Las calles de Angola han sido escenario de masivas protestas en los últimos días, concentradas principalmente en la capital, Luanda. Hasta la fecha, al menos 22 personas han muerto y más de 500 han sido detenidas.
El origen está en la subida del precio del combustible, aunque en las movilizaciones han confluido diversas reivindicaciones. Todas tienen como telón de fondo la grave situación económica que atraviesa el país, pero también reflejan el creciente desgaste y descontento con el Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) tras cinco décadas de dominio hegemónico.
Las protestas comenzaron el 28 de julio con una huelga de tres días convocada por el sector del taxi, uniéndose a ella miles de personas ajenas al gremio. La movilización se transformó así en una de las más amplias contra el gobierno de los últimos años. La policía cargó con dureza, empleando incluso munición real. Los enfrentamientos se extendieron a amplias zonas de Luanda, levantándose barricadas y registrándose el saqueo de comercios y la quema de vehículos.
“Hubo ataques coordinados contra infraestructuras, comercios, bancos y vehículos particulares”, denunció el portavoz de la Policía Nacional, quien también anunció que el orden se había restablecido en gran parte de la capital y que al menos uno de los fallecidos era un agente de policía.
Aunque las de estos días han sido las más virulentas, las manifestaciones se han sucedido a lo largo de todo el mes de julio. Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado el uso excesivo de la fuerza para reprimirlas, señalando que forma parte “de problemas más amplios dentro de las fuerzas de seguridad de Angola”. La organización ha instado al gobierno a “garantizar la rendición de cuentas y adoptar una reforma significativa de las fuerzas de seguridad”.
Los recortes, el motivo de las protestas en Angola
La chispa que desató el descontento fue la decisión del gobierno, a principios de julio, de aumentar un 30% el precio del diésel. Al ser el combustible más utilizado por los taxis y otros sistemas de transporte colectivo, la subida obligó a encarecer las tarifas. Estos transportes, a su vez, son ampliamente utilizados por la población angoleña, por lo que la medida repercute fuertemente en el poder adquisitivo de millones de personas.
Esta decisión se enmarca en el plan del gobierno para eliminar de forma paulatina los subsidios al combustible, del que dependen sectores clave como la agricultura o el transporte. De este modo, el aumento no solo encarece el transporte público, sino que también impulsa al alza los precios de los alimentos y otros bienes básicos.
Tras fuertes presiones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir la deuda pública, el presidente João Lourenço anunció el primer gran recorte de subsidios en 2023, lo que derivó en masivas protestas en las que fallecieron 15 personas. A pesar de que se duplicaron los precios de los combustibles, el FMI lo consideró insuficiente y siguió presionando al gobierno angoleño para adoptar nuevos ajustes, finalmente introducidos en 2025.
Luanda afirma que los subsidios al combustible representan aproximadamente un 4% del PIB y el precio del litro de diésel ronda los 0,4 dólares. Por ello, el presidente justifica las subidas por el fuerte impacto que tienen sobre los datos macroeconómicos, sin tener en cuenta los beneficios sobre la pequeña economía. Lourenço ya ha anunciado que seguirá con esta política, asegurando que “no hay muchos países en el mundo con precios tan bajos”.
Pese a que la economía está siendo el principal motivo de las protestas, el descontento general con el gobierno puede convertirlas en una verdadera revuelta antigubernamental. A los extensos casos de corrupción y un grave aumento de la represión política, se suma el desgaste de un partido que gobierna Angola desde su independencia en 1975 y que sufre una grave crisis de legitimidad, como ocurre con otros antiguos movimientos de liberación en todo el sur del continente africano.
En las elecciones de 2022, el MPLA perdió la mayoría de dos tercios, llegando por los pelos a la mayoría del 50%, pudiéndose considerar uno de sus peores resultados de las últimas décadas. Aunque los próximos comicios están fijados para 2027, si el descontento social aumenta, pueden ser dos años muy largos para el actual gobierno.
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