Polonia atraviesa una nueva crisis política e institucional después de que el 30 de octubre se anunciara la suspensión del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Bogdan Święczkowski, y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański.
La decisión ha provocado un enfrentamiento entre el Gobierno del primer ministro Donald Tusk y el presidente de la República, Karol Nawrocki, del partido conservador Ley y Justicia (PiS), principal fuerza de la oposición.
La medida ha desencadenado protestas frente a la sede del tribunal en Varsovia, donde se desplegaron efectivos policiales para proteger las instalaciones. La tensión llevó a Nawrocki a interrumpir su viaje oficial a Senegal y regresar a Polonia, mientras dirigentes del PiS denunciaban lo sucedido como un supuesto “golpe de Estado”.
La disputa por el Tribunal Constitucional
El origen inmediato de la crisis se encuentra en la decisión de la magistrada Anna Korwin-Piotrowska de apartar temporalmente de sus funciones a Święczkowski y Sochański durante un mes. La jueza, que ha asumido provisionalmente la dirección, acusa a ambos de obstaculizar el funcionamiento de la institución, impedir la incorporación de nuevos magistrados y cometer irregularidades en la asignación de causas judiciales.
El anuncio apareció en la página web oficial del Tribunal Constitucional. Sin embargo, poco después, desde la cuenta de la institución en la red social X se denunció una supuesta toma ilegal de su sitio web y se rechazó la autoridad de Korwin-Piotrowska. La facción favorable a Święczkowski sostiene que este continúa al frente y cuestiona la legitimidad de la magistrada para adoptar la suspensión.
El enfrentamiento se ha trasladado también al terreno jurídico. La suspensión invoca disposiciones legales relativas al apartamiento temporal de jueces, aunque diversos juristas han cuestionado su aplicación al Tribunal Constitucional de Polonia.
Paralelamente, el ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, ha solicitado el levantamiento de la inmunidad judicial de Święczkowski y Sochański. La iniciativa introduce una nueva dimensión en la disputa, al abrir la puerta a posibles actuaciones judiciales contra los responsables de la institución.
La crisis ha provocado movilizaciones de simpatizantes del PiS ante el edificio del organismo. Durante la noche del viernes al sábado, algunos manifestantes traspasaron el perímetro de seguridad y lanzaron objetos contra los agentes, lo que llevó a la policía a detener a tres personas. El líder opositor, Jarosław Kaczyński, acudió a las protestas y acusó al Ejecutivo de actuar contra el orden constitucional.
Nawrocki, por su parte, regresó precipitadamente a Varsovia y mantuvo contactos con Święczkowski y con Zbigniew Kapiński, presidente del Tribunal Supremo, antes de acudir durante la madrugada a la sede del Tribunal Constitucional. El jefe del Estado también ha anunciado consultas con las fuerzas parlamentarias para abordar la situación institucional.
El origen de la crisis en Polonia
La confrontación actual tiene sus raíces en las reformas judiciales impulsadas por Ley y Justicia durante sus años en el poder, entre 2015 y 2023. Durante ese periodo, el Ejecutivo promovió cambios en el sistema de nombramiento de magistrados y en el funcionamiento de las principales instituciones judiciales, unas medidas que provocaron un enfrentamiento con la Unión Europea por sus implicaciones para la independencia de la justicia.
Los enfrentamientos con Bruselas alcanzaron uno de sus puntos más significativos en octubre de 2021, cuando el Tribunal Constitucional polaco declaró que determinados preceptos de los tratados europeos, según la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), eran incompatibles con la Constitución nacional.
La sentencia cuestionaba así el principio de primacía del derecho comunitario, uno de los pilares del ordenamiento jurídico de la Unión, que establece la prevalencia de sus normas frente a las disposiciones nacionales en caso de conflicto.
La controversia derivó en un procedimiento ante el TJUE, que en diciembre de 2025 determinó que Polonia había incumplido sus obligaciones europeas y vulnerado principios fundamentales del derecho del bloque comunitario.
La llegada al Gobierno de la coalición encabezada por Donald Tusk, en diciembre de 2023, abrió una nueva etapa marcada por el compromiso de revertir estas reformas. Sin embargo, el Ejecutivo se ha encontrado con la oposición de los presidentes Andrzej Duda y, posteriormente, Karol Nawrocki, que han recurrido a sus competencias institucionales para bloquear algunas de las iniciativas de la mayoría parlamentaria.
Uno de los principales focos de conflicto reside en la composición del Tribunal Constitucional, formado por 15 magistrados. Durante los primeros años de su mandato, el Gobierno de Tusk rechazó reconocer la legitimidad del organismo debido a los nombramientos considerados irregulares durante la etapa del PiS y dejó de cubrir las vacantes que se producían.
Esta situación cambió en marzo de 2026, cuando la mayoría parlamentaria comenzó a elegir nuevos magistrados. Desde entonces, el Parlamento ha designado a ocho jueces, de los cuales cinco no han prestado juramento ante el presidente de la República debido a las objeciones planteadas por Nawrocki. Estos magistrados organizaron ceremonias alternativas de juramento, pero Święczkowski rechazó su incorporación.
La controversia también ha adquirido una dimensión europea. En mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos adoptó medidas provisionales relacionadas con la incorporación de cuatro de los magistrados, mientras que la dirección del Tribunal Constitucional polaco rechazó la intervención del organismo europeo en este asunto.
Los acontecimientos del 30 de octubre han agravado esta confrontación al producirse una división abierta dentro del propio Tribunal Constitucional, cuyas facciones se niegan mutuamente legitimidad para ejercer sus funciones.
Mientras el Gobierno defiende sus actuaciones como parte del proceso de restauración de la independencia judicial, el presidente Nawrocki y la oposición cuestionan la legalidad de las medidas adoptadas.
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