inasumible. La prioridad es evitar una retirada estadounidense de Ucrania, incluso al precio de aceptar una redefinición asimétrica de la alianza. Con condiciones cada vez más humillantes.
Un nuevo contrato transatlántico
Lo que emerge de este episodio no es una crisis puntual, sino un nuevo “contrato” implícito en la relación entre Estados Unidos y Europa. Washington exige más gasto en defensa, mayor alineamiento estratégico y ahora incluso concesiones territoriales, utilizando herramientas económicas para imponer sus preferencias.
De momento, la sensación dominante en muchas capitales europeas, y especialmente en Copenhague, es de perplejidad y, sobre todo, de resignación. Tras una reunión entre JD Vance, Marco Rubio y los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, las autoridades danesas llegaron a afirmar que Donald Trump “tiene el deseo de conquistar Groenlandia”.
Esta formulación refleja hasta qué punto la presión estadounidense se percibe ya como un cuestionamiento directo del estatus del territorio. En este contexto, la posibilidad de que Groenlandia acabe bajo control estadounidense, de una u otra forma, empieza a asumirse como un desenlace probable, y el debate se desplaza progresivamente hacia la negociación de las condiciones.
El caso de los aranceles por Groenlandia ilustra de forma cruda el coste real de la dependencia estratégica. Cuando la seguridad fundamental depende de otro actor, la soberanía se vuelve negociable y la capacidad de respuesta autónoma se reduce a declaraciones de principios. No es solo una cuestión comercial ni ártica. Es una demostración de poder y de las nuevas reglas del juego.
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